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El polvorín

Colombia: EN EL DPTO DEL VALLE CONTINUA EL AUMENTO DE AMENAZAS Y HOMICIDIOS DE DIRIGENTES SINDICALES Y DEFENSORES DE DERECHOS HUMANOS

14 Mayo 2010 , Escrito por El polvorín Etiquetado en #Politica

 


La república de Colombia se destaca a nivel mundial por los altos niveles de pobreza de su población y por la violación de derechos humanos a grupos poblacionales catalogados como vulnerables. En los últimos 20 años han muerto más de 70.000 personas y entre 15.000 y 20.000 han sido víctimas de desapariciones forzadas, la población civil es la más castigada en este ciclo interminable de violencia, las voces de las víctimas y sus familiares son acalladas de manera sistemática porque en la lógica de la seguridad democrática y el estado comunitario “sus testimonios socaban la verdad” frente a la versión del gobierno nacional en el sentido de que el país ha superado su época sangrienta.

Hoy cuando el capitalismo se ondea sobre la faz de la tierra y se fortalece cada día más a costa del dolor y del sufrimiento de los pueblos, producto de un modelo de desarrollo impuesto a sangre y fuego, y en especial en nuestro país cuando la historia nos pone a enfrentar un gobierno de corte fascista comprometido hasta los tuétanos con la burguesía internacional y nacional, situación que es reflejada en las tendencias reformistas de carácter regresivo que buscan terminar con el Estado Social de Derecho.

En materia reivindicativa el movimiento sindical y social ha logrado avances importantes en términos de la contradicción, confrontación, denuncia y sensibilización popular, llama poderosamente la atención las posturas jurídico constitucional con los pronunciamientos de declaratoria de inexequibilidad en temas cruciales como el referendo reeleccionista y los últimos decretos de emergencia social por parte de la Honorable Corte Constitucional, al considerarlos con grandes e inmensos vicios de materia de la reciprocidad del Estado con los convenios y tratados internacionales ratificados por Colombia en materia de los derechos constitucionales y los Derechos Humanos.

Junto a ésta política de terror, utilizando herramientas como la represión estatal, falsos positivos, desaparición forzada, homicidios extrajudiciales, y la tortura como pretexto para legitimar el aumento del pie de fuerza y en su defecto solicitar el incremento desmesurado de la destinación del presupuesto general de la nación para las fuerzas policiales y militares, de los 148.3 billones de pesos destinados como presupuesto general de la nación para la vigencia fiscal del 2010. Se destinará una partida para las La república de Colombia se destaca a nivel mundial por los altos niveles de pobreza de su población y por la violación de derechos humanos a grupos poblacionales catalogados como vulnerables.

En los últimos 20 años han muerto más de 70.000 personas y entre 15.000 y 20.000 han sido víctimas de desapariciones forzadas, la población civil es la más castigada en este ciclo interminable de violencia, las voces de las víctimas y sus familiares son acalladas de manera sistemática porque en la lógica de la seguridad democrática y el estado comunitario “sus testimonios socaban la verdad” frente a la versión del gobierno nacional en el sentido de que el país ha superado su época sangrienta.

Hoy cuando el capitalismo se ondea sobre la faz de la tierra y se fortalece cada día más a costa del dolor y del sufrimiento de los pueblos, producto de un modelo de desarrollo impuesto a sangre y fuego, y en especial en nuestro país cuando la historia nos pone a enfrentar un gobierno de corte fascista comprometido hasta los tuétanos con la burguesía internacional y nacional, situación que es reflejada en las tendencias reformistas de carácter regresivo que buscan terminar con el Estado Social de Derecho.

En materia reivindicativa el movimiento sindical y social ha logrado avances importantes en términos de la contradicción, confrontación, denuncia y sensibilización popular, llama poderosamente la atención las posturas jurídico constitucional con los pronunciamientos de declaratoria de inexequibilidad en temas cruciales como el referendo reeleccionista y los últimos decretos de emergencia social por parte de la Honorable Corte Constitucional, al considerarlos con grandes e inmensos vicios de materia de la reciprocidad del Estado con los convenios y tratados internacionales ratificados por Colombia en materia de los derechos constitucionales y los Derechos Humanos.

