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El polvorín

Argentina: Nuevo proyecto de “Ley Antiterrorista”: la cultura represora del estado y otra escalada en la criminalización de la protesta social

4 Septiembre 2010 , Escrito por El polvorín Etiquetado en #Politica


Boletín de la AEDD Nº 710.

Asociación de ex Detenidos Desaparecidos.
Buenos Aires, Argentina.


No al nuevo proyecto de “Ley Antiterrorista”


En una propuesta que implicaría una nueva escalada en la criminalización de la protesta social referentes de la oposición firman un proyecto que endurece la legislación represiva en la Argentina y redobla el sometimiento a la política internacional de EE.UU. en continuidad con la política abierta por el oficialismo con las nefastas Leyes Antiterroristas de los años 2005 y 2007.




Este proyecto surge como culminación del 4º Encuentro de Lucha contra el Terrorismo que sesionó en Buenos Aires los días 14 y 15 de julio. El evento fue próvido y organizado oficialmente por el congreso Judío Latinoamericano como actividad previa al acto oficial del 16º aniversario del atentado a la AMIA y participaron como disertantes el Juez Garzón y el fiscal Nisman.

Comunicado de Encuentro Memoria, Verdad y Justicia:

Utilizando como excusa un nuevo aniversario del atentado a la AMIA, los máximos dirigentes de la oposición en la Cámara de Diputados presentaron un proyecto de Ley Antiterrorista:

UCR: Ricardo Rodolfo Gil Lavedra, Oscar Raúl Aguad, Juan Pedro Tunesssi, Ricardo Luis Alfonsín. Coalición Cívica: Elisa Elsa Carrió, Patricia Bullrich, Juan Carlos Vega, Adrián Pérez. PRO: Federico Pinedo, Lidia Elsa Satragno. GEN: Margarita Rosa Stolbizer. Peronismo Federal: Felipe Carlos Solá. Partido Socialista: Roy Cortina.

Esta iniciativa parlamentaria reviste suma importancia para todas las organizaciones políticas, obreras, populares y defensoras de los derechos humanos. Con la aprobación de esta ley se permitiría que una metodología de reclamo tan extendida como el corte de ruta pueda ser calificada como “acto terrorista”.

Decimos que este proyecto implicaría una nueva escalada en la criminalización de la protesta social porque, como hemos venido denunciando, hoy ya se utilizan figuras gravísimas del Código Penal, para intentar acallar las protestas y reclamos: los trabajadores que toman una fábrica son acusados de privación ilegítima de la libertad, los delegados de trabajadores en lucha son acusados de coacción, los trabajadores que enfrentan a patotas para-estatales son acusados de daños y lesiones.

De aprobarse esta ley se estaría elevando toda la tipificación del código penal argentino, por ende las figuras con las que se persigue a la protesta social, a la categoría de acto terrorista internacional.

En su artículo 1º el proyecto tipifica, decenas de medidas de lucha utilizadas por nuestro pueblo cotidianamente, como actos terroristas.

En su artículo 2º el proyecto, tal cual lo realiza el presentado oportunamente por el gobierno nacional y aprobado por la mayoría de los bloques del Congreso, avanza en definir cuáles serían las organizaciones “terroristas”. Toda organización que lleve adelante cualquiera de las medidas de protestas tipificadas en el artículo 1º con la intención de “obligar a un gobierno o a una organización internacional a realizar un acto, o abstenerse de hacerlo”.

De esta manera y como manera de ejemplo, se acusaría de organización terrorista a toda organización de estatales que pretenda que el gobierno se abstenga de despedir trabajadores, o los desocupados que cortan rutas para pedir trabajo o por supuesto los organismos de derechos humanos que durante años y años reclamamos y exigimos, por ejemplo la anulación de las infames leyes de Obediencia Debida y Punto Final.

En los fundamentos de este proyecto de ley se aclara que se intentan escandalosamente igualar las acciones que pretende condenar, con los delitos de lesa humanidad cometidos por el terrorismo de Estado. Otra vez entonces, se pretende imponer la teoría de los dos demonios, que ha sido repudiada por la inmensa mayoría de nuestro pueblo.

Decimos, una vez más que, antes el gobierno de los Kirchner y ahora parte de la oposición, utilizan el atentado a la AMIA para justificar sanciones de leyes represivas, bajo el nombre de la lucha contra el terrorismo, cuando es el propio Poder Ejecutivo Nacional quien garantiza la impunidad de los responsables, negando la apertura de los archivos secretos de inteligencia existentes sobre el atentado y desviando la investigación según los intereses de EE.UU. e Israel.

