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El polvorín

Alan García quiere liberar a su aliado Fujimori

4 Septiembre 2010 , Escrito por El polvorín Etiquetado en #Politica

 

 

 

Director adjunto del IDL, Carlos Rivera, desentraña decretos.

Presentarán acción de inconstitucionalidad contra los cuatro decretos legislativos (1094, 1095, 1096 y 1097) promulgados por el Ejecutivo que buscan beneficiar al ex dictador Alberto Fujimori.

La bancada nacionalista presentará este lunes una acción de inconstitucionalidad contra los cuatro decretos legislativos (1094, 1095, 1096 y 1097) promulgados por el Ejecutivo que buscan beneficiar al ex dictador Alberto Fujimori, condenado a 25 años de prisión por dirigir una guerra sucia en la que fueron cometidas violaciones a los derechos humanos.

“Los decretos pretenden que todas las violaciones a los derechos humanos perpetradas entre 1980 y 2000 tengan un plazo de prescripción, es decir, que existan barreras temporales que hacen imposible su persecución penal”, indicó el legislador Daniel Abugattás, vocero del Partido Nacionalista en el Congreso.

A su vez, Carlos Rivera, director adjunto del Instituto de Defensa Legal, dijo a LA PRIMERA que dichas normas deben derogarse y reiteró que son “una perfecta prueba de amor del presidente Alan García hacia Alberto Fujimori”.

“Creo que hay una estrategia política en marcha por el apuro de dictar estos decretos, por modificar de manera grotesca la jurisprudencia del Tribunal Constitucional, con el objetivo de hacer que cuando llegue el caso de Fujimori a esa instancia este organismo tenga una sentencia amigable y beneficiosa”, estimó el letrado.

Barrios Altos y La Cantuta
De igual manera, David Velazco, director de la Fundación Ecuménica para el Desarrollo y la Paz (Fedepaz), apuntó que estos decretos legislativos buscan el archivamiento de procesos judiciales sobre casos de violaciones de derechos humanos como las matanzas de Barrios Altos y La Cantuta, por las cuales fue condenado Fujimori, y que además involucra a los integrantes del Grupo Colina.


El director de Fedepaz criticó asimismo que el decreto legislativo Nº 1097, que adelanta la aplicación de algunos artículos del Nuevo Código Procesal Penal, indique que cualquier proceso cuya etapa de instrucción o de investigación preparatoria haya sobrepasado los plazos de ley pueda ser sobreseído. Es decir, un proceso judicial podrá ser concluido arbitrariamente al no haberse cumplido el plazo establecido.

Al respecto, Velazco explicó que el antiguo Código Procesal Penal establece un plazo máximo de 16 meses para realizar las investigaciones, mientras que el Nuevo Código Procesal Penal indica un plazo máximo de apenas ocho meses para realizar esa labor.

Sin embargo, el presidente del Congreso, César Zumaeta, indicó ayer que el Parlamento no permitirá que ocurran excesos con este nuevo paquete de decretos y negó, además, la existencia de un pacto para beneficiar a Alberto Fujimori. A su vez, el ministro de Defensa, Rafael Rey, señaló que el referido decreto legislativo Nº 1097 no beneficiará a Fujimori. “Están diciendo que esto es para Fujimori, no es el caso porque son normas aplicables sólo a policías y militares”, señaló. Agregó que tampoco se puede aplicar al Grupo Colina porque sus integrantes ya están sentenciados.


En tanto, el vocero de la bancada nacionalista, Daniel Abugattás, refirió que denunciará al congresista Fujimorista Rolando Sousa ante la Comisión de Ética porque en su calidad de presidente de la Comisión de Justicia impulsó la entrega de facultades legislativas en materia de normas procesales y penitenciarias al Ejecutivo, cuando sólo habían solicitado legislar en materia militar-policial y el uso de la fuerza.


Abugattás añadió que con eso Sousa buscó beneficios para los clientes de su estudio jurídico que comparte con el abogado César Nakazaki, quien a su vez defiende a decenas de militares procesados por violar derechos humanos y también al ex dictador Fujimori.

“denunciaremos a Sousa por hacer una ley con nombre propio, una norma para sus clientes, porque defiende a Fujimori y gran cantidad de militares. Que no venga a decirnos que está alejado de su estudio, eso es falso”, enfatizó Abugattás.

