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El polvorín

El enigma de la fuerza sindical en Europa Occidental desde 1980.

19 Septiembre 2010 , Escrito por El polvorín Etiquetado en #Politica

Kerstin Hamann · John Kelly · · · ·
 
19/09/10
 

Dos de los mayores especialistas internacionales en la investigación empírica de las relaciones laborales y el movimiento obrero europeo contemporáneo reflexionan sobre la evolución de la fuerza sindical en la Europa occidental en las tres últimas décadas.

 

[Este artículo podrá discutirse en nuestra página en facebook: http://www.facebook.com/pages/SinPermiso/106764166044474 ]

 

 

Introducción

Al periodo entre 1945 y principios de la década de 1970 se le ha denominado la 'Era Dorada del Capitalismo' (Marglin y Schor, 1990). La mayoría de los países que comprendían lo que entonces se conocía como el mundo capitalista avanzado, Europa Occidental, Norteamérica, Japón y Australasia, registraron tasas sostenidas y substanciales de crecimiento económico durante más de dos décadas. El nivel de vida, estimado en ingresos reales, propiedad de bienes de consumo e índice de salud aumentó de forma espectacular para millones de personas (Marglin y Schor, 1990). Este periodo también representó una edad dorada para el sindicalismo en la que la afiliación, densidad, actividad huelguística y capacidad de negociación colectiva económica y política alcanzaron niveles hasta entonces sin precedentes. (Shalev, 1992; Western, 1997). Algunos gobiernos europeos de los años 70 en Irlanda, Italia y el Reino Unido, por ejemplo, respondieron al poder sindical creando comités de planificación política corporativistas destinados a negociar moderación salarial por parte sindical a cambio de la mejora de derechos legales y medidas de bienestar social (Schmitter y Lehmbruch, 1979). Desde principios de los años 80, empero, los sindicatos de todo el mundo capitalista avanzado han sido testigos de un prolongado declive en su afiliación, de la reducción de su capacidad de negociación colectiva en el contexto de una economía que se globalizaba y de medidas políticas gubernamentales neoliberales, así como de un declive significativo en el número de huelgas. La recesión mundial que comenzó en 2008 parece haber asestado un nuevo golpe a unos sindicatos ya debilitados por años de pérdida de afiliación.

Sin embargo, sostenemos que si bien los recientes cambios económicos y políticos han planteado sin duda graves amenazas a los sindicatos, también pueden contemplarse como oportunidades de revitalización sindical (Behrens, Hamann y Hurd, 2004). Mostramos que el debilitamiento sindical en su fortaleza organizativa y capacidad de negociación económica colectiva se ha visto contrapesado por el resurgimiento de relaciones tripartitas entre gobiernos, sindicatos y patronos y por la reaparición de las huelgas generales contra las políticas del gobierno. Interpretamos la implicación sindical en conversaciones tripartitas y en su continuada capacidad para movilizar a sus miembros y apoyos en huelgas generales como prueba de que algunos movimientos sindicales se han dado cuenta de que hay oportunidades en medio de las adversidades. Después de una breve recapitulación de las dimensiones conocidas del declive sindical, establecemos una serie de propuestas teóricas que nos permiten identificar fuentes contemporáneas que son origen de poder sindical. También presentamos nuevas pruebas de recientes pautas de negociaciones entre sindicatos y gobiernos en Europa Occidental y de huelgas generales destinadas a influir en la política gubernamental.  
 

