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El polvorín

Uruguay - PLUNA .Ninguna mano cortada

29 Julio 2012 , Escrito por El polvorín Etiquetado en #Politica

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México: Monsanto y la comida venenosa

28 Julio 2012 , Escrito por El polvorín Etiquetado en #Politica

 

Mientras que los alimentos sanos y sin tóxicos hay que etiquetarlos —y nos hacen pagar caro por ello— los que son rociados con veneno pasan por normales y no es preciso declararlo en ninguna etiqueta. Así se venden los alimentos producidos con agrotóxicos (eufemísticamente llamados agroquímicos para hacerlos parecer más neutrales y que no protestemos), que en una nueva planta argentina se producirán con más ahínco. SILVIA RIBEIRO.*

 

¿Quién se beneficia de este engaño al público, de este atropello a la salud y al ambiente, de esquilmar dinero público a gran escala por los costos de contaminación y enfermedades?

 

Las 10 trasnacionales que controlan 90 por ciento de la venta de agrotóxicos a nivel mundial, de las cuales Syngenta, Bayer, Basf, Monsanto, Dow y DuPont son las mayores. ¿Suenan conocidas? Claro, son exactamente las mismas que controlan ciento por ciento de las semillas transgénicas.

 

No es casualidad: ellas crearon los transgénicos para vender más veneno.

 

Los transgénicos son un ejemplo paradigmático de esta estafa al público: más de 80 por ciento son manipulados para tolerar mayor uso de agrotóxicos, para que todo alrededor de la planta muera, pero que la planta transgénica siga viva luego del baño intensivo de veneno. Que no sólo queda en la tierra y el agua: también deja un alto contenido de tóxicos en la comida que se elabora con ellos.

 

En la mayoría de los países que cultivan soya transgénica, tuvieron que cambiar las leyes de salud para aumentar hasta 200 veces el nivel de residuos de agrotóxicos permitidos en alimentos, de lo contrario serían alimentos ilegales por ser un riesgo para la salud.

 

El cultivo de transgénicos ha significado el mayor uso del herbicida glifosato en la historia de la agricultura. Como su uso es tan intenso, ha provocado resistencia en las hierbas que dice combatir, encontrándose más de 20 hierbas invasoras que ahora son totalmente inmunes al glifosato. Por eso, las empresas venden el producto cada vez más concentrado, le agregan surfactantes y otros químicos para que penetre mejor
(convirtiendo al glifosato, que la industria afirma es moderadamente tóxico, en un veneno de alto poder).

 

Pero ante la ineficacia en aumento, están regando venenos aún más tóxicos en los cultivos
(como endosulfán, atrazina, dicamba y el famoso 2, 4 D que es un componente del arma química Agente Naranja).
Ahora las empresas van por maíz y soya transgénica resistente a dicamba y 2,4 D, lo cual aumentará más su uso. Como los transgénicos se plantan en grandes áreas, los agrotóxicos se aplican frecuentemente por fumigación área, afectando extensas áreas aledañas y poblaciones cercanas.

 

En Argentina, tercer productor mundial de transgénicos, se han comenzado a organizar los pueblos de varias provincias contra la fumigación aérea de las zonas de cultivos transgénicos, situación relacionada al aumento de casos de cáncer y diversas alergias y enfermedades graves, incluyendo deformación de neonatos.

 

Mientras que en ese país se realizó recientemente el primer juicio contra la fumigación de soya transgénica en Ituzaingó, Córdoba, por las enfermedades y contaminación que se han demostrado, en México se acaba de autorizar la siembra comercial de 235 mil 500 hectáreas de ese cultivo en varios estados de la península de Yucatán, en Chiapas y la región huasteca, condenando a muerte la producción de miel orgánica y el sustento de más de 40.000 familias. A esto se suma la aprobación de nuevas pruebas a campo abierto de maíz transgénico en estados del norte, continuando el ataque contra el maíz campesino en su centro de origen.

 

Además de los daños directos sobre productores, abejas, polinización, biodiversidad y suelos, la siembra masiva de transgénicos en la península de Yucatán, debido a sus particulares suelos porosos y sistemas cársticos, llevará a la rápida contaminación de los acuíferos y sistemas subterráneos, por lo que toda la población de la península está directamente amenazada de contaminación.

 

Por estos impactos tan graves y otros, la liberación de soya transgénica tuvo dictamen negativo por parte de Conabio, Ine y Conanp, instituciones oficiales que deben participar por ley en el proceso de decisión; pero a contrapelo de abundantes datos y estos dictámenes, fue igual aprobada su liberación. Greenpeace presentó una demanda contra los funcionarios responsables y varias organizaciones de apicultores y campesinos se ampararon contra esta decisión, a todas luces injusta e ilegal.

 

Una decisión contra la salud, la biodiversidad y la economía de la población, solamente para favorecer a una transnacional y unos cuantos industriales.

 

Este modelo agropecuario basado en agrotóxicos —del cual los transgénicos son su máximo exponente—, el papel de las seis corporaciones que lo detentan, la complicidad de los gobiernos y las muertes y violencia que han generado, fueron presentados a una sesión del Tribunal Permanente de los Pueblos en Bangalore, India, en diciembre 2011.

 

El veredicto concluyó, entre otros puntos, que se trata de un modelo que implica una clara injusticia global, donde seis trasnacionales son responsables por la violación sistemática y ampliamente difundida del derecho a la salud y a la vida, de los derechos económicos, sociales y culturales, así como de otros derechos políticos y civiles, y de las mujeres y los niños.

 

Para justificar los agrotóxicos nos dijeron que eran para alimentar al mundo, igual que con los transgénicos. Hay más hambrientos que nunca y millones de niños nacen a un futuro tóxico. Pero la mentira está al descubierto y la resistencia sigue creciendo.
——
* Investigadora del Grupo ETC.
En Adital (www.adital.com.br) —que cita como fuente al diario La Jornada de México (www.jornada.unam.mx).

 

Addenda
Argentina: Los amores carnales con Monsanto

 

La presidenta Cristina Fernández y Juan Manuel de la Sota y las futuras relaciones con Monsanto. De la Sota viaja a Estados Unidos y cree que beneficia al país trayendo a Monsanto. La presidenta se reúne con toda la cúpula directiva de Monsanto en Nueva York (15 de junio de 2012) y cree que los ha convencido para instalar una nueva planta en el país que comenzará a producir en diciembre de 2013. Ambos recubren un acto de entrega como si fuera un triunfo para el desarrollo de Argentina.*

 

El presidente de Monsanto le informa a la presidenta de “un país del sur” que invertirán más de 1.570 millones en Córdoba y Tucumán, para instalar en Malvinas Argentinas, en Córdoba, la segunda mayor planta del mundo para hacer del maíz una semilla transgénica.

 

No dicen que la mayor planta del mundo de Monsanto también está en la Argentina, en Zárate, fabricando glifosato para toda América Latina. Fabrican el herbicida Roundup, que es el nombre comercial del glifosato, desde 1998 en la Provincia de Buenos Aires.

 

Monsanto, según Wikipedia, fue fundada en 1901 en San Luis (Missouri) por un químico llamado John Queeny, que denominó a la firma con el nombre de Monsanto que era el segundo apellido de su esposa que se llamaba Olga Méndez Monsanto.

 

Pero no todo era farmacia y agricultura para la empresa química. Ella, por el encargo del gobierno de los Estados Unidos, es responsable de uno de los asesinatos mayores de la historia, de personas humanas, de riqueza zoológica y botánica, ya que fue el fabricante del Agente Naranja, fabricado para eliminar la selva vietnamita.

 

Monsanto es quizá la corporación más odiada del mundo, según afirma la fuente citada. Muchas películas y libros la han puesto en exhibición mundial, mientras la presidenta argentina le da la bienvenida frente a todo el mundo en Nueva York, y de la Sota se apura que no le soplen el “mérito” de atraer la química que mata gente y ambientes.

 

Las películas mostrando la realidad de Monsanto también llegan a todos los países para descubrirla: La guerra de los cultivos transgénicos en 2004, Corporation, en 2006, y el libro y película El mundo según Monsanto o del agente naranja al glifosato (Francia, 2008), libro traducido a catorce idiomas.
——
* En Argenpress (www.argenpress.info) —que cita como fuente a INFOSUR (http://infosur.info).