En respuesta, Sousa dijo que también denunciará a su colega nacionalista por decir que tiene un pacto con el gobierno para favorecer a Fujimori y que juega a favor de sus clientes. “¿Qué pacto puede haber? es falso eso, me siento orgulloso de haber dado esas facultades al Ejecutivo, es más, yo quisiera ser padre de esa criatura (paquete de decretos), pero no lo soy. El lunes voy a denunciar a Abugattás por ser un deslenguado, para que me pruebe que esa ley me beneficie si yo no tengo clientes”, sostuvo el Fujimorista.
 
 
Alan García en toda su esquizofrénica dimensión

Sí ganan
Lo cierto es que, como lo advirtió a LA PRIMERA la abogada Karim Ninaquispe, el estudio jurídico Sousa & Nakazaki tiene un contrato con el ministerio de Defensa para patrocinar a los militares enjuiciados por violar derechos humanos.


Ninaquispe, abogada de los deudos de la Asociación para el Desarrollo Humano Runamasinchiqpaq (Adehr), dijo que los casos Accomarca, Pucayacu II y Los Cabitos 1983 son llevados por el estudio del cual es socio el congresista Sousa, el cual cobra S/. 2 mil mensual por cada caso al Estado.

Marcelo Puelles
 
Los fujimoristas navegan en el mar de la simpatía de Alan García, hay un acuerdo entre los insignes autócratas con las manos teñidas de sangre y los bolsillos acolchados de dólares

fujimori_chile.jpgSorpresa entre activistas de derechos humanos. Es una posibilidad real que el chino rata obtenga el beneficio y, lo que es peor, sus defensores y seguidores ya habrían puesto en marcha toda una esta estrategia para conseguirlo.

El argumento central es que al confirmarse que la leucoplasia que afecta a Fujimori es cancerígena, el próximo paso de los fujimoristas es exigir el indulto como un acto humanitario.

Alan quiere liberar a su aliado Fujimori - Redactor Anónimo ...
4 Sep 2010 ... Alan quiere liberar a su aliado Fujimori : Presentarán acción de ... García apuñaló a familia policial-militar : La intención del gobierno ...
www.diariolaprimeraperu.com/.../alan-quiere-liberar-a-su-aliado-fujimori_69465.html
 
PACTO SECRETO ENTRE FUJIMORI Y ALAN GARCIA - El Diario Internacional
Apenas Alberto Fujimori supo que Alan García era candidato a la Presidencia de Perú ... su imagen política en Perú, donde quiere volver a ser Presidente. ... a su juicio, "ejemplar", por liberar a 71 rehenes secuestrados por Tupac Amaru ... www.eldiariointernacional.com/spip.php?article968 - Bélgica -
 
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YA DESDE HACE TIEMPO ESTABA CANTADO EL PACTO ENTRE ALAN GARCÍA Y ALFERTO FUJIMORI, DOS PRESIDENTES DESTACADOS EN LA HISTORIA DE LA INFAMIA EN EL PERÚ

ALAN GARCÍA Y SU CURIOSO SENTIDO DE LA LEGALIDAD

La plana mayor del gobierno de Fujimori es ayudada a salir de la cárcel por Alan García, quien buscaría así que le cubran la retirada tras dejar la presidencia del Perú: "una por otra" reza el dicho
  
Gonzalo Gamio Gehri


En el último post de su magnífico blog – “Alan Fujimori Fujimori” en Desde el tercer piso -, José A. Godoy discute lúcidamente la clara vocación por la impunidad (sobre todo en materia de Derechos Humanos) que cultiva nuestro Presidente de la República. Es cierto que no deberíamos esperar otra cosa de quien se acogió a la prescripción de los presuntos delitos de corrupción que eran materia de acusación en su contra; tampoco podría esperarse otra cosa de quien ha elegido como aliado electoral a un invitado frecuente a la salita del SIN, ha convocado como sus Vicepresidentes a fujimoristas convictos y confesos, o ha formado su gabinete con sonoros apologetas de la impunidad y de las leyes de amnistía.

