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El polvorín

Condena internacional al Estado colombiano por asesinato de comunicador y líder político

29 Junio 2010 , Escrito por El polvorín Etiquetado en #Politica

 

En menos de 20 años de participación política más de 3.000 integrantes de UP fueron asesinados

Manuel Cepeda Vargas, asesinado en 1994, era el último congresista elegido por la Unión Patriótica

Dos sargentos del ejército colombiano fueron declarados culpables de su asesinato

"Pudimos comprobar en carne propia que la democracia era muy estrecha y efectivamente no funcionaba, que en Colombia no se podía opinar distinto del Establecimiento y que era muy peligroso hacer política por fuera de los partidos tradicionales". Así lo expresó Imelda Daza Cote[1], una de las sobrevivientes del exterminio del partido político Unión Patriótica (UP).

Una de las pruebas más dolorosas de la veracidad de estas declaraciones fue el asesinato el 9 de agosto de 1994 de Manuel Cepeda Vargas, quien en ese entonces era el último congresista elegido por la UP y durante más de dos décadas director del periódico 'Voz Proletaria'.

Luego de 16 años de ocurridos los hechos, el pasado 22 de junio la Corte Interamericana de Derechos Humanos[2] notificó formalmente la sentencia en la que condena internacionalmente al Estado colombiano por la ejecución extrajudicial de Manuel Cepeda Vargas. Según la Corte, está probada la responsabilidad del Estado por la violación de los derechos a la vida, integridad personal, libertad de expresión, honra y dignidad, libertad de circulación y residencia, garantías y protección judiciales, derecho de asociación y derechos políticos.

La sentencia, en esta oportunidad de un tribunal internacional, se suma a la dictada en días pasados por la justicia colombiana contra un coronel del ejército por la desaparición de once personas en 1985, durante la toma del Palacio de Justicia por la guerrilla del M-19 y la retoma por parte de los militares. Podría afirmarse que estas sentencias abren el camino para el juicio público a las decisiones adoptadas por algunos miembros

 

 

La sentencia del CIDH y la tomada por la justicia colombiana contra un coronel abren el camino para juzgar las decisiones del gobierno y sus fuerzas de seguiridad

 

 

del Gobierno colombiano y sus fuerzas de seguridad, quienes en su afán por obtener resultados militares, incurrieron en el atajo de la guerra sucia. Ahora, la imprescriptibilidad de los delitos de lesa humanidad y las obligaciones internacionales son herramientas contra el olvido y reivindican el derecho a la verdad de las víctimas de los crímenes de Estado.

Contexto: el exterminio de la UP
La Unión Patriótica (UP) nació como organización política en 1984, en el marco del proceso de paz entre el Gobierno de Belisario Betancur y la guerrilla de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia – Farc. Esta iniciativa pretendía que los insurgentes se reintegraran a la vida civil, garantizando su participación política en coordinación con diferentes movimientos de la sociedad civil integrados por sindicalistas, estudiantes, profesores, intelectuales y sectores que simpatizaban con la izquierda democrática.

Frente al éxito alcanzado por la UP en las elecciones de 1986, las primeras en las que participaba (5 senadores, 9 representantes a la Cámara, 14 diputados, 23 alcaldes y 351 concejales), diferentes sectores políticos, militares y económicos cerraron filas en torno al objetivo común de bloquear el avance de esta nueva expresión electoral. Esta reacción desembocó en una de las mayores vergüenzas de la historia reciente de Colombia: el genocidio de la Unión Patriótica. En menos de veinte años de participación política, fueron asesinados más de 3.000 integrantes de este movimiento, incluidos 2 candidatos presidenciales y 13 congresistas, dentro de ellos, Manuel Cepeda Vargas. Se ha denunciado internacionalmente que muchos de estos crímenes fueron cometidos por miembros de las fuerzas de seguridad del Estado, en alianza con grupos paramilitares.

Manuel Cepeda, el último congresista de la UP
Manuel Cepeda denunció en 1993 la existencia del plan 'Golpe de Gracia', cuyo objetivo era eliminar a los miembros de la UP y que, según sus informaciones, estaba dirigido por el alto mando militar. A pesar de la gravedad de las denuncias, algunos voceros del Gobierno las calificaron como estrategias electorales de la izquierda.