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Brasil: Monsanto en problemas

28 Julio 2012 , Escrito por El polvorín Etiquetado en #Politica

 

soja

La trasnacional compañía de biotecnología estadounidense Monsanto, la mayor empresa semillera del mundo, podría acabar teniendo que pagar $7.500 millones a cinco millones de sembradores de soya brasileños que están demandando la compañía por regalías.

Monsanto, una de las corporaciones más detestadas del mundo, se ha convertido en los ojos de muchos en el más fácilmente reconocible símbolo del control corporativo sobre los alimentos y la agricultura. Sus tácticas de mano dura para cobrarle regalías a agricultores por sus semillas patentadas han sido documentadas en las películas Food Inc, y El Mundo Según Monsanto.

A esta corporación, tan acostumbrada a demandar y amedrentar a agricultores, se le ha virado la tortilla en Brasil, donde ahora es demandada por agricultores.

Brasil es el segundo productor a nivel mundial de cultivos transgénicos o genéticamente modificados (GM), superado solamente por Estados Unidos. La vasta mayoría de esta área cultivada consiste de soya que ha sido alterada genéticamente por Monsanto para resistir al herbicida Roundup, producto de la misma compañía.

Brasil exporta la mayor parte de su cosecha de soya a Europa y China para uso como biodiesel o como alimento para ganado. Se estima que el 85% de la soya brasileña es GM. No se sabe la proporción exacta porque la soya de Monsanto fue contrabandeada desde Argentina comenzando en 1998. En 2005 el presidente brasileño Lula, al verse frente a una situación de hechos consumados, legalizó la siembra de soya GM en el país.

Una vez legalizada su soya, Monsanto comenzó a cobrar a los cultivadores brasileños un impuesto de 2% por su producción de soya GM. La compañía también mercadea soya no GM y les requiere a los agricultores mantener ambas variedades estrictamente separadas. Si se encuentra soya transgénica en un cargamento de soya que se supone que no sea GM, se le penaliza al agricultor con un cobro de 3%.

En 2009 un grupo de sindicatos rurales del estado brasileño de Rio Grande do Sul demandaron a Monsanto, acusando que la soya GM y no GM son prácticamente imposibles de separar y que por lo tanto el “impuesto Monsanto” es injusto.

Esta alegación contradice directamente uno de los principales puntos de propaganda de la industria de la biotecnología: que las semillas y plantas transgénicas nunca aparecerán donde no se supone que estén. Esta ocurrencia, conocida como contaminación genética, es negada rotundamente por las compañías. Cuando esto ocurre, lo niegan, pero cuando la evidencia es demasiado contundente como para negarla, le restan importancia o le echan la culpa al agricultor.

“El problema es que segregar la soya GM y convencional es difícil, dado que la soya GM es altamente contaminante”, declaró João Batista da Silveira, presidente del Sindicato Rural de Passo Fundo, uno de los principales demandantes en el caso.

El pasado mes de abril un juez de Rio Grande Do Sul determinó que los cobros de Monsanto son ilegales y notó que la patente de la semilla de soya GM de la compañía estaba expirada en el país. Le ordenó a la empresa a dejar de cobrar regalías y también a devolver todas las regalías cobradas desde 2004- estamos hablando de $2 mil millones.

Monsanto está apelando, pero recibió otro golpe el 12 de junio cuando el Tribunal Supremo de Brasil decidió unánimemente que lo que decida la judicatura de Rio Grande do Sul deberá aplicarse al país entero. Esto sube la suma en cuestión a $7.500 millones. Ahora los agricultores demandantes son cinco millones.

En un terso comunicado, Monsanto declaró que seguirá cobrándole regalías a los sembradores brasileños hasta que termine de resolverse el caso.

En 2008 la revista científica Chemical Research in Toxicology publicó un estudio por el científico francés Gilles-Eric Seralini, especialista en biología molecular y profesor de la Universidad de Caen, que indica que el Roundup es letal para células humanas. Según su investigación, dosis mucho menores que las utilizadas en cultivos de soya provocan muerte celular en solo unas horas.

En 2010 la misma revista publicó un estudio revisado por los pares de la autoría del embriólogo argentino Andrés Carrasco, investigador principal del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (Conicet) y director del Laboratorio de Embriología Molecular de la Universidad de Buenos Aires, que determina que el glifosato, ingrediente activo del Roundup, es extremadamente tóxico a embriones de anfibios aún en dosis hasta 1.540 veces menores que las utilizadas en las fumigaciones agrícolas.

*Periodista y educador ambiental. Dirige el Proyecto de Bioseguridad de Puerto Rico (http://bioseguridad.blogspot.com/search/label/es). Difundido por ALAI. Para más información sobre Monsanto: http://bioseguridad.blogspot.com/search/label/Monsanto

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La Economía Verde se llama Poder Corporativo

28 Julio 2012 , Escrito por El polvorín Etiquetado en #Politica

Estamos asistiendo a una profundización demencial del paradigma capitalista y de su ámbito de dominio que ha desplazado sin pena ni pestañeo el concepto de sustentabilidad para usarlo en el campo de las finanzas, disfrazando su afán de lucro con el argumento de incorporar las externalidades ambientales. Argumentos para justificar una angurria fuera de toda proporción: casi todo lo que existe en el mundo cumple un servicio y es una mercancía, todo será considerado una inversión, todo cuenta como dinero. El próximo paso será conquistar nuestra imaginación.

Un documento denominado “Declaración del Capital Natural (Un compromiso del sector financiero para Río+20 y más allá)”, promovido por las Naciones Unidas mediante la Iniciativa Financiera del Programa para el Medio Ambiente, la Fundación Getulio Vargas de Itamaratí del Brasil y el Global Canopy Programe en el Foro Corporativo por la Sustentabilidad, ha empezado a ser visible en el marco de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Río+20 en paralelo a los documentos emanados de la negociación y proponiendo una declaración que debe ser firmada por las instituciones financieras internacionales y las corporaciones.

El documento, fruto de 18 meses de preparación del sector financiero, compromete a los signatarios a cuidar los recursos naturales, en particular el agua, y aunque está presentado como una iniciativa sustentable, acompaña al lobby que las transnacionales han estado haciendo en las negociaciones dando cuenta de una de las certezas que tenemos, pero que aún es poco visible en los debates entre los países: la ONU está en manos del gran capital corporativo y financiero. Los debates y negociaciones que allí se desarrollan se encuentran en su cancha.

La declaración propuesta señala la ruta de los nuevos consensos que se están desarrollando entre los representantes del capital financiero, y dice textualmente en su encabezado que se propone crear un “compromiso de la comunidad financiera (que parece sustituir ahora a la ‘comunidad internacional’) a reconocer y reafirmar la importancia del capital natural en el mantenimiento de una economía global sostenible” (ahora es explícito que es la economía y no el medio ambiente la que debe ser sostenible).

Y no es casual: las 100 economías más grandes del mundo son hoy corporaciones transnacionales, no tienen banderas (sí, logos, slogans y mensajes de propaganda), no son democráticas (tienen dueño, directorio y funcionarios), no consultan a nadie para acomodarse hasta donde les alcancen las piernas, y si pueden les sacan dinero a los países del Sur y a los pueblos del Norte para consolidarse o seguir acumulando capital (son dueñas del dinero, de los bancos, de las tierras, de la justicia, de la tecnología, de las maquinarias; tienen acuerdos de libre comercio a su favor, reglas de protección de inversiones y tribunales a su medida). Según información proporcionada por el TNI y el Grupo ETC, 10 de las corporaciones más ricas son de energía; al menos 10 corporaciones más fuertes están vinculadas a la producción de alimentos y el comercio del agua, y concentran millones de hectáreas en el Sur global; otras tantas tienen el monopolio de las patentes y otras, muy fuertes y poderosas, están obsesionadas con la geoingeniería. Todas ellas presentes en el entorno de las Conferencias de la ONU para asegurar su situación de poder y conceder lo menos posible a la creación de mecanismos efectivos que se orienten a salir de la crisis.

Paralelos con la Cumbre del 92

Cuando, en 1992, se hizo la Declaración de Río y se estableció la Agenda 21, la finalidad era enfrentar la ya entonces preocupante devastación ambiental, las inequidades sociales y la pobreza. La ingenuidad de los pueblos y la maquinaria montada para marearlos nos hizo creer que la fórmula mágica del “desarrollo sostenible” combinando “economía, sociedad y medio ambiente” —bajo la directriz de “consumir lo suficiente para satisfacer las necesidades del presente, sin comprometer las necesidades de las generaciones del futuro”—, sería suficiente para resolver los problemas planteados.