García ha concedido una entrevista al diario La Razón – en más de una ocasión el órgano de prensa de Montesinos – en la que se ha pronunciado a favor de la liberación de Moisés Wolfenson (quien colaboró con Montesinos brindándole titulares hasta en tiempos de su proceso) y ha defendido la fórmula “un día en la cárcel = un día en prisión domiciliaria”, penosa iniciativa frustrada del ex legislador Kuennen Franceza, de Unidad Nacional (otro devoto del fujimorismo). Esta iniciativa se reveló ya como un gigantesco despropósito al servicio de los prontuariados de cuello y corbata. Curioso sentido de la legalidad de nuestro presidente, que opina a sabiendas de que sus palabras podrían tener un (ilegítimo) eco en otros fueros del Estado. Cuando uno se topa con esta clase de declaraciones presidenciales se pregunta si existe una genuina voluntad política que permita que Fujimori pueda ser finalmente condenado – como apuntan todo los indicios y pruebas en materia de justicia – en los tribunales. O si el poder ejecutivo (tan empático con el ex dictador, rodeado como está de sus simpatizantes) terminará presionando para garantizar la impunidad del procesado. ¿Qué primará en García, la “solidaridad” con el fujimontesinismo y el cálculo político? ¿O su evidente obsesión por “pasar a la historia” con alguna decencia?

Asimismo, el mandatario ha señalado que publicará la lista de los 1800 “terroristas liberados e indultados” - "para que vea quién es su vecino", según la corrosiva declaración presidencial - suponiendo que estos realizan acciones subversivas en el VRAE. El tema es complejo y delicado, pero, en principio, medidas como esta – que hay que discutir exhaustivamente (pues tal y como se plantean pueden ser lesivas de los Derechos Fundamentales) – no corresponden a la Presidencia de la República, sino a la Policía Nacional y particularmente al Poder Judicial. Constituye un sórdido mito la idea de que se han “liberando terroristas” en los años de la recuperación de la democracia, una “leyenda urbana” que han aderezado gente interesada en beneficiarse políticamente con el tema como Martha Chávez, Giampietri, y diarios fujimoristas como Expreso y por supuesto La Razón. Recordemos que los primeros excarcelados fueron personas injustamente inculpadas por terrorismo en los años del fujimorato, merced al trabajo de una Comisión ad hoc dirigida por el P. Hubert Lanssiers – de intachable probidad y prestigio – y aprobada por el propio Fujimori (eso no lo mencionan Chávez, Giampietri, y Raffo, como es de esperar). El propio régimen autoritario reconoció que el endurecimiento de la política en esa materia generó muchísimas injusticias y abusos. La Comisión siguió trabajando con la misma transparencia y eficiencia. Mucha gente padeció carcelería, perdió a su familia y su trabajo siendo inocente, y sufrió por años el estigma inmerecido de “terrorista” a causa de la irresponsabilidad de las declaraciones del Presidente y de campañas como las que emprende La Razón. La deshonestidad de muchas autoridades y nuestra indiferencia contribuyeron a convertir las vidas de gente inocente en un verdadero infierno (gente que investigó tales casos, como Pilar Coll y quienes trabajaron con Lanssiers pueden dar fe de ello); debemos evitar que estas injusticias se repitan poniendo siempre la ley por delante. En los últimos años ha quedado demostrado que para castigar al terrorismo no se “necesita” romper con el Estado de Derecho, que nos es posible sancionar con todo el peso de la ley – asignando justas penas de cadena perpetua – en el marco de los principios democráticos y en el respeto de la legalidad y el debido proceso.

Esperemos que se investigue y castigue a quienes practican el terror – pues son evidentemente enemigos de la Ley y de la sociedad: ya el Informe Final de la CVR ha señalado que Sendero Luminoso constituye el principal perpetrador de violaciones contra los Derechos Humanos -; pero es preciso exigir que se protejan los derechos constitucionales de quienes - como ha quedado demostrado - jamás tuvieron nada que ver con el crimen. Distinguir a unos de otros corresponde a una seria y rigurosa investigación policial y legal. Debemos evitar incurrir en la arbitrariedad y el discurso fácil y efectista, en nombre de la dignidad de esos ciudadanos injustamente vejados y por la memoria de un hombre ejemplar como Hubert Lanssiers.
(La caricatura es de Carlín).
  
INCONSTITUCIONAL

En tanto, Carlos Rivera añadió que parte de la estrategia de los abogados de los deudos impulsarán la presentación de una Acción de Inconstitucionalidad contra estos decretos. “Venimos coordinando con unos parlamentarios para que hagan el pedido en el pleno”, señaló Rivera.

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