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El polvorín

El sistema agroexportador paraguayo viola los Derechos Humanos

30 Junio 2013 , Escrito por El polvorín Etiquetado en #Politica

 

Abogado defensor de Derechos Humanos de Paraguay

Óscar Ayala: “El sistema agroexportador paraguayo viola los Derechos Humanos”

Silvia Arjona Martín

Óscar Ayala, abogado defensor de Derechos Humanos y miembro de Tierraviva, lleva media vida luchando por la defensa de los territorios de los pueblos indígenas de Paraguay. Ha trabajado en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y en la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) y fue presidente del Instituto Paraguayo del Indígena (INDI) durante el gobierno de Fernando Lugo hasta su destitución, en junio de 2012 con motivo del Golpe de Estado perpetrado tras la masacre de Curuguaty, hace ahora un año.

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Óscar Ayala, fotografiado por Silvia Arjona.

Para este activista la defensa de los pueblos indígenas es la lucha por la igualdad, la inclusión y la democratización, por lo que continúa trabajando para que los derechos humanos de los distintos pueblos paraguayos se respeten y no se retroceda más en su camino.

Unos días antes de la suspensión de la primera Audiencia Preliminar celebrada los días 3, 4 y 5 de junio en Asunción a los 12 campesinos acusados de la muerte de 17 personas (11 campesinos y 6 policías) durante la masacre de Curuguaty, ya se mostraba preocupado por lo que pudiese pasar. En dicha audiencia se decidiría establecer un juicio oral a los acusados pero quedó suspendida a petición de la defensa por falta de definición de la titularidad de las tierras donde se produjo la masacre, por lo que la acusación de que el campesinado invadió una propiedad privada sigue su curso. Y “sigue su curso” porque la segunda Audiencia Preliminar, prevista para el 19, 20 y 21 de junio también ha sido suspendida en vistas a una nueva investigación, hasta el 15 de julio, que se celebre de nuevo en Asunción.

Óscar Ayala no contaba con todos estos cambios días antes de la primera audiencia aunque sí mostró sus deseos de que el Tribunal tuviese en cuenta las demandas del campesinado acusado. Al menos así lo manifestó durante la gira “Personas Defensoras de DDHH en el punto de mira”, celebrada del 22 al 24 de mayo en Madrid y Valladolid en la que participó.

“Sabemos que el poder judicial está bajo mucha presión, sobre todo del poder político en particular con este tema, por lo que es muy difícil vaticinar un resultado que se ajuste estrictamente a derecho y seguramente va a continuar”, revelaba con respecto al futuro que les espera a los y las acusadas en este caso.

Su desconfianza ante el sistema judicial y político paraguayo en cuanto a la masacre de Curuguaty es notable aunque sus palabras no lo definan como tal. Siente optimismo por la solidaridad internacional que ha despertado el caso ya que, según explica, “esto puede dar lugar a una presión que dé esperanzas para que las cosas se hagan como corresponden”. Y es que desea que la causa sea finalmente favorable a estas personas que han sido, según su criterio, “sometidas arbitrariamente a un proceso penal que fue instrumentado políticamente con los fines de institución que posteriormente se dieron ante Lugo”, explica.

Esa alerta ajena la considera “muy importante” y destaca así la labor que desde otros lugares del mundo está realizando la población emigrante paraguaya mostrando su preocupación por lo que está sucediendo en su país. Un ejemplo vibrante es el movimiento Paraguay Resiste, que desde diversas ciudades se moviliza no sólo para reivindicar justicia en Paraguay sino para informar, sensibilizar y concienciar a la comunidad internacional de lo que se está cociendo en el país del guaraní.

Agenda reivindicativa

Para este defensor de derechos humanos, la situación actual, tanto del movimiento indígena como del campesinado, está en un “renovado proceso de revitalización y construcción de una agenda reivindicativa” con la que prevé que se tomen en cuenta los temas que hasta ahora han sido centrales en sus demandas. Como, por ejemplo, “todo lo que tiene que ver con la Reforma Agraria y con las áreas habitacionales de las zonas urbanas, como producto de las emigraciones masivas de lo rural a lo urbano”, aclara Ayala.