Junto a ésta política de terror, utilizando herramientas como la represión estatal, falsos positivos, desaparición forzada, homicidios extrajudiciales, y la tortura como pretexto para legitimar el aumento del pie de fuerza y en su defecto solicitar el incremento desmesurado de la destinación del presupuesto general de la nación para las fuerzas policiales y militares, de los 148.3 billones de pesos destinados como presupuesto general de la nación para la vigencia fiscal del 2010. Se destinará una partida para las fuerzas armadas a cubrir gastos de la seguridad democrática, es decir 21.1 billones para la guerra, lo que significa un aumento de 9.8 billones con relación a la partida conferida el año inmediatamente anterior que fue de 11.3billones.

Cifras que evidentemente para la vigencia fiscal del 2010, el rubro para la guerra está superando la destinación del presupuesto para sectores vitales como son la salud y la educación. Debemos reiterar que del ingreso del producto interno bruto - PIB se destinará el 14.2% para la adquisición y actualización tecnológica de armas, equipos, municiones y sueldo para miles de soldados. Al mismo tiempo y de manera desconcertante se observa la destinación porcentual para educar a millones de niños, niñas y jóvenes que se impone por el orden del 13.9% del PIB, lo anterior justificado bajo el embeleco de la “seguridad democrática” nombre asignado para disimular y encubrir el terrorismo de estado.

El anterior embeleco ha sido utilizado por el actual gobierno con el objetivo de aumentar el protagonismo a nivel internacional bajo el sofisma de lucha contra la insurgencia o el terrorismo como hoy el imperialismo denomina las luchas libertarias de los pueblos oprimidos, acciones delincuenciales y represivas fácilmente evidenciadas en detenciones masivas a lo largo y ancho del territorio nacional, acompañadas por los señalamientos públicos de la dirigencia sindical y popular, a los defensores de Derechos Humanos y de trabajadores de Paz, dando como resultado el alto número de sindicalistas asesinados en Colombia.

Por lo anterior cabe preguntarnos y reflexionar de manera colectiva. ¿Qué país construye su futuro, cuando sus gobernantes desconocen la inversión social y le confieren una prelación a las armas?

De acuerdo a la estadística de la Central Unitaria de Trabajadores de Colombia – CUT, en sus 23 años de la existencia, se han registrado, denunciado y documentado el asesinato de 2.756 sindicalistas, convirtiéndose este accionar criminal en verdadero genocidio contra el movimiento sindical, en sus informes reposa que en el 2009 se registraron 261 amenazas, y en los dos períodos de gobierno de Álvaro Uribe Vélez han ocurrido 591 ejecuciones extrajudiciales contra este grupo poblacional.

A nivel más general, hechos como las amenazas, atentados, desapariciones, exilios, el desplazamiento forzado, el desplazamiento forzado que asciende a más de 5.000.000 de personas internamente por la violencia, el fiel seguimiento de las políticas del imperialismo en Colombia por parte del mandatario Uribe Vélez. En el ámbito laboral el cierre de empresas y sus consecuentes despidos masivos, el recorte presupuestal para los temas cruciales de la dignidad de los colombianos como educación, salud, saneamiento básico, trabajo, vivienda, etc., permiten demostrar fehacientemente que la violación a los Derechos Humanos en Colombia ha tomado un rumbo ascendente, a lo que necesariamente se le debe añadir las últimas declaraciones de los jefes paramilitares que llaman a sus mercenarios a tomar las armas nuevamente ante el incumplimiento de los acuerdos realizados con este actual estado fascista.

Pretendiendo dar continuación a esta política antidemocrática de guerra preventiva con la postulación del ultraderechista de JUAN MANUEL SANTOS quien sostiene en plaza pública seguir violando la soberanía de los países hermanos y de esta forma abrir el camino a las tropas norteamericanas que sobre pretexto de una agresión a Colombia generar o propiciar una incursión norteamericana a cualquiera de estos países y de esta forma someter a Sur América y el resto del mundo a los designios del imperio. Quedando Colombia como un enclave político y militar en esta parte del hemisferio.

