MOVIMENTO DE JUSTIÇA E DIREITOS HUMANOS/Brasil INFORMA:

PUBLICADO EN CARAS&CARETAS

MONTEVIDEO,  EL JUEVES 30 DE DICIEMBRE DE 2010 

DERECHOS HUMANOS: UNA DECADA MARCADA POR LA BUSQUEDA DE LA VERDAD Y LA JUSTICIA

La impunidad jaqueada

En los últimos diez años se confirmó que había niños desaparecidos, que hubo crímenes de lesa humanidad, que se mató en la tortura, que se secuestró en el exterior y se desapareció en Uruguay, que existieron ejecuciones sumarias, que había cementerios clandestinos, que existen archivos confidenciales, que se mantiene un “pacto de silencio” y que la justicia puede juzgar tantas violaciones a los derechos humanos sin que la institucionalidad democrática peligre. Pero, a pesar de todo, el Estado uruguayo sigue manteniendo vigente la ley de impunidad en su ordenamiento jurídico.

ROGER RODRIGUEZ - rogerrodriguez@adinet.com.uy 

A partir de la ubicación de Macarena Gelman en marzo del año 2000, en Uruguay se ha avanzado en el esclarecimiento de las violaciones a los derechos humanos realizadas por la dictadura militar (1973-85) más de lo que se había logrado en los quince años anteriores: el país ha reconocido sus prácticas de terrorismo de Estado, se ha recuperado los restos de tres desaparecidos, dos dictadores y un ex canciller están presos, al igual que trece oficiales, un soldado y cuatro policía, tres militares fueron extraditados y condenados en Chile, otros dos están detenidos en Argentina, uno continúa prófugo en Italia y una serie de casos están siendo indagados en la justicia…

Sin embargo, la impunidad continúa vigente en un país que, por “falta de voluntad política” o de “creatividad legislativa”, mantiene en su normativa jurídica a la polémica Ley de Caducidad (Ley Nº 15.848), pese a los pronunciamientos de los tres poderes del Estado y los reclamos locales e internacionales, la que impide el juzgamiento de los casos de desaparición forzada ocurridos dentro del territorio uruguayo y, de algún modo, alienta la continuidad de un “pacto de silencio” en las Fuerzas Armadas que no permite al Estado uruguayo responder la pregunta primaria y fundamental de los familiares de las víctimas y de las organizaciones de derechos humanos: ¿Dónde están?.

Lo mucho que se ha sabido en los últimos diez años de lo que realmente ocurrió durante la dictadura cívico-militar, trascendió a impulsos de los familiares de los desaparecidos e investigaciones de organismos de derechos humanos, abogados y periodistas. El Estado ha cedido ante las evidencias de la realidad que se fue descubriendo, al crear comisiones de investigación, excluir casos de la ley para permitir la indagatoria judicial, elaborar informes históricos que recopilan lo denunciado y lo contextualizan con algunos archivos desclasificados o aceptar los pedidos judiciales de excavación en predios militares.

Pero en la mayoría de las instancias, el Estado ha mantenido desde el Poder Ejecutivo la intensión política de dar por terminado el tema, cerrar la página, poner el punto final o propiciar una “reconciliación”, mientras el Poder Legislativo –pese a protagonizar dos intensos debates parlamentarios- no encuentra una fórmula para “dejar sin efectos” la ley como lo reclaman organismos internacionales de derechos humanos y, por su parte, el Poder Judicial continúa sin admitir la tipificación de los hechos como crímenes de lesa humanidad (lo que los harían imprescriptibles) por lo que el mes de noviembre del naciente 2011 se mantiene como la fecha de prescripción de todos esos delitos.

