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El polvorín

BOLIVIA: EL JUICIO AL EX PRESIDENTE LOZADA POR CRÍMENES DE LESA HUMANIDAD PODRÍA ESTAR CERCA

16 Diciembre 2010 , Escrito por El polvorín Etiquetado en #Politica

Las familias de los asesinados en la “Guerra del Gas” exigen justicia

Los autores denuncian la impunidad del ex presidente de Bolivia y del resto de responsables en la matanza de 70 personas pasados siete años de la llamada “Guerra del Gas”.

A. Landeros y M. Mendizábal / Educació per a l’Acció Crítica (Catalunya) y Comité de Apoyo al Juicio a Goni (Bolivia). respectivamente
Lunes 13 de diciembre de 2010.  Número 139
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Marcha en La Paz. Los indígenas se manifestaron en agosto de 2009 en la capital de Bolivia a favor de la nueva constitución. Foto: Nicolas Pousthomis.

Se han cumplido ya en Bolivia más de siete años del asesinato de más de 70 personas y casi 400 heridas durante los hechos conocidos como la “Guerra del Gas”. En esas sangrientas jornadas de 2003, el Gobierno del entonces presidente Gonzalo Sánchez de Lozada autorizó la participación de las Fuerzas Armadas y policiales para reprimir al movimiento popular, indígena y campesino del altiplano aymara, que buscaba revertir la privatización del gas y su inequitativa venta a México, Chile y Estados Unidos.

La estrategia de las organizaciones sociales consistió en un bloqueo por carretera de suministros esenciales para el funcionamiento de la ciudad de La Paz. La acción resultó exasperante para los paceños, que quedaron inmovilizados sin alimentos ni combustible.

La negativa al diálogo por parte del Gobierno se complementó con batallones de infantería, que penetraron a sangre y fuego en la población de El Alto, paso obligado para acceder a La Paz y principal escenario del corte de caminos. En su violento asalto contra la población civil, el Ejército disparó indiscriminadamente sobre los manifestantes y arremetió contra viviendas y negocios particulares. Muchas personas murieron en el interior de sus casas en medio del más evidente desprecio por la vida humana. La estrategia político- militar era clara: sembrar el terror entre la población por medio de un acto de autoritarismo ejemplar.

Con estas medidas, el Gobierno pretendió restringir el conflicto a una sola ciudad. Sin embargo, la indignación ante la masacre se volvió nacional pidiendo directamente la renuncia del presidente. Sánchez de Lozada presentó su carta de renuncia al Congreso, el viernes 17 de octubre, que la aceptó, mientras el ex mandatario huía del país rumbo a EE UU, donde fue acogido por el entonces presidente George W. Bush, del que es amigo personal.

De ahí en adelante la historia boliviana es ampliamente conocida debido al proceso de cambio que han venido realizando diferentes organizaciones sociales movilizadas en torno al llamado “instrumento político” que constituye el Movimiento al Socialismo (MAS) de Evo Morales. Sin embargo, de los hechos de aquel “octubre negro” de 2003, las crónicas apenas recogen el esfuerzo continuado que los familiares de los muertos, los heridos y el conjunto de las organizaciones populares están llevando a cabo para iniciar y mantener un juicio de responsabilidades contra aquellos ministros y oficiales de las Fuerzas Armadas que masacraron a su propio pueblo por el delito de defender el bien colectivo.

Juicio al ‘Goni’

Uno de estos esfuerzos es el realizado por miembros de la sociedad civil que desde 2004 han persistido en que la masacre no quede impune. Se trata del “Comité impulsor” del juicio a Goni (como también es conocido el ex presidente), que está conformado tanto por activistas como por abogados solidarios que no cuentan con ningún tipo de financiación.

El Comité impulsor, coordinado por el abogado Rogelio Mayta, ha luchado desde hace siete años para acercar la justicia a los familiares de las víctimas, tarea que implica una búsqueda internacional de los acusados, ya que de los 17 implicados, 11 han huido de Bolivia refugiándose en Estados Unidos, Perú y en el Estado español. En lo internacional, en 2009 se dio curso ante una Corte Federal de Miami a la demanda civil que se presentó en contra de Sánchez de Lozada y Sánchez Berzaín por los crímenes de lesa humanidad y homicidio, entre otros, con ayuda de abogados norteamericanos.

Rogelio Mayta explicó que “esa estrategia fue tomada ante la eventualidad de que Sánchez de Lozada no fuera repatriado, para que de alguna forma enfrente la justicia y tenga que responder por los hechos de 2003”. Según ha señalado Mayta, la sentencia debería haber llegado en octubre de 2010, pero existe la preocupación de que la larga posposición del proceso judicial pueda favorecer a los inculpados ante la posibilidad de que la sentencia remueva cenizas en sectores trascendentales para la estabilidad nacional, como es el caso de las Fuerzas Armadas. Por ello, desde el Comité impulsor se ha convocado una jornada de protesta sobre esos días negros, que incluye la visita a Bolivia de representantes del Observatorio de la Escuela de las Américas (SOA Watch por sus siglas en inglés), movimiento internacional que busca señalar los crímenes cometidos por los militares latinoamericanos entrenados por el ejército estadounidense en acciones de contrainsurgencia, que incluían torturas y asesinatos políticos con un saldo de miles de civiles aniquilados o desaparecidos.

Algunos de los militares bolivianos inculpados en la masacre de octubre de 2003 recibieron formación en esa ‘escuela’ estadounidense que ha cambiado de nombre pero no de metodología.

Desde la óptica de los tratados internacionales de DD HH, el juicio a Goni es una buena oportunidad para que el Gobierno de Evo Morales y los órganos del Estado Plurinacional de Bolivia no den cuartel a la impunidad. Desde la óptica de la sociedad civil internacional, es importante apoyar iniciativas como la del Comité impulsor para contribuir a sentar un precedente tan importante.

LOS RESPONSABLES DE LA MASACRE EN EE UU Y ESPAÑA

Junto al ex presidente Gonzalo Sánchez de Lozada, los más requeridos por su responsabilidad son el ex ministro de Defensa, Carlos Sánchez Berzain, y el ex ministro de Hidrocarburos, Jorge Berindoague; los tres viven en EE UU, país que a la fecha está impidiendo su extradición. El ex ministro de Educación, Hugo Carvajal Donoso, se encuentra en España y se sospecha que podría solicitar asilo político, según informa Mayta. De los acusados en la actualidad en proceso, los que más destacan son los ex comandantes de las Fuerzas Armadas que participaron en las masacres activamente.

También juegan en contra la persistente burocracia del poder judicial boliviano y las escaramuzas legales interpuestas por los abogados de los acusados, pese a lo cual se han logrado significativos avances a nivel local e internacional. Así, desde mayo del 2009 se inició el juicio oral por la masacre del 2003 en la Corte Suprema de Justicia en Sucre con más de 260 testigos que han declarado sobre los hechos. No es fácil, de todos modos, probar la arrogancia de los militares al enfrentarse a la Corte, tan acostumbrados como están a no dar explicaciones de sus actos.

 

Diagonal Web

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