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El polvorín

Botnia-UPM, un silencioso desembarco en Corrientes

30 Mayo 2010 , Escrito por El polvorín Etiquetado en #Politica

Entre Ríos -

El sustancioso negocio de Botnia-UPM que nadie se atreve a desmantelar. El fallo de la Corte Internacional de La Haya determinó que el Gobierno uruguayo violó sistemáticamente el Estatuto del Río Uruguay, por lo que Botnia quedó en la absoluta ilegalidad. No obstante, nadie parece haberse percatado de esta sentencia.

El Gobierno argentino, en primer lugar, parece haber dirigido la vista hacia otro costado y apostó sin más a una política conciliadora con la flamante gestión de José Mujica. En este camino, la erradicación de la cuenca del Uruguay de la ilegal Botnia dejó de ser el principal objetivo de la administración Kirchner, si es que alguna vez lo fue.

Con el “salomónico” fallo en mano, los funcionarios nacionales salieron a afirmar que el “No a las Papeleras” estaba asegurado. Nada más lejano a la realidad. Cuando todavía retumbaban los ecos de un veredicto que no sólo no solucionó sino que agravó la situación de los vecinos de Gualeguaychú, la ilegal Botnia-UPM anunció su interés, y el beneplácito del gobierno provincial, en desembarcar en Corrientes.

Números que seducen
El caso correntino es la primera muestra de que el fallo del máximo tribunal de justicia mundial fue la campana de largada para readecuar los negocios de los holdings celulósicos en las dos márgenes de la cuenca del Uruguay.

Es que si la ilegal Botnia ya representaba un negocio sustancioso antes de su apertura en 2008, la crisis internacional la convirtió en una verdadera mina de oro. En mayo de 2009, la tonelada de pasta de celulosa cotizaba en el mercado europeo a 588 dólares. Un año después, más precisamente el 13 de abril de este año, superaba los 918 dólares, con la pequeña salvedad de que el costo de producir una tonelada en la ilegal Botnia sería de no más de 300 dólares la tonelada, lo que lleva a una rentabilidad cercana a 600 dólares la tonelada, según publicó el matutino Ámbito Financiero.

Siguiendo estos números, si produce aproximadamente 1.100 toneladas anuales, la ilegal planta ubicada en Fray Bentos, que costó 1.200 millones de dólares, estaría prácticamente pagada con la ganancia de dos años.

Relaciones carnales
Pese a que las relaciones estuvieron congeladas por algunos años, los recientes encuentros de Cristina Kirchner y José Mujica demuestran que la disputa entre los gobiernos ya no es de fondo, más aún teniendo en cuenta que la Argentina sigue siendo el segundo comprador mundial de productos uruguayos.
La cuestión se aclara más cuando parece ser que la producción de celulosa ha quedado insuficiente para abastecer al mercado local. En la Argentina hay entre diez y once fábricas de pulpa de celulosa, pero son cerca de cien las fábricas de papel. Por ello, especialistas nacionales, llegaron a sostener que hay que reconvertir el negocio local para instalar plantas de pulpa y así sustituir importaciones o, directamente, comenzar a comprar a la ilegal.

Esta situación, que para miles de compatriotas podría resultar utópica, tiene mucho asidero si se recuerda que la argentina Celupaper, compañía ubicada en la localidad bonaerense de San Pedro, ya recibió las primeras toneladas de pasta de papel de la ilegal planta finlandesa.

Uruguay ¿natural?
Del otro lado del charco la situación no es diferente. Los administradores vienen desde hace al menos veinte años apostando al modelo forestal, base y materia prima de la instalación de las pasteras. Esto atraviesa a todo el arco político del vecino país.
No debe sorprender, entonces, la enérgica reacción de la política uruguaya en defensa de los intereses celulósicos extranjeros y contra un pueblo que se niega a renunciar a vivir en un medio ambiente sano.

Para ilustrar, basta mencionar el Tratado de Protección a las Inversiones que la Argentina y el Uruguay rubricaron con Finlandia. Ese convenio da la potestad a la firma colonialista a exigir indemnizaciones al estado uruguayo en caso de huelga de trabajadores de esa planta. En caso de duda, prevalece la versión en inglés del polémico tratado.

Todo muy extraño para un país que se jacta del patriotismo de sus gobernantes. Los Estados, entonces, se vuelven gendarmes de las corporaciones y son los ciudadanos los que deben reaccionar al ver amenazada su salud, frente a estados ausentes y que se ponen de rodilla frente al capital transnacional.

El caso de la ilegal Botnia no es el primero pero es, sin duda, el más importante y el que puede marcar un quiebre en la historia de la lucha ambiental. Por eso Gualeguaychú sabe que no debe aflojar, que está obligada a continuar la lucha y que jamás dará la licencia a una empresa que cuenta con el aval de nuestras débiles repúblicas en el concierto mundial. Más en un momento tan trascendente como el actual, en el que el apetito voraz de las multinacionales va por la materialización del proyecto IIRSA –Iniciativa para la Integración de la Infraestructura Regional Sudamericana.

El pequeño paraje de Arroyo Verde, ubicado en el kilómetro 28 de la ruta 136, es el único obstáculo para lograr plasmar ese ambicioso plan de negocios. De allí que en las últimas semanas se haya intensificado el ataque de funcionarios, empresarios y hasta medianos comerciantes, que desean la ruta despejada para dar rienda suelta a la marcha de sus negocios, sin importar el alto precio que haya que pagar.

Para resumir, el presunto “No a las Papeleras” que a primera vista se desprendería del fallo de La Haya, en realidad no es otra cosa que la posibilidad de que el gobierno uruguayo se vea obligado a conseguir el visto bueno de la Argentina sobre cualquier proyecto de voracidad celulósica, y viceversa.
La gestión Tabaré Vázquez primero y la de Mujica después; los “prestigiosos” magistrados de La Haya y ahora la Casa Rosada se encolumnan hacia la defensa de las inversiones extranjeras, poniendo los recursos naturales y humanos a merced de esos capitales.

Mientras siga este estado de cosas, desmantelar a Botnia será cuesta arriba. Ahora, cuando los administradores se conviertan en verdaderos representantes del reclamo de los ciudadanos y los plasmen en políticas de Estado, entonces ya no será una utopía imaginar a la ilegal bien lejos del río Uruguay.


Fuente:ElArgentino,GualuguaychúER/ www.visionfederal.com

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