“En Colombia la impunidad se está resolviendo en buena parte por la acción de los movimientos sociales”
Emma Gascó y Martín Cúneo (Bogotá, Colombia)
Diagonal Nº 163
En 1994, el senador de la Unión Patriótica Manuel Cepeda fue ejecutado por paramilitares a las órdenes del Estado. Desde entonces, su hijo, Iván Cepeda, se ha dedicado a la lucha contra la impunidad desde el Movimiento de Víctimas de Crímenes de Estado (MOVICE). La demanda interpuesta por la Fundación que dirige al sistema interamericano de justicia ha llevado al actual Gobierno de Santos a admitir la responsabilidad del Estado en este crimen. Desde 2010 es diputado en el Congreso de la República por el Polo Democrático Alternativo.
DIAGONAL: ¿Qué ha significado el periodo de Álvaro Uribe en la historia de Colombia?
IVÁN CEPEDA: En el futuro, cuando se pueda examinar lo que hemos vivido retrospectivamente, sin lugar a dudas el régimen de Uribe va a ocupar un lugar descollante en la historia universal de la criminalidad y del ejercicio arbitrario del poder, tanto por el número y la cantidad como por la variedad de formas de acción criminal que se realizaron. Algunas de ellas, son acciones primigenias como, por ejemplo, sus relaciones con el paramilitarismo, unos nexos que no son meras alianzas temporales. Uribe estuvo en la base de la fundación del paramilitarismo moderno. Incentivó a través de formas institucionales y legales la conformación de los ejércitos paramilitares. Incentivó el arrasamiento de regiones enteras del país a través de masacres y de desplazamientos para fomentar que círculos empresariales, agroindustriales y terratenientes se quedaran con esas tierras. Ésa es la base criminal de su acción. Pero a esta base habría que añadirle un segundo nivel: para encubrir todo lo que hizo en aquellos años en que estaba ascendiendo políticamente, y durante sus ocho años como presidente, creo aparatos criminales tendentes a frustrar las investigaciones, a coaccionar a los jueces, a borrar de la faz de la tierra a los defensores de derechos humanos, a intimidar a los opositores políticos, a disuadir a los periodistas críticos de cualquier tipo de investigación. Esos crímenes se van enlazando y se van convirtiendo en cadenas. Y se convierte en muy difícil diferenciar qué fue lo primigenio y qué fue lo secundario.
D.: ¿Cuál fue el papel de los jueces más independientes en la lucha contra este plan criminal?
I.C.: Hay que decir que en Colombia, después de una evolución de años, ha surgido un poder judicial, o mejor dicho, un sector del poder judicial con vocación democrática, muy respetuoso con los derechos humanos, muy respetuoso con la Constitución, con similitudes con los jueces italianos de la mani pulite. Estos jueces de la Corte Suprema y la Corte Constitucional han ido haciendo su trabajo en medio de amenazas e inmensas dificultades.
P.: ¿Y el papel de los movimientos de derechos humanos?
I.C.: Los jueces no actúan solos. La fuerza protagónica en esta lucha es de las organizaciones de víctimas, de derechos humanos, del movimiento sindical, que a pesar de múltiples ciclos de exterminio han ido logrando consolidar redes muy influyentes tanto en el exterior como dentro del país, que han también aportado a este proceso sustancialmente. Estos procesos han ido arrojando resultados. Ahora estamos ante un panorama en el cual cada vez se cierra el círculo de una forma cada vez más estrecha en torno al propio ex presidente, van cayendo sus ex ministros, van cayendo sus secretarios privados, ya fue condenado un primo del presidente, sus hijos están en proceso de ser investigados… Creo que, si no pasa nada extraordinario, dentro de poco podremos conseguir condenas legales contra las personas que pertenecieron a las más altas instancias del Gobierno.
