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El polvorín

El BBVA abandona Bolivia tras la nacionalización de las pensiones

18 Noviembre 2010 , Escrito por El polvorín Etiquetado en #Politica

BBVA se prepara para salir de Bolivia después de que el Gobierno del país andino anunciará ayer la nacionalización de la gestión de pensiones.
Insurgente-Kaosenlared | Cambio | 17-11-2010

El gobierno de Evo Morales ha decidido que ninguna empresa u organismo lucre con la gestión de las pensiones (todo lo contrario que aquí, que nos invitan permanentemente a hacernos un plan de pensiones para que se beneficie la banca, transmitiendo para ello miedo por el futuro), y ha pasado al sector público las pensiones.

BBVA se prepara para salir de Bolivia después de que el Gobierno del país andino anunciará ayer la nacionalización de la gestión de pensiones, según publica hoy El Mundo. Actualmente, la entidad que preside Francisco González y Zurich Financial son las compañías que administran los fondos de pensiones del país.

Según fuentes financieras, la entidad negocia desde hace semanas la forma de hacer una transición ordenada de los 1.800 millones de euros que tiene bajo gestión.


Morales presentó la reforma de pensiones con el aval de la COB

El proyecto de ley fue enviado a la asamblea plurinacional para su tratamiento y aprobación

El Gobierno y la Central Obrera Boliviana (COB) remitieron ayer a la Asamblea Legislativa Plurinacional el proyecto de Ley de Pensiones para su tratamiento. El presidente Evo Morales calificó el hecho de histórico por ser la primera norma laboral y social, de carácter solidario, que surge del consenso con los trabajadores del país.

La propuesta permite una jubilación desde los 58 años, mejora la renta hasta un cien por ciento, posibilita que los trabajadores independientes y por cuenta propia accedan al beneficio vitalicio, en especial aquellos sectores con bajos ingresos, afirmó el Jefe de Estado, quien demandó al Órgano Legislativo que se apresure en el tratamiento de la futura norma para su aprobación hasta antes de fin de año.

El ministro de Economía y Finanzas Públicas, Luis Arce Catacora, aseguró que el actual sistema de jubilación  (regido por la Ley 1732) establece una renta de jubilación baja y carece de espíritu solidario. En cambio, la nueva ley otorgará seguridad social de largo plazo bajo los principios de universalidad, solidaridad y sostenibilidad.

PENSIÓN SOLIDARIA

La pensión solidaria, una de las principales características de la propuesta, beneficia a los asegurados que tuvieron bajos ingresos en su etapa activa y en consecuencia su pensión de vejez también resulta reducida.

Explicó que el financiamiento para hacer sostenible el fondo solidario provendrá de un aporte patronal del 3%, una contribución laboral del 0,5%, además del 20% de las primas de riesgo común y profesional, de forma mensual.

También contará con el aporte de los trabajadores dependientes y personas naturales con ingresos superiores a 20 salarios mínimos nacionales (Bs 13.590), según escala progresiva.

El actual sistema de jubilación utiliza el promedio de las últimas 60 boletas de pago para el cálculo del referente salarial, (en cambio con la nueva ley) “sólo se utilizarán las últimas 24 boletas, que favorece al trabajador porque normalmente los últimos años es cuando percibe mayor ingreso”, destacó Arce.

Agregó que la edad de jubilación se reducirá de 65 a 58 años. Antes de cumplir esta edad, el trabajador debe estar en condiciones de financiar al menos el 60% del referente salarial, con la compensación de cotizaciones y el ahorro individual acumulado.

El nuevo proyecto de  ley también incorpora un seguro para el trabajador con invalidez parcial por riesgo común, el cual no está contemplado en la Ley 1732.

“Hoy los asegurados inválidos podrán percibir simultáneamente la pensión de invalidez y vejez hasta los 65 años”, agregó.

POLÍTICAS DE GÉNERO

La nueva propuesta también establece que las viudas o viudos con pensión derivada de fallecimiento de su cónyuge continuarán percibiendo su pensión a pesar de que éstos contraigan nuevas nupcias.

Según Arce, las mujeres trabajadoras que tengan hasta tres hijos podrán recibir tres años adicionales de aporte o, por el contrario, por cada hijo nacido vivo adelantarán tres años su jubilación, es decir que accederán al beneficio a la edad de 55 años.

