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El polvorín

Costa Rica: El Engaño de Crucitas / The Crucitas Game

19 Noviembre 2010 , Escrito por El polvorín Etiquetado en #Politica

El Engaño de Crucitas

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Es asombroso que una de las primeras cosas que aparecen en las páginas web de las compañías mineras es el cuento de cómo contribuyen al medio ambiente de una manera justa y sostenible. Es igual de sorprendente cuánta gente cree en esas mentiras. En Costa Rica, tierra de los "bosques eternos" y el país modelo de la sostenibilidad ecológica, la actual presidenta, Laura Chinchilla, se puede incluir en ese grupo de personas. Afirma, el día después de que el país ha prohibido a los nuevos proyectos de minería a cielo abierto, que ha llegado el momento para que las zonas terrestres protegidas deben ser desarrollados.

 

" Cuando ponemos en Costa Rica el mapa de las zonas protegidas y encima ponemos el mapa de la pobreza, las dos coinciden. Eso quiere decir que, si bien ha sido muy hermoso que Costa Rica haya luchado por su sostenibilidad y que haya logrado proteger muchas regiones, no es justo que a los habitantes de esas zonas no se les hayan dado oportunidades de desarrollo. Ellos son los que están llevando sobre sus espaldas el costo del modelo de sostenibilidad de Costa Rica. Por eso es que yo necesito que... personas como ustedes nos ayuden a levantar la voz contra algunos grupos radicales, que no quieren proteger el medio ambiente (aplausos del público), porque esos grupos no están pensando en la protección del medio ambiente, quisieran hacer de Costa Rica un museo de historia natural, en donde está la naturaleza exhibiéndose, muerta, porque los hombres no tienen oportunidades de vida en esas regiones. Si en algo tiene sentido cuidar la naturaleza es para que la gente que viva en ella pueda tener mayor bienestar ". Pres.Chinchilla, 10 de noviembre 2010

 

Afortunadamente, los "grupos radicales" que menciona Chinchilla, abarcan la gran mayoría del país. De hecho, el porcentaje de costarricenses que están en contra de la minería de oro a cielo abierto es de entre 80-90%. Esperemos, entonces, que estas personas actúan en contra de estas afirmaciones absurdas. Hasta ahora, los grupos de oposición (incluyendo estudiantes de todas  edades, abogados, miembros del Departamento de Hacienda, miembros del clero, e incluso la Asamblea Legislativa, y los tribunales de la Ley) han hecho varias marchas que abarcan casi la longitud del país, han llevado a cabo un ayuno huelguista durante más de 25 días, han escrito innumerables cartas e informes, han presentado demandas y han organizado conciertos para exigir que la presidenta Chinchilla anule los permisos para la operación minera. Hasta el momento, 17 años después de que comenzó el proyecto, sólo han logrado suspensiones temporales de Crucitas.

 

Para que la minería a cielo abierto de Crucitas puede operar, por lo menos 15 mil árboles serán destruidos en un bosque primario. La minería a cielo abierto consiste en explotar la parte superior de la montaña rica en recursos naturales (en este caso, el oro), utilizando dinamita, excavar pozos enormes con maquineria pesada, luego, utilizando químicos tóxicos, incluyendo cianuro, empiezan a lavar el oro de lo que queda de la montaña. Entre estos 15.000 árboles es el árbol de almendro amarillo, el hogar de la lapa verde, y estos dos se encuentran en la lista de especies amenazadas en peligro de extinción, junto con sesenta otras especies amenazadas nativas de la zona. La operación minera requiere de más de 30.000 litros de agua por hora y requiere el transporte y el almacenamiento del cianuro, letal en dosis de 200 ppm para los mamíferos grandes, y letal para la vida acuática en dosis tan pequeñas como 0,1 mg / L. Una sopa tóxica es necesario para procesar el polvo (lixiviación) que era la montaña con el fin de extraer el oro, y esta sopa tóxica se puede arrastrar fácilmente hacia los ríos por las lluvias extensas del país y lugares lejanos con los vientos fuertes. También pueden escapar metales pesadas y gases radiactivas que la montaña contiene en su interior sin que lo sepamos. Otro punto temeroso es que la mina Crucitas está situado cerca del río San Juan (frontera natural con Nicaragua y hogar de los tiburones toro y un gran número de otros animales) que sale directamente al Mar Caribeño en menos de 100 millas.

