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El polvorín

Colombia: El gobierno niega los asesinatos perpetuados contra sindicalistas

14 Junio 2010 , Escrito por El polvorín Etiquetado en #Politica


(Desde enero de 1986 hasta junio de 2010 han sido asesinados 2.753 líderes y dirigentes sindicales en nuestro país)

 

La Central Unitaria de Trabajadores de Colombia CUT, a través del Departamento de Derechos Humanos y Solidaridad se permite informar a la opinión pública y al movimiento sindical nacional e internacional que la violencia antisindical en Colombia sigue afectando gravemente la existencia del sindicalismo, en la medida en que Colombia lleva décadas con el triste record del país más peligroso para el ejercicio de la labor sindical, solamente en el 2009 de 101 sindicalistas asesinados en el mundo 48 fueron las víctimas del movimiento sindical colombiano, frente a esta dura realidad el gobierno sistemáticamente descalifica los informes de las organizaciones de derechos humanos y del movimiento sindical internacional que rodea de solidaridad a los trabajadores colombianos, al exigir el cese de este genocidio.

 

El Gobierno ha asumido una práctica de revictimizar las víctimas al tratar de ocultar y confundir con una discusión sobre las cifras y en muchos casos entregar declaraciones o informes a nivel internacional donde señala que los líderes sindicales en Colombia son asesinados por otras razones sin haber dado inicio ni siquiera a las investigaciones o haber roto el problema estructural de impunidad que en homicidios se mantiene en un 98% y donde el 2% es el resultado de 261 sentencias que aparentemente se refieren a los 2.753 homicidios que ha logrado identificar el movimiento sindical y las organizaciones de derechos humanos.

 

La Comisión de Normas de la OIT en el año 2009 señaló sobre este drama lo siguiente: “La Comisión subrayó que un movimiento sindical sólo puede existir en un clima exento de violencia, y urgió al Gobierno a que ponga término a la actual situación de violencia e impunidad a través de medidas y políticas innovadoras y eficaces aplicadas de manera continúa”.

 

El Gobierno decidió no cumplir la recomendación de la Comisión de Normas de 2009 que le instó a dar “mensajes del más alto nivel sobre la importancia de las organizaciones sindicales”. Se convirtió en práctica común y recurrente del gobierno colombiano la de realizar declaraciones hostiles en contra de la legitimidad de las organizaciones sindicales y darle tratamiento de orden público a los conflictos laborales, igualmente en muchas ocasiones los organismos de seguridad del Estado han actuado de manera ilegal contra el sindicalismo, como el caso de las interceptaciones ilegales de las comunicaciones por parte del Departamento Administrativo de Seguridad y las ejecuciones extrajudiciales. Acciones que han favorecido y fomentado la violencia antisindical.

 

El año 2009 se caracterizó por la ocurrencia de un amplio debate frente a la comunidad internacional en materia de violaciones a los derechos humanos. Cuatro Relatores Especiales de la ONU visitaron a Colombia, y todos ellos coincidieron en sus informes sobre las preocupantes condiciones actuales en esta materia, y especialmente para la población sindicalizada. Por ejemplo, respecto de las ejecuciones extrajudiciales a manos del Ejército de Colombia el Relator sobre ejecuciones extrajudiciales dijo que “Cabe destacar desde el principio, que las ejecuciones perpetuadas por estos actores repercuten de manera desproporcionada en las poblaciones rurales y pobres, pueblos indígenas, afrocolombianos, sindicalistas, defensores de derechos humanos, y líderes comunitarios”.

 

En este contexto, el Gobierno ha jugado un papel que no se corresponde con el de garante de los derechos humanos. Por el contrario, éste ha asumido como estrategia negar la compleja problemática de violaciones a los derechos humanos que persiste en Colombia. Tercamente, el Gobierno niega las cifras de violencia contra sindicalistas en su afán de lograr la aprobación de TLC con Estados Unidos, Canadá y la Unión Europea, en lugar de enfrentar el problema con medidas contundentes que contribuyan a superarlo. Esto demuestra que sus preocupaciones y labor diplomática se orientan más a construirse una buena imagen a nivel internacional, que en una real intención de superación de la situación.

 

En lo corrido de 2010 se han presentado 30 homicidios, siete de ellos contra dirigentes sindicales, además han ocurrido cuatro atentados, tres de éstos contra dirigentes sindicales, y 56 amenazas provenientes principalmente de grupos paramilitares.

 

Además el Programa de Protección tiene algunas dificultades que ponen en riesgo la responsabilidad del Estado. El Gobierno ha defendido el programa de protección como la medida más importante para enfrentar la violencia contra el movimiento sindical. Sin embargo, la protección tan publicitada especialmente a nivel internacional - cuya coordinación está a cargo del Ministerio del Interior - se implementa en muchos casos de forma tardía, o a veces nunca.

 

Finalmente, es importante destacar que para que dar verdaderas garantías a los sindicalistas en riesgo desde el programa de protección, este debe revisarse, reformularse y aplicarse en concertación con sus beneficiarios. Las virtudes del programa, por el momento, parecen haberse quedado en los decretos y en los discursos del Presidente.

 

La CUT, invita al Gobierno Nacional, a la Vicepresidencia de la República, al Ministro del Interior y al Ministro de Protección Social a que en sus acciones administrativas revise y actualicen la metodología de seguimiento estadístico de victimización al movimiento sindical en la medida en que no aparecen reflejados en sus informes los trabajadores sindicalizados asesinados como es el caso de educadores afiliados a nuestra central a través de Fecode o los líderes campesinos afiliados a Fensuagro – CUT, porque a través de este manejo estadístico lo que se ha logrado es ocultar la creciente victimización y desconocer los hechos notorios de violación al derecho a la vida de los trabajadores.

 

Es de extrañar declaraciones como las del Ministro de la Protección Social, Diego Palacio, en las que afirma que los sindicalistas reportados no son afiliados sino líderes sociales, cuando a casi a diario hemos reportado el nombre, la organización a la cual pertenece y la región donde fue asesinado el trabajador sindicalizado al Área de Derechos Humanos de ese Ministerio. Por eso nos parece que estas declaraciones generales desvirtúan la realidad al no referirse a casos concretos y de esta forma invisibiliza la lista de compañeros han desaparecido en medio de esta violencia antisindical.

 

Está claro que para el Gobierno, se trata de una discusión de cifras, cuando no debería existir ninguna víctima; el Estado con acciones administrativas pretende eludir sus responsabilidades, y justifica su omisión responsabilizando a las víctimas y al movimiento sindical colombiano.

 

 

RAFAEL ALBERTO MOLANO

 

Presidente (e)

 

GUSTAVO RUBÉN TRIANA

Segundo Vicepresidente

 

 

LUIS ALBERTO VANEGAS Z.

 

Director Dpto. Derechos Humanos y Solidaridad

 

 

COMUNICADO A LA OPINIÓN PÚBLICA

 

Bogotá, 10 de junio de 2010

 

Tomado de ELSALMON - Revista Cultural

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