Mientras al mismo tiempo, se mantiene detenido a Roberto Martino, acusado falsamente de antisemitismo, por ser parte de una movilización que condenaba al terrorismo del estado de Israel contra el pueblo palestino.

aedd-casapueblos-boletines.blogspot.com


En estado parlamentario desde el 15 de julio

NO a la ley antiterrorista

El Estado Argentino estaría próximo a “perfeccionar” la criminalización de la protesta, utilizando la Ley Antiterrorista, aprobada en el año 2006, durante el gobierno de Néstor Kirchner, y que pretenden profundizar, desde el parlamento, como herramienta de persecución y aniquilamiento de todas las luchas políticas y sociales.

Un claro ejemplo de las consecuencias de esta ley, la vemos hoy en una de sus manifestaciones más perversas, en Chile, con la feroz persecución a los Mapuches, los anarquistas y cualquier organización que se levante y cuestione el establishment.

Tiene estado parlamentario un proyecto de ley que avanza sobre la definición detallada de los delitos penales que podrían considerarse “actos de terrorismo”. Si se aprueba, las figuras con las que se persigue la protesta social serían consideradas “actos de terrorismo internacional”.

Fabiana Arencibia-Red Eco, Argentina: en medio del debate y la pelea por el tema de Papel Prensa, ha pasado desapercibida la presentación de un proyecto de ley que, de aprobarse, también cercenaría una forma de libertad de expresión al calificarla como “acto terrorista”.

El proyecto, que ingresó el 15 de julio de 2010 a la Cámara de Diputados de la Nación bajo el número de expediente 5179-D-2010 con giro a las comisiones de Legislación Penal y Relaciones Exteriores y Culto, tiene como firmante al radical Ricardo Gil Lavedra y como cofirmantes a otros diputados de UCR, de la Coalición Cívica, del Pro, del GEN, del Peronismo Federal, y del Partido Socialista.

NUEVO PROYECTO DE LEY ANTITERRORISTA

Bajo el nombre de “Actos de terrorismo internacional. Tipificación. Organizaciones terroristas internacionales”, este proyecto avanza sobre la línea marcada por la de la Ley 26268 “Asociaciones ilícitas terroristas y financiación del terrorismo”, presentada en diciembre de 2006 con la firma del entonces presidente Néstor Kirchner y aprobada por amplias mayorías en ambas cámaras a mediados de junio de 2007 (Ver informe abajo, al final).

Aquella ley incorporó al Código Penal dos artículos (213 ter. y 213 quater). Con el primero se definió cuándo una asociación ilícita es considerada “terrorista”. En el segundo se estableció como delito el financiamiento a una asociación ilícita terrorista o a un miembro de la misma.

Este proyecto asocia taxativamente figuras delictivas contenidas en el Código Penal -dentro de las cuales, como decimos en el párrafo anterior, ya se encuentra la figura de asociación ilícita terrorista- a la definición de “actos de terrorismo internacional” (art.1).

De esta manera enumera 19 casos. Uno de ellos, el de Acciones contra los medios de transporte o comunicación, hace referencia a los artículos 191 y 194 del Código Penal [1]. Este último tipifica como delito la acción de entorpecer “el normal funcionamiento de los transportes por tierra”. Un corte de calles en el marco de una protesta es entonces un delito que para este proyecto se encuadraría como un “acto de terrorismo internacional” cuando haya sido dispuesto por una organización considerada como “organizaciones terroristas internacionales”.

¿Y cómo define a este tipo de organizaciones? Su artículo 2º dice:

“Se considerarán organizaciones terroristas internacionales a aquellas que mediante la comisión de delitos tengan por propósito aterrorizar a la población, u obligar a un gobierno o a una organización internacional a realizar un acto, o abstenerse de hacerlo (...) que tengan un plan de acción destinado a la propagación del odio étnico, religioso o político”.

Otros de los delitos tomados por el proyecto para encuadrarlos como “actos de terrorismo internacional” son el de Privación ilegal de la libertad (art. 141 a 143) y el de Atentado y resistencia contra la autoridad (art. 237 y 238).

En los fundamentos del proyecto se intenta poner en pie de igualdad las acciones que allí se detallan con los delitos de lesa humanidad cometidos por el terrorismo de Estado imponiendo nuevamente la teoría de los dos demonios. Además, al definirlo como internacional habilita a abrir fronteras para perseguir a quienes considere como culpables (Estados extranjeros u organizaciones internacionales).