Parámetros de declive sindical

Las evidencia recogidas en 16 países europeos así como en los Estados Unidos, Canadá, Australia y Nueva Zelanda muestran que la densidad sindical decayó entre 1980 y 2007 en todos los casos excepto en dos: Finlandia (que subió un punto en porcentaje, del 69 al 70%) y España (hasta ocho puntos, del 7% al 15%) (Barratt, 2009, Hamann y Kelly, 2008). La tasa media, sin ponderar, del declive en la densidad entre 1980 y 2007 es de 15.4 puntos de porcentaje. Cierto es que el declive ha sido bastante más pronunciado en el sector privado en comparación con el sector público y que la tasa de declive en conjunto ha sido bastante modesta en algunos países tales como Bélgica (-1 punto, del 54% al 53%), Noruega (-4 puntos, del 58% al 54%) y Canadá (6 puntos, del 35% al 29%) pero estos casos nacionales son poco habituales. También es verdad que entre 1980 y 2004, la cobertura de negociación colectiva ha permanecido notablemente estable en la mayor parte de Europa Occidental en el  80-90%, aproximadamente, de los trabajadores (Hamann y Kelly, 2008). Sin embargo, esta estabilidad institucional enmascara una importante erosión del poder sindical, algo que queda en evidencia en las tendencias de distribución de la renta nacional y la tasa de huelgas. Entre 1960 y 1980, la parte salarial del valor añadido en la industria manufacturera de 15 países de la OCDE aumentó del 66% al 74% conforme la militancia sindical desplazaba la distribución de la renta nacional de los beneficios a los salarios y sueldos. Empero, entre 1980 y 2000, conforme decaía la afiliación sindical, la distribución de la renta nacional volvió a desplazarse de forma radical en favor de los propietarios del capital: la parte salarial cayó sin cesar y para el año 2000 ya había llegado al 65%, pese al crecimiento económico y el bajo desempleo de mediados de los años 90 (Glyn, 2006, 7).
La teoría sugiere que los sindicatos pueden impulsar la subida de sueldos y salarios a expensas de los beneficios por medio (o mediante la amenaza) de acción colectiva y no resulta por tanto sorprendente que la redistribución de la renta, del trabajo al capital, en los últimos 20-30 años haya coincidido con una espectacular reducción en los niveles de actividad huelguística, ya se mida en días perdidos, número de huelgas o trabajadores implicados. Entre 1970 y 1979, se perdieron por huelga una media de 419 días laborables por cada 1000 empleados en cada uno de los países principales de la OCDE, pero para 2000-2004, los días perdidos por huelga habían disminuido casi en un 90% hasta sólo 51 días por cada 1.000 empleados (Piazza, 2005, 290; Scheuer, 2006, 144, 149; van der Velden et al., 2007).

Existe una sólida literatura académica sobre las causes del declive de la afiliación sindical y la caída de la tasa de huelgas. Se ha vinculado a la afiliación sindical un amplio espectro de variables causales, entre las que se encuentran los cambios en las actitudes de los trabajadores, más alejadas del colectivismo y orientadas hacia el individualismo, la limitada efectividad de los sindicatos causada por un elevado desempleo y un mercado productivo internacional competitivo; las limitaciones impuestas a los sindicatos por las medidas políticas económicas neoliberales; la oposición de los empleados al sindicalismo, sobre todo en las empresas privadas de servicios que hoy dominan la mayoría de las economías occidentales y en las que las tradiciones sindicales son débiles, y los limitados recursos dedicados por los sindicatos a organizar al sector servicios en las economías avanzadas (véase, por ejemplo, Fernie y Metcalf, 2005; Martin y Ross, 1999; Waddington y Hoffmann, 2000; Western, 1997). Por lo que respecta a las huelgas, la globalización de la economía ha desempeñado un papel significativo a la hora de deprimir los niveles generales de actividad huelguística en Europa Occidental. El estudio de Piazza (2005) de 15 países de la OCDE entre 1952 y 2001 concluyó que dos medidas de la globalización, el aumento del comercio internacional y la reducción de los controles sobre la movilidad del capital, están fuertemente ligados al declive de los días perdidos en huelgas, sobre todo en países de densidad sindical baja (por debajo de la media). El declive de la densidad sindical desde la década de 1980 también está vinculado al declive en las huelgas en el mismo periodo aunque la relación entre los niveles de huelga y la densidad (como algo diferenciado de los cambios) es más compleja: los países de Europa más proclives a la huelga (2002-06) incluían a Finlandia, de gran densidad, a Italia, de densidad modesta, y a España, de baja densidad (Hale, 2008).

Así pues, en conjunto, como es bien sabido, los movimientos sindicales del mundo capitalista avanzado están perdiendo miembros y parecen experimentar un declive en su capacidad de negociación y movilización colectivas pese a una cobertura de negociación colectiva estable.    