Nuestra región - el Valle del Cauca, no se escapa de esta política de guerra sucia auspiciada desde la casa de Nariño y las guarniciones militares que involucra la realización de acciones contrarias a la constitución y a la legislación nacional, representadas en ejecuciones extrajudiciales, amenazas de activistas, dirigentes sindicales, líderes sociales y Defensores de Derechos Humanos, en lo transcurrido del 2010 van 26 ejecuciones extrajudiciales de las cuales 3 de estas ocurrieron en nuestro departamento del Valle del Cauca, el último caso ocurrió en JAMUNDI (Valle) el día 4 de Mayo cuando en horas de la tarde fue asesinado en su oficina ubicada en la secretaria de transito de esa localidad, el compañero FABIAN FRANCO TIGREROS –QEPD y quien se desempeñaba como guarda de transito, ejerciendo el cargo de directivo de SINALSERPUB.

Así mismo las continuas amenazas en contra de DIEGO ESCOBAR CUELLAR, WILSON SAENZ, ALVARO VEGA, OMAR ROMERO, ejecutivos de la CUT VALLE, HENRY DOMINGUEZ, EDUAR ALVERTO VILLEGAS, Defensores de Derechos Humanos integrantes del DPTO de DDHH de esta subdirectiva de la CUT amenazas recibidas el 23 de abril de 2010 mediante panfleto firmado por las AGUILAS NEGRAS Nueva Generación, 12 días después nuevamente son amenazadas organizaciones y vuelven a nombrar algunos de los anteriores ejecutivos y defensores de DDHH de la CUT, esta fue recibida mediante mensaje de texto el cual decía textualmente:

“Nomadesc, ddhh cut, sintra unicol cric pcn la toma, buenos aires, polo hp auxiliadores de las milicias los tenemos no vamos a fallar bere o la chiqui diego escobar wilson machete jose milciades felician valencia goyes emriq licifredi edward recheche villegas senen plutarco ibes Trujillo att águilas

ANTECEDENTES

Los y las líderes y organizaciones amenazadas trabajan permanentemente en la denuncia y defensa del territorio y los derechos humanos y hacen parte de la Minga de Resistencia Social y Comunitaria. Los territorios objeto de la amenaza: Suárez, Buenos Aires, Cerro Tijeras y Morales-Cauca, son zonas estratégicas para la intervención de multinacionales como Anglo Gold Ashanty, Cosigo Resources, Unión Fenosa – Epsa hoy COLINVERSIONES, Smurfit Kappa Cartón de Colombia y Aguas de Barcelona, quienes, en asocio con grupos paramilitares se han opuesto a la resistencia de las comunidades por la defensa de sus recursos y el territorio.

SOLICITAMOS

Se desarrollen todas las acciones tendientes a proteger la vida de las personas amenazadas y dar trámite ante las instancias que sea necesario para iniciar las investigaciones pertinentes para esclarecer los hechos y dar con los responsables de las ejecuciones extrajudiciales.

Cesen las hostilidades y se nos brinden las garantías necesarias para desarrollar nuestro trabajo como líderes sindicales y sociales además de defensores de DDHH.

A todos y todas ustedes pronunciarse a la mayor brevedad y exigir al Estado Colombiano una respuesta clara y oportuna para prevenir cualquier hecho que atente contra la integridad de los miembros de las organizaciones amenazadas.

Finalmente, solicitamos a todos y todas ustedes exigir al Gobierno Colombiano tomar medidas oportunas para prevenir nuevos hechos de violación de derechos humanos en la zona.

Esperamos que las organizaciones sindicales, sociales y redes de Derechos Humanos Nacionales e Internacionales acompañen este documento con cartas de repudio y rechazo en el ánimo de mantener viva la memoria y el trabajo de nuestros compañeros y continuar en la lucha por la soberanía nacional, la democracia, la paz y el bienestar general de los y las colombianas, a las siguientes autoridades.


CENTRAL UNITARIA DE TRABAJADORES
DE COLOMBIA – CUT
Subdirectiva Valle del Cauca
Personería Jurídica No. 01118 de abril 13 de 1987
Tomado de ELSALMON - Revista Cultural

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