A nadie escapa que gran parte de las causas abiertas contra luchadores sociales se basan en estos delitos lo cual marca el peligro de que no haya trascendido la existencia de este proyecto y, lo que es peor, que tal como sucedió con la Ley 26.268 sea aprobado en una sesión maratónica sin que tome estado público.

Cuando Red Eco publicó su libro “Leyes del Terror” advirtió sobre el avance en legislaciones de este tipo por todo el continente como nuevas herramientas para el control de las organizaciones populares. Repetimos ahora nuestra advertencia de entonces y llamamos a hacer público la existencia de este proyecto.

[1] Art. 191.- El que empleare cualquier medio para detener o entorpecer la marcha de un tren o para hacerlo descarrilar.

Art. 194.- El que, sin crear una situación de peligro común, impidiere, estorbare o entorpeciere el normal funcionamiento de los transportes por tierra, agua o aire o los servicios públicos de comunicaciones, de provisión de agua, de electricidad o de sustancias energéticas, será reprimido con prisión de tres meses a dos años.

Agencia Walsh (enviado por mail desde la Agencia)


Honorable Cámara de Diputados de la Nación

PROYECTO DE LEY

Texto facilitado por los firmantes del proyecto. Debe tenerse en cuenta que solamente podrá ser tenido por auténtico el texto publicado en el respectivo Trámite Parlamentario, editado por la Imprenta del Congreso de la Nación.

Nº de Expediente: 5179-D-2010
Trámite Parlamentario: 097 (15/07/2010)
Sumario: Actos de Terrorismo Internacional. Tipificación. Organizaciones Terroristas Internacionales.
Firmantes: Gil Lavedra, Ricardo Rodolfo - Aguad, Oscar Raúl - Pinedo, Federico - Cortina, Roy - Tunessi, Juan Pedro - Vega, Juan Carlos - Satragno, Lidia Elsa - Carrió, Elisa María Avelina - Pérez, Adrián - Stolbizer, Margarita Rosa - Alfonsín, Ricardo Luis - Bullrich, Patricia - Sola, Felipe Carlos.
Giro a Comisiones: Legislación Penal; Relaciones Exteriores y Culto.

El Senado y Cámara de Diputados

TERRORISMO INTERNACIONAL

Artículo 1º: Constituyen actos de terrorismo internacional los que se adecuen a las figuras delictivas que a continuación se enumeran, cuando esas acciones hayan formado parte de una política dispuesta por un estado extranjero o por una organización de las características descriptas en el artículo siguiente, y el autor haya conocido aquella circunstancia: El Senado y Cámara de Diputados.

1. Homicidio doloso (Arts. 79 y 80 del Código Penal)

2. Lesiones dolosas graves o gravísimas (Arts. 90 y 91 del Código Penal)

3. Privación ilegal de la libertad (Arts. 141, 142, 142 bis y 143 del Código Penal)

4. Extorsión (Arts. 168 y 170 del Código Penal).

5. Daño (Arts. 183 y 184 del Código Penal).

6. Incendio y estragos (Arts. 186, 187 y 188 del Código Penal).

7. Tenencia ilegítima de armas o explosivos (Arts. 189 bis del Código Penal).

8. Acciones contra los medios de transporte o comunicación (Arts. 190, 191, 102, 193, 194, y 197 del Código Penal).

9. Piratería (Arts. 198 y 199 del Código Penal).

10. Envenenamiento de aguas o alimentos (Arts. 200 y 202 del Código Penal).

11. Instigación a cometer delitos (Art. 209 del Código Penal).

12. Asociación ilícita (Arts. 210, 210 bis, 213 bis, 213 ter, y 213 quater del Código Penal).

13. Intimidación pública (Arts. 210 y 211 del Código Penal).

14. Apología del delito (Art. 213 del Código Penal).

15. Atentados contra el orden constitucional (Arts. 226 y 226 bis del Código Penal).

16. Atentado y resistencia contra la autoridad (Arts. 237 y 238 del Código Penal).

17. Encubrimiento y lavado de dinero (Arts. 277, 277 bis y 278 del Código Penal).

18. Falsificación de documento (Arts. 292 y 293 del Código Penal).

19. Todos los hechos incluidos en la Convención Interamericana contra el Terrorismo aprobada por Ley 26.023.

Artículo 2º: Se considerarán organizaciones terroristas internacionales a aquéllas que mediante la comisión de delitos tengan por propósito aterrorizar a la población, u obligar a un gobierno o a una organización internacional a realizar un acto, o abstenerse de hacerlo, y siempre que ellas cuenten con las siguientes características:

a) Tener un plan de acción destinado a la propagación del odio étnico, religioso o político;

b) Disponer de armas de guerra, explosivos, agentes químicos o bacteriológicos o cualquier otro medio idóneo para poner en peligro la vida o la integridad de un número indeterminado de personas;

c) Recibir cualquier tipo de ayuda de un estado extranjero, o de una organización radicada fuera del territorio argentino, o desarrollar acciones de ese tipo en más de un país, o conspirar en más de un país para hacerlo.