En paralelo, arrancaba el Consenso de Washington concebido pocos años antes (a finales de los 80) y ya estaba en pleno apogeo la multiplicación de las instituciones, leyes, acuerdos, mecanismos financieros, sistemas de condicionalidades e ideologías —que no podían faltar— para aprovechar de esta narrativa y asegurarse de que la fórmula “sin inversión privada no hay desarrollo” les permitiera tener todas las facilidades para lucrar a costa de la destrucción planetaria y la violación de los derechos humanos.

Por tanto, el “desarrollo sostenible” sobre el que se sigue insistiendo tenía ya varias debilidades de fondo: desde concebir una noción de crecimiento económico sin límites ni conciencia de la interdependencia entre especies y con los ecosistemas, ignorar las fuerzas del mercado y el proceso de liberalización de la economía, hasta pensar ingenuamente que las palabras son suficientes y no es preciso atacar las causas estructurales del sistema.

Hoy estamos en una situación algo similar, sólo que aún más grave, porque la crisis ecológica y financiera —que ellos mismos han provocado— opera como un fuerte justificativo para avalar una nueva maquinaria denominada “economía verde” (o como quiera llamarse) que pretende incorporar a la naturaleza en la fórmula para asegurar, esta vez, la “sostenibilidad de la economía global”.

Por tanto, el “desarrollo sostenible” sobre el que se sigue insistiendo tenía ya varias debilidades de fondo: desde concebir una noción de crecimiento económico sin límites, hasta pensar ingenuamente que las palabras son suficientes y no es preciso atacar las causas estructurales del sistema.

Un sistema de lucro inédito

Según han manifestado los impulsores de esta declaración que incluye a los “buenos” de la película porque accedieron a hablar del medio ambiente y sustentabilidad —uno de los signatarios es la Coca Cola Company—, se pretende “hacer entender que ‘activos’ como el agua, el aire, el suelo y los bosques son un ‘capital fundamental’ y advertir cómo esos recursos afectan los negocios de las empresas”… “De la misma forma que un inversionista quiere preservar su patrimonio y vivir de la ganancia que le genera, el desafío es ahora no depredar recursos naturales para obtener un beneficio…”.

Entonces, hablar hoy de sostenibilidad podría equivaler a hablar de factibilidad o rentabilidad. Da lo mismo. Podríamos hasta decir que el mundo es 80% factible y rentable si se invierte en servicios ambientales de los bosques o las abejas, y 20% factible si no se invierte en ellas. Podríamos hablar de los intereses y ganancias que se estarían perdiendo si no se cuantifica y declara el servicio que proporcionan nuestras montañas y paisajes cuanto antes. Podríamos imaginarnos que en cualquier rato nos querrán demandar ante una corte si no cuidamos la belleza escénica de algún paraje en nuestro territorio.

Estamos asistiendo a una profundización demencial del paradigma capitalista y de su ámbito de dominio que ha desplazado sin pena ni pestañeo el concepto de sustentabilidad para usarlo en el campo de las finanzas, disfrazando su afán de lucro con el argumento de incorporar las externalidades ambientales. Argumentos para justificar una angurria fuera de toda proporción: casi todo lo que existe en el mundo cumple un servicio y es una mercancía, todo será considerado una inversión, todo cuenta como dinero. El próximo paso será conquistar nuestra imaginación.

Las negociaciones y la vida real

Algunos países en el G-77 se han propuesto redefinir la economía verde y salvarla de un enfoque mercantilista. Brasil ha lanzado un documento de propuesta de declaración que permanece anclado en el concepto de “crecimiento económico sostenido” y que hace muchas concesiones a este nuevo modelo, dejando atrás acuerdos que podrían ser sustanciales en regular a las corporaciones y limitar a los países desarrollados para recuperar las proporciones que exige el pago de la deuda ecológica e histórica; algunas corrientes de activistas se han concentrado en rechazarla y demonizarla para que las Cumbres y las negociaciones concluyan con un rotundo “no” a la economía verde.

Pero la vida real está diseñada ya para que una vez terminada la semana de debates, negociaciones y reuniones paralelas, tanto la cooperación para el desarrollo, la cooperación no gubernamental, los gobiernos nacionales y los locales, los bancos, los mercados financieros, las corporaciones y las empresas, los países y las comunidades ingresen de uno u otro modo en los escenarios preparados con oculta paciencia con el fuerte argumento de “salvar a la Madre Tierra” de la destrucción.

La tan mentada Madre Tierra ahora ya tiene un lugar en el lenguaje del documento presentado por Brasil, que reconoce que podría ser un sujeto de derechos, lo que es un gran avance pero no necesariamente significa que se los va a respetar. Aunque se aprobara, no sería suficiente para parar a las transnacionales y el extractivismo base de muchas economías en el mundo y que en el documento se reconoce como un motor para el desarrollo y la lucha contra la pobreza. Ni siquiera en Bolivia o Ecuador, donde existen articulados constitucionales y leyes al respecto, han sido respetados, y allí se persiste en la explotación minera e hidrocarburífera a costa de la Madre Tierra y la salud de las personas. Ni qué decir de los países desarrollados, donde la explotación minera, la energía nuclear o la explotación del carbón amenazan sus ecosistemas y la salud de la gente, como es el caso de las comunidades del valle de Ohio que viven la devastación y el envenenamiento por esta industria. Estados Unidos, por ejemplo (con razón no quiere firmar el Protocolo de Kyoto), depende en un 49% de la salvaje explotación del carbón para su energía, uno de los sistemas más contaminantes y destructivos del medio ambiente y la salud.

Visibilizar la amenaza, identificar los escenarios y confiar en nuestras fuerzas

Así como están las cosas, sería quizá pertinente distinguir algunas estrategias de resistencia sabiendo que las negociaciones y los debates en Naciones Unidas son apenas uno de los escenarios de esta problemática global, el más desgastado y ahora cooptado por el interés transnacional y la ideología del desarrollismo, que se está convirtiendo peligrosamente en un lugar de palabras repetidas y vaciadas de contenido con altavoz. Una retórica difícil de asir y sobre todo de controlar desde la sociedad civil; sus resultados, cualquiera que fueran, serán pasibles de ser atrapados por el sistema de lucro.

Un otro escenario —mucho más relevante— es el de la economía, que nos lleva a considerar seriamente el poder de las corporaciones con sus negocios y sus reglas en todas partes, un terreno muy concreto de acción que debe recoger la experiencia de innumerables luchas exitosas en parar el poder corporativo y que está llevando a resistir la explotación minera, la mercantilización del agua, de la salud, de la vida; al mismo tiempo, este escenario incluye las economías no visibles que funcionan y dan vida a formas solidarias de organización social y que pocas veces son reivindicadas como caminos posibles para la restauración y resignificación de la economía y del tejido social.

Un tercer ámbito es el de los imaginarios, el de las subjetividades, la cultura y, por tanto, uno de los más importantes, porque acompañan los hábitos sociales y pueden ser engranajes de una vida o de consumo o de cuidado, de violencia o de solidaridad, de dominio y sumisión o de democracia y participación. En este terreno, la construcción de relaciones equitativas entre géneros, entre etnicidades, generaciones y otras diversas, podría contribuir sustancialmente a una relación más armónica con la naturaleza, o, al menos, preparar la subjetividad para ello.

Los intereses que están detrás de la economía verde no son algo etéreo; y no porque no se los explicite dejarán de existir en su esencia. La economía verde es el nuevo ropaje del poder corporativo, lleva su nombre inscrito con sangre de los pueblos en la frente, y es allí donde la resistencia al nuevo modelo será más eficaz. No en los foros ni declaraciones, no en el resultado de la negociación, ni en los discursos de resistencia abstracta, sino en la defensa de los territorios, del agua, de las semillas, de los servicios públicos, de la vida, de la economía solidaria, del reconocimiento al trabajo impago de las mujeres, en la resistencia a la minería extractivista e irresponsable, a las plantas nucleares, al lucro de las empresas con la energía y el agua, en defensa de los pueblos en el día a día.