Al año siguiente, en agosto de 1994, Manuel Cepeda fue asesinado por dos militares. Un juez penal de Bogotá condenó a los sargentos Hernando Medina Camacho y Justo Gil Zúñiga, pertenecientes a la Brigada IX del ejército, como coautores del asesinato, mientras absolvió al jefe paramilitar Carlos Castaño.

 

Manuel Cepeda fue asesinado un año después de denunciar un plan para eliminar a miembros de UP dirigido por el alto mando militar

 

Paradójicamente, el día de su asesinato, Manuel Cepeda se dirigía a la sede del Congreso a participar en el debate sobre la aprobación del Protocolo II de Ginebra, relativo al Derecho Internacional Humanitario. El 10 de diciembre de 2008, el Consejo de Estado condenó a la Nación por omisión en la protección de Cepeda, ordenando el pago de indemnizaciones por los perjuicios causados a sus familiares. En múltiples oportunidades, el Estado colombiano ha sostenido que este homicidio fue cometido por el narcotráfico y la delincuencia común.

Actualmente Iván Cepeda, hijo del asesinado dirigente político, es el director del Movimiento de Víctimas de Crímenes de Estado – MOVICE, y a partir del próximo 20 de julio se desempeñará como parlamentario.

El camino a la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos
El 14 de noviembre de 2008, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos presentó ante la Corte una demanda contra el Estado colombiano (caso 12.531) por negar el derecho a la justicia en el caso del asesinato de Manuel Cepeda. Este caso fue desglosado por la Comisión del caso 11.227, relativo al asesinato de miembros de la 'Unión Patriótica'. El 25 de julio de 2008 la Comisión aprobó el Informe de Fondo en el que hizo unas recomendaciones al Estado, entre ellas adelantar una investigación imparcial y exhaustiva con el fin de juzgar y sancionar a todos los responsables materiales e intelectuales de la ejecución extrajudicial del Manuel Cepeda Vargas. El Estado colombiano manifestó su disconformidad frente a estas recomendaciones. El 14 de noviembre de 2008 la Comisión sometió el presente caso a la jurisdicción de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

El 27 de enero de 2010 se realizó la audiencia ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en San José de Costa Rica. Ese día, los representantes del Estado pidieron perdón a las víctimas por los hechos y reconocieron la responsabilidad internacional, pero negaron que el crimen haya sido parte de una política de Estado.

La Corte Interamericana emitió su sentencia el 26 de mayo, y la notificó oficialmente el 22 de junio. La condena contra el Estado contempla como medidas de reparación, entre otras, ofrecer perdón en una ceremonia pública en el Congreso de  la República y una indemnización económica. Viviana Krsticevic, Directora Ejecutiva de CEJIL afirmó que "la sentencia de la Corte es muy relevante para la actualidad colombiana, pues obliga al Estado a garantizar la voz de políticos y comunicadores de oposición y requiere que las autoridades se abstengan de hacer declaraciones que estigmaticen y pongan en riesgo a políticos o periodistas”.

 

La sentencia contempla como medidas de reparación, entre otras, ofrecer perdón en una ceremonia pública y una indemnización económica

 

En un comunicado, la Cancillería colombiana afirmó que "la decisión limitó el análisis jurídico a los hechos de los cuales fue víctima el Senador Manuel Cepeda y las medidas de reparación, a sus familiares directos. Los aspectos relacionados con la Unión Patriótica seguirán siendo discutidos en el foro de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en el marco del cual se tramita este caso colectivo". En el mismo sentido se pronunció el vicepresidente Francisco Santos, al indicar que el fallo hace una separación absoluta entre el homicidio de Manuel Cepeda y el exterminio de la UP. A otra conclusión llegan los demandantes, quienes consideran que esta sentencia abre el camino para que se haga justicia en cientos de asesinatos, teniendo en cuenta que la sentencia de la Corte hace referencia a un patrón de conductas y una "comunidad de prueba" frente a los crímenes cometidos contra los miembros de la UP (párr. 119 y 120 de la sentencia).