Artículo 3º: El régimen establecido en esta ley será aplicable a la autoría, la complicidad, instigación o encubrimiento de los delitos a los que se refieren los artículos 1º y 2º.

Artículo 4º: A la acción penal derivada de alguno de los delitos mencionados en la presente ley no le serán aplicables los artículos 62, 63, 65, 66 y 67 del Código Penal.

Artículo 5º: Si se solicitase cooperación internacional en relación con un delito de terrorismo internacional, la República Argentina la concederá en las condiciones de la Ley de Cooperación Internacional en Materia Penal, aunque un tratado con la nación requirente estableciera requisitos que la restrinjan más. El Poder Ejecutivo, dentro de los 60 días de promulgar esta ley comunicará lo dispuesto en este artículo a todos los países con los que nos una un tratado de extradición.

Artículo 6º: Cuando un tramo de la acción de estos delitos cayera bajo la jurisdicción de la ley argentina, ésta se aplicará a todos los demás aunque hubiesen sido realizados en el extranjero.

Artículo 7º: La pena prevista para los delitos a los que se refiere esta ley será disminuida de un tercio a la mitad si el autor, cómplice, instigador o encubridor confesase ante la autoridad competente y brindase elementos que permitan prevenir la consumación o lograr la condena de los demás responsables.

Artículo 8º: Las condenas sufridas en el exterior por delitos de esta naturaleza serán computables a los efectos de la reincidencia en uno de los delitos a los que se refiere esta ley.

Artículo 9º: Todos los bienes de propiedad de la organización responsable por alguno de los delitos previstos en esta ley o que resulten producto de ellos, serán embargados en cuanto se tuviese conocimiento de su ubicación y decomisados en el momento de la sentencia de condena.

Artículo 10º: A los efectos del artículo 277 b) del Código Penal, toda persona que tuviere conocimiento de circunstancias que pudieran ayudar a la prevención o castigo de uno de los delitos a que se refiere esta ley estará obligada a ponerlas en conocimiento del Ministerio Público Fiscal o la autoridad judicial o policial.

Artículo 11º: El Ministerio Público Fiscal, con la colaboración de los demás organismos gubernamentales competentes, elaborará una base de datos en la que se incluirá toda información que pueda resultar útil para la prevención y condena de los delitos a que se refiere la presente ley. A tal fin, por vía del Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto, se podrá requerir información a organismos extranjeros que presumiblemente la posean.

Artículo 12º: De forma.

FUNDAMENTOS

Señor presidente:

Este proyecto, en su inicial versión concebido junto al recordado Andrés D’Alessio, avanza sobre la regulación del terrorismo internacional, a fin de decretar, entre otros aspectos, su imprescriptibilidad y la posibilidad de que los actos puedan ser sometidos a la jurisdicción de tribunales internacionales o extranjeros, en ausencia de un eficaz enjuiciamiento en el territorio en que fueron cometidos.

La noción de delitos de lesa humanidad puede remontarse a Grocio y ese nombre se usó literalmente en 1915, con motivo del genocidio del pueble armenio, pero se desarrolló cuando finalizaba el siglo XX, más concretamente a partir de la Carta del Tribunal de Núremberg [Nürnberg] de 1945.

Desde entonces, el concepto se ha ido precisando a medida que el sufrimiento de los pueblos fue jalonado con otros hechos espantosos, comparables a los crímenes del nazismo que constituyeron el objeto de aquellos enjuiciamientos.

En la actualidad y para nuestro país, el concepto ha tenido consagración en el derecho positivo por medio del Art. 7º del Estatuto de Roma para el Tribunal Penal Internacional -aprobado por ley 25.390- y la ley 26.200 de implementación de lo allí dispuesto en el derecho interno argentino que, naturalmente, se remite a aquél.

Tal calificación tiene consecuencias graves, como la no prescriptibilidad, la prohibición de que esos hechos sean amnistiados y la posibilidad de que sean sometidos a la jurisdicción de tribunales internacionales o extranjeros, en ausencia de un eficaz enjuiciamiento en el territorio en que fueron cometidos.

