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El polvorín

DÍA MUNDIAL CONTRA LA PENA DE MUERTE: España, el único país de Europa con más sentencias de muerte sin anular

10 Octubre 2010 , Escrito por El polvorín Etiquetado en #Politica

Portada de un diario el 27 de septiembre de 1975.
Un total de 190.000, según reconoció el propio régimen franquista en 1950. En el Día Mundial Contra la Pena de Muerte, el colectivo memorialista recuerda todos aquellos “asesinatos judiciales” perpetrados por la Dictadura para exigir no sólo su anulación sino también el enjuiciamiento de las autoridades responsables de aquellos crímenes.

NUEVATRIBUNA.ES 09.10.2010

Este domingo, 10 de octubre, se celebra el Día Mundial Contra la Pena de Muerte, una práctica que sigue vigente en muchos países y que en España fue definitivamente abolida de la legislación militar por Ley Orgánica en 1995. El colectivo memorialista contempla esta fecha con la vista puesta en todas aquellas personas asesinadas por el régimen franquista cuyos familiares siguen pidiendo justicia.

Desde la red social facebook, el profesor de Derecho Penal Internacional, Miguel Ángel Rodríguez Arias, reclama que se procese a los jueces y autoridades franquistas y los piquetes de ejecución, responsables de las 190.000 penas de muertes reconocidas por el régimen en 1950. Sentencias que no han sido anuladas por la Ley de Memoria Histórica aprobada en 2007 que a lo sumo las tacha de “ilegítimas”.

Rodríguez Arias viene sosteniendo desde hace tiempo en estas mismas páginas que las llamadas “sentencias” dictadas por los tribunales franquistas son “crímenes de guerra” según el artículo 8 del Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional que define expresamente como “crimen de guerra” (y por tanto imprescriptible e inamnistiable) “las condenas dictadas y las ejecuciones sin previo juicio ante un tribunal regularmente constituido, con todas las garantías judiciales generalmente reconocidas como indispensables”.

Pero Rodríguez Arias va mucho más allá al calificar dichas “sentencias” como “asesinatos judiciales”. Así lo expone en un artículo publicado en nuevatribuna.es bajo el título No tan sólo hay que anular las sentencias de Franco con motivo, el pasado 27 de septiembre, del 35º aniversario de las últimas ejecuciones habidas en España. En él expone como obligación ineludible del Estado con las víctimas de la Dictadura el procesamiento de los jueces franquistas –también los que pasaron por el Tribunal de Orden Público (TOP)-, de los miembros de los denominados “consejos de guerra”, de las autoridades responsables de los fusilamientos; y de los tiradores de los piquetes de ejecución de igual forma que fueron juzgados y condenados tras la caída del muro de Berlín, en 1989, los tiradores cuyas órdenes eran disparar a matar a todos los que intentasen huir de la antigua RDA; o los procesos de Nuremberg contra los jueces nazis.

Para buena parte del colectivo memorialista, la ley impulsada por el Gobierno Zapatero no ha hecho más que acrecentar la impunidad de aquellos crímenes: 190.000 ejecuciones sumarísimas, 150.000 desaparecidos, dos mil fosas comunes, 30.000 niños robados. El Estado sigue sin resarcir a las víctimas y desde distintas instancias se pone freno a intentos como el del juez Baltasar Garzón de abrir una investigación penal de aquellos sucesos. Algunos familiares han empezado a actuar por su cuenta. El pasado mes de junio, varios colectivos pusieron una demanda en Estrasburgo ante la negativa de las instituciones españolas a investigar los crímenes de la Guerra Civil y la dictadura, solicitando una “tramitación de urgencia” dada la avanzada edad de las personas afectadas (familiares de las víctimas) y “un evidente riesgo de daño irreparable (su muerte inminente)”. La demanda añadía asimismo la petición de que se suspendiese la causa contra Garzón mientras se resolviese la demanda interpuesta.

También este año, el pasado 7 de mayo, Silvia Carretero, viuda de Luis Sánchez Bravo, condenado a muerte por el último Consejo de Guerra de la dictadura y fusilado junto a otros cuatro procesados el 27 de septiembre de 1975, presentó una demanda en Buenos Aires (Argentina) para pedir responsabilidades. Ella misma sufrió torturas, con 21 años y estando embarazada, después de ser detenida por la Guardia Civil en Badajoz. “Siempre he querido que se anulasen esos juicios que habían sido ilegales y que no tuvieron las mínimas garantías de defensa ni de respeto a los derechos humanos”, denunció Carretero en cuya demanda también incluye a los responsables de sus torturas.

En un día como este 10 de octubre resulta oportuno recordar que todas esas personas asesinadas bajo la “legalidad” del régimen franquista lucharon por defender la República, una república que en 1932 abolía la pena de muerte pero que después fue incorporada por Franco en 1938. En el día internacional contra la pena de muerte sería deseable no silenciar que las heridas siguen abiertas en la sociedad española, primero por la no anulación de unos crímenes reconocidos todavía como “sentencias” y la imposibilidad de que los responsables aún vivos respondan ante la Justicia.

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