El perdón que no pidió el presidente Uribe
La sentencia de la Corte ordena al Estado realizar un acto público de reconocimiento de responsabilidad internacional haciendo referencia a los hechos propios de la ejecución del Senador Manuel Cepeda Vargas, cometida en el contexto de violencia generalizada contra miembros de la UP, por acción y omisión de funcionarios públicos.

Transcurridos ocho años de su mandato, no debería causar extrañeza la displicencia y arrogancia del presidente Álvaro Uribe frente a las recomendaciones, sentencias e informes sobre derechos humanos en Colombia. Esta actitud se prueba una vez más con sus declaraciones frente a esta nueva condena internacional contra el Estado colombiano.

En un discurso que evade la responsabilidad concreta que le compete al Estado y por el que fue condenado, Álvaro Uribe dijo: "Yo no puedo decir que el Estado asesinó al senador Cepeda o al uno o al otro. Lo que sí puedo decir es que lo asesinaron”.

 

  

Movimientos de víctimas reprochan a Uribe no acatar los términos de la sentencia

 

 

 Agregó más adelante, en un implícito señalamiento de falsas acusaciones en contra del Estado, que "hay que tener en cuenta una cosa: no se puede implorar, exigir a la justicia internacional que obligue al Estado colombiano a pedir perdón y al mismo tiempo adelantar falsas acusaciones, proceder con odio a maltratar injustamente a compatriotas, a maltratar injustamente la honra de los gobiernos. Eso es muy grave. Porque es tan grave el crimen físico como el crimen moral. Entonces en eso hay que tener mucho cuidado".

Indignados por estas declaraciones, el MOVICE y el Colectivo Alvear Restrepo enviaron una carta al mandatario, donde le reprochan no acatar los términos de la sentencia y que no haga el reconocimiento de la responsabilidad estatal por el crimen contra Manuel Cepeda Vargas. Agregan que la autenticidad de una petición de perdón en situaciones en las que se han cometido crímenes contra la humanidad, requiere que se admita sin ambigüedad la verdad de los hechos, la demostración de la voluntad para esclarecerlos y la enunciación de los destinatarios de la petición. Consideran que el aspecto más deplorable de las declaraciones de Álvaro Uribe es que no contienen una solicitud auténtica de perdón, y en realidad encubren un nuevo agravio a las víctimas, con expresiones tales como: "No se puede exigir a la justicia internacional que obliguen (sic) al Estado a pedir perdón, y al mismo tiempo adelantar falsas acusaciones".

Esta carta finaliza recordándole al presidente Uribe que en este caso le cabe responsabilidad personal, por la creación de las empresas de seguridad Convivir, con las cuales se estimuló el surgimiento de las Autodefensas Unidas de Colombia, el mismo grupo ilegal que asesinó al senador Cepeda en complicidad con miembros del Ejército Nacional. También recuerdan que Álvaro Uribe nombró a uno de los presuntos autores de este crimen, José Miguel Narváez, como subdirector del DAS (policía secreta estatal).

Según el periodista Antonio Caballero, "este Gobierno tiene una rara capacidad para invertir la realidad, como en un espejo: para acusar a los acusadores, culpabilizar a los inocentes, inocentar a los culpables, defender a los victimarios contra sus víctimas".

Lo que pasó en 1994 y lo que sigue pasando en 2010
Esta sentencia marca un referente importante en la obligación de los Estados de respetar y proteger a sus opositores políticos. Al estudiar el caso de Manuel Cepeda, la Corte analizó los siguientes temas, Actualmente 2.351 ejecuciones extrajudiciales de campesinos y jóvenes de las clases menos favorecidas están siendo investigados, involucrándose a militares activos como presuntos responsablescompletamente vigentes en Colombia, y que por lo demás, el Estado se niega a aceptar:

Utilización de la investidura oficial y recursos del Estado por parte de agentes estatales para cometer violaciones a los derechos humanos

Caso Manuel Cepeda. Uno de los fundamentos para condenar al Estado por la ejecución extrajudicial de Manuel Cepeda, se basa en la utilización de la investidura oficial y recursos públicos para cometer las violaciones a los derechos humanos. La participación de militares activos y el pago de una recompensa por este crimen fueron tenidos en cuenta por la Corte al momento de considerar que la complejidad de los hechos hace implícita la participación de oficiales superiores en la planeación y ejecución del asesinato de Cepeda.