MINEROS

La autoridad también destacó que la nueva norma propone un tratamiento diferenciado y especial para el sector minero, ya que el proyecto de ley reconoce la esforzada labor que realizan los trabajadores del subsuelo, por lo que la edad de jubilación para este sector fue reducido a 56 años, que inclusive baja hasta los 51 años por trabajos insalubres.

“Existe un dos por ciento de aporte patronal adicional destinado a la mejora de pensiones de los trabajadores mineros, (es decir) se crea un fondo solidario minero con este aporte”, mencionó la autoridad. Acotó que se aplicará para los mineros una tabla de vida diferenciada por las duras condiciones laborales del sector, además de ampliar la cobertura en casos de enfermedad para el acceso a la pensión por invalidez de riesgo común y riesgo profesional.

PROCESO PENAL

El proyecto de Ley de Pensiones incluye un proceso penal contra las empresas o empleadores que retengan los aportes de los trabajadores y no cumplan con la obligación de depositarlos en el sistema de seguro social, cuya acción judicial deberá ser resuelta en un máximo de tres meses y no como en el actual sistema que tenía un tiempo indefinido.

“El trabajador podrá recurrir a una  figura penal para exigir ese pago, esa devolución de sus aportes para su cuenta individual”, dijo Arce.


Luis Arce, Evo morales y Pedro Montes presentaron la reforma al sistema previsional


Bolivia está a la vanguardia, según arce


De acuerdo con el ministro de Economía y Finanzas Públicas, Luis Arce Catacora, la nueva Ley de Pensiones, propuesta por el Gobierno y consensuada con los trabajadores, es comparable con las leyes de pensiones que existen en otros países de América Latina.

“Estamos avanzando sustancialmente y creo que, comparada con algunas leyes de pensiones en Europa, Bolivia está en muchos casos a la vanguardia en esta materia”, señaló. Recordó que el antiguo sistema estableció rentas de jubilación muy bajas, lo cual será revertido con la nueva ley.



“El tiempo que hemos perdido no ha sido vano”

El presidente Evo Morales afirmó que en 2006 el Ejecutivo propuso a la COB la redacción de un proyecto para la sustitución de la actual Ley 1732, vigente desde hace más de diez años.

En ese marco, tras varias negociaciones realizadas desde principios de este año, se iniciaron las reuniones sectoriales entre representantes gubernamentales y dirigentes de las organizaciones sociales que integran el ente matriz obrero.

“El tiempo que hemos perdido no ha sido en vano”, le dijo  el Jefe de Estado al dirigente cobista Pedro Montes.


El 98% de las organizaciones apoyó el proyecto

De aproximadamente 52 organizaciones que participaron del ampliado de la Central Obrera Boliviana (COB), el 98 por ciento de esa cantidad estuvo de acuerdo con el proyecto de Ley de Pensiones, afirmó el secretario ejecutivo del ente matriz de los trabajadores del país, Pedro Montes.

El dirigente dijo que con ese contundente apoyo la norma fue aprobada para su remisión a la Asamblea Legislativa Plurinacional y su posterior tratamiento.

“Esto es histórico porque las leyes la están haciendo las organizaciones discutiendo con el Gobierno”, dijo Montes.


Fiscalización de la administradora estatal

La gestora pública estatal estará fiscalizada por la Autoridad de Fiscalización y Control Social de Pensiones, con el objetivo de velar y garantizar la correcta administración de los aportes laborales.

Entre las principales atribuciones de la gestora estatal figuran cobrar las contribuciones y aportes solidarios en mora, intereses y recargos, sin otorgar condonaciones.

Asimismo, tiene la obligación de iniciar y tramitar los procesos judiciales que se requieran para precautelar los fondos administrados.


Invalidez y muerte por riesgo laboral

La prestación de invalidez por riesgo laboral se otorga en caso de que el trabajador sufra invalidez total o parcial a causa de un accidente en su recinto laboral que le impida seguir trabajando. En el caso de la pensión por muerte se paga como consecuencia del fallecimiento del empleado menor de 65 años de edad que no perciba el beneficio por invalidez.

Las pensiones por muerte consisten en beneficios vitalicios y temporales, según corresponda, en favor de los derechohabientes de primer o segundo grado. En el caso de invalidez se incluyen los gastos funerarios si hubiera el fallecimiento del trabajador independiente.


Obligaciones de la empresa o empleador

El proyecto de ley establece que el empleador debe pagar el aporte del asegurado, el aporte para el fondo solidario del empleado, la prima por riesgo común y la comisión, que serán deducidos del total ganado de los trabajadores dependientes de su empresa.