 

Sindicatos, volatilidad electoral y competición de los partidos políticos  

No obstante, si desplazamos nuestra atención del papel desempeñado por los mercados productivo y laboral y los patronos a la evolución del comportamiento gubernamental y la política electoral, se puede sostener que una serie de cambios de gran alcance en las actitudes y comportamiento de los votantes y en el de los partidos políticos han creado nuevas perspectivas para el sindicalismo contemporáneo. En primer lugar, desde 1980 muchos gobiernos de Europa Occidental se han embarcado en reformas de envergadura de sus sistemas de bienestar, del mercado laboral y de fijación de salarios con el fin de acrecentar la competitividad de su economía nacional. Así, por ejemplo, hemos sido testigos de los intentos de reducir el número de personas con derecho a recibir prestaciones por desempleo, de elevar la edad de jubilación y aumentar el nivel de contribución a las pensiones, de reducir las formas de protección legal de los trabajadores en caso de despido o desempleo y de contener el crecimiento de los salarios reales.

 

Los gobiernos con mayoría de escaños durante la legislatura podían en teoría llevar a cabo muchas de estas reformas mediante legislación, pero en la práctica muchos de ellos, independientemente de su familia política, han preferido comprometer a los sindicatos en conversaciones bipartitas o tripartitas (gobierno, sindicatos y patronal) en un intento de llegar a acuerdos (Hamann y Kelly, 2010). ¿Por qué habrían de querer los partidos gobernantes, sea que tengan vínculos sólidos con los sindicatos o lazos que se debilitan, buscar acuerdos con los sindicatos, organizaciones cuya base de afiliados y poder de negociación colectiva se está supuestamente erosionando?   

Dicho sea en general, una de las razones principales es que los partidos políticos se enfrentan a una serie de problemas electorales, debido al aumento de la competencia entre partidos y a causa de la menguante lealtad de los votantes de todos los partidos. La volatilidad electoral –el porcentaje de votantes que cambian de partido de una elección a otra – se ha incrementado desde la década de 1970 merced a una amplia serie de factores, entre los que se cuentan la cambiante demografía, el aumento del nivel educativo, la creciente importancia de los medios de comunicación, la aparición de nuevas cuestiones políticas y el atenuamiento de las divisiones de clase como resultado de las cambiantes pautas del empleo y la producción. Por ejemplo, mientras que sólo el 20% de los encuestados respondía en Holanda en 1971 que podía llegar a votar en alguna ocasión por un partido diferente, más de dos tercios se manifestaban de esta guisa en 1991 (Dalton, 2000). Por lo tanto, los partidos pueden considerar la necesidad de llegar a votantes que no formaban tradicionalmente parte del núcleo de su grupo de apoyo. En este contexto, los pactos sociales con los sindicatos y la patronal pueden así aparecer como una estrategia útil para buscar un apoyo amplio a políticas potencialmente impopulares en un intento de minimizar los costes electorales anticipados de poner en práctica dichas medidas políticas. Además, si las negociaciones para llegar a un pacto se ven en problemas o las reformas se demuestran especialmente impopulares, los pactos pueden servir de mecanismo para 'evitar asumir la culpa', permitiendo al gobierno desviar la crítica de los votantes hacia los sindicatos (Hamann y Kelly, 2007, 2010). Así pues, podemos contar con la hipótesis de que cuanto más sólidamente se comprometen a llegar a un acuerdo con los sindicatos en torno a un pacto social, más poder pueden blandir los sindicatos en su relación con el gobierno. Por ende, al tratar de influir en el gobierno esperaríamos que los sindicatos no sólo desplegaran la clase de argumentos de los que normalmente harían uso con la patronal sino que exhibieran  diversas formas de presión, entre las que se cuenta la acción colectiva.  

Pactos sociales y huelgas generales  

Los pactos sociales casi desaparecieron con el arribo de la recesión mundial en torno a 1980; con todo, uno de los cambios más llamativos en las relaciones laborales y la economía política de Europa Occidental ha sido su reaparición tras un breve paréntesis (Hamann y Kelly, 2010). Entre 1980 y 1991, se firmaron 29 pactos sociales en una serie de países de Europa Occidental; entre los años 1992 y 1998, en el periodo previo a la Unión Monetaria Europea (EMU), se llegaron a acuerdos en 40 pactos sociales; sin embargo, en los ocho años posteriores a la UME, se firmaron otros 41 pactos sociales (Hamann y Kelly, 2010). Aunque algunos comentaristas daban por hecho que los pactos sociales se vieron enormemente influidos por las exigencias fiscales y de gasto público de la UME y se centraban primordialmente en los salarios, los numerosos pactos que precedieron y siguieron a los años de la UME entre 1992 y 1998  sugieren que este enfoque de 'economía política' no resulta convincente (por ejemplo, Hancke y Rhodes, 2005). En lo que respecta a los  contenidos, sólo el 50% de los 110 pactos sociales alcanzados entre 1980 y 2006 trataba de los salarios; el resto cubría el mercado de trabajo y las reformas sobre bienestar.


