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El polvorín

Argentina: Los financistas de la represión

7 Septiembre 2010 , Escrito por El polvorín Etiquetado en #Politica

DEMANDARAN A DOS BANCOS POR SU EVENTUAL COMPLICIDAD CON LA ULTIMA DICTADURA

Los financistas de la represión

Martín Garramone, hijo de un desaparecido de Necochea, presentará una demanda civil por daños y perjuicios contra los bancos Citibank y Bank of America National Association. Ya hubo una audiencia de mediación y los bancos rechazaron el planteo.

Como ministro de la dictadura, José Martínez de Hoz fue la cara de la complicidad civil con la Junta Militar.

Los bancos Citibank y Bank of America National Association serán los primeros bancos privados en ser demandados en los tribunales locales por su supuesta complicidad en el financiamiento de la última dictadura. La acción civil, impulsada por el hijo de un desaparecido en la ciudad de Necochea, se apoya en la responsabilidad que tuvo la banca comercial privada en el sostenimiento financiero del aparato represivo de la Junta Militar, a sabiendas de que se cometían delitos de lesa humanidad. En la audiencia preliminar de mediación, las entidades bancarias rechazaron el planteo y se mostraron preocupadas en que esta demanda piloto pudiera llegar a convertirse en un aluvión de pedidos de resarcimiento de otras víctimas del terrorismo de Estado. En el transcurso de este mes, se presentará la demanda, que buscará incluir además a otros bancos extranjeros de primer nivel que les facilitaron fondos a las autoridades de la dictadura.

Martín Andrés Garramone tenía cinco años cuando su padre, Daniel Garramone, fue secuestrado y desaparecido en Necochea por un grupo de tareas del GADA 601, el 31 de mayo de 1977. Mientras esto sucedía, la dictadura comenzaba a atravesar una situación deficitaria de las cuentas públicas. Sin el apoyo explícito de los Estados Unidos, y con la recomendación del entonces presidente Jimmy Carter de que ningún organismo multilateral de crédito otorgase financiamiento a regímenes acusados de violar los derechos humanos, la Junta Militar abrió sus puertas a la banca privada extranjera. Varias entidades vieron entonces la oportunidad de prestar a altas tasas de interés. El registro de esos bancos que facilitaron fondos y los montos está en poder del Banco Central a la espera de que algún juez ordene su análisis.

En el período 1979-1981, se autorizó la entrada de quince bancos extranjeros. En doce casos se trató del ingreso de nuevos bancos, mientras que en tres fueron compras de bancos existentes. El informe de la Cepal sobre la deuda externa detalla los montos desagregados que facilitó cada banco, como los principales deudores, entre los que se encontraban además del BCRA varias empresas del Estado. Es más que llamativo que, entre los que más deuda acumularon, estuvieran el Estado Mayor General de la Armada y del Ejército. Pero el caso paradigmático es el de Yacimientos Petrolíferos Fiscales (YPF), que aunque contrajo sus operaciones por aquellos años, fue obligada por los dictadores a endeudarse más allá de sus necesidades en un intento por engrosar las arcas públicas, lo que terminó por dar oxígeno al régimen.

Según pudo saber Página/12, la demanda civil por daños y perjuicios se presentará en los tribunales federales antes de fin de mes. El sustento jurídico para una acción civil de este tipo se relaciona con una demanda penal imprescriptible: Garramone fue secuestrado y desaparecido por la dictadura militar, que utilizó un aparato represivo financiado por los préstamos que la banca privada otorgó al país. A partir de la investigación realizada por el reconocido jurista Juan Pablo Bohoslavsky, de la Universidad de Río Negro, el nexo entre estos préstamos y la responsabilidad de la banca privada quedó al descubierto. De acuerdo con lo analizado, las entidades actuaron con complicidad porque debieron haber sabido, tras las denuncias de organismos internacionales y con el veto norteamericano, que ayudaban a financiar a un Estado dictatorial que reprimía, torturaba y asesinaba a su población. A los abogados demandantes solo les resta terminar de delinear los fundamentos que sostienen la demanda. Hace más de un año y medio, una causa afín (el caso Ibáñez) deambula entre juzgados que se hacen los desentendidos a la hora de agarrar la brasa caliente de la complicidad corporativa.