La doctrina y la jurisprudencia internacionales han ido definiendo el concepto. Empero, subsisten cuestiones no dilucidadas suficientemente, tal como la inclusión dentro de ellos de los actos de terrorismo.

La Corte Suprema, in re “Lariz Iriondo, Jesús María s/ solicitud de extradición”, ha afirmado -con remisión a lo resuelto por ella en “Arancibia Clavell, Enrique Lautaro s/ homicidio calificado y asociación ilícita y otros”- que, si bien los hechos cometidos por instituciones del estado o miembros de ellas poseen tales características, “no puede decirse lo mismo de los delitos de terrorismo, sin que importe la calificación actual conforme al derecho internacional fundado en los tratados vigentes, pues, al menos respecto de todos los actos hoy calificados como tales conforme al derecho de los tratados, no puede afirmarse la existencia de un derecho internacional consuetudinario previo a éstos. El concepto de terrorismo ha sido sumamente difuso y ampliamente discutido, al punto que ni siquiera se logró un consenso en el Estatuto de Roma, donde no fue posible lograr una definición, pese a la unánime condena. Tampoco en el sistema regional americano la Convención Interamericana contra el Terrorismo, adoptada en Barbados el 3 de junio de 2002 (ratificada por ley 26.023) logró un consenso sobre su tipificación ni sobre su consideración como crimen de lesa humanidad. Mal puede considerarse la vigencia de un derecho internacional consuetudinario consagratorio de la tipicidad e imprescriptibilidad de delitos sobre cuya definición no se ha logrado acuerdo entre los estados hasta el presente”.

Lo dicho por la Corte no empece a que la unánime condena del consenso internacional, a la que el Alto Tribunal también se refiere, se traduzca en reformas al derecho interno que consagren positivamente la inclusión de esos actos repudiables en la indicada categoría, en la medida en que se trate de acciones que la opinión internacional predominante considere indudablemente asimilables en algunas de sus consecuencias, ya que no en su naturaleza, al terrorismo de estado, o a los demás crímenes de lesa humanidad.

Así, en la reforma hecha al Código Penal de Francia en 1994 se incluyeron dos artículos -el 212-1 y el 212-2- por los cuales se asigna ese carácter tanto a los hechos de terrorismo realizados por organizaciones extra estatales cuanto a la ilícita reacción del Estado para combatirlas.

La equiparación de algunas consecuencias de los delitos de lesa humanidad a lo que se denomina “terrorismo internacional” no puede recibir objeciones insalvables. En efecto, en relación con los actos así calificables, no concurren las razones que -probablemente por el temor de que resulten incluidos los hechos de resistencia a los regímenes internos, sentimiento similar al que dio lugar al tratamiento privilegiado de los llamados “delitos políticos” a partir del siglo XIX- han pesado para impedir el acuerdo unánime al que se refirió la Corte Suprema en el precedente que se citara más arriba.

Si esa resistencia puede justificarse en relación a grupos que limitan su acción al interior de un país determinado, cuando los límites de éste se rebasan no media razón alguna para no considerar lesionados los intereses fundamentales de la comunidad de las naciones, dadas las demás circunstancias que fija el proyecto.

A la luz del texto del Art. 7º del Estatuto del Tribunal Penal Internacional, los actos dolosos que allí se mencionan -normalmente crímenes ordinarios- asumirán la condición de delitos de lesa humanidad cuando formen parte de un ataque generalizado o sistemático, dirigido contra una población civil, o sea una línea de conducta que implique la comisión múltiple de aquellos actos de conformidad con la política de un Estado o de una organización de cometer ese ataque o para promover esa política.

A su vez, acciones que también constituyen normalmente delitos ordinarios, son calificables de actos de terrorismo internacional cuando son realizados con el propósito de provocar estados de alarma, miedo o terror en la población y que provoquen un daño o un peligro inminente para la vida o la integridad física o mental de las personas o para bienes materiales de significativa importancia (1).

Cuando un estado extranjero o una organización que se extiende más allá de las fronteras del país participen, instiguen o colaboren en el ataque, se encuentran en juego intereses que exceden lo nacional y afectan, de ahí su inclusión en esta categoría, a la comunidad internacional en su conjunto.

Tales son, en apretada síntesis las ideas sobre la que este proyecto de ley se funda.

(1) Ley antiterrorista de la República de Cuba aprobada el 20 de diciembre de 2001.