Por contraposición, tanto los análisis cuantitativos como cualitativos de 16 países de Europa Occidental entre 1980 y 2006 demuestran que los factores electorales y de los partidos políticos desempeñaron un papel de importancia en la configuración de las ofertas gubernamentales de pacto social (Hamann y Kelly, 2010). Era más probable que esos pactos los ofrecieran los partidos en el gobierno que habían disfrutado de un éxito electoral reciente y habían ganado votos; por parte de partidos de centro o de izquierda en el gobierno, antes que de partidos conservadores, presumiblemente debido a sus lazos tradicionalmente más fuertes con los sindicatos; por parte de coaliciones amplias que comprendían familias de partidos muy diferentes (por comparación con administraciones de un solo partido); por parte de gobiernos que eran relativamente débiles durante la legislatura, en términos de número de  escaños; y por parte de gobiernos que debían trabajar en legislaturas enormemente fragmentadas, es decir, que incluían en efecto gran número de partidos políticos. Las coaliciones amplias y débiles en legislaturas fragmentadas pueden experimentar considerables dificultades al legislar reformas impopulares. El pacto social con los sindicatos y la patronal puede ayudar por lo tanto a dichos gobiernos a superar esos problemas así como a otorgar una mayor legitimidad a sus medidas políticas. También descubrimos que los partidos políticos respondían a los cambios de voto de diferentes maneras: la pérdida de votos, por ejemplo, suponía una mayor probabilidad de ofertas de pacto por parte de los partidos de izquierda (como por ejemplo, los socialdemócratas en la Suecia de los años 90) pero no era este el caso de los partidos de la derecha (por ejemplo, los conservadores en Dinamarca en los años 80). Había más probabilidades de llevar adelante alguna legislación por parte de los partidos conservadores con elevado número de escaños, sobre todo allí donde la legislatura se componía sólo de un pequeño número de partidos efectivos (por ejemplo, en Francia desde los años 90).

Aproximadamente el 70% de las ofertas de pacto social por parte de gobiernos de Europa Occidental ha tenido como fruto acuerdos negociados sobre salarios, mercado laboral y reformas de bienestar. Si bien algunos sindicatos han negociado desde posiciones de debilidad, hay evidencias de que en muchos casos los sindicatos se han asegurado concesiones de importancia por parte del gobierno. Para ilustrarlo, el estudio más totalizador de la reforma de las pensiones en Europa Occidental proporciona muchos ejemplos en los que los sindicatos han ejercido una influencia notable en cuestiones tales como el nivel de contribución, los periodos de referencia para el cálculo de las pensiones y la edad de jubilación (Immergut et al, 2007). Por lo tanto, los sindicatos han sido capaces de ejercer influencia en cuestiones importantes, a despecho de la pérdida de afiliación y de la erosión del poder de negociación colectiva frente a la patronal.


No obstante, muchos gobiernos han rehuido la inclusión de los sindicatos en los pactos sociales y han tratado de legislar reformas, a menudo frente a la oposición de los sindicatos. Aunque lo más frecuente es que los gobiernos conservadores hayan optado por la exclusión de los sindicatos, como, por ejemplo, en Francia o Italia, encontramos que aquellos gobiernos dirigidos por otras familias de partidos también excluían a los sindicatos de cuando en cuando: los socialdemócratas en la España de la década de 1980 y la Suecia  de los años  90, los gobiernos del Partido del Centro en la Finlandia de los años 90 y los gobiernos democristianos de Holanda y Bélgica en diversos momentos. La investigación en curso sugiere que la exclusión de los sindicatos de la planificación política del gobierno en lo relativo a salarios, sistemas de bienestar y mercado de trabajo, está fuertemente ligada a una serie de protestas sindicales, entre las que se cuentan las huelgas generales. No existe una definición convenida del término 'huelga general' o de sus diversos sinónimos, tales como 'huelga política' o 'huelga de protesta' (véase, por ejemplo, Walsh, 1983), pero la definición de huelga de Hyman (1989, 17) puede revisarse apropiadamente del siguiente modo:  

'Una huelga general es una interrupción temporal del trabajo a escala nacional por parte de los trabajadores de muchos sectores, dirigida contra el brazo ejecutivo o legislativo para hacer valer una exigencia o expresar una queja'.

