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El polvorín

Corrientes: Una ley hecha a medida de los intereses arroceros

17 Agosto 2010 , Escrito por El polvorín Etiquetado en #Politica

Amparo contra la norma que habilita el desmonte de la cuenca del ayuí

Una ley hecha a medida de los intereses arroceros

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La Fundación Reserva del Iberá presentó un amparo contra la Ley de ordenamiento de los Bosques Nativos de la Provincia de Corrientes por entender que estaba hecha a la medida de “intereses arroceros”.
Un amparo similar había logrado que la justicia declarara inconstitucional y nulo el decreto 1439 de Ordenamiento Provincial de los Bosques Nativos, firmado por el ex gobernador Arturo Colombi, y que permitía el desmonte en la cuenca del Arroyo Ayuí de modo que el vicepresidente de Clarín, José Aranda y su socio George Soros, puedan inundar una superficie equivalente a la mitad del territorio de la Ciudad de Buenos Aires para extender su explotación arrocera.
El texto de la nueva ley, denunció la Fundación Reserva del Iberá, es una copia exacta del decreto declarado institucional, sancionado gracias a “la bajada de línea” en la Cámara de legisladores provincial.
En este sentido la presidenta de la comisión de Ecología y Ambiente, de la Cámara de Diputados de la provincia de Corrientes, María Inés Fagetti de Mansutti, consideró que el proyecto de ley aprobado es “una ley de desprotección de los bosques nativos y coincide con que está hecha a la medida de los arroceros que quieren erigir una presa en el Departamento de Mercedes y tomar aguas del Arroyo Ayuí para irrigar unas 18 mil hectáreas de arroz”.
El amparo presentado por al Fundación Reserva del Iberá considera, entre otras cosas, que la ley hecha a medida de Aranda y Soros, no preserva los bosques ribereños que son claramente señalados como “protectores de cuenca”.
En la misma línea, el licenciado en biología Aníbal Parera advirtió, en un artículo publicado en mayo pasado en un un medio correntino, que al impulsar esta polémica normativa, el gobierno provincial ignoró las sugerencias técnicas realizadas por un equipo de 23 organizaciones locales y de otras partes de la Argentina, en ocasión de las audiencias públicas realizadas para analizar las implicancias que el entonces proyecto de ley acarrearía.

 

Tiempo Argentino

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