Asimismo, pagará las contribuciones en favor de terceros de sus dependientes cuando así corresponda.

Dichos empleadores deberán realizar los pagos de las contribuciones hasta el último día hábil del mes posterior a aquél en que devengan los sueldos o salarios de sus dependientes.


Gestora pública reemplaza a las AFP

El ministro de Economía, Luis Arce Catacora, explicó que una gestora única de carácter público reemplazará a las actuales administradoras de fondos de pensiones (AFP), lo que significa que el Estado administrará el aporte de los trabajadores.

“En cumplimiento a la Constitución Política del Estado (...) tiene que ser una obligación del Estado el administrar las pensiones”, afirmó la autoridad.

De acuerdo con el proyecto de ley, el 5 por ciento de los recursos que administre la gestora pública serán invertidos en el desarrollo del sector productivo nacional, mediante fondos para las micro, pequeñas y medianas empresas (mipymes).

“La gestora tendrá la obligación de hacer inversiones en mayor producción en empresas que generen productos y empleo”, apuntó.

La administración estará a cargo de cinco directores con trayectoria en el sector financiero y de pensiones.

Una vez que se apruebe la nueva Ley de Pensiones, el siguiente paso será traspasar los aportes de los trabajadores en las AFP a la gestora pública, cuya cartera se estima en 4.500 millones de dólares.


PARA DESTACAR

Acceso. La edad de jubilación se redujo a 58 años para los trabajadores en general y 56 para el sector minero.

Solidaridad. Se incluye un fondo solidario destinado a incrementar la renta de los trabajadores con bajos salarios.

Contribución. El aporte patronal solidario será del 3%, mientras que los trabajadores contribuirán con el 0,5%.

Fallecimiento. Las viudas y viudos podrán seguir cobrando la pensión de sus cónyuges fallecidos, aun si contraen nupcias nuevamente.

Cotización. El referente salarial para establecer la renta de jubilación se realizará con las últimas 24 boletas de pago.

Entidad. Una gestora pública de seguridad social reemplazará a las actuales AFP que administran los aportes.

Financiamiento. El 5% de los recursos que administre la gestora será invertido en el desarrollo del sector productivo.

Proceso penal. El proyecto de ley  incluye proceso penal para las empresas o empleadores que retengan los aportes del trabajador.

Incapacidad. También se protege y se crea un seguro para el trabajador con invalidez parcial por riesgo común.

Remisión. La norma pasó a la Asamblea para su revisión.


Referente salarial: últimas 24 boletas de pago

El proyecto de ley señala que el cálculo de la pensión de jubilación se realizará sobre el promedio de las últimas 24 boletas de pago, el sueldo de los últimos dos años.

En ese marco, las pensiones financiadas por compensación de cotizaciones y cuenta individual que sean mayores a la línea superior de la pensión solidaria no tienen límite máximo.

Por ejemplo, si un trabajador que empezó su vida laboral con un ingreso de 6 mil bolivianos y luego de 25 años de aportes su total ganado es de 8 mil bolivianos, financiará una pensión de jubilación de 4.900 bolivianos, que es mayor al 60 por ciento de su promedio salarial e incluso alcanza al 70 por ciento de su último líquido pagable.

Con el actual sistema de jubilación (Ley 1732), un hombre casado en edad de acceder al beneficio (58 años) con el promedio de sus últimas 24 boletas, que es de 1.900 bolivianos, puede alcanzar a una pensión de 500 bolivianos, mientras que con la aplicación de la nueva norma y el fondo solidario, la renta del mismo trabajador llegará a 1.240 bolivianos.

Según los datos del Gobierno, en el caso de un trabajador fabril con más de 30 años de aportes y un sueldo promedio de 3.277 bolivianos, con la actual ley su jubilación puede ser de 803 bolivianos, mientras que con la nueva norma su renta alcanzará a 2.179 bolivianos.

Este mismo trabajador con 25 años de aportes y un sueldo de 2.881 bolivianos, bajo la Ley 1732, tiene una jubilación de 570 bolivianos, pero con la nueva propuesta de ley su pensión llegará hasta 1.779 bolivianos.

Según el proyecto de Ley de Pensiones, la estructura de aportes del nuevo sistema de seguro social señala que el 10 por ciento corresponde al aporte del trabajador dependiente a la cuenta individual, 1,71 por ciento al seguro de riesgo común, 0,5 por ciento al fondo solidario y 0,5 por ciento destinado a cubrir la comisión de administración.

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