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El polvorín

Defensoría del Pueblo del Perú exorcisa al Ministerio de Minas para que cumpla Ley de Consulta a Indígenas

23 Octubre 2010 , Escrito por El polvorín Etiquetado en #Politica

 


Adjunto de Defensoría para el Medio Ambiente y Pueblos Indígenas, Iván Lanegra, afirmó: "A pesar de haber transcurrido más de 15 años desde la incorporación de dicho derecho a nuestro ordenamiento jurídico, por efecto de la ratificación del Convenio Nº 169, su ejercicio es aún una materia pendiente".

 
 
 
*DEFENSORÍA DEL PUEBLO EXHORTÓ AL MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS A PRIORIZAR LA REGLAMENTACIÓN DEL DERECHO A LA CONSULTA A LOS PUEBLOS INDÍGENAS *
 
Nota de Prensa N°276/DP/OCII/2010
 
- Nuevo reglamento se debe adecuar al Convenio N° 169 de la OIT **y a
recientes sentencias del Tribunal Constitucional.
 
- Se recuerda que nueva norma debe ser sometida a consulta mediante las
organizaciones representativas de los pueblos indígenas.
 
 
 
 

Mediante un oficio enviado el 11 de octubre del presente, la Defensora del Pueblo, Beatriz Merino, exhortó al titular del Ministerio de Energía y Minas (MEM), Pedro Sánchez, a que "le otorgue una atención prioritaria al proceso de reglamentación del derecho a la consulta, para que las normas del sector se adecúen a lo establecido en el Convenio Nº 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT)".
 
Simultáneamente, la doctora Merino dio a conocer la mejor disposición de la institución que dirige para "contribuir con la implementación del derecho a la consulta de los pueblos indígenas", en el marco de su mandato constitucional.
 
El oficio remitido al ministro Pedro Sánchez se relaciona con una
disposición del Tribunal Constitucional que ordenó al MEM que, dentro del
marco de su competencia, emita una reglamentación sobre el derecho a la
consulta, de conformidad con los principios establecidos en el Convenio N°
169 de la OIT.
 

 

Por su parte, el Adjunto para el Medio Ambiente, Servicios Públicos y Pueblos Indígenas, Iván Lanegra, afirmó que, sin perjuicio de la importancia de contar pronto con una Ley sobre la materia, el derecho a la consulta es vigente y exigible, tal como lo ha ratificado el Tribunal Constitucional en la Sentencia Nº 0022-2009-PI/TC y en la Sentencia N° 05427-2009-PC/TC. "A pesar de haber transcurrido más de 15 años desde la incorporación de dicho derecho a nuestro ordenamiento jurídico, por efecto de la ratificación del Convenio Nº 169, su ejercicio es aún una materia pendiente", agregó el
funcionario.
 
Más adelante, Lanegra sostuvo que "la efectiva aplicación del derecho a la
consulta por parte del Ministerio de Energía y Minas, y la emisión del nuevo
reglamento, constituirán aportes invalorables para la paz y un mensaje del
compromiso de dicho sector con los pueblos indígenas del Perú".
 
Lima, 20 de octubre del 2010.*
 
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*Oficina de Prensa e Imagen Institucional*
 
*311-0300 anexo 1400-1401-1403 - 1406-1407*
 
*www.defensoria.gob.pe*

 

 

 
MIRANDO EL BOSQUE: BAGUA, SENDERO Y LA CONSULTA INDIGENA
La Sociedad Trasnacional de Minería y Petróleo, con la firma de su abogado principal don Alan García Pérez, ha vetado el proyecto de ley de consulta a los pueblos indígenas. En el lenguaje legal peruano, se llama “observar” a lo que en otras partes se nombra con propiedad: vetar. Lo que ha habido es un veto; el Presidente superó a 120 congresistas, incluyendo una treintena de su propio partido, e impidió que salga la ley.
El Congreso puede reconsiderar el tema, pero no cabe duda que la Sociedad de Minería y sus alfiles políticos congelarán el tema hasta la siguiente legislatura, y si pueden hasta el siguiente gobierno.
La consulta es lo mínimo, realmente lo mínimo, que se necesita otorgar a los pueblos indígenas. Esta semana, el pueblo matsés, del que yo no había oído hablar y seguramente usted amigo lector tampoco, protesta contra la explotación petrolera en su zona. Apenas unos días antes, como contagiados por el enorme derrame de petróleo en el golfo de México por BP, cientos de barriles de petróleo de la empresa Pluspetrol contaminaron en el río Marañón. Esta misma semana, otro problema serio de contaminación ha ocurrido en los ríos Totora y Opamayo en Huancavelica, esta vez con plomo.  Se trata del mismo metal pesado que desde hace décadas envenena a los niños y la población de La Oroya, donde la empresa Doe Run se niega a cumplir sus compromisos ambientales. En estas condiciones, ¿no es lo mínimo que puede esperarse, que esos pueblos sean informados y se pida su opinión, antes de afectar los territorios donde viven desde siglos atrás?
Eso es, por cierto, a lo que el estado peruano se comprometió cuando suscribió el convenio 169 de la OIT hace más de 15 años, y que ni Fujimori ni Toledo ni García  han querido cumplir. Sólo eso es  lo que establece el proyecto de ley de la consulta, que en ninguna parte establece un derecho de los pueblos indígenas a vetar inversiones ni niega la soberanía del estado nacional, como quiere hacernos creer el gobierno y sus defensores. El único veto que hay aquí, es el de Alan García a la consulta indígena.
En estos días, también se discute intensamente un supuesto “rebrote” de Sendero Luminoso. Una lectura de nuestra historia, sin embargo, muestra que los violentos conflictos que la atraviesan no se han repetido, ni en las mismas regiones ni con los mismos rasgos. Los levantamientos armados regresan a perseguirnos como nación, pero siempre transformados.
Los locos asesinos de Abimael Guzmán y compañía no regresarán. Guzmán morirá en la cárcel, merecidamente. Su ideología ya no tiene cabida, y cabe a todos cerrarle las puertas con un blindaje reforzado. Pero Sendero Luminoso pudo reclutar a 30 mil peruanos no debido a la “genialidad” de un oscuro profesor de filosofía que hacía colgar perros muertos de los postes para criticar a Deng Ziao Ping, sino gracias a las condiciones de exclusión y opresión en que con violencia se mantuvo a los indígenas de nuestra sierra por siglos.
El ciclo de crecimiento económico de estas últimas dos décadas, no ha resuelto esos problemas. Junto a algunos progresos sociales y oportunidades económicas, hay demasiada desigualdad y corrupción, con muchas comunidades afectadas por la contaminación y el abuso.
¿Adónde vamos por este camino? ¿Es que la barbarie de Bagua no nos dice nada? Por cierto, no es el único caso: en las alturas de Ayabaca, debido a los abusos del proyecto minero Majaz, se arrastra un conflicto que ya ha generado una docena de muertos.  ¿Queremos corrernos el riesgo de que aumente la violencia en nuestro país y nos veamos nuevamente arrastrados a una espiral de sangre y terror? ¿Es sólo cuestión de mandar más policías y soldados?
“El respeto al derecho ajeno es la paz”. Habrá que repetirlo una y otra vez, porque la Sociedad de Minería y Petróleo no parece entenderlo.

                                  
 
 
 
 

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