Macarena y Simón

Cuando Macarena Gelman fue encontrada a principios del año 2000, el recién electo presidente Jorge Batlle no pudo continuar con el “negacionismo” que practicaba su antecesor Julio María Sanguinetti, quien había mantenido un debate epistolar público con el poeta argentino Juan Gelman, quien lo acusaba de ocultar el paradero de su nieta, que sabía trasladada a Uruguay a fines de 1976 en el vientre de su madre, María Claudia García de Gelman, secuestrada en Buenos Aires en agosto de aquel año. Sanguinetti dijo entonces que no había niños desaparecidos en Uruguay.

Batlle tuvo que aceptar los datos de la investigación que el propio Gelman había realizado, con ayuda de periodistas de La República, por la que había encontrado a su nieta Macarena en el seno de la familia del policía Ángel Tauriño, quien había sido jefe de policía de San José durante el mandato de Sanguinetti. Batlle dio un paso más y, para cerrar el tema, el 9 de agosto del 2000 creó la Comisión para la Paz que presidió monseñor Nicolás Cotugno e integraron Luis Pérez Aguirre, José D’Elía, José Claudio Williman, Gonzalo Fernández y Carlos Ramela, con el objetivo de dar por cumplido el artículo 4º de la propia Ley de Caducidad que ordenaba investigar los casos.

Poco antes de finalizar aquel primer año del milenio, Tota Quinteros, la madre de la maestra Elena Quinteros (secuestrada de la embajada de Venezuela en agosto de 1976) replanteaba una denuncia judicial contra los responsables civiles del caso, cuyas consecuencias no llegaría a conocer porque falleció el 7 de enero del 2001. Antes de su muerte, el vocero de la Comipaz, Ramela Regules, le murmuró que el cuerpo de su hija (como el del maestro Julio Castro) jamás sería encontrado según sus fuentes militares.

El mismo Ramela le había dicho a Sara Méndez, a quien le quitaron de los brazos a su hijo de 22 días de nacido cuando la secuestraron en Argentina el 13 de junio de 1976, que el niño que buscaba no había sobrevivido. Sara había creído durante años que su hijo era un joven (en manos de la prima de la esposa de un coronel de inteligencia) quien finalmente aceptó hacerse un examen de ADN que resultó negativo. Méndez volvió entonces a reiniciar su búsqueda a nivel nacional e internacional, sin suponer que una paralela investigación periodística de la revista Posdata llevaría al senador Rafael Michelini a encontrar a su hijo Simón Riquelo. La identidad del joven se terminó de confirmar el 15 de marzo del 2002.

Reinician los juicios

El hallazgo de Macarena y Simón se constituyeron en celebrados avances de las organizaciones sociales y provocaron, a la vez, la reticencia de los mandos de las Fuerzas Armadas que salieron pública y privadamente a reivindicar su “lucha contra la subversión” y la existencia de una “lucha psicopolítica” por la que se quería denostar a la institución militar. “Cuando se vierten ligeras aseveraciones, la mayoría de las veces distorsionando la naturaleza de los hechos del pasado reciente, enfatizamos que gracias a la acción de la Fuerza como un todo, no se vio gravemente afectado el país como algunos pretendieron”, arengaría el entonces comandante del Ejército Carlos Daners.

Mientras el presbítero Jorge Osorio se integraba a la Comipaz en el lugar de “Perico” Pérez Aguirre, quien había fallecido en un accidente en el verano de 2001, un equipo del Servicio de Paz y Justicia (SERPAJ) lograba ubicar la tumba N.N. del desaparecido Roberto Gomensoro Josman en el cementerio de Paso de los Toros, pero el cuerpo había vuelto a desaparecer. Por su parte,  Juan Gelman presentaba denuncia penal para ubicar los restos de su nuera, y, a la vez, la justicia iniciaba una causa por apología de la tortura contra el coronel Manuel Cordero, quien había reivindicado ese “método” de interrogatorio en una entrevista con el semanario Búsqueda.