Los días laborables perdidos y los trabajadores implicados por cada 1.000 empleados son las unidades de medida de actividad huelguística más comúnmente usadas en lugar del simple recuento de frecuencia (véase, por ejemplo, Monger, 2005; van der Velden et al, 2007). En el caso de las huelgas generales, así como en el de todas las huelgas grandes, en muchos lugares de trabajo, los datos sobre días perdidos y trabajadores implicados son extremadamente poco fiables (Lyddon, 2007). Puesto que el número de huelgas generales puede medirse con suma exactitud, utilizamos aquí la estimación de frecuencia. Los datos se recogieron de una serie de fuentes diversas de la UE de los 15, además de Noruega (Austria, Bélgica, Dinamarca, Finlandia, Francia, Alemania, Grecia, Irlanda, Italia, Luxemburgo, Holanda, Portugal, España, Suecia y Reino Unido) durante el periodo entre 1980 y 2008. La frecuencia de huelgas generales para protestar contra la política gubernamental ha aumentado desde 1980. La Figura 1 muestra que entre  1980 y 1989, los sindicatos organizaron 18 huelgas generales contra sus respectos gobiernos en Europa Occidental, cifra que se ha incrementado hasta llegar a 29 huelgas en la siguiente década; y entre 2000 y 2008 la cifra de huelgas generales aumentó de nuevo a 38 (Kelly y Hamann, 2010). Por ende, los sindicatos anunciaron un total de 11 amenazas creíbles de huelga general, una durante la década de 1980, ocho veces en los 90, y dos después del año 2000. Si bien Grecia contribuyó desde luego de forma substancial al número de huelgas generales, persiste una pauta conjunta en las huelgas generales aun en el caso de dejar a Grecia fuera.  Empero, una huelga general en Grecia (con 38 de dichas huelgas en 29 años) puede tener un significado diferente y causas y consecuencias muy distintas de las de una huelga general en los Países Bajos o en Austria, donde esas acciones son extremadamente raras. En lo que se refiere a las cuestiones en liza, son las reformas del sistema de bienestar, la regulación de las pensiones y del mercado laboral las que han precipitado la mayoría de huelgas generales.  


El Cuadro 1 revela la distribución de huelgas generales por país y documenta su concentración en las economías sudeuropeas de Francia, Grecia, Italia y España, y en menor medida, Portugal. Ya sólo estos cinco países representan el 82% (70) de las 85 huelgas de este periodo. Las restantes huelgas (15) se organizaron en países que durante muchos años registraron algunos de los niveles más reducidos de conflicto laboral en Europa: Austria, Bélgica, Luxemburgo, Holanda y Noruega, si bien varios países que han subido recientemente a lo alto del escalafón por sus huelgas económicas llaman la atención por su ausencia de huelgas generales, como, por ejemplo, Dinamarca e Irlanda. 


Las teorías desarrolladas para explicar la existencia, ascenso o declive de las huelgas económicas disponen de escaso instrumental para dar cuenta de las huelgas generales. Para empezar, los patrones empíricos que aparecen en la Figura 1 demuestran que las pautas de las huelgas generales difieren de las de las huelgas económicas. Por añadidura, las huelgas generales difieren de modo fundamental de las económicas: las huelgas generales se dirigen contra el gobierno y sus medidas políticas (propuestas), más que contra los patronos; a menudo se organizan en torno a cuestiones amplias, antes que sectoriales o profesionales, que preocupan a grandes segmentos de la población más allá de aquellos empleados en empresas o sectores concretos; las cuestiones que motivan las huelgas generales, tales como la reforma del bienestar o del mercado laboral, no son generalmente aquellas sujetas a procesos regulares de negociación colectiva; y las movilizaciones de una huelga general pueden muy bien extenderse más allá de la afiliación sindical y de la base activista para incluir a muchos empleados no sindicados. Por consiguiente, no tiene mucho sentido esperar que las explicaciones desarrolladas para dar cuenta de las huelgas en el lugar de trabajo, en la empresa o incluso en sectores enteros puedan arrojar luz sobre las causas de las huelgas generales.