La economía verde viene con nombre y apellido: se llama Poder Transnacional, y nos hemos mirado frente a frente: Los hemos frenado algunas veces, les hemos obligado a retirarse. La indignación y la conciencia sobre el daño que causan existen y son inmensas en el mundo. Es allí donde vamos a permanecer, pues nosotros y nosotras, que no queremos convertirnos en sofisticados profetas del desastre, nos otorgamos el derecho también a redefinir la sustentabilidad como la tarea de resistir el modelo creando las bases de la justicia, la equidad y la cultura del cuidado y la restauración, sentando bases éticas, principios de coherencia y ejemplos de consecuencia capaces de sembrar esperanza para nuestros hijos e hijas en el futuro. www.ecoportal.net

Revista Ideele
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Uruguay : Jugar al contragolpe

28 Julio 2012 , Escrito por El polvorín Etiquetado en #Politica

 

RODRIGO ABELENDA/RICARDO SCAGLIOLA
 

 

La decisión del Ministerio de Economía de interpelar la actuación de la dgi en el caso Casal, tras la polémica intervención de expertos del sector privado, invirtió los términos de un litigio que ya lleva casi cuatro años y generó un clima de desconcierto en el organismo recaudador, al que ahora se acusa de “inocultable desviación en la aplicación del derecho”.

La pulseada entre el empresario Francisco “Paco” Casal y la Dirección General Impositiva (dgi) sigue dando que hablar. Tres años después de que el entonces director de la dgi, Nelson Hernández, apuntara todas sus baterías contra el Grupo Casal, el Ministerio de Economía y Finanzas (mef) resolvió revocar las principales acusaciones y reclamos que el organismo recaudador había planteado contra el empresario. En una resolución fechada el 1 de noviembre de 2011 y firmada por el ministro Fernando Lorenzo, el mef de-sestima la acusación lanzada por la dgi acerca de que Casal había incurrido en defraudación y, como consecuencia de eso, reduce de diez a cinco años el plazo para calcular los impuestos que –sostiene la administración tributaria– el empresario tendría que pagar. De ahí que la deuda –originalmente calculada en 100 millones de dólares– se reduzca ahora a diez millones. En la sede del ministerio algunos interpretan que mediante esta fórmula se busca una salida negociada, quitando a Casal la figura de la defraudación, reduciendo el monto de la mora y, así, allanar el camino hacia un acuerdo que permita al contratista pagar el resto de lo adeudado. La resolución firmada por Lorenzo recoge las conclusiones de una consulta técnica independiente, sugerida por el fiscal de gobierno de segundo turno y ex secretario de Presidencia durante el gobierno de Tabaré Vázquez, Miguel Toma, a quien el director general de Secretaría del mef, Pedro Apezteguía había remitido en mayo de 2011 todos los antecedentes del caso como medida para “mejor proveer”, luego de que en octubre de 2010 Casal presentara un recurso de revocación. Con esta herramienta Casal consiguió llevar el litigio contra la dgi a la Torre Ejecutiva (estos recursos terminan procesalmente en Presidencia), un terreno en donde el contratista se mueve con soltura ya que cuenta con la interlocución del “Pato Celeste”, Gustavo Torena.
En su respuesta al mef, Toma había recomendado realizar una consulta técnica independiente “a fin de garantizar la objetividad de apreciación de hechos y el derecho aplicable que ilustre acerca de si la actividad descripta se encuentra o no gravada por el impuesto a la renta de la industria y comercio (iric) y, por ende, si dicha actividad alcanza o no al iva y al impuesto al patrimonio” (véase recuadro). En el informe, Toma también había pedido que se indicara si la actuación de la dgi fue correcta y si eventualmente habría prescrito la pretensión del organismo recaudador “por no haberse verificado una causal de ampliación del plazo de prescripción de la deuda” para el caso de que se tratase, con todas las letras, de una defraudación tributaria. El mef encargó esa tarea al abogado tributarista Juan Manuel Albacete, profesor adjunto grado 3 de derecho financiero de la Udelar y miembro del estudio Guyer y Regules. Entre las fuentes consultadas, nadie duda de la idoneidad de Albacete en temas tributarios y tampoco ponen en tela de juicio la independencia del experto con respecto a cualquier influencia del contratista. Sin embargo, fuentes del mef dijeron a Brecha que la consulta a Albacete fue refrendada por el Grupo Casal porque –argumentaron– de otra manera se habría violado el secreto tributario, por el cual ningún particular puede acceder a los datos de otro contribuyente.
En octubre, el informe de Albacete llegó a la Fiscalía de Gobierno. En el escrito, el experto concluye “de forma categórica que en el presente caso no se configura defraudación tributaria”. Entre otros argumentos, señala que Casal estaba “convencido” de que no debía pagar impuestos, con lo cual “el dolo y el fraude quedan desvirtuados”. La resolución firmada en noviembre por Lorenzo señala, dentro de los considerandos, que “el profesional consultado entiende que no se configura en la especie dicha infracción, básicamente por cuanto el administrado no ha realizado un acto fraudulento”, dado que “no ha actuado con engaño u ocultación, sino que ha actuado manifiestamente en el entendido de que no debía tributar, en función del asesoramiento de sus profesionales de confianza”.
Más adelante, la resolución del mef argumenta que “la actividad del contratista o del Grupo Casal era pública y notoria, conocida a través de todos los medios periodísticos y por la propia administración fiscal, lo que impide que pueda hablarse de engaño u ocultación, elemento material de la infracción de defraudación”. Si bien la resolución desestima la existencia de la figura de defraudación tributaria, el mef mantiene el emplazamiento a Casal por la deuda generada por concepto de iric, devenido en impuesto a la renta a las actividades empresariales (irae) tras la reforma tributaria de 2007. Sin embargo, Brecha pudo saber que los abogados de Casal esperan que, mediante otra resolución, el gobierno cancele definitivamente las pretensiones de cobrarle algún tipo de impuesto a Casal. Para ello, además de la defensa ejercida por el abogado de Casal, Leonardo Costa –prosecretario de Presidencia durante el gobierno de Jorge Batlle–, el contratista también apeló a 11 informes técnicos solicitados por el propio Grupo Casal a los principales estudios jurídicos del país. Si bien la consulta a expertos externos es una práctica habitual en temas impositivos, estos informes, solicitados y financiados por Casal, refrendan la tesis de la parte interesada. 
En esos escritos, diez abogados tributaristas –entre los que se cuentan Juan Antonio Pérez Pérez de kpmg; el profesor de derecho financiero Andrés Blanco; Alberto Varela de Ferrere Abogados; el contador Carlos Borba, de Tea & Deloitte y el abogado Arturo Caumont– y uno penal –otro ex secretario de Presidencia y ex canciller durante la administración de Vázquez, Gonzalo Fernández– sostienen que no hubo delito contra el fisco. Fernández, que dio su opinión jurídica sobre el caso a pedido de uno de los abogados de Casal, Jorge Pereira Schurmann, sostuvo en su informe que no existe una aplicación conjunta de capital y trabajo en el país, y por lo tanto la renta no queda gravada por el iric. En su momento, la dgi alegó que la actividad del contratista en lo que hace a la transferencia de jugadores produce renta y capital en el país, por lo cual pretende cobrarle los impuestos generados desde 1998. Los abogados contratados por Casal sostienen, sin embargo, que la actividad del contratista se desarrolla netamente en el exterior. De hecho, al menos dos de las empresas por las cuales el contratista opera las transferencias –mencionadas incluso en la resolución ministerial– tienen sede en Panamá: Buzzcard Holding sa y Oxford Marketing Group ltda.