Los bancos

El Bank of America NA fue una entidad de peso en nuestro país desde la década del ’70. Progresivamente fue liquidando sus activos en Argentina y hoy conserva solamente una oficina residual, en un exclusivo complejo de Puerto Madero. La grabación que atiende el teléfono anuncia que esa sucursal pertenece al desaparecido Bank Boston, entidad que fue vendida por el Bank of America hace unos años al sudafricano Standard Bank. El Boston también figura en el listado de los bancos privados que aportaron fondos entre 1976 y 1983. Desde el departamento de legales del Bank of America se mostraron más preocupados porque la información sobre la mediación hubiera trascendido que por la demanda en sí misma. Un representante que prefirió no ser identificado aseguró que no podía dar información del tema sin consultar antes al directorio de la entidad, pero quiso dejar en claro que aún no hay ninguna acción judicial en contra de la empresa. Por lo demás, se negaron a sentar posición sobre el reclamo. Algo similar sucedió con el Citibank que concurrió por ser también el continuador del Citicorp, que realizó los préstamos en aquella época. Fuentes de la compañía subrayaron que no iban a hacer comentarios al respecto, pero no negaron que sus apoderados hubiesen asistido a la reunión. Ninguna de las fuentes consultadas en ambos bancos quiso explayarse en si sostuvieron una política empresarial con un doble standard, que los habilitó a proveer de fondos a un gobierno dictatorial.

Los abogados del demandante confirmaron a este diario que durante las audiencias, los representantes de las entidades no esperaban un planteo de este tipo. Acostumbrados a demandas de tipo comercial, se sorprendieron y se preocuparon cuando se enfrentaron con un reclamo relacionado con su actuación durante la dictadura. Desde el Citibank aseguraron que la acción judicial “era una locura” que no tenía futuro, y se negaron de plano a cualquier instancia de negociación. Ninguna de las entidades fue indiferente a la audiencia de mediación. La posibilidad de que este reclamo pudiera convertirse en la punta de lanza para nuevas presentaciones de las miles de víctimas del terrorismo de Estado inquietó a sus representantes.

Este martes le tocará el turno al Standard Bank, por haber sido el comprador del Boston. Existe la posibilidad de que jurídicamente no se logre establecer el nexo de responsabilidad entre los bancos que terminaron comprando a los que por entonces eran prestamistas de la dictadura. Treinta y tres años después, las fusiones y las ventas de los activos fueron diluyendo el vínculo que serviría para poder tomar acciones contra sus actuales controlantes.

Daniel Garramone tenía 26 años, había salido con amigos la madrugada del 31 de mayo de 1977, pero nunca regresó a la casa que compartía con su mujer y su hijo de cinco años. No tenía militancia conocida y se dedicaba a la pesca con la lancha que poseía. Mientras tanto, un grupo de tareas del Ejército irrumpió en el domicilio, maltrataron a la mujer, revolvieron todo y le pidieron una foto de su marido. Acto seguido salieron a la calle con la fotografía y luego se la devolvieron. El comisario de Necochea Héctor Bicarelli se negó a tomar la denuncia y, de alguna manera, reconoció que había dejado la zona liberada para un operativo militar que esa noche llevó a cabo el GADA 601 de Mar del Plata. A pesar de que su esposa movió cielo y tierra, e incluso escribió cartas a organismos internacionales, el cuerpo de Daniel Garramone nunca apareció y al día de hoy sus familiares se inclinan por la teoría de que pudo haber sido víctima de uno de los vuelos de la muerte.

Informe: Gabriel Morini.

Página/12

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