FUENTE: www1.hcdn.gov.ar



La cultura del terror

El colonialismo visible te mutila sin disimulo: te prohíbe decir, te prohíbe hacer, te prohíbe ser. El colonialismo invisible, en cambio te convence de que la servidumbre es tu destino y la impotencia tu naturaleza: te convence de que no se puede decir, no se puede hacer, no se puede ser.

Eduardo Galeano - El libro de los abrazos

El mismo terror

Red Eco Alternativo
Agosto 2007 - Argentina

Parte I:

A IMAGEN Y SEMEJANZA

A principios de julio de este año, luego de pasar velozmente por las dos cámaras del Congreso Nacional, fue promulgada en el país nuestra Ley Antiterrorista (*1). Son ocho artículos que modifican el Código Penal y extienden las facultades de la Unidad de Información Financiera (UFI) (*2), con el objetivo de incorporar a nuestra legislación la confusa figura de asociación ilícita terrorista.

A partir de su sanción, el Estado está habilitado para perseguir y procesar, con ley en mano, a cualquier organización política o social que se manifieste en contra de las acciones del gobierno o que pretenda ejercer presión sobre sus organismos. La norma, disfrazada de ley antiterrorista, es un instrumento estratégico para el control de la protesta social, sancionada bajo presión y por orden del Grupo de Acción Financiera Internacional. (GAFI)

El GAFI es un organismo supranacional creado en 1989 en París, en la Reunión Cumbre del Grupo de los 7. Este grupo prevé dos sanciones para los países que no legislen en materia de financiamiento del terrorismo según las normas internacionales: declarar públicamente que los países deben tener cuidado con realizar operaciones financieras que provengan o sean destinadas a esos países. Y el siguiente paso es la expulsión del país del seno de dicho grupo.

Para Argentina el plazo se vencía el 23 de junio de 2007. Por eso, si bien el Poder Ejecutivo envió el proyecto de ley de modificación del Código Penal a fines de diciembre de 2006, los legisladores lo aprobaron en mayo de 2007 y el 5 de julio fue publicado en el Boletín Oficial.

(*1) Ley Nº 26.268
(*2) Ley Nº 25.246 - Legisla sobre el Encubrimiento y lavado de activos de origen delictivo y crea la Unidad de Información Financiera (UFI). Lo que hace la modificación es incorporarle como delito el del financiamiento del terrorismo para adaptarlo a la modificación del Código Penal. Resolución 54/109 del 9 de diciembre de 1999.

TERRORISMO

Ni el Poder Ejecutivo ni los legisladores nacionales inventaron algo nuevo. Tomaron casi textualmente las definiciones que, pasando por las Naciones Unidas, Estados Unidos estableció sobre quiénes son terroristas, cuáles son los actos terroristas, y qué es una organización terrorista.

La idea del terrorismo como enemigo de la humanidad no surgió en Estados Unidos a partir del atentado contra las Torres Gemelas.

En 1996, Estados Unidos sancionó el Anti-Terrorism & Effective Death Penalty Act, modificando su primera definición de terrorismo, plasmada en el Acta de Inmigración y Nacionalidad, que regula la entrada de inmigrantes al país.

Después del atentado a las Torres Gemelas, una nueva norma avanzó sobre la definición del terrorismo, la USA Patriotic Act (*3)

El Acta del 96, cuyo propósito es frenar el financiamiento de organizaciones terroristas, amplía además las facultades de la Secretaría de Estado. Esta norma define que cualquiera que cometa actos contra la seguridad nacional es considerado terrorista. Pero si se tiene paciencia y se sigue leyendo, se encontrará que define seguridad nacional como la defensa, seguridad e intereses económicos de Estados Unidos. O sea que quien ataca de casi cualquier forma los intereses económicos de Estados Unidos puede ser considerado un terrorista.

La Patriotic Act, entre otras cosas, amplía las facultades del presidente, de la justicia militar, y de las autoridades policiales. Confiere a las autoridades federales atribuciones amplias para vigilar e interceptar comunicaciones, y tipifica nuevos delitos y establece nuevas penas aplicables a terroristas nacionales e internacionales.

Bajo la conjunción de estas normas, cualquiera puede ser señalado a discreción por el presidente norteamericano como presunto terrorista, o sospechoso de tener relaciones con organizaciones probablemente terroristas, o aparentemente vinculadas a actividades que podrían tener como objetivo financiar actos terroristas. Dentro de Estados Unidos, puede ser juzgado por un tribunal militar, sin derecho a apelación.