Aún así, se muestra seguro de que la ideología conservadora del Partido Colorado, quien gobierna actualmente el país, presenta dificultades para que las reivindicaciones económicas y sociales de este sector de la población permeen en las políticas públicas de la República paraguaya. Por ello, añade que “si esto es así los conflictos sociales por la tierra y las movilizaciones del campesinado y de los pueblos indígenas pueden cobrar fuerza en Paraguay”.

Y es que, según Ayala, “el Estado está vinculado a intereses y no a derechos”, concretamente a intereses económicos y en función de eso desarrolla sus políticas de Estado y organiza el poder público, “olvidando muchas veces su labor democrática y cumplidora de Derechos Humanos”. Por ello, se pregunta casi indignado cómo se puede así asegurar el Estado de derecho si ni siquiera se está al lado del derecho de la gente.

Modelo agroexportador como negación de derechos

El modelo agroexportador que desarrolla Paraguay “es el principal negador de derechos”, sobre todo aquellos que están ligados a la tierra de las comunidades campesinas e indígenas, ya que “los derechos de la gente han sido vistos a partir de los intereses económicos”, explica Óscar para hacer ver la relación entre este modelo productivo y las desigualdades e injusticias que genera.

Pero los volúmenes de negocio que crea este sistema son tan grandes que alterarlo significaría “chocar con los principales grupos de poder del Paraguay, lo que se hace cuesta arriba”, señala Ayala. Aún así, cree que hay que empezar a hacer un trabajo para desmontar eso gradualmente así como seguir apostando por la exigibilidad de derechos que puedan integrar formas combinadas de demandas judiciales, civiles, ect., puesto que el recién elegido Partido Colorado “tiene una visión similar a este modelo socioeconómico que lleva desarrollándose muchos años en el país y que protege al capital antes que a las personas”.

Para clarificar sus argumentos, el abogado añade un ejemplo con el nuevo estudio y replanteamiento tributario con el que se establecerían gravámenes mayores a la exportación de la soja, del maíz, de la carne… con el fin de generar más ingresos y condiciones de industrialización, que permita la creación y demanda de mano de obra que “hoy no existe”.

Otra cuestión pendiente y ligada al reclamo del movimiento campesino según Óscar Ayala es restablecer definitivamente una “zonificación”, es decir, crear un ordenamiento territorial en el que se establezca en qué lugares se puede seguir cultivando y en cuáles no, o que las áreas de cultivo no se expandan más de los límites en los que están. Con desilusión añade que “a esto se oponen los empresarios de la soja” por lo que está seguro que hasta que estos cultivos sigan siendo demanda del comercio internacional, “va a ser muy difícil la reestructuración de la tierra para el beneficio de quienes la trabajan así como la defensa de sus derechos”.

Las multinacionales condicionan la realidad

Además de la responsabilidad que el gobierno paraguayo tiene en todos los cambios posibles para el bienestar de su campesinado y sus pueblos indígenas en torno a la tierra, también cree que el problema que se genera alrededor de ésta y que da lugar a violaciones de Derechos Humanos está muy ligado a las multinacionales. Ellas controlan la producción y comercialización del agronegocio condicionando la realidad de un Estado y las políticas que incluso tiene la Organización Mundial del Comercio (OMC) sobre estos temas. Además, contribuyen a incrementar los problemas económicos, ambientales, sanitarios y sociales que padecen las poblaciones afectadas por este sistema productivo considerado de desarrollo.

Pero a pesar de que pueda haber más cuestiones negativas que positivas en la defensa de la soberanía paraguaya, Ayala ve el futuro con optimismo tomando como partida algunos cambios recientes dados en el país como la presencia en la Cámara de Senadores de formaciones políticas progresista o de izquierdas distintas a las ya habituales coloradas y liberales.

Según él, esto se traduce en un comportamiento electoral en el país que tiene por detrás a una ciudadanía que está buscando una nueva forma de política en la República. “Y ello nos puede dar las pautas de que es un movimiento político que puede ir creciendo y aportando beneficios a la ciudadanía, en especial a la más desfavorecida e indefensa en materia de derechos humanos”, matiza con optimismo y esperanza mientras echa la vista al frente.


Silvia Arjona Martín es periodista freelance. Socia fundadora de la Asociación
Extremeña de Comunicación Social (AECOS). Especializándose en temas de cooperación, desarrollo y política internacional.

Ha publicado también en www.revistapueblos.org: Juan Carmelo García, presidente de IEPALA: “La creación de sujetos políticos es fundamental para lograr la salida”, 27/05/2013.

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