Como en muchas otras partes, el trabajo de las organizaciones ha sido una muy paciente labor de ir acumulando la información, las pruebas, de recoger la memoria, de ir creando los caminos jurídicos, tanto en el sistema nacional, en el sistema interamericano y en la Corte Penal Internacional. Ha sido un trabajo de difusión, un trabajo de acompañamiento a la observación internacional, un trabajo de movilización… Quizá la expresión más importante de este movimiento fue la manifestación del 6 de marzo de 2008. Y varios de los activistas que programaron y que hicieron posibles esas movilizaciones fueron asesinados. Ha sido un trabajo de mucha resistencia en las zonas del país donde se ha producido todo este proceso de incursión paramilitar, de ir madurando una posición crítica frente a la violencia que ejerce la guerrilla, de ir trabajando por la paz, de lograr formar y poner ante los ojos del país a ciertas personas emblemáticas, a ciertas mujeres que han cumplido un papel muy importante en las zonas más violentas del país, un trabajo de reorganizar una y otra vez procesos que han sido sometidos a unas dosis de violencia extrema. Ese largo y paciente camino ha ido permitiendo que lleguemos a este punto, un punto importante, pero un punto en desarrollo. En Colombia la impunidad se está resolviendo en buena parte por la acción de los movimientos sociales.
D.: ¿Qué es lo más importante que se ha conseguido?
I.C.: Actualmente hay un movimiento de la justicia en Colombia. Se han llevado a los tribunales a más de 80 parlamentarios, se ha llevado a los tribunales a ministros, a generales, y yo aspiro a que podamos llegar pronto a nuevos niveles, y que eso permita desactivar los mecanismos, que aún siguen funcionando. Los principales parapolíticos encarcelados en la prisión de la Picota siguen actuando, dando órdenes, gobernando desde allá, porque no se ha desactivado a máximo nivel, porque la fuerzas armadas tienen sectores que se siguen siendo abiertamente aliados, siguen siendo el brazo armado de este tipo de estructuras. Y porque el problema no es solamente Uribe y su entorno, también hay un régimen que tiene una cara más amable, pero que practica con distintos métodos el mismo tipo de políticas. Quieren concesionar a las multinacionales 39 millones de hectáreas del país para que sean explotadas a través de proyectos mineros y energéticos, es un gobierno que privilegia la privatización, la pauperización del trabajo, es un gobierno de lenguaje políticamente correcto, pero de las políticas incorrectas.
D.: ¿Cómo se enmarca en es este contexto la ley de víctimas que ha sacado recientemente el Gobierno de Santos?
I.C.: Es parte de ese movimiento. No existiría una ley de víctimas si las víctimas no hubieran hecho todo ese proceso de lucha, tampoco se hablaría ahora de restituir tierras o de reparación. No es que de un momento a otro los políticos que estuvieron en todo este proceso se dieran cuenta de que esta ley era necesaria o que se arrepintieron. Muchas de las figuras del Gobierno actual, empezando por el propio presidente, han formado parte de esa misma trama. Ahora bien, es una conquista muy insuficiente. Lo que se ofrece en esa ley son unos mínimos niveles de ayuda a comunidades y a víctimas. “Tengan una indemnización y un poco de tierra, pero renuncien a la búsqueda de la justicia”, que es políticamente lo más importante, porque es lo que puede debilitar esos poderes. Por ejemplo, una persona que obtenga su título de tierra y en esa tierra haya un proyecto de carácter palmicultor o minero, va a tener que admitir a la fuerza que ese proyecto siga en su tierra [a cambio de un alquiler o una participación]. El movimiento es perfecto, es una purificación de las transacciones, una legalización.
D.: ¿Cómo se explica el cambio de discurso de Santos?