Uno de los vaticinadores más significativos de huelgas generales es la exclusión de los sindicatos de la planificación política por parte del gobierno. El diagrama de puntos de la Figura 2 revela que cuanto más a menudo intenta un gobierno obrar legislativamente para llevar a cabo reformas en el terreno del bienestar, pensiones y mercado laboral (y en menor medida salarios), mayor es la propensión de los sindicatos a organizar huelgas generales (Dinamarca, Alemania, Irlanda, Suecia y el Reino Unido quedan fuera como valores atípicos, dado que no hubo huelgas generales en dichos países durante el periodo estudiado). Puesto que los gobiernos conservadores son más proclives a excluir a los sindicatos, no resulta sorprendente encontrar que la mayoría de las huelgas generales se hayan dirigido contra gobiernos conservadores, el 51% (43 de 85). Con todo, una minoría significativa de 23 de un total de 85 se convocó también para protestar contra las medidas políticas de gobiernos socialdemócratas en Francia, Grecia y España. Ligados a la inclusión o exclusión sindicales se encuentran los canales formales a disposición de los sindicatos para involucrarse en la planificación política del gobierno o 'estructuras de oportunidad' (por ejemplo, Tarrow, 1994). Podría argumentarse que las estructuras bien desarrolladas de compromiso sindical reducirían la propensión de los sindicatos a desafiar las políticas gubernamentales mediante huelgas generales. Utilizando el índice compuesto de Siaroff (1999) de negociación colectiva e instituciones tripartitas, parece que existe una correlación entre las estructuras de oportunidad y el nivel de acciones encaminadas a una huelga general. Cinco de los siete países que puntúan por debajo de la media en estructuras de oportunidad poseen el total más elevado de huelgas generales: Francia, Grecia, Italia, Portugal y España (Irlanda y  el Reino Unido son las dos excepciones).

Además de la política gubernamental y la familia de partidos del gobierno, hay un tercer factor ligado a las movilizaciones de huelga general en la estructura del movimiento sindical. Cuatro de los seis países con niveles más elevados de huelga general tienen confederaciones sindicales divididas de acuerdo a líneas ideológicas entre 'comunistas' y 'socialistas', a saber, Francia, Italia, Portugal y España. Aunque las huelgas generales las han convocado a menudo todas las confederaciones sindicales de un país determinado, algunas huelgas generales fueron organizadas únicamente por la confederación comunista: la CGT en Francia, la CGIL en Italia, la CGTP en Portugal y CC.OO. en España. Puesto que las huelgas generales se han sucedido en otros seis países con estructuras sindicales muy diferentes, sabemos que si bien la presencia de confederaciones de izquierda suele llevar a huelgas generales, esa movilización también se produce incluso en su ausencia.


La recientes huelgas generales han producido una serie de resultados en el caso de los sindicatos y suscitan interesantes preguntas acerca del papel de la movilización política en la revitalización sindical (Hamann y Kelly, 2004). Por ejemplo, la huelga general de 2002 en España (sumada a la amenaza de organizar otras) obligó al gobierno conservador (del Partido Popular) a abandonar casi todas sus propuestas de reforma de las prestaciones por desempleo. Las huelgas generales italianas de 1994 contra la reforma de las pensiones llevaron a la dimisión del gobierno conservador y a su derrota en las siguientes elecciones generales. Por otro lado, los sindicatos austriacos organizaron una huelga general en el año 2000 y luego otra en 2003 como protesta por la aplicación unilateral de las reformas de las pensiones por parte del gobierno de coalición de conservadores y extrema derecha, pero lograron escasas concesiones. Ni siquiera esas limitadas evidencias sobre lo variable de los  resultados sugieren que las huelgas generales se puedan desechar sencillamente como fútiles protestas de movimientos sindicales débiles y en declive. A causa de la debilidad de los gobiernos antes discutida, algunas huelgas generales parecen haber conseguido concesiones de importancia de los gobiernos. Tomando en cuenta nuestro enfoque sobre las consideraciones electorales gubernamentales, acaso esto no resulte tan sorprendente, en la medida en que las huelgas generales pueden suponer un trastorno social y económico masivo y dar voz a una extendida oposición del electorado a las políticas gubernamentales.  

