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El polvorín

¿De quien es la tierra en Uruguay?

20 Mayo 2011 , Escrito por El polvorín Etiquetado en #Politica


¿De quienes son los campos uruguayos?

A comienzo de los noventa comenzaron a darse en nuestro país crecientes procesos de concentración y extranjerización de tierra que en los últimos años se han profundizado. 

Con motivo de abrir un debate público sobre esta problemática, recientemente la Comisión Nacional de Fomento Rural organizó un taller que contó con la presencia de diversos actores políticos y académicos. 

En base a la presentación del Ing. Agr. Diego Piñeiro, realizamos el siguiente informe sobre este asunto que consideramos debería tener mayor discusión a nivel de toda la sociedad en su conjunto. 

Antecedentes y evolución del proceso  

Dos factores dieron impulso al proceso de concentración y extranjerización: por un lado un fenómeno global del siglo XXI enmarcado entre otras cosas en la demanda de los países emergentes, los cambios tecnológicos, los precios de los alimentos y fibras, los precios de la energía (biocombustibles). Por otra parte, los que significó la particularidad de los cambios institucionales en el Uruguay de comienzos de los noventa, entre ellos básicamente los beneficios otorgados por la ley forestal de 1987, la modificación de la ley de arrendamientos  (1994), el levantamiento de la inhibición a las Sociedades Anónimas (1999) y la Ley de Promoción de las inversiones extranjeras (1998). 

La intensificación del proceso en nuestro país comenzó básicamente durante la crisis de 2002. En esa oportunidad “se desató una fuerte presión compradora sobre la tierra de los campos uruguayos, lo cual provocó un aumento en el valor de los mismos”, dice Piñeiro.  

De esta manera comenzaron a ganar terreno la producción de soja y otros cultivos de secano y la forestación. 

 Entre 2007 y 2009 se concretó la mayor cantidad de operaciones de venta y arrendamiento de tierras de la década. Mientras que en el año 2000 el precio de transacción promedio por hectárea era de U$S 448, en 2010 llegó a más de U$S 2.500. 

Las tierras aptas para agricultura de secano son las que cotizan a mayor valor: se paga un promedio de U$S 227 por hectárea en los casos de arrendamientos. En  los últimos días, la Dirección de Estadísticas Agropecuarias del MGAP dio a conocer un informe sobre precios de arrendamientos en el segundo semestre de 2010, del cual surge que el precio de los mismos aumentó un 19 % con respecto al primer semestre de 2010 y del 37 % con relación al segundo semestre de 2009. Cabe destacar que unas 65 mil hás se arrendaron a un precio promedio de U$S 374 al año. 

 En la primera década del siglo XXI, las operaciones de arrendamiento sumaron el 36% del total de superficie agropecuaria del país (16.000.000 hás). Por otro lado, el total de compras- ventas y arrendamientos  en los diez años equivalen al PIB agropecuario de más de dos años. 

 

Aquí están, estos son 

En Uruguay no se cuentan con datos estadísticos firmes que den cuenta de cuantos y quienes son los extranjeros que hacen uso de nuestras tierras. Si bien se sabe de grandes compras-ventas de manos extranjeras, no existen registros generales de ello. La existencia de operaciones realizadas por sociedades anónimas es un gran obstáculo que impide en muchos casos saber este tipo de información. 

Entre las empresas que concentran mayor cantidad de tierras hay ocho del sector forestal entre las que sobresalen: Montes del Plata (250.000 hás) y UPM-Kymene  (con 200.000 hás). Hay seis empresas argentinas y brasileras que poseen 357.000 hás dedicadas a la agricultura de secano (soja, maíz, etc) y la ganadería y una empresa neozelandesa suma unas 35.000 hás para lechería. 

¿Qué nos dejan… y a cambio de que? 

Estas grandes empresas gozan de beneficios especiales en el marco de políticas de promoción de inversiones que son  puestas en práctica mediante exoneraciones tributarias cuyo monto se estima en centenas de millones de dólares al año. Un hecho paradojal significa que ninguna de estas empresas siquiera aporta el elemental impuesto de la enseñanza primaria, que sí es obligatorio para la mayoría de los ciudadanos uruguayos. 

DETERIORO Y CONTAMINACIÓN. Muchos de estos emprendimientos han producido el deterioro de los suelos  debido a la extracción de nitrógeno, fósforo y otros elementos que no son reintegrados al mismo. Por otra parte, el uso de los agrotóxicos -empleados principalmente en torno a la producción de agricultura de secano- supone un riesgo importante no solo para el medio ambiente sino también para la salud humana. Desde 1992 en el Uruguay se han publicado diversos estudios en este sentido que dan cuenta de ello. (ver informe de RAP-AL sobre esto). 