La confirmación de la identidad de Simón Riquelo derivó la investigación periodística a otras afirmaciones del informante argentino que había participado de la represión en Orletti y aportó los datos para ubicar al hijo de Sara Méndez, quien había estado recluida en ese “pozo” porteño y fue trasladada clandestinamente a Montevideo en julio de 1976. En una serie de artículos de La República se terminó por denunciar la existencia de un “segundo vuelo” desde Orletti por el que otra veintena de uruguayos que se creían desaparecidos en Argentina en realidad había sido traída a Uruguay y ejecutados sumariamente para ser enterrados y desaparecidos. La información sería confirmada tres años más tarde por el Estado.

El año 2002 cerraría con dos episodios que incidiría en los años sucesivos. El 19 de noviembre los abogados Hebe Martínez Burlé y Walter de León presentaban denuncia penal contra el dictador Juan María Bordaberry por “atentado a la Constitución” y los crímenes que de ello derivaron. Y, en diciembre, se conoció el testimonio del ex agente Mario Barreiro Neira, quien desde una cárcel de Porto Alegre, afirmaba que en Montevideo se tramó una conspiración para asesinar al ex presidente Joao Goulart, con participación del mismo médico que envenenó los vinos que provocaron la muerte de Cecilia Fontana de Heber en 1978.

El informe Comipaz

El 10 de abril de 2003 la Comisión para la Paz hacía público su Informe Final, por el que el Estado uruguayo reconocía oficialmente la desaparición de 32 personas dentro del territorio nacional: 23 de ellas militantes políticos, otras tres sucedidas antes de la dictadura, una por razones económicas y cinco de nacionalidad argentina que luego fueron trasladados a su país para terminar como desaparecidos. Aunque el informe no terminó de conformar a los familiares y las organizaciones de derechos humanos, se constituyó en el primer punto de apoyo oficial para continuar denunciando lo que por primera vez se admitía como violaciones de derechos humanos de parte del Estado.

En agosto de aquel año, la Suprema Corte de Justicia también daba un paso singular, al admitir que el dictador Bordaberry podía ser encauzado judicialmente por no estar amparado en la Ley de Caducidad y pocos meses más tarde, en abril de 2004, se confirmaba el procesamiento del ex canciller Juan Carlos Blanco por su participación (tampoco amparada en la caducidad por su condición de civil) en el secuestro y desaparición de la maestra Elena Quinteros. Blanco se transformaba en el primer integrante de la dictadura encarcelado por violaciones a los derechos humanos.

Cuando el fotógrafo Sandro Pereyra logró hacer público el rostro del torturador coronel Jorge “Pajarito” Silveira en el diario La República el 27 de octubre de 2003, se hizo tangible que al menos un parte de los represores comenzaba a perder su impunidad. Así lo comprendió el coronel Cordero, quien en julio de 2004 decidió fugarse a Brasil para no comparecer en el juicio por “apología de la tortura” donde entre diversas dilatorias había llegado a recusar al juez José Balcadi porque había trabajado como administrativo en la policía y él no declaraba “ante un subalterno”. Cordero sería captado por un fotógrafo de Caras&Caretas en Santana do Livramento a principios de 2005.

El 28 de noviembre de 2004, el propio presidente Jorge Batlle decidía cerrar el tema al  incluir dentro de la Ley de Caducidad el caso Gelman sobre el que el juez Gustavo Mirabal había comenzado a actuar pese a la oposición del fiscal Ricardo Möller, quien en setiembre pidió que la causa se archive y en diciembre logró el apoyo de la Suprema Corte de Justicia. El caso, por el que se habían reiniciado las investigaciones sobre violaciones a los derechos humanos, quedaba clausurado el 15 de noviembre de 2004 cuando la propia Suprema Corte de Justicia se pronunció por la constitucionalidad de la Ley 15.848 en la causa y ordenó que el expediente se archivara.

