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El polvorín

Argentina: DENUNCIA PENAL CONTRA EL SECRETARIO DE COMUNICACION DE MACRI

7 Octubre 2010 , Escrito por El polvorín Etiquetado en #Politica

Publicidad bajo sospecha

La legisladora de la Coalición Cívica Rocío Sánchez Andía pidió que se investigaran “los posibles delitos de administración infiel y malversación de caudales públicos” por la contratación de empresas vinculadas con funcionarios macristas.

El jefe de Gobierno porteño, Mauricio Macri, en la mira de una nueva denuncia judicial.
Imagen: Guadalupe Lombardo

 Por Nicolás Lantos

Un nuevo caso de corrupción salpica a la administración Macri en la ciudad de Buenos Aires: el secretario de Comunicación Social porteño, Gregorio Centurión, y dos funcionarios de esa área fueron acusados de tener “vínculos importantes con empresas que eran contratadas de forma directa” por esa repartición. La denuncia fue presentada ayer por la legisladora Rocío Sánchez Andía (Coalición Cívica) y pide que se investiguen “los posibles delitos de administración infiel en perjuicio de la administración pública, malversación de caudales públicos, negociaciones incompatibles con el ejercicio de funciones públicas e incumplimiento de los deberes de funcionario público”. En diálogo con Página/12, la diputada sostuvo que también pretende averiguar “quiénes estaban al tanto y bajo qué amparo actuaban” los funcionarios señalados.

La denuncia alcanza a Centurión, al director de Planeamiento de Medios, Rubén Azcárate, y a la asesora contable de esa oficina, Alejandra Suárez. Los tres iniciaron su gestión junto con el jefe de Gobierno, Mauricio Macri, el 10 de diciembre de 2007, según se desprende de los decretos por los que fueron nombrados. El más complicado es Azcárate, que “contrata publicidad por montos millonarios a empresas vinculadas a socios y allegados” y “le pagó cientos de miles de pesos al guitarrista” de su banda de rock sinfónico “para realizar trabajos a nombre de la secretaría”, según la denuncia. Suárez, por su parte, habría contratado publicidad con la empresa que dirige su marido.

“Los hechos son contundentes: han construido una estructura corrupta en la Secretaría de Comunicación del Gobierno de la Ciudad al servicio de sus intereses”, sostiene la querellante, motivo por el cual incluye en la demanda a Centurión, responsable del área, y no descarta que la investigación revele nuevas responsabilidades más arriba en la cadena de mandos. “Si el gobierno no está en condiciones de poder controlar a sus propios funcionarios, no tiene la capacidad para ejercer el rol que debe ejercer. Y si es cómplice, tendrá que asumir la responsabilidad política y penal”, manifestó Sánchez Andía. Este diario pudo comunicarse con el secretario de Comunicación, quien aseguró que no darán respuestas sobre el asunto hasta que no tengan en sus manos los detalles de la denuncia.

La investigación de la legisladora, basada en “información pública y publicada”, reveló una serie de irregularidades. La primera, una red de conexiones entre diversas empresas beneficiarias de pauta oficial y Azcárate. El director de Planeamiento aparece, según el Boletín Oficial, como uno de los socios fundadores de MediaStrategy S. A., empresa creada en mayo de 2003; hasta el día de la fecha no hay registrado ningún cambio en la composición accionaria. Sólo en lo que va del 2010, MediaStrategy habría recibido órdenes de publicidad por al menos unos 760 mil pesos. Pero hay más: otras dos empresas que obtuvieron contrataciones por parte de esa secretaría por valor superior al millón de dólares, Central Media S. A. y Devicom S. A., comparten con MediaStrategy no sólo varios miembros del directorio (los nombres de Hugo Martino y Gustavo Novillo se repiten como presidente y vicepresidente de las tres), sino también el domicilio fiscal: las tres funcionan en un departamento ubicado en avenida Córdoba 323, piso 3.

Los problemas para Azcárate no terminan aquí: Martino y Novillo, socios o ex socios del funcionario en MediaStrategy, controlan a través de otras dos empresas la radio AM El Mundo, que habría recibido, en concepto de pauta oficial, valores muy superiores a los de otras emisoras de mayor audiencia. Además, el director de Planeamiento, amante de la música, toca el bajo eléctrico en la banda de rock Horus Sinfónico. Juan Ignacio Caputo es guitarrista de ese conjunto y, según la denuncia, percibió por parte de la Secretaría de Comunicación órdenes de publicidad por un monto superior al cuarto de millón de pesos, entre enero y abril de este año. Y el manager del grupo, Pablo Vaccarezza, cobra un contrato de locación de servicio en esa misma dependencia por un valor de seis mil pesos mensuales por dedicarse a coordinar la página web.

En tanto, la Secretaría de Comunicación Social dio –entre abril de 2009 y agosto de 2010– órdenes de publicidad por más de seis millones y medio de pesos a otra empresa, Bernini Medios S. A. El presidente de dicha empresa (tal como consta en su página web) es Walter Marcelo Constanzo, marido de la asesora contable de esa repartición, Alejandra Suárez. Todas estas empresas, asegura Sánchez Andía en su querella, fueron “contratadas de forma directa”, sin respetar los procesos de licitación previstos. “Queremos saber qué implicancia tiene el Gobierno de la Ciudad –advierte la legisladora–, quiénes estaban al tanto y bajo qué amparo actuaban estos funcionarios.” Por eso, la denuncia alcanza al responsable del área, el secretario Gregorio Centurión, un hombre que, fiel al estilo PRO, proviene del riñón de negocios privados del clan Macri, sin experiencia en la gestión pública.

A fines de la década del ’90 Centurión aparece en distintas posiciones jerárquicas de empresas relacionadas a Carat, una multinacional relacionada en marketing y comunicación empresarial, que tuvo a su cargo, entre otras, las cuentas de Correo Argentino y Sevel, dos de las empresas del grupo encabezado por Franco Macri. Además, según asegura la denuncia, Centurión fue presidente de Cinecom Media, una empresa entre cuyos accionistas aparece el Grupo Socma Argentina, nave madre del clan familiar. “Es un hombre de confianza de Macri”, confirmó Sánchez Andía, lo que explicaría “la impunidad que tienen para hacer este tipo de negocios, que a veces se manejan con un grado de libertad tan grande que llega al grado de la soberbia”.

 

Tomado de Página/12

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