Actualidad. Aproximadamente 2.351 ejecuciones extrajudiciales (mal llamados 'falsos positivos') de campesinos y jóvenes de las clases sociales menos favorecidas están siendo investigados, involucrándose a militares activos como los presuntos responsables. Los procesos judiciales por estos hechos ya comienzan a evidenciar síntomas de dilación. Tampoco se han hecho esperar las intimidaciones de altos funcionarios, que por un lado descalifican a las víctimas y, por otro, en lugar de garantizar la verdad y la justicia por estos crímenes, proponen la creación de equipos de asesores legales que con recursos públicos, defenderán a los implicados en estos hechos.

Cuestionable idoneidad de las medidas estatales de protección

Caso Manuel Cepeda. Para la Corte se encuentra probada la actitud omisiva del Estado frente a las solicitudes de protección. En el mismo sentido se pronunció el Consejo de Estado, cuando encontró "comprometida la responsabilidad de la administración, a través del Ministerio de Defensa y el DAS, en la medida en que dichas instituciones no atendieron en forma suficiente los deberes constitucionales y legales de protección que les eran propios, pues no se tomaron las medidas idóneas de seguridad para proteger la vida del extinto Aún siguen descubriéndose casos de persecuciones ordenadas desde el interior de la policía secreta colombiana a políticos, magistrados y periodistasSenador". Manuel Cepeda rechazó el ofrecimiento de protección del DAS, debido a que "en varios casos las amenazas se originarían en las propias fuerzas de seguridad".

Actualidad. El reciente escándalo de los seguimientos ilegales a políticos, magistrados y periodistas por parte del DAS reflejan la continuidad del comportamiento represivo de quienes dirigen los cuerpos de seguridad, llegando inclusive a compararse con el famoso escándalo del Watergate.

A modo de ejemplo, la periodista Claudia Julieta Duque fue cobijada por el programa de protección estatal luego de recibir serias amenazas contra su vida y la de su familia. Luego pudo probarse que el mismo personal encargado de brindarle seguridad era quien desarrollaba tareas de inteligencia en su contra, además de constatarse la existencia de un manual con instrucciones para amenazar a la periodista. Como éste, aún siguen descubriéndose casos de persecuciones ordenadas desde el interior de la policía secreta colombiana.

Límites a las declaraciones de funcionarios públicos, cuando incrementan el riesgo de personas o colectividades

Caso Manuel Cepeda. Durante la campaña para la reelección presidencial de Álvaro Uribe en 2006, se emitió una publicidad en las que se relacionaban a los miembros de la UP con la guerrilla de las Farc. En su momento, diferentes organizaciones de derechos humanos interpusieron un recurso de amparo en contra de esta publicidad, que fue decidido por la Corte Constitucional en la sentencia T-959 de 2006. La Corte Interamericana tuvo en cuenta este pronunciamiento de la justicia colombiana, condenando por esta manifestación al Estado colombiano por "violación al buen nombre y a la dignidad de Iván Cepeda Castro", hijo del inmolado comunicador y dirigente político.

Actualidad. En múltiples oportunidades altos funcionarios gubernamentales han acusado públicamente a distintas personas, por lo general defensores de derechos humanos o periodistas, de pertenecer o cohonestar con grupos terroristas. Uno de los casos de mayor resonancia es el del periodista Hollman Morris, acusado de ser "amigo del terrorismo" por el presidente Uribe. Sobre esta clase de declaraciones se pronunció la Relatora Especial para la Libertad de Expresión de la OEA, afirmando que el poder del discurso de altos funcionarios públicos, al acusar a algunos periodistas de pertenecer a las Farc, impacta negativamente en la libertad de expresión y en la imagen que muchos ciudadanos tienen de esos periodistas.

Justicia y cárceles civiles para militares comprometidos con delitos de lesa humanidad

La Corte Interamericana mencionó que en ningún caso debe ser una instancia distinta a la justicia civil la que juzgue a militares que están comprometidos con hechos de lesa humanidad. También afirma que deben ser recluidos en cárceles civiles y no en guarniciones militares.