Chávez Sosa y Miranda

Cuando Tabaré Vázquez asumió el primer gobierno del Frente Amplio en la historia uruguaya, se pronunció por el esclarecimiento de las violaciones a los derechos humanos y anunció que casos como el de Gelman y el de los legisladores Zelmar Michelini y Héctor Gutiérrez Ruiz no podían estar amparados en una Ley de Caducidad que se había comprometido a mantener en su programa electoral. Dispuesto a esclarecer el tema, terminó por ordenar a los comandantes de las Fuerzas Armadas que elaboraran informes sobre lo ocurrido con los desaparecidos.

La disposición del nuevo presidente se veía respaldada por nuevos hallazgos y denuncias. En junio otra investigación en La República reveló la ubicación de la Base Valparaíso, donde María Claudia García de Gelman habría sido llevado antes de ser ejecutada y casi a la vez, se divulgó el rostro del policía Ricardo “Conejo” Medina, quien habría sido el asesino de María Claudia según le había dicho Jorge Batlle al senador Rafael Michelini. Con esas pruebas “supervinientes” el Caso Gelman volvió a ser abierto temporalmente por el juez Mirabal quien logró que el nuevo Poder Ejecutivo le dijera que la causa no esta amparada en la caducidad.

El 8 de agosto de 2005 las Fuerzas Armadas acatan la orden del Presidente y entregan sus primeros informes sobre la desaparición forzada durante la dictadura. La Fuerza Aérea admite su participación en los casos de Ubagesner Chávez Sosa y José Arpino Vega y señala la ubicación de sus cuerpos en una chacra de Pando. El documento de la Armada niega su participación pero por primera vez desclasifica documentos de inteligencia que evidencian información sobre casos de uruguayos desaparecidos en Argentina en 1977 y 1978. El informe del Ejército admite enterramientos en unidades militares, pero aduce que se realizó una “Operación Zanahorias” por la que la mayoría de los cuerpos fueron exhumados, incinerados y sus cenizas arrojadas al mar. El propio comandante Ángel Bertolotti permitió el ingreso de un equipo de técnicos arqueólogos al Batallón de Paracaidistas Nº 14 de Toledo donde le señaló a Macarena un área de cinco metros de radio donde con un “99 %” de certeza se encontraba el cuerpo de su madre. La información, finalmente, resultó falsa.

El 29 de noviembre de 2005, cuando la frustración comenzaba a ganar al equipo técnico que encabeza el profesor José López Mazz, en la chacra de Pando fue finalmente ubicado un cuerpo que poco después sería identificado como el de Ubagesner Chávez Sosa, desaparecido en 1976. Pocos días después, el 3 de diciembre, también es hallado un cuerpo en el Batallón de Infantería Nº 13, gracias a las indicaciones de un mapa entregado anónimamente al secretario Gonzalo Fernández, y los restos son identificados como los del escribano Fernando Miranda, desaparecido en noviembre de 1975.

Extradiciones y procesamientos

La aparición de sólo dos cuerpos (el de Arpino Vega aún no fue hallado) y la falsedad de la información aportada por el Ejército, confirmaba la existencia de cementerios clandestinos, por lo que el gobierno frenteamplista pidió una ampliación de la investigación a las Fuerzas Armadas, a la vez que en el parlamento el senador Enrique Rubio de la Vertiente Artiguista propiciaba la aprobación de una ley interpretativa sobre los alcances de la Ley de Caducidad.

El debate parlamentario se interrumpió en marzo de 2006 porque Vázquez anunció que vetaría la ley dado su compromiso electoral de no modificar la normativa y las organizaciones sociales, encabezadas por la central sindical Pit-Cnt, resolvieron convocar a una campaña de firmas para proponer una reforma constitucional que de hecho anulara la Ley de Caducidad.

El 18 de abril de 2006 la justicia uruguaya finalmente ejecutó la extradición a Chile de los oficiales Tomás Casella, Eduardo Radaelli y Wellington Sarli, requeridos por su participación en el secuestro y muerte del bioquímico chileno Eugenio Berríos, quien en 1992 había sido trasladado a Uruguay para que no declarara en la causa judicial sobre el homicidio de Orlando Letelier.  