DETERIORO DE CARRETERAS. Como agravante adicional, se consigna el tremendo deterioro que el transporte de la producción agrícola y forestal ha generado en nuestras principales rutas y en caminos vecinales provocando serios riesgos de seguridad para la población. Paradójicamente, hoy son precisamente los titulares de muchas de estas grandes empresas que le reclaman al país urgentes inversiones en infraestructura vial y portuaria (ver artículo al respecto). 

El papel de los actores políticos 

El Frente Amplio se encuentra en estos problemas ante un gran dilema como partido de gobierno. En principio la interna partidaria se encuentra dividida entre quienes quieren dejar las reglas de juego intocables, entre ellos los el sector del vicepresidente Danilo Astori quien se ha transformado en el “gran cerebro” en materia de políticas económicas en los dos periodos de este gobierno; y por otro lado hay sectores que están tratando de llevar adelante la discusión como los socialistas, la Vertiente y el Partido Comunista que consideran a este como un asunto vigente en las bases programáticas del Frente Amplio. 

Por el lado de la oposición, tanto blancos y colorados no quieren limitar el acceso a los extranjeros ni la superficie detentada en propiedad o arrendamiento y de hecho mantienen la postura de que este proceso forma parte de los factores que han llevado al crecimiento del sector agropecuario. 

Que dicen las gremiales rurales 

En cuanto a las gremiales rurales, los empresarios estancieros están a favor de los procesos actuales y en contra de restricciones por parte del Estado. 

Mientras que la organización de los productores familiares (CNFR) reclama la intervención estatal para imponer limitaciones a la compra por extranjeros y a la superficie en propiedad

La CNFR plantea a su vez que se debería aumentar la carga impositiva o en su defecto limitar las actuales exoneraciones fiscales a la gran empresa agropecuaria, principalmente a la agrícola y forestal ya que si un sector está pasando por un muy buen momento de precios se le puede exigir que pague más, del mismo modo que se le ha dejado de cobrar cuando le va mal, por lo menos que deje de recibir las exoneraciones. Mantienen que en la lista de los “debe” de estos grandes emprendimientos agrícolas y forestales, se debe tener en cuenta el desplazamiento que han provocado de miles de familias de productores familiares, muchos de los cuales han terminado en los cinturones de miseria de las ciudades y que además es bueno desmitificar lo de la generación de empleo: hay estudios que señalan que 1000 hás de soja generan tan solo 2 puestos de trabajo, contra 20 que genera la misma superficie dedicada a la lechería. 

Desde esta gremial, consideran también que pese a que el actual gobierno ha resuelto destinar 88 millones de dólares en el período de 5 años para apoyar a la producción familiar se trata de algo testimonial si se tiene en cuenta que son 35.000 los productores familiares a los que hay que atender ya que se requiere invertir en asistencia técnica, capacitación y otras herramientas para lograr la convivencia de estos productores con el agro negocio que los viene acorralando y realizan dos cuestionamientos a esto: 

¿Tiene sentido invertir ese dinero en apoyar a los productores familiares mientras a la vez se le facilitan las cosas mediante exoneraciones fiscales a los grandes empresarios que son los que están comprometiendo sus posibilidades de sobrevivencia? 

¿Tiene sentido contraer deuda externa para estas apoyaturas cuando en forma simultánea el país hace un sacrificio fiscal (en exoneraciones tributarias) de cifras mucho más importantes para apoyo a las grandes inversiones? 

Desde el PIT-CNT también se mantiene la idea de imponer mayores impuestos al agro dado que es uno de los sectores que mas ha crecido. (ver nota

La importancia del debate 

En su presentación en el mencionado taller, Piñeiro concluye que lo que parece indudable es que por su magnitud e importancia la sociedad uruguaya, su sistema político, sus organizaciones sociales, la academia y los medios de comunicación deberían estar debatiendo los cambios que están ocurriendo y la necesidad de dirigirlos hacia un modelo de país compartido por todos. 

La tierra: patrimonio de todos 

Culminamos este artículo apelando a las aún vigentes reflexiones de Monseñor Carlos Parteli, obispo que encabezó un movimiento de oposición a la última dictadura en nuestro país: 

La tierra es patrimonio de todos. De ella proviene el sustento de todos por igual. Un orden que la reserva para usufructo de unos pocos exclusivamente, dejando a los demás en desamparo, evidentemente es un orden desajustado. Ciertamente el derecho de propiedad es un derecho natural que la ley positiva debe asegurar y defender. Pero cuando la propiedad, sobre todo la territorial, por su excesiva concentración o por su deficiente explotación, redunda en perjuicio de la comunidad, el gerente del bien común tiene el deber de intervenir para redistribuirla en forma más adecuada…”

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