 

CONTRIBUYENTE VIP. La trama del caso que enfrenta a Casal con la dgi tuvo un giro inesperado luego de que desde Presidencia se manejara la posibilidad de enviar a la justicia el expediente que involucra al contratista. Y es que, según trascendió, el informe elevado por Albacete sostiene que la acción de la administración aparece “seriamente comprometida por una inocultable desviación en la aplicación del derecho tributario formal y material”. De ahí que el fiscal Toma haya aconsejado iniciar una investigación administrativa para determinar si existieron hechos irregulares que llevaran a la dgi a proceder de esta forma. Según pudo saber Brecha, la investigación ya está en curso, y ha disparado algunas alarmas tanto a la interna de la administración tributaria como del propio mef, donde varios jerarcas plantean dudas acerca de la posibilidad de que se condicione la independencia técnica de los funcionarios al interponer en la tarea de los funcionarios los vínculos políticos de algunos contribuyentes, frente a la autonomía técnica. 
Algunos integrantes del equipo económico consultados por Brecha interpretan incluso que la filtración de algunos segmentos del expediente relativo a Casal podría formar parte de una operación política para desacreditar a la dgi en beneficio del contratista. “No hay ningún inspector que quiera hacer una inspección respecto a una persona que haya tenido una influencia política”, sostuvo un informante del mef. Por lo pronto, el mar de fondo llegó incluso al sindicato de funcionarios de la impositiva. El consejo directivo del gremio resolvió el martes dar su “apoyo total” a los funcionarios de la dgi que intervienen en el caso Casal y, en una reunión realizada ayer en la mañana con el director de la dgi, Pablo Ferreri, solicitaron preservar la autonomía técnica de los inspectores.
Consultado por Brecha, el secretario de Presidencia, Alberto Breccia, prefirió no hacer declaraciones. Apenas se limitó a decir que “los recursos de revocación y jerárquicos son instancias administrativas que terminan en Presidencia”. “Los recursos de revocación y jerárquicos se interponen frente al organismo (en este caso, Economía y Finanzas) y luego van al Poder Ejecutivo, donde deben ser refrendados por el presidente.” Una vez finalizado el trámite en la Torre Ejecutiva, el itinerario indica que es el Tribunal de lo Contencioso Administrativo quien tiene la última palabra. En este caso, el expediente está hace dos meses en la sede de Presidencia, a solicitud del propio presidente Mujica, según pudo confirmar Brecha. Algunas fuentes consultadas interpretan que, de mantener la deuda impaga con la dgi, ello obstaculizaría las pretensiones de Casal de adquirir, por parte del Estado, una señal de televisión digital, negocio por el que el contratista mantuvo, en el último tiempo, conversaciones con el empresario argentino y propietario del Multimedio Plural La República, Gustavo Yocca. n

Los antecedentes del caso Casal
Vieja historia

No es la primera vez que Casal intenta colocar a la dgi en el banquillo de los acusados. En abril de 2008, la jueza civil de primer turno, Loreley Opertti, trabó un embargo por 25,6 millones de dólares entablado por la dgi contra Casal. En junio de ese año, los abogados de Casal le hicieron llegar a la jueza un escrito denunciando una presunta maniobra de la dgi para adulterar las pruebas contra su defendido (véase Brecha, 20-VI-08). Según aquel documento presentado por su abogado, Leonardo Costa, la dgi “armó” el expediente de la investigación encabezándolo con una orden de inspección falsa. Si Casal buscaba incidir en el fallo de la justicia, no lo consiguió, porque el embargo trabado por Opertti aún permanece. 
La controversia entre Casal y la dgi estaba centrada en que el empresario había montado una red de empresas panameñas a través de las cuales se transferían jugadores al exterior, para no pagar el iric, argumentando que la operativa era realizada en el exterior. El iric, sustituido en julio de 2007 por el irae, gravaba las rentas de fuentes uruguayas derivadas de acciones lucrativas realizadas por empresas, y equivalía al 30 por ciento de las ganancias netas. En octubre de 2008, esta operativa también fue denunciada por la dgi en la justicia penal por presunta defraudación. En aquella instancia Casal se deslindó de cualquier responsabilidad y señaló como principal artífice de la estratagema panameña a su ex contador Julio Szafran. En 2009, tanto el juez Carlos García como la fiscal Dora Domenech archivaron el caso porque encontraron que Casal no cometió delito. n

Con Pablo Ferreri, director de la DGI
“Son trascendidos de prensa”

Para el director de la dgi, Pablo Ferreri, la Impositiva “no fue en absoluto desautorizada por el mef. Ya vamos por el tercer año de gestión al frente de la administración tributaria y todo el mundo sabe cuál es nuestra forma de proceder (...) nosotros actuamos con mucha dureza en lo que tiene que ver con el combate a la evasión y la informalidad porque durante esta gestión hemos alcanzado récord de recaudación anual, récord de reliquidación de tributos en una inspección, con 25 millones a la empresa Cash, y récord de reliquidaciones en operativos masivos, como fue el caso de la fiscalización a usuarios de zonas francas y free shops”. Ferreri destacó, en diálogo con Brecha, que la “firmeza” con la que actúa la dgi debe ir de la mano de “un absoluto respeto por los derechos de los contribuyentes, a los cuales nos hemos preocupado por defender a rajatabla”. El jerarca explicó que, durante su gestión, se elaboró por primera vez una carta de derechos y obligaciones de los contribuyentes.
“En este caso –el de Casal– lo que ha ocurrido es que funcionó uno de los mecanismos de defensa de los contribuyentes que prevé la normativa vigente (...). Frente a un recurso jerárquico presentado por un contribuyente, el mef revocó parcialmente el acto”, explicó Ferreri, que recordó que lo adeudado por Casal por concepto de iric e iva sigue vigente hasta tanto no se expida el tca. El jerarca reconoció que “puede ocurrir que en algún caso se entienda que el criterio de la dgi no es el correcto, pero eso es propio de un Estado de derecho”. El director de la impositiva prefirió no referirse a la gestión de Hernández al frente de la dgi ni a la posibilidad de que Presidencia derive el caso Casal a la justicia para examinar los pasos dados por la administración tributaria. “Son trascendidos de prensa sobre los cuales no corresponde opinar”, afirmó. n

El regreso de “Z”
Yo no soy el hijo de Hernández

El ex director de la Dirección General Impositiva (dgi), Eduardo Zaidensztat (2002-2007), responsabilizó a su sucesor, Nelson Hernández (2007-2010), por la acusación de la administración tributaria en contra del contratista Francisco Casal. La dgi acusó en 2008 al empresario de haber incurrido en defraudación tributaria tras adeudar, desde 1998 a la fecha, el pago de impuesto a la renta de la industria y comercio (iric), iva e impuesto al patrimonio. Los reclamos en contra de Casal fueron parcialmente revocados por el Ministerio de Economía y Finanzas (mef) en una resolución firmada por el ministro Fernando Lorenzo en noviembre de 2011.
“En el momento que yo me retiré no había un acto de determinación de deuda de impuesto alguno. Cuando yo me fui, en ese caso (Casal), como otros cientos de casos, no había un acto de determinación de decir: señor, usted debe, y debe tanta plata. La actuación siguió en curso con lo que todos sabemos”, explicó Zaidensztat en una entrevista concedida al portal digital El Diario. “Un año y medio después de que yo me retiré, la dgi, que estaba en aquel momento dirigida por el contador Nelson Hernández, tomó la resolución de determinar que se debía impuestos. Más tarde se le aplica una sanción por defraudación, se solicita dos años después un embargo millonario ante la justicia civil, y también se realiza, más de dos años después de que yo me retiro, la denuncia penal”, narró el ex director general de rentas. Zaidensztat aseguró que durante su mandato se investigó al Grupo Casal “como a cualquier otra empresa” pero, sostuvo, no hubo resoluciones. “No había elementos para determinar que Casal debía impuestos”, subrayó.

Fuente: BRECHA

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Uruguay - PLUNA .Ninguna mano cortada..solo algún tajito al sacarla de la lata

28 Julio 2012 , Escrito por El polvorín Etiquetado en #Politica

 

 

¿Quien desplumó a PLUNA?

Mucha chanchada junta


Samuel Blixen (Brecha)

Se produjeron dos instancias que vuelven más opaco y viscoso todo el episodio de la liquidación de Pluna sa. Una es la decisión del Ministerio de Economía, a través de la Auditoría Interna de la Nación (ain), de declarar confidencial la información “relativa a la gestión económica, financiera y comercial” del socio privado de la aerolínea. Otra es la decisión de los senadores del Frente Amplio de bloquear la instalación de una comisión investigadora parlamentaria para analizar todo el proceso de la crisis, desde la asociación con Varig, en la mitad de los noventa, hasta el vaciamiento instrumentado por Leadgate y su cabeza visible, el empresario Matías Campiani.


Ambas iniciativas clausuran la posibilidad de establecer responsabilidades, políticas y administrativas, que por cierto no serán consideradas en la investigación judicial impulsada tanto por el oficialismo como por la oposición. Las confesiones del ex presidente Tabaré Vázquez y del ex ministro de Economía Danilo Astori, admitiendo que se equivocaron al impulsar la asociación del Estado con una ignota corporación dirigida por un empresario argentino sin mayores títulos (salvo el autoconferido de “reflotador de empresas fundidas”) puede aceptarse como expresión de un gesto que los enaltece –en opinión de algunos de sus compañeros de partido (véase nota en este informe)–, pero no contribuyen en nada al esclarecimiento de los hechos y la identificación de las intenciones.