 

Corrientemente, la Corte Suprema de Costa Rica (Sala IV) está tratando de comprobar si los permisos para la explotación concedida a la empresa minera son legales. (Esta es la segunda demanda presentada en contra del proyecto, y durante el juicio todas las actividades mineras se detienen temporalmente.) Desde 1993, la zona minera ha sido propiedad de las empresas mineras canadienses que, en 2001, creó un filial en Costa Rica con el fin de eludir una ley que restringía la minería solamente a las empresas nacionales. La compañía, Infinito Gold / Industrias Infinito, llevaron a cabo su informe de impacto ambiental un año DESPUÉS de que la autorización fue concedida, y aunque ellos dicen en su página web que son 100% costarricenses, en realidad son financiados, administrados y controlados por la compañía canadiense. El punto principal que se argumenta en el juicio presente entre las organizaciones del medio ambiente (incluyendo Aprefloflas, UNOVIDA, Procuraduría Ambiental) y el Infinito es si el proyecto minero es del mejor interés del país, es decir, si el impacto ambiental de la minería a cielo abierto ofrece más beneficios que daños  a Costa Rica o no. Un punto importante es que la comisión de las ganancias de la mina que se mantienen en Costa Rica son del 2%--o sea, el 98% de lucros van a Canadá.

 

La mayoría de las personas que han oído hablar de Costa Rica saben del "eco-turismo" y de hecho ésta es una de las principales industrias en el país, ofreciendo miles de puestos de trabajo a los locales, y recurriendo a casi $ 2 mil millones cada año a la economía local. Obviamente hay problemas en el mercado de eco-turismo (por ejemplo excursiones por cable a través de la selva tropical, que requieren la tala de árboles para instalarse), pero en su mayor parte se basa en un amor por la naturaleza y requiere que la flora y fauna sólo se dejan como están para que los turistas de todo el mundo puede disfrutar de lo poco de la vida salvaje que queda en nuestro mundo industrial. Por alguna razón, sin embargo, el presidente Chinchilla sostiene que el tiempo de conservación de la naturaleza ya pasó, y ya es hora, en cambio, para el desarrollo.

 

Aparte del medio ambiente, la razón principal aducida para permitir que Crucitas  se mantenga en operación es el dinero: los gastos de cancelación de los permisos y pago de los daños económicos a Infinito son supuestamente demasiados altos para que la administración los puede considerar. Entre 1993 y 2008 solamente, se estima que 34 millones dólares se habían gastado en la investigación, el equipo y la exploración de la zona de Crucitas, por las empresas canadienses.  Por lo tanto, si permite que el proyecto se canceló, la empresa demanda esta cantidad y más pagado en retribución. Afortunadamente, Costa Rica tiene una historia de negarse a pagar las empresas privadas para su explotación dañosos a la tierra, y no hay razón por la que no se puede volver a hacer. En 1997, Harken Energy Co. (propiedad de George W. Bush en un momento dado) comenzó a explorar proyectos de hidrocarburos en Costa Rica y cuando sus declaraciones de impacto ambiental fueron rechazadas por la administración, éste demandó al país por $ 57 mil millones (¡más del PIB del país entero!) en daños y perjuicios. Después de involucrar a organizaciones de comercio internacionales, y  furioso de que Costa Rica acatara a sus propias leyes ambientales, Harken trato de negociar con Abel Pacheco, presidente en ese entonces, y éste le contestó que Costa Rica no tendría que pagar nada del dinero exigido. Él simplemente se negó a reconocer sus decisiones.

 

Una carta escrita directamente a la Presidenta Chinchilla por uno de los huelguistas de hambre, David Rojas, en respuesta a sus declaraciones resume la situación actual así:

 

“Me temo, Presidenta Chinchilla, que usted no ha reparado en la composición de la masa popular que se opone a la industria química minera. Sus declaraciones están llenas de una lamentable violencia. Si el 90% de la población nacional, son radicales que usted pretende combatir incitando a las cámaras empresariales como lo hizo en San Carlos, nos está vaticinando un evento muy particular de la historia, que suele tener resultados imprevisibles."

 

En otras palabras, si radicales es lo que pensás que somos, entonces tal vez como radicales deberíamos  comportarnos.

 

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The Crucitas Game


It is amazing how one of the first things listed on the websites of mining companies is their history of contributing to the environment in a just and sustainable manner. It is equally amazing how many people believe these lies. In Costa Rica, land of the “eternal rainforests” and beacon of ecological sustainability, the current President, Laura Chinchilla, can be included in that group of people. She claims, the day after the country has banned new open-pit mining projects, that the time has come for the protected land areas to be developed.