I.C.: Hay múltiples explicaciones. Una de las más obvias es que Uribe y Santos responden a sectores económicos, sociales, distintos. Uno más aristocrático; el otro, un poder más relacionado con el narcotráfico. Aunque el otro también es bastante criminal. No quiero decir que uno sea más limpio que el otro. Simplemente tienen orígenes sociales distintos. Pero diría que ésta es una explicación muy limitada, porque habría que superponerle al menos otras dos. Una es que estamos en una fase del capital distinta. Ya hubo una fase acumulatoria, que consistió en expropiar, usurpar, despojar millones de hectáreas de tierra, en producir movimientos poblacionales gigantescos y en barrer la superficie para llegar a la etapa en la que estamos, que es una reproducción intensiva del capital. Ahora de lo que se trata es de poner esas tierras a producir, en las manos de las grandes empresas, de las empresas nacionales, pero sobre todo de las multinacionales para que las exploten, para que las desequen, para que extraigan toda la riqueza mineral, petrolífera, para que siembren esas tierras tan ricas con pino, palma de aceite… Eso es lo que quieren y es lo que están haciendo.
Pero para esto se requiere otro lenguaje. El FMI le recomendó a Colombia que era necesario entrar en un proceso de seguridad jurídica para la inversión agrícola y para la inversión de las empresas. Las empresas no pueden venir aquí, comprar unas tierras y que en el día de mañana le aparezca la desagradable sorpresa de que esa tierra es de unos campesinos que fueron masacrados. Para la inversión es necesario que haya seguridad.
La segunda explicación es que ahora hay un contexto internacional muy diferente, lo que se llama el mundo multipolar, con el surgimiento de otros centros de poder en el mundo, el eclipse que apenas comienza a darse del imperio estadounidense, el proceso de integración en América Latina… No hay que ser un gran observador económico para ver que Europa está haciendo agua y que EE UU tiene muchos problemas. Todo ello lleva a Santos a tener una política exterior muy distinta y allí en los foros internacionales no puede presentarse con las manos untadas de sangre, con una guerra de 60 años, con un montón de desplazados, ahí es necesario guardar una cierta imagen y por eso la política exterior tiene un componente de derechos humanos, que repito, se enmarca dentro de lo políticamente correcto.
D.: Dentro de este proceso, el Estado ha reconocido su culpabilidad en el asesinatos de tu padre, el senador de la Unión Patriota (UP), Manuel Cepeda.
I.C.: Ha sido un proceso en el que las víctimas hemos demostrado esa responsabilidad, y hemos ayudado a que los operadores de la justicia actúen. Nosotros le hicimos buena parte del trabajo a la fiscalía. Encontramos las pruebas. Fuimos y anunciamos que iban a asesinar a un testigo clave. Demostramos un hecho primario, la responsabilidad material de los suboficiales del ejército y su actuación con paramilitares. Y eso permitió después que en el sistema interamericano llegáramos a la Corte Interamericana. La Corte emitió una una sentencia que no quiso acatar el Gobierno de Uribe, y que tuvo que acatar este Gobierno. Y lo hizo correctamente. Presentó un reconocimiento pleno: el Estado mató a Manuel Cepeda, no solamente no lo protegió sino que se alió con los paramilitares y después de que lo asesinó hizo todo lo posible para que reinara la impunidad, desprestigió su nombre, pisoteó la dignidad de sus familiares y terminó de acabar con el partido político al que pertenecía. ¿Cuál es la importancia de este hecho? En el Congreso de la República con presencia de altas autoridades, la presencia de todas las bancadas y partidos políticos, el Gobierno reconoció en nombre del Estado esa responsabilidad y cierra la discusión: en Colombia la oposición fue masacrada. Es un hecho incontrovertible. Y después de que se reconoce el primero de los crímenes se van a tener que reconocer los otros 5.000 o 10.000, y eso significa que comienza a reinar la verdad. Se trata de una discusión de fondo: ¿en Colombia ha habido crímenes de Estado y el Estado actuó criminalmente o ha sido solamente el narcotráfico y las guerrillas? Es comenzar a romper el mito del Estado víctima, del Estado democrático en el cual hay una gente que se comporta de forma terrorista, que rompe ese estado democrático.
* Iván Cepeda, uno de los defensores de los derechos humanos más destacados de Colombia, se convirtió en 2010 en diputado por el Polo Democrático Alternativo.
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