Cuando las Naciones Unidas adoptan el Convenio Internacional para la represión de la financiación del terrorismo (*4), Estados Unidos ya había definido lo que considera financiamiento de organizaciones terrorista en el Acta de Inmigración y en el Acta de 1996.

Estados Unidos marcó el rumbo una vez más dentro de la ONU. Por su política belicista e imperial, por el papel que juega dentro de Naciones Unidas y por ser uno de los cinco países con derecho a veto en el Consejo de Seguridad, se podría pensar que ha sido quien introdujo este debate para que la ONU comprometiera al planeta en su propagandizada batalla contra el terrorismo.

(*3) 26 de Octubre de 2001
(*4) Resolución 54/109 del 9 de diciembre de 1999.

CONVENIO, RESOLUCIONES Y RECOMENDACIONES

Para comenzar habría que decir que para los países existen normas internacionales que jurídicamente son vinculantes y otras que no lo son.

Entre las primeras se encuentran las Resoluciones del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas y las Convenciones Internacionales de la ONU. Entre las segundas se encuentran las que se establecen entre grupos de países que actúan en forma conjunta. Ejemplo de esto son las Recomendaciones Especiales del GAFI.

Sin embargo, en materia de financiamiento del terrorismo, todas las normas resultan en la práctica vinculantes y han sido tomadas por los países que han redactado nuevas legislaciones o han modificado sus códigos penales para incorporar a él la figura de terrorismo.

Nos estamos refiriendo a:


HAGA SU PROPIA LEY ANTITERRORISTA:

MANUAL DE INSTRUCCIONES PARA PAÍSES “EN DESARROLLO”

El Departamento Jurídico del Fondo Monetario Internacional (FMI) elaboró el Manual para la redacción de leyes de Represión del financiamiento del terrorismo.

Este Manual tiene el objetivo de “orientar” desde lo jurídico a todos los países del mundo para elaborar leyes que repriman el financiamiento del terrorismo. Es un “servicio” que el Departamento Jurídico del FMI brinda a los países miembros de esta institución.

Los letrados del organismo financiero se encargan de aclarar en el Prefacio del Manual que “Las opiniones aquí vertidas son las del Departamento Jurídico del FMI y no deben atribuirse a los Directores Ejecutivos ni a la Gerencia de la institución”.

Sin embargo, como parte de ese mismo texto introductorio afirman que a partir de 2001, el FMI ha participado en “gestiones encaminadas a reprimir el financiamiento del terrorismo”.

Sin distinguir el nivel gerencial, del ejecutivo y del legal del organismo, agrega que el “FMI puede ayudar a evaluar la puesta en práctica de normas internacionales relativas al marco para la lucha contra el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo adoptado por los países miembros y brindar asistencia técnica mediante asesoramiento”.

En el 2001, el FMI junto a otras organizaciones comenzó a elaborar lo que sería la Metodología de Evaluación del Cumplimiento de Normas contra el Lavado de Dinero y el Financiamiento del Terrorismo. Se trata, dice el Manual, de “un instrumento que sirve para evaluar la aplicación de las 40 Recomendaciones sobre el blanqueo de capitales y las 8 Recomendaciones Especiales sobre la financiación del terrorismo emitidas por el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI)”.

Si bien en un comienzo el eje fue el lavado de dinero, a partir del 11 de setiembre de 2001 todas las actuaciones apuntaron al nuevo enemigo estratégico para los Estados Unidos: el terrorismo.

Por eso tanto las Naciones Unidas como el GAFI produjeron convenios y resoluciones que dieran cuenta de ello.

Es seguramente este Manual -producto de las mentes del organismo que ha sometido y destruido la economía de la mayoría de los países del planeta- el texto que se ha tomado como base para el armado de la mayoría de las leyes antiterroristas que se han venido sancionando en América Latina.

Nos preguntamos: ¿Por qué es el Fondo Monetario Internacional quien evalúa, tal como lo dice su Manual, “el marco adoptado por cada país para combatir el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo”?

¿TERRORISMO?

Ninguna de las normas establecidas por los organismos internacionales define explícitamente a qué se considera “terrorismo”.

El Convenio de la ONU se limita a definir los actos terroristas y no a los terroristas ni al terrorismo.

De los 9 Tratados mencionados en el anexo del Convenio de la ONU solo en el último se usa el vocablo “terrorista” para atentados cometidos con bombas. Existen listas de presuntos terroristas que han sido elaboradas por el Consejo de Seguridad de la ONU.