 

“It is not fair that the people living near those zones have not been given the opportunities that come with development. They are the ones who are carrying on their shoulders the weight of the model of sustainability in Costa Rica. That's why I need...people like you to help us speak out against radical groups, who want to protect the environment (applause), because these groups...would like to make Costa Rica a natural history museum, where nature is on display, dead, because men have no chance of living in these regions. If there is any reason to take care of nature it is so that the people there can live comfortably Pres. Chinchilla, Nov. 10, 2010

 

Fortunately, the “radical groups” that Chinchilla speaks of, encompass the overwhelming majority of the country. In fact, the percentage of Costa Ricans that are against the Crucitas open-pit gold mine is between 80-90%. Let us hope, then, that these people act out against these absurd statements. So far, opposition groups (including students of all ages, lawyers, members of the Dept. of Treasury, clergy, and even the Legislative Assembly, and courts of Law) have led several marches spanning almost the length of the country, have held hunger strikes lasting over 25 days, have written innumerable letters and reports, have filed lawsuits and have organized concerts to demand that President Chinchilla annul the permits for the mining operation. As of yet, 17 years after the project began, only temporary halts in operation have occurred.

 

In order for the open-pit mining of Crucitas to operate, at least 15,000 trees will be destroyed in a primary forest. Open-pit mining consists of blowing off the top part of the resource-rich mountain (in this case, gold) using dynamite, excavating huge pits with heavy machinery, then using toxic chemicals, including cyanide, to wash apart the gold from the mountain remains.  Among these 15,000 trees is the yellow almond tree, home to the green macaw parrot, both of which are found on the list of endangered species threatened with extinction, along with sixty other endangered species native to the area. The mining operation requires  over 30,000 liters of water per hour and requires the transport and storage of cyanide, lethal in doses of 200ppm to large mammals, but lethal to aquatic life in doses as small as 0.1 mg/L. A toxic soup is required to process the dust that was the mountain in order to extract the gold, and this toxic soup is easily washed down due to the country´s extensive rainfall and heavy winds. A frightening addition to this point is that the Crucitas mine is located near the San Juan river (natural border with Nicaragua) which feeds directly into the Caribbean Ocean within less than 100 miles, and is home to bull sharks and a plethora of other animals.

 

Currently,  the Supreme Court of Costa Rica (Sala IV) is attempting to prove whether the permits for exploitation granted to the mining company are legal. (This is the second lawsuit filed against the project, and during the trial all mining activities are temporarily halted.) Since 1993, the mining zone has been owned by Canadian mining companies who, in 2001, created a Costa Rican subsidiary in order to bypass a law restricting mining to only national companies. The company, Infinito Gold/Industrias Infinito, conducted their environmental impact report one year after the permit was granted, and though they claim on their website to be 100% Costa Rican, they are financed, managed and controlled by the Canadian company. The main point being argued in the current trial between the environmental organizations (including Aprefloflas, UNOVIDA, Procuradoría Ambiental) and Infinito is whether the mining project is in the best interest  of the country, i.e. whether the environmental impact of the open-pit mining outweighs the benefits it gives to Costa Rica or not.

 

Most people who have heard of Costa Rica think of “eco-tourism” and in fact this is one of the main industries within the country, offering thousands of jobs to locals, and bringing in almost $2 billion each year to the local economy. Obviously there are problems within the eco-tourism market (exemplified by cable tours through the rainforests, that require chopping down trees to install them) but for the most part it is based on a love for nature and requires that the flora and fauna just be left alone so that tourists from all over the world may enjoy the little bit of wildlife that is left in our industrial world. For some reason, however, President Chinchilla argues that the time for nature preservation is over, and it is time, instead, for development.  

 

Environment aside, the main reason given for allowing Crucitas to maintain in operation is money:  the costs of canceling the permits and paying the damage fees to Infinito are supposedly too high for the current administration to consider them. From 1993 to 2008 alone,  it was estimated that $34 million had been spent on research, equipment and exploration of the Crucitas area, by the Canadian companies. Therefore, if the project´s permits were cancelled, the company would demand this amount and more to be paid in retribution. Fortunately, Costa Rica has a history of refusing to pay private companies for their exploitative damages to the land, and there is no reason they cannot do so again.  In 1997, Harken Energy Co. (owned by George W. Bush at one point) began exploring crude oil projects in Costa Rica and when their environmental impact statements were rejected by the administration, they sued the country for $57 billion in damages. After involving international trade organizations, furious that Costa Rica was enforcing its own environmental laws, Harken was told by Abel Pacheco, the president at the time, that Costa Rica would not be paying any of the demanded money. He simply refused to acknowledge their decisions.

 

A letter written directly to the President by one of the hunger strikers, David Rojas, in response to her statements sums up the current situation well:

 

“I'm afraid, President Chinchilla, that you have not noticed the composition of the masses who oppose the mining industry. Your statements are full of a lamentable violence. If 90% of the population are radicals that you intend to fight by inciting chambers of commerce as you did in San Carlos, you are creating a very particular event in history, which often will have unpredictable results.”

 

In other words, if radicals is what you think we are, then maybe as radicals we should behave.

 

 

Enviado por Croar de Ranas

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