Caso Manuel Cepeda. Lo anterior obedece a que se verificó que los dos militares condenados por el asesinato de Manuel Cepeda cumplieron parte de sus penas en un centro de reclusión ubicado en el interior de una base militar. Según la Corte, estos militares participaron en otros delitos antes y después de la muerte de Cepeda Vargas, mientras eran miembros activos del Ejército. Incluso, agrega la Corte, el Estado reconoció que mientras estaban privados de libertad los sargentos participaron en una operación militar que derivó en otra sanción disciplinaria para ellos y para un teniente coronel, quien fue destituido.

Actualidad. El coronel Alfonso Plazas Vega fue recientemente condenado por la desaparición de once personas en noviembre de 1985, durante los combates por recuperar el control del Palacio de Justicia tomado por la guerrilla del M-19. A pesar de que la juez que dictó la sentencia ordenó el traslado del coronel Plazas a una cárcel civil, éste se encuentra en una guarnición militar.

Por otra parte, Álvaro Uribe y el presidente electo Juan Manuel Santos han defendido el fortalecimiento de la justicia militar. El abogado Rafael Barrios, del Colectivo José Alvear Retrepo, manifestó que existe "una jurisprudencia reiterada de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el sentido de que la Justicia Penal Militar debe circunscribirse a los delitos típicamente militares y, de ninguna manera, a crímenes de lesa humanidad, a violaciones graves de derechos humanos, pero, como ya se dijo anteriormente, el Estado colombiano no puede ir en contra de los parámetros internacionales".

Libertad de expresión y derechos políticos

Caso Manuel Cepeda. La Corte resaltó que "las voces de oposición resultan imprescindibles para una sociedad democrática, sin las cuales no es posible el logro de acuerdos que atiendan a las diferentes visiones que prevalecen en una sociedad". Agregó luego que "si bien puede considerarse que aún bajo amenazas el Senador Cepeda Vargas pudo ejercer sus derechos políticos, libertad de expresión y libertad de asociación, ciertamente fue el hecho de continuar ejerciéndolos lo que conllevó su ejecución extrajudicial".

Actualidad. Cada vez son más frecuentes los casos de amenazas, intimidaciones, acciones penales y en la peor de las circunstancias, asesinatos, de quienes ejercer su derecho a expresarse libremente para participar activamente en la construcción de una opinión pública bien informada. Como uno de los ejemplos más recientes y lamentables, se encuentra el crimen del periodista Clodomiro Castilla, quien desde su periódico denunciaba constantemente los vínculos de políticos y empresarios de su región con grupos paramilitares. También obedecen a este patrón de presiones el de algunos congresistas, que por su postura abiertamente opositora al Gobierno, han sido vinculados a procesos judiciales.

Lo anterior sólo equivale a algunos temas abordados con la Corte y en los que se puede ver su reflejo en la actualidad. Hay otros, como la utilización de la extradición como mecanismo de impunidad de los delitos cometidos por los paramilitares y sus vínculos con políticos.

Uribe dice que pide perdón por un crimen que no fue cometido durante su Gobierno. ¿A qué presidente le corresponderá pedir perdón por los crímenes cometidos durante los 8 años de presidencia de Álvaro Uribe Vélez?


[1] Imelda Daza Cotes fue concejal por la Unión Patriótica, y actualmente está refugiada en Europa. Su testimonio fue publicado en 'El Baile Rojo', publicación de Yezid Campos.

[2] La Corte Interamericana de Derechos Humanos, con sede en San José de Costa Rica, es un órgano judicial autónomo de la Organización de los Estados Americanos (OEA). El objetivo de la Corte es la aplicación e interpretación de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Por su parte, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, con sede en Washington D.C., presenta ante la Corte los casos de presuntas violaciones a los derechos humanos ocurridas en los Estados que han reconocido la competencia de este Tribunal.

 

Andrés Monroy Gómez es investigador del Grupo
'Derecho Ciudadano a la Información'

 

 

Ver tambien:

 

Sentencia 26 de Mayo 2010


CORTE-INTERAMERICANA-DERECHOS-HUMANOS-2010-CASO-MANUEL-CEPEDA-VARGAS.pdf

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