Los 350 millones de dólares a los que trepa por ahora el costo de la aventura de convertir la empresa estatal de aeronavegación en un paquete de acciones por el 25 por ciento del total, más la angustiosa situación de los trabajadores sin fuente de trabajo, más la postración de otras actividades comerciales vinculadas, más la amenaza de pérdida de las frecuencias del puente aéreo, son una expresión acabada de esa equivocación, que no se supera ni se remedia con la simple confesión para la platea.


Así, sin investigadora, bloqueado el acceso a la información, los uruguayos no podrán saber por qué razón, en base a qué consideraciones, el ministro Astori aceptó la sugerencia de la consultora Ficus, que proponía a Leadgate como candidato para la privatización; ni por qué, en función de qué beneficios calculados (ciertamente no concretados) decidió otorgar una garantía hipotecaria del Estado por la totalidad de la compra de nuevos aviones; y por qué, a pesar de esa garantía, aceptó que las nuevas autoridades tuvieran control ilimitado sobre la gestión (que comenzó desarticulando la “conectividad” con Europa al eliminar los vuelos a Madrid); no se podrá saber, tampoco, qué intereses confluyeron para impulsar la “solución” que se desplomó cinco años después; ni se tendrá idea de por qué el gobierno, con la evidencia del desastre, se apuró ahora a conceder “indemnidad” a los directores de Leadgate.
La determinación de “cortar la sangría” del déficit mensual no justifica el desenlace, cuyos detalles podían perfectamente preverse con sólo acudir a la memoria de los vaciamientos bancarios más recientes. La resolución de la ain que declara confidencial la información de Pluna sa (cuya fundamentación no pudo aportar el director de la Auditoría en su conversación con La Diaria) y la aplanadora de una mayoría que desestimó la investigadora para evitar que se montara un “circo político”, deja sin respuesta una ristra de preguntas.


VIEJOS CONOCIDOS


En el episodio de Pluna aparecen numerosos vasos comunicantes con la crisis de 2002, particularmente los vaciamientos de los bancos. Los detalles de esa historia perversa se conocen no tanto por la acción de la justicia como por la persistente y minuciosa investigación de una comisión parlamentaria cuyos resultados, claro está, no fueron tenidos en cuenta por las mayorías parlamentarias del momento. En el episodio de Leadgate-Pluna se repiten corporaciones, intermediarios, consultores, “ejecutivos”; y aparece un mismo modus operandi: el Estado termina pagando.


A los “viejos conocidos”, J P Morgan y Paul Elberse, accionando en las distintas instancias del desplome del viejo Banco Comercial de los hermanos Ro­­hm­ y en el surgimiento del Nuevo Banco Comercial, se le suma un nuevo protagonista, la consultora cpa Ferrere y el estudio de abogados del mismo nombre. Impúdicamente, en su página web la consultora describe los “logros” de sus ejecutivos; aunque extensa, vale la pena citar: “La ‘muy talentosa’ Sandra González se hizo cargo del área de Litigios y Arbitrajes de la firma desde que Cerisola asumió el liderazgo. Este año, ella y Cerisola asesoraron a un consorcio de entidades financieras, incluyendo a J P Morgan, para liberar 11 millones de dólares en una corte uruguaya a partir de un laudo arbitral icc.


Otro importante triunfo de González fue ayudar a Crédit Suisse a ganar un juicio en un caso relacionado con la bancarrota del Banco Comercial. Los bancos son usuarios frecuentes de la firma, tanto de su práctica financiera (bbva es el más reciente ejemplo) como de su trabajo en disputas, donde Cerisola ha actuado exitosamente para grandes entidades financieras (Crédit Suisse, Dresdner Bank, J P Morgan) en arbitrajes (icc) y acciones civiles contra el Estado uruguayo”.


Esa particular eficiencia en litigios contra el Estado, en especial representando a los “dueños externos” del Comercial, no impidió que cpa Ferrere pudiera anudar nuevas relaciones profesionales con los gobiernos del Frente Amplio. No es menor que algunos de sus socios y consultores estuvieran, simultáneamente, antes o después, en cargos de gobierno. Los más notorios son Bruno Gilli, socio de cpa Ferrere, quien a su vez era delegado, en 2008, del Ministerio de Economía y Finanzas en la Comisión Permanente de Normas Contables Adecuadas; el actual ministro de Economía, Fernando Lorenzo, quien mantuvo una relación profesional con cpa Ferrere como consultante senior, hasta marzo de 2005 en que pasó a desempeñarse como director del Área Macroeconómica del mef, durante la gestión de Danilo Astori en el gobierno de Tabaré Vázquez; en 2009 renunció al ministerio y retornó a cpa Ferrere, mientras oficiaba como asesor de Astori en la campaña electoral.


Pero también mantuvieron vínculos con el gobierno otros altos ejecutivos de cpa Ferrere, como Diego Rodríguez, contratado por el Banco Central del Uruguay para el proceso de rediseño de toda la normativa aplicable a las instituciones financieras, empresas de seguros, fondos de pensión y al mercado de capitales.


EL ROL DE CPA FERRERE


En el esquema de la privatización de Pluna, la consultora Ficus desempeñó el rol de “introductor” del comprador, Leadgate-Matías Campiani; pero el operativo era una triangulación donde confluyen los intereses de la fábrica canadiense Bombardier, que vende los aviones a la nueva Pluna; y del banco canadiense Scotiabank, que financia la operación. Hasta donde es posible saber, en todas las instancias de la privatización de Pluna está presente la consultora cpa Ferrere.


Desde el comienzo mismo de las negociaciones, la consultora asesoró a Leadgate en temas financieros, contables e impositivos, además de encargarse del soporte legal del proceso. El asesoramiento incluyó la participación en la elaboración del plan de negocios que Matías Campiani elevó a los ministerios de Economía y de Transporte en los primeros meses de 2007; y en las auditorías en el período de la llamada due diligence, que obligó al Estado a cubrir “pasivos ocultos”, millonarios en dólares, para que se concretara la firma definitiva del traspaso del 75 por ciento del paquete accionario.


Seguramente cpa Ferrere manejaba, desde el comienzo, la opción del Estado de extender una garantía que sustituyera la promocionada inversión de 170 millones de dólares que el ministro Astori anunció con bombos y platillos, en enero de 2007, cuando los uruguayos comenzaron a pronunciar el nombre de Campiani. Seguramente también cpa Ferrere manejaba la información privilegiada sobre la compra de los aviones a Bombardier y la negociación que se entablaba con el Scotiabank.


Más difícil de determinar es si la operación de compra de las acciones del Nuevo Banco Comercial por parte del Scotiabank –operación que culminó en 2009– se inició antes del proceso de privatización de Pluna. De ser así, resultaría que la presencia del Scotiabank y de Bombardier en la privatización de Pluna sería apenas una pata del negocio de adquisición del Nuevo Banco Comercial. Podría suponerse que el actual ministro de Economía, Fernando Lorenzo, debía estar al tanto de los detalles, puesto que en el período señalado estuvo directamente vinculado a cpa Ferrere y a la vez ocupó el tercer cargo en jerarquía del ministerio. Sin embargo, consultado por Brecha, Lorenzo negó enfáticamente cualquier vinculación personal con el proceso de Pluna. “No estuve al corriente. Jamás tuve contacto con este tema”, dijo.


Sea como fuere, cpa Ferrere, que se jacta de haber concretado el negocio del Nuevo Banco Comercial (nbc) para el Scotia, mantiene su presencia en el banco: Bruno Gilli, Diego Rodríguez y Nelson Mendiburu, tres de los socios de la consultora, son los miembros de la Comisión Fiscal del directorio del nbc; Rodríguez, según se señala en la página web de la consultora, participó directamente en la transacción que otorgó al Scotia el control del nbc.


A la vez, ejecutivos de cpa Ferrere aparecen vinculados a la estructura de Pluna sa y de Leadgate: Magdalena Olazábal, especializada en cpa en financiación de empresas y proyectos de gestión de riesgo en el sector bancario, pasó a desempeñarse como analista de Leadgate Investment Corp, encargándose de la Oficina de Transformación de Pluna. Y los letrados Nadia Yavitz y Nicolás Costábile, de Ferrere Abogados, asistieron a Matías Campani en el juicio por plagio entablado por Buquebus. A su vez, Sandra González y Bruno Gilli, socios de cpa, integran el staff de ef Asset Management, administradora de fondos de inversión, que maneja un fideicomiso de garantía con Pluna sa, cuyos beneficiarios son Rospide Sociedad de Bolsa y Rentmax Sociedad de Bolsa.