La Resolución de la ONU no define el concepto de “terrorismo” sino que exige a los Estados que “prevengan y repriman la financiación de actos de terrorismo”.

La Recomendación Especial I del GAFI establece que el financiamiento del terrorismo “debe penalizarse sobre la base del Convenio”.

Las Notas de orientación del GAFI, cuando hablan del congelamiento de fondos, definen a terroristas como “aquellos que financien al terrorismo y organizaciones terroristas”.

Tanto el Convenio Internacional para la represión de la financiación del terrorismo, como la Resolución 1373 del Consejo de Seguridad de la ONU y las Recomendaciones Especiales del GAFI omiten la mención del terrorismo de Estado que ha sido históricamente la forma principal de terrorismo en el mundo.

La única referencia a los derechos humanos está en el artículo 21 del Convenio que señala: “Nada de lo dispuesto en el presente Convenio menoscabará los derechos, las obligaciones y las responsabilidades de los Estados y de las personas con arreglo al derecho internacional, en particular los propósitos de la Carta de las Naciones Unidas, el derecho internacional humanitario y otros convenios pertinentes”.

Los mismos abogados del FMI afirman en el Manual que “En algunos países preocupó la posibilidad de que, por su amplitud, la definición genérica de actos terroristas establecida en el Convenio a los efectos de tipificar el delito de financiamiento de actos de terrorismo fuera susceptible de abusos. Se temía en especial que determinadas formas de protestas públicas, legales o ilegales, pudieran quedar comprendidas en la definición de actos terroristas. Esos países han procurado subsanar este problema agregando a la definición un texto interpretativo que aclare el hecho de que las huelgas o protestas no constituyen actos de terrorismo a menos que estén presentes ciertos otros componentes de los delitos de terrorismo.

(En la ley antiterrorista argentina, esta aclaración no está siquiera presente)

La misma lógica se desarrolla cuando el Convenio define acto terrorista como “cualquier acto que tenga como finalidad... (...) “siempre que su propósito sea...

Respecto al delito de financiamiento del terrorismo, queda claro que la definición se basa no solo en si el hecho se comete sino en la “intención y la “finalidad, aunque el acto que se pretendía financiar no se consume. Se penaliza la asociación y no el supuesto acto delictivo. La figura de “asociación ilícita se utilizó para procesar a la inmensa mayoría de los presos políticos de 1974 a 1983 y se utiliza hoy para acusar a los protagonistas de las protestas sociales. La misma lógica se desarrolla cuando el Convenio define acto terrorista como “cualquier acto que tenga como finalidad... (...) “siempre que su propósito sea... La sanción de leyes antiterroristas en los países de América Latina, bajo instrucción y presión directa de organismos internacionales que responden a los intereses estadounidenses, redactadas en base a las leyes de ese país, son un instrumento de control para sus objetivos estratégicos en el continente.

“Suponer que este tipo de legislación sirve para dar batalla al terrorismo es asumir las condiciones del “mundo al revés” que nos propone Bush. Es asumir la colección de mentiras de la estrategia imperial que, en nombre de las amenazas a la seguridad, pretende enrolar al mundo en la destrucción de la vida” (*5)

(*5) Moppasol ¿Combate al terrorismo?

TERRORISMO - ACEPCIÓN HISTÓRICA

“Forma violenta de lucha política mediante la cual se persigue la destrucción del orden establecido o la creación de un clima de terror e inseguridad susceptible de intimidar a los adversarios o a la población en general. El término “terrorismo” comenzó a usarse en el siglo XIX referido a individuos o grupos políticos que recurrieron al atentado contra los representantes conspicuos del orden burgués. Los populistas rusos y algunos anarquistas consideraron el acto terrorista no sólo como un medio para transformar la sociedad, sino también como una forma de autoafirmación. Pero el terrorismo ha sido utilizado también por el Estado contra los ciudadanos como medio ilegal para combatir la violencia o aumentar la coerción. Ligado a la causa de un pueblo por medio de una organización responsable y limitado en sus objetivos, el hecho terrorista puede constituirse eventualmente en vanguardia de la insurrección popular (resistencia al nazismo durante la II Guerra Mundial, movimientos de liberación, etc.). (...) Para los fines que persigue el terrorismo puede ser:

Revolucionario: para la destrucción del orden existente;

De liberación: sobre un determinado territorio;

Estatal, transestatal o internacional: para forzar la cooperación de los ciudadanos y operar como instrumento de diplomacia paralela” (Enciclopedia El País; Ed. Salvat)


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Tomado de Voz Entrerriana

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