El 11 de setiembre, el juez Luis Charles y la fiscal Mirtha Guianze concretaron el procesamiento con prisión de los oficiales José Nino Gavazzo, Ricardo Arab, Ernesto Ramas, Gilberto Vázquez, Jorge Silveira y Luis Maurente, y de los policías Ricardo Medina y José Sande por la desaparición en Buenos Aires de Adalberto Soba en 1976. Y el 16 de noviembre, también eran encarcelados el dictador Juan María Bordaberry y reencausado su canciller Juan Carlos Blanco, por el homicidio de Zelmar Michelini, Héctor Gutiérrez Ruiz, Rosario Barredo y William Whitelaw el 20 de mayo de 1976.

El 16 de mayo de 2007 el también dictador Gregorio Álvarez comenzaba a perder su libertad cuando se denuncia judicialmente el caso de los “terceros traslados”, que incluyen viajes por aire, mar y tierra en los que uruguayos secuestrados en Argentina en 1977 y 78 también fueron “repatriados” y desaparecidos en Uruguay. El “Goyo” (que también sería procesado por la muerte de Roberto Luzardo) terminó encarcelado el 17 de diciembre de 2007, junto al capitán de navío Juan Carlos Larcebeau. Otro cómplice, el capitán Jorge Tróccoli fugó y se radicó en Italia. En la causa, incidieron una investigación de La República con el abogado Oscar López Goldaracena y otra indagación de Gabriel Pereyra de El Observador.

También fueron investigaciones de prensa las que sustentaron la denuncia por los vinos envenenados que mataron a la madre del senador Luis Alberto Heber. Los informes publicados en La República y en un libro de Álvaro Alfonzo, llevaron a reclamar la apertura de archivos confidenciales al Departamento de Estado norteamericano, que “confesó” su participación en el hecho cuando censuró lo sustancial de 14 documentos desclasificados a pedido del propio presidente Vázquez.

Paralelamente, en noviembre de 2008 fue extraditado desde Argentina el ex policía Nelson Bardesio, miembro del Escuadrón de la Muerte, quien (junto al policía Pedro Fleitas) terminaría siendo procesado un año después por la desaparición de Héctor Castagnetto, ocurrida antes de la dictadura. Otro de sus cómplices, el empresario Miguel Sofía también logró huir del país y se encontraría hoy radicado en Miami. En el caso Bardesio fue decisiva una investigación de Samuel Blixen y Walter Pernas en Brecha.

Voto Rosado y después…

Durante su mandato, el presidente Tabaré Vázquez procuró “cerrar” el problema derechos humanos que se constituyó en uno de los ejes de su gobierno. A la vez que se presentaba una Investigación Histórica sobre los uruguayos desaparecidos (cinco tomos elaborados por un equipo encabezado por el historiador Álvaro Rico), Vázquez impulsó la fecha del 19 de abril –natalicio de José Artigas- como el Día del Nunca Más Orientales contra Orientales, pero su propuesta no fue acompañada por organizaciones de derechos humanos, que para entonces ya habían conseguido las firmas para plebiscitar la reforma constitucional que anulara la Ley de Caducidad.

El “protocolo” interpretativo de la Ley de Caducidad que elaboró el secretario presidencial Gonzalo Fernández ha permitido, durante el gobierno de Vázquez y en la actualidad, la intervención judicial en casos de derechos humanos que implicaron delitos cometidos en el exterior, contra menores y que estuvieran fuera de las fechas en que formalmente hubo dictadura, pero la nueva forma de “leer” la Ley 15.848 no logró quitar de la impunidad a la mayoría de los casos de desaparición y muertes por tortura ocurridas dentro del territorio uruguayo. Mucho menos ha posibilitado romper la “omertá” pactada entre los militares que tienen información real sobre lo ocurrido.