La privatización de Pluna terminó siendo un buen negocio para la fábrica Bombardier y para Scotiabank, después que el gobierno logró apurar en el Parlamento la ley sobre la liquidación de Pluna sa, que modifica las normas concursales, con lo que el Scotiabank podrá cobrar en primer término sus créditos por la financiación de la compra de los aviones. Y fue también un buen negocio para el J P Morgan, principal sostén financiero de Bombardier.


Quien termina pagando es el Estado, no importa quién tenga la batuta ocasional. Parece una fatalidad genética esto de hacerse cargo de los desastres privados, reales o fabricados: el Estado pagó cuando la compraventa de carteras en 1984; pagó cuando se desplomaron el Pan de Azúcar, el Comercial, el Banco de Crédito y La Caja Obrera; pagó cuando renunció al cobro del endeudamiento interno de los principales grupos económicos nacionales; pagó cuando Stephane Benhamou vació el reflotado Pan de Azúcar, cuando los hermanos Rohm vaciaron el reflotado Comercial y cuando se desplomó el Banco Montevideo de los Peirano; y paga ahora, cuando los gobernantes cometen una “equivocación” con Pluna, que cuesta apenas el 1 por ciento del pbi anual.

Fuente: http://blogs.montevideo.com.uy

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Salvemos el Ártico - Salvemos el Planeta‏

28 Julio 2012 , Escrito por El polvorín Etiquetado en #Politica

Queridos amigos y amigas,



En estos momentos se está dando una lucha épica por la supervivencia del Ártico y su pureza. Y EE.UU, en vez de ayudar a encontrar un plan para salvarlo, le está permitiendo a Shell entrar para perforar por petróleo. Haz clic abajo para pedirle a la directora de la Agencia de Protección Ambiental Lisa Jackson que frene a Shell y que ¡salve el Ártico!

Envía un mensaje

Shell, una de las empresas más poderosas del planeta, está a tan solo unos días de poder perforar el Ártico en busca de petróleo, en una zona que sirve de hábitat a ballenas y osos polares. La Agencia de Protección Ambiental de EE.UU. tiene el poder de frenar el proyecto, pero nos toca a nosotros exigirles que lo detengan y que protejan el Ártico urgentemente.

La directora de la Agencia de Protección Ambiental, Lisa Jackson, podría retirarle ahora mismo a Shell el permiso de explotación -- dado que no cumplen con los requisitos necesarios de control de contaminación de sus barcos. Defensores del medio ambiente ya han hecho saltar las alarmas, pero si no convertimos esto en un escándalo global, Shell desplegará todo su poder y el Ártico acabará en las garras de las petroleras.

En otras ocasiones, Lisa Jackson se ha enfrentado a la industria energética, pero Shell es un gigante difícil de tumbar. Se nos está acabando el tiempo: hagamos que esta decisión marque un hito e impida que este magnífico paraje natural se convierta en un campo petrolífero. Haz clic abajo para enviarle un mensaje a Lisa Jackson y compártelo con todo el mundo – inundémosla con muestras de apoyo de todo el mundo para que salve el Ártico.

http://www.avaaz.org/es/save_the_arctic/?bKtHZbb&v=16641

El Ártico se está derritiendo mucho más rápido de lo que predijeron la mayoría de los científicos. El cambio climático está provocando subidas de temperatura peligrosas – tan solo hace una semana, un enorme trozo de glaciar de casi 40 kms de longitud se desprendió de Groenlandia. Algunas estimaciones aseguran que, en apenas cuatro años, el Ártico ya no tendrá hielo durante los meses de verano. Esto disparará las temperaturas y contribuirá a que se derrita la capa de hielo de Groenlandia, lo que elevaría el nivel del mar hasta seis metros.

Sin embargo, este desastre planetario es para algunos la fiebre del oro del siglo XXI. Empresas y países que esperan forrarse de dinero están haciendo cola para asegurarse su parte del botín de los yacimientos de petróleo, gas y minerales. Para ellos el Ártico no es el hogar de ballenas y osos polares, sino que se trata de una nueva frontera, y éste es uno de los motivos por los que naciones como EE.UU., Canadá y Rusia llevan años bloqueando cualquier acuerdo climático internacional.

La decisión es clara: elegir entre el futuro de las personas y del planeta o seguir llenando los bolsillos de la gran industria petrolera, con un 40% de posibilidades de que haya un vertido de petróleo catastrófico. Si Lisa Jackson le concede a Shell este permiso, entonces Exxon, Chevron y otras empresas llegarán detrás para cubrir estos hermosos paisajes helados de sucias plataformas petrolíferas, bombas y tuberías. Instemos a Lisa Jackson a que detenga inmediatamente a Shell antes de que sea demasiado tarde. Haz clic ahora para enviar un mensaje y compartirlo con todo el mundo:

http://www.avaaz.org/es/save_the_arctic/?bKtHZbb&v=16641

Las perforaciones en el Ártico ya han sido condenadas por el gobierno británico, compañías de seguros y la Guarda Costera de EE.UU.. Durante las últimas semanas, Greenpeace y otros ya se han movilizado para oponerse. Pero para frenar esta locura, debemos unirnos y concentrarnos ahora en la persona que tiene el poder de detenerlo. Hagamos todo lo posible para que el Ártico se salve de estas peligrosas perforaciones, y podamos protegerlo como un tesoro global.


Con esperanza,



Iain, Alice, Sam, David, Aldine, Diego, Ricken y todo el equipo de Avaaz



Más Información:

Groenlandia se derrite y hay mar abierto en el Ártico (Reuters):
http://es.reuters.com/article/topNews/idESMAE86P04G20120726

Groenlandia tira a verde (El País):
http://sociedad.elpais.com/sociedad/2012/07/25/actualidad/1343241176_944578.html

Exploración petrolera en mar Artico a punto de abrir nueva frontera (NuestroMar.org):
http://www.nuestromar.org/noticias/10-06-12/exploraci%C3%B3n-petrolera-en-mar-artico-punto-abrir-nueva-frontera

La exploración petrolera en aguas del Ártico amenaza al reino de las ballenas (Ocean Sentry):
http://www.oceansentry.org/lang-es/noticias/mamiferos-marinos/3714-oil-exploration-in-arctic-waters-brings-noise-to-whales-domain.html

Se aviva la guerra fría en el Ártico (RusiaHoy):
http://rusiahoy.com/articles/2012/04/09/se_aviva_la_guerra_fria_en_el_artico_16784.html

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Mineras de Canadá mantienen 1.246 proyectos en Latinoamérica

26 Julio 2012 , Escrito por El polvorín Etiquetado en #Politica

mineracanada

Canadá, líder mundial del sector minero y con una fuerte presencia en Latinoamérica, pretende seguir expandiéndose en el continente, pese al amplio rechazo de grupos ambientalistas, académicos y comunidades originarias.

Al decir del primer ministro canadiense, Stephen Harper, “viendo hacia el futuro, vemos la industria minera canadiense creciendo en las Américas, algo que será beneficioso para la prosperidad mutua y será prioridad de nuestro gobierno”.

A pesar a las denuncias y protestas contra esas empresas en la región, aseguró durante la Cumbre de las Américas en Cartagena de Indias, Colombia, que es una prioridad para su gobierno aumentar y fortalecer la participación de compañías mineras canadienses en el continente.

“En el futuro próximo vemos una mayor inversión canadiense en recursos naturales en las Américas; esto es algo que será bueno para nuestra prosperidad y es una prioridad de nuestro gobierno… Hemos encontrado la manera de convertir los activos minerales en un cimiento sostenible para el desarrollo equitativo, y estamos dispuestos en cooperar como socios estratégicos con los países de las Américas”, afirmó Harper en la cita continental.

80 por ciento de mineras son canadienses

Según diversas fuentes, más del 80 por ciento de las compañías inversoras en el sector de la minería metálica en este continente son de Canadá.

Estas empresas, muchas transnacionales, se asentaron en los últimos 20 años, cuando gobiernos neoliberales de la región le dieron entrada libre a la inversión extranjera en medio de procesos privatizadores.

El geólogo de la Universidad de Costa Rica y especialista en evaluación ambiental Allan Astorga considera que muchas de esas compañías salieron de su país en busca de recursos sin explotar, pero en particular a causa del endurecimiento de las normas que rigen la actividad minera en Canadá.