Conclusiones

Los problemas sindicales a la hora de negociar colectivamente con los patronos, sobre todo con los de empresas multinacionales del sector industrial y servicios financieros, están bien documentados. Tanto estos problemas como el declive ligado a ellos de las huelgas económicas a lo largo de la mayor parte de Europa Occidental desde 1980 se han localizado en el desplazamiento del equilibrio de poder entre corporaciones cada vez más móviles y poderosas y sus empleados sindicalizados pero vulnerables. Si bien ha decaído la capacidad y disposición de los sindicatos para declararse en huelga frente a las empresas, las relaciones entre los sindicatos y los gobiernos parecen muy diferentes. Desde principios de los años 80, se ha producido una reaparición de las negociaciones entre sindicatos y gobiernos sobre cuestiones de bienestar, reforma del mercado de trabajo y fijación de salarios. Los problemas a los que se enfrentan los partidos políticos para conseguir el apoyo de un electorado volátil y formar coaliciones estables de gobierno han proporcionado a los movimientos sindicales de algunos países la oportunidad de establecer un papel clave como agentes de negociación colectiva en representación de la población activa en su conjunto.    

Los gobiernos que han tratado de de llevar a la práctica reformas potencialmente impopulares han considerado útil asegurarse el apoyo de los sindicatos mediante la negociación de un pacto social. Que el gobierno tenga que depender de ese apoyo le otorga a los sindicatos un poder de negociación colectiva que queda fuera de las estructuras regulares de negociación colectiva ligadas al lugar de trabajo y muchos movimientos sindicales de Europa Occidental han recibido bien esta oportunidad de demostrar que siguen siendo relevantes. Al mismo tiempo la exclusión de los sindicatos de la planificación política por parte gubernamental ha demostrado que es un factor importante que contribuye a la reaparición de las huelgas generales en Europa Occidental desde 1980. Desde la ventajosa posición de los mercados laboral y productivo, el poder de negociación colectiva de los sindicatos en relación con los patronos parece con frecuencia limitado en su escala y repercusiones. Sin embargo, al modificar el enfoque y examinar las relaciones sindicales con los gobiernos en el contexto del a política de partidos, empieza a dibujarse una imagen bastante diferente del poder y vitalidad sindicales. La fuerza sindical es, así pues, un concepto multifacético y multidimensional que ha de entenderse en un contexto que va más allá de las estructuras regulares de negociación colectiva y en lugar de ello valora también la influencia sindical sobre las medidas políticas gubernamentales.   

Referencias

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John Kelly enseña en la School of Management del Birkbeck College de la Universidad de Londres.
Su correo es j.kelly@bbk.ac.uk. Kerstin Hamann es profesora del Departamento de Ciencias Políticas de de la Universidad de Florida Central en Orlando (Florida, Estados Unidos). Su correo es khamann@mail.ucf.edu

 

Anexo: Cuadro 1: General 8 Huelgas generales por país

 

 

País           Huelgas       Clasificación huelguística

               generales     (días perdidos/1000)

                 1980-2006        1980-2008

 

Grecia             38                1

Italia                13                3

Francia            10               11

Bélgica              7               12

España              6                2

Austria               3               13

Holanda              3               15

Portugal              3               10

Luxemburgo        1               16

Noruega              1                8

Dinamarca           0                6

Finlandia             0                4

Alemania             0               14

Irlanda                 0                5

Suecia                 0                9

Reino Unido         0                6

TOTAL                85

 

 

NOTA T.: No fue posible disponer en el original del cuadro 2 a que se alude el texto.

 

Kerstin Hamann es profesor de ciencia política en la University of Central Florida, EEUU. Está a punto de aparecer su  próximo libro The Politics of Industrial Relations: Labor Unions in Spain. Londres & Nueva York: Routledge. John Kelly es profesor de la Escuela de Negocios del Birbeck College de la Unversity of London. Juntos, han publicado en 2010: Parties, Elections, and Policy Reforms in Western Europe: Voting for Social Pacts. London & New York: Routledge.

Tomado de Sin Permiso

 

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