Un cambio sustancial en el tema se terminó de verificar el 16 de octubre de 2009, cuando la Suprema Corte de Justicia, por primera vez, modificó su posición sobre la Ley de Caducidad y consideró que la norma era inconstitucional para el caso de muerte por tortura de Nibia Sabalsagaray. La sentencia, que un año más tarde determinaría el procesamiento con prisión de los oficiales José Chialanza y Miguel Ángel Dalmao (general en actividad que estaba a cargo de la poderosa División de Ejército IV), abrió un camino cierto para que la justicia avance en el tema, tras el fracaso del “voto rosado” en el plebiscito del 25 de octubre de 2009 y la frustración de otro debate sobre otra “ley interpretativa” que naufragó en el parlamento en 2010.

El encarcelamiento de un militar en actividad no provocó reacciones desestabilizadoras por parte de las Fuerzas Armadas que actualmente se encuentran enfrentadas a serios problemas de funcionamiento y hasta una cierta desmoralización al comprobarse hechos de corrupción con los fondos de las misiones de paz de la ONU, o frente a la deserción de pilotos aviadores que se retiran por mejoras económicas en la actividad privada, entre otras internas. Sólo los dos desacreditados clubes militares (Centro y Círculo) mantienen hoy la defensa de los militares presos por crímenes de lesa humanidad.

El año que se fue

El año que termina, y cierra una década de avances y retrocesos en materia de derechos humanos, se inició con la condena del dictador Bordaberry por “atentado a la Constitución” y once desapariciones forzadas, que por primera vez fueron tipificados como crímenes de lesa humanidad por la jueza Mariana Motta a instancias de la fiscal Ana María Telechea.

Y el mismo mes, se produjo la tan esperada extradición del coronel Manuel Cordero a Argentina, luego de tres años de trámites jurídicos y políticos en Brasil, donde mucho incidió el activista brasileño Jair Krischke.

En agosto se concretó el encarcelamiento del coronel Juan Carlos Gómez por el homicidio de Roberto Gomensoro, finalmente identificado porque un forense se quedó con su cráneo. Y en octubre pasado, dos oficiales de la aviación, José Araújo Umpiérrez y Enrique Rivero, fueron procesados por el asesinato de Chávez Sosa. La Suprema Corte de Justicia también se ha pronunciado por otro reclamo de inconstitucionalidad de la Ley de Caducidad en una causa que involucra 19 muertes por tortura y está próxima otra sentencia para el caso de los Fusilados de Soca y el asesinato del coronel Trabal.

El 15 y 16 de noviembre se realizaron las audiencias públicas en que la Corte Interamericana de Derechos Humanos juzgó al Estado uruguayo por el Caso Gelman y, aunque el nuevo gobierno del presidente José Mujica admitió la responsabilidad del Estado, su defensa no pudo justificar la sobrevivencia de una Ley de Caducidad cuya eliminación exigen los organismos de derechos humanos desde 1992 por considerar que viola convenios internacionales y tratados a los cuales Uruguay esta adscripto. Es seguro que Uruguay será condenado por la Corte en marzo próximo.

Durante más de un año el Estado uruguayo no renovó el convenio con la Universidad de la República por el que se financiaban las excavaciones del equipo forense de López Mazz, aunque a fines de noviembre de 2009 el técnico universitario había presentado un informe reservado en el que anunciaba haber encontrado en el Batallón 14 el lugar denominado “Arlington” donde hubo enterramientos y tener indicios sobre la Operación Zanahorias en el lugar. El convenio se firmó finalmente esta semana y las excavaciones se retomaran en febrero próximo, cuando también se reiniciarán las causas judiciales y el tema de los derechos humanos volverá a ser centro político de un país que sigue jaqueando, pero no termina de darle el mate a su propia impunidad.

Foto El Polvorín