Después de dos décadas de explotación, la supuesta prosperidad económica que traerían las mineras canadienses a los países implicados y, en particular a las comunidades donde se fueron asentando, dista mucho de lo esperado, según denuncias, contaminación, destrucción de bosques, saqueo de minerales, pocas ganancias y más pobreza forman parte de la herencia que dejan estas compañías.

Amenaza ambiental

El historiador y ecologista canadiense Daviken Studnicki-Gizbert, profesor de la Universidad McGill, en Montreal, asegura que “las crecientes actividades mineras de Canadá se han convertido en una amenaza ambiental en Latinoamérica.

Existen más de mil 500 empresas mineras canadienses, que operan en todo el continente, a tal punto que la minería ha pasado a ser el enlace más importante entre Canadá y la región”.

Studnicki-Gizbert ha advertido acerca de los conflictos generados por la extracción de mineral a cielo abierto y el uso de territorios por las multinacionales, en particular, por los 1.246 proyectos mineros canadienses activos en Latinoamérica.

Las explotadoras también mantienen un ritmo gradual ascendente. Los impactos socioeconómicos, sanitarios y ambientales de gran envergadura que provoca esta industria, a lo que se añade la salida de las riquezas, son las principales causas del rechazo popular..

McGill señala que hace 20 años había una docena de proyectos canadienses en Latinoamérica, pero en la década de 1990 la crisis de la deuda obligó a los países a reactivar la minería y hoy existen 1.246 proyectos canadienses activos en la región, los cuales parecían ser la esperanza para muchas comunidades.

Por el contrario, además de ser altamente peligrosos, la mayoría de los puestos de trabajo creados son efímeros, pues duran mientras el mineral no se agote o dependen de los vaivenes del mercado.

Decenas de poblados en el continente, donde estuvo asentado alguno de esos proyectos, permanecen en la pobreza extrema y con potenciales riesgos para la salud de sus habitantes por los altos niveles de contaminación, debido al mal manejo de químicos utilizados en esta actividad.

El Observatorio de Conflictos Mineros de América Latina contabiliza al menos 162 conflictos mineros por explotación de oro en toda la región. En la última década, el precio del metal áureo pasó de 270 dólares a entre 1.600 y 1.800 dólares la onza. Para extraer cada gramo de oro se requieren dos o tres de mercurio, que es vertido a los ríos en los lavaderos. Y las comunidades conocen bien sus consecuencias.

En este filón de riquezas, las personas más pobres son las más explotadas, en particular los niños, tanto laboral como sexualmente, de acuerdo con la organización no gubernamental Save The Children.

Por Odalys Troya Flores | www.elciudadano.cl

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Minería lidera amenazas a Reserva de Biosfera en América Central

26 Julio 2012 , Escrito por El polvorín Etiquetado en #Politica

central-america

El riesgo de contaminación que supone la mina Cerro Blanco para la Reserva de la Biosfera Trifinio Fraternidad, compartida por El Salvador, Guatemala y Honduras, es solo la punta del iceberg de las amenazas ambientales a las que está sometida esa amplia zona.

La deforestación acelerada, la contaminación de ríos y lagos, malas prácticas agrícolas, el uso indiscriminado de agroquímicos, incendios forestales, la tala ilegal y la pesca indiscriminada se cuentan también entre las principales preocupaciones de ambientalistas y autoridades de Guatemala.

“La región sudeste es la más deforestada de Guatemala y solo quedan algunos remanentes”, manifestó el experto Julio Castro, del estatal Consejo Nacional de Áreas Protegidas, en alusión a la porción de la reserva que corresponde a este país.

“La pesca indiscriminada en el lago de Güija, que comparten El Salvador y Guatemala, las construcciones ilícitas a su alrededor, así como la cacería y deforestación son las asuntos que nosotros más hemos vigilado”, sin que hasta ahora hayamos podido frenar el deterioro, admitió el funcionario.

La Reserva de la Biosfera Trifinio Fraternidad, declarada como tal el 29 de junio de 2011 por la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, comprende un área de 1.500 kilómetros cuadrados, integrada por ocho municipios salvadoreños, dos en Honduras y otros dos en Guatemala.

Situada en la parte central de la Región Trifinio, es la primera reserva de biosfera trinacional de América Central, la cual posee innumerables especies endémicas de animales como el puma, el mono araña, el tucán o el jaguar, y vegetales como el roble y el laurel.

El río Lempa, que cruza los tres países antes de desembocar en el océano Pacífico, nace en el seno de la reserva y sirve de sustento a millones de personas, así como el lago de Guija, de 45 kilómetros cuadrados, compartido por El Salvador y Guatemala.

A pesar de su riqueza, esta área compartida permanece en riesgo debido a diversidad de actividades humanas que afectan el ecosistema.

Hasta ahora, la preocupación que ha prevalecido en el área es la instalación de la mina Cerro Blanco, en el sudoriental departamento guatemalteco de Jutiapa, de donde se extraerá oro y plata a partir de 2013, lo cual representa “un peligro” para la salud humana por el uso de químicos tóxicos, advierten ambientalistas.

De hecho, el vicepresidente salvadoreño, Salvador Sánchez, acusó este mes a Guatemala de contaminar aguas trinacionales por esa actividad minera y amenazó con demandar al país “ante otras instancias” de no tomar acciones al respecto.

“Hay pruebas científicas de la contaminación; no estamos exagerando”, según la activista Berta Medrano, del grupo salvadoreño Gaia, quien mostró su preocupación por la degradación de las aguas del Lempa, que surte de este recurso a miles de familias salvadoreñas.

“Por eso hemos insistido en que se eleve al grado de las cancillerías y de los presidentes este asunto, porque los procesos productivos de los países no pueden poner en peligro las vidas humanas de otros estados ni del propio”, añadió.

Pero hay otros temas que consideró igual de preocupantes en la zona.

“La deforestación acelerada por el cambio de uso del suelo para la ganadería y la agricultura extensiva, el uso indiscriminado de agroquímicos que causan contaminación del agua, la quema y los incendios forestales son amenazas constantes”, precisó la activista.

Según el Programa de Reducción de Emisiones por la Deforestación y Degradación de Bosques (REDD) en América Central, más de 285.000 hectáreas de árboles se pierden cada año en la región. Y otros estudios confirman la debacle ambiental.

FUENTE | ipsnoticias.net

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Chile - Policías disparan contra niños mapuches

25 Julio 2012 , Escrito por El polvorín Etiquetado en #Politica

Mientras se realiza Cumbre de Seguridad en la Moneda

4 de julio de 2012

Coordinadora Andina de Organizaciones Indígenas – CAOI Bolivia, Ecuador, Colombia, Perú.

Chile, urgente:

El Pueblo Mapuche necesita nuevamente nuestra solidaridad urgente. La Araucanía, escenario histórico de represión contra este pueblo indígena, se tiñe otra vez de sangre. Doscientos carabineros antidisturbios dispararon ayer contra ochenta comuneros que habían ocupado los fundos de Montenegro y La Romana y dos menores fueron heridos con perdigones.

El gobierno presidido por Sebastián Piñera ha tomado estas acciones acatando la exigencia de los latifundistas de declarar el estado de sitio en la zona. Se demuestra una vez más que los Estados de la región se han convertido en administradores de los intereses de los poderosos en lugar de cumplir su deber de proteger y garantizar los derechos humanos de sus pueblos.

Desde la instauración de la República criolla, el Pueblo Mapuche está siendo sistemáticamente despojado de sus territorios ancestrales. Este proceso continúa hoy con la entrega de esos territorios por parte del Estado a grandes latifundistas y empresas multinacionales.

Los heridos son Fernanda Marillán de 12 años, con perdigones en la espalda y las piernas, y Jacinto Marín de 17 años, quien recibió ocho perdigones en la sien izquierda. Doce personas fueron detenidas, entre ellas teres menores, pero luego fueron puestas en libertad, excepto la comunera Celia Coronado, quien el martes será puesta a disposición del Poder Judicial.

La Coordinadora Andina de Organizaciones Indígenas – CAOI expresa su más rotundo rechazo a estos actos de violencia contra el Pueblo Mapuche y llama a la comunidad internacional a pronunciarse en defensa de la vida y los derechos territoriales de los pueblos indígenas de Chile y de todo el Abya Yala.

Fuente: CAOI

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