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El polvorín

ENTRE AQUEL MOVIMIENTO DE PARTICIPACIÓN POPULAR Y EL PRESIDENTE MUJICA; HAY UN GRAN TRECHO

13 Agosto 2011 , Escrito por El polvorín Etiquetado en #Politica

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MENSAJE DE LA 36

36

 

ENTRE AQUEL MOVIMIENTO DE PARTICIPACIÓN POPULAR Y EL PRESIDENTE MUJICA; HAY UN GRAN TRECHO

 

El Semanario, Búsqueda de este jueves 11 de agosto destaca en su contratapa la reculada del Presidente Mújica de sus últimos dichos.
Dice la mencionada que el presidente José Mujica se disponía a enviar en los próximos días el proyecto de ley que consagra un impuesto a la concentración de la tierra pero decidió postergarlo al enterarse de que la aprobación de esa norma es contradictoria con los beneficios que se concedieron a la empresa forestal Montes del Plata, por lo que exponía al Estado a recibir una demanda millonaria e incluso al riesgo de que la mayor inversión privada de la historia uruguaya se fuera del país, dijeron a Búsqueda fuentes políticas.

Los informantes relataron que fue el vicepresidente Danilo Astori quien advirtió al jefe de Estado sobre esa posibilidad, en la reunión que ambos mantuvieron este miércoles en el piso 11 de la Torre Ejecutiva con el objetivo de negociar los últimos detalles sobre el nuevo tributo para los poseedores de establecimientos rurales mayores a 2.000 hectáreas reas Índice Coneat 100 productividad media del país.

Astori le dijo a Mujica que discutir un nuevo impuesto en medio de una crisis económica mundial que genera incertidumbre sobre sus eventuales efectos negativos en Uruguay es una "pésima señal".
A continuación le ráyelo al presidente el dato que éste no tenía en cuenta: que el contrato que rubricó el Estado con la empresa forestal Montes del Plata, dueña de la principal inversión privada de la historia uruguaya, establece que en caso que hubiera "cambios significativos en el régimen tributario o en materia de permisos y autorizaciones que afectaran negativamente las condiciones económicas del proyecto de inversión de esa empresa, se "revisarán los beneficios especiales que se otorguen en el marco de la ley de inversiones para compensar por esta vía los eventuales perjuicios".

Es decir, que si se alteran los Impuestos que Montes del Plata tiene que pagar, el gobierno y la compañía tienen que acordar otros beneficios que lo compensen.
El vicepresidente agregó que había hablado con ejecutivos de Montes del Plata, que le dijeron que el Estado se exponía a una
demanda y que la empresa manejaba incluso retirarse del país.
"De todas formas, yo hago lo que mande mi presidente", agregó Astori.
Mujica meditó unos segundos su respuesta y luego se comprometió a reformular el proyecto para contemplar la cláusula incluida en el contrato con la forestal, revelaron los informantes.

La intención de Mujica, dijeron las fuentes, era anunciar en público el proyecto de ley para crear el nuevo tributo al agro en los próximos días y enviarlo al Parlamento con la firma de todos sus ministros.
No obstante, los informantes sostuvieron que Mujica "no se baja" y enviará "sí o sí" la nueva versión del proyecto al Poder Legislativo para que sea discutida porque para el mandatario y sus colaboradores más cercanos es "muy importante" aprobar el nuevo Impuesto como "señal política".
"Esta sería la primera vez que se instrumenta un impuesto no diseñado por el astorismo y por eso es tan importante", señaló a Búsqueda uno de los jerarcas que trabajan en la Torre Ejecutiva cerca de del presidente.
Agregó que si el tributo planificado para el agro y diseñado por la Oficina de Planeamiento y Presupuesto (OPP) no genera ningún "cambio en las reglas de juego" como pronostica el astorismo, esa será la prueba de que no sólo Astori y su equipo generan "seguridad", por lo que no podrán seguirse presentando como la "única garantía" de "buen gobierno".

En una conferencia de prensa que brindó ayer miércoles en el Parlamento, Astori afirmó que la de ese día "no va a ser la última reunión porque después de trabajar un buen rato sobre el tema del llamado impuesto  al agro resolvieron seguir analizando los diversos temas que están en juego porque es una propuesta que tiene que  guardar equilibrio con el propio sistema tributario, con objetivos bien definidos en materia de equidad, eficiencia y estímulo a la inversión, y con la orientación de la política económica. Sostuvo que hay que analizar el destino de los recursos de la recaudación de este tributo".

El vicepresidente dijo que es partidario de "seguir analizando con calma y todo el tiempo que se necesite el contenido dé esta propuesta para que sea coherente con lo mencionado porque "en materia tributaria hay que hilar muy fino".
A la consulta de un periodista sobre si eso significa que queda en suspenso, Astori respondió: "No, no, significa que se seguirá trabajando para que la propuesta no tenga flancos vulnerables".

¿Qué espera Astori del proyecto que se acuerde? "En cuanto a equidad que se grave en función de la capacidad contributiva, en eficiencia que sea un tributo capaz de recaudar lo que se pretende y que no castigue o deteriore el estímulo a la inversión productiva, que en el agro ha sido muy importante", dijo.

El líder de Asamblea Uruguay destacó que el país tiene 5,5% de desocupación gracias a la inversión y eso "hay que cuidarlo mucho".

Plasmando la idea original de Mujica de gravar a las grandes extensiones de tierra productivas el proyecto de ley, elaborado por técnicos del gobierno, creará el Impuesto a la Concentración de Inmuebles Rurales a los activos inmobiliarios que en su conjunto excedan las 2.000 hectáreas índice Coneat 100, productividad media del país o sus equivalentes, como una "forma de captar, para la sociedad, parte de la valorización de la tierra y desalentar su proceso de concentración".
Así lo establece el borrador de ese proyecto en la exposición de motivos, que incluye un detallado análisis de la evolución del precio de la tierra en Uruguay en los últimos 20 años, además de la argumentación de los 14 artículos de la ley.

Las alícuotas previstas en el texto para el pago del impuesto son: 67 unidades indexadas por hectárea U$S 8 a los predios de entre 2.000 y 5.000 hectáreas, 100 Ul, U$S 12 a las extensiones de entre 5.000 y 10.000 hectáreas y 135 UI U$S 16 a las mayores a 10.000 hectáreas.
La reglamentación de la ley determinará los criterios a aplicar en los casos de desmembramiento de la propiedad de los inmuebles rurales, señala.

El gobierno estima que el ICIR afectará a 1.200 propietarios particulares o empresas del total de 47.300 que poseen campos en el país. Esa cantidad equivale al 2,5% del total  y concentra el 36% de la superficie total de tierras del país, que implica unos 5 millones de hectáreas.
El 97,5% de los titulares de inmuebles rurales que tienen el 64% de las tierras productivas no deberán pagar el nuevo impuesto, sostiene la exposición de motivos del proyecto de ley.

El impuesto se liquidará sobre la base de los bienes inmuebles rurales del contribuyente al 31 de diciembre de cada año. Los sujetos pasivos del nuevo impuesto serán las personas físicas, los núcleos familiares y las sucesiones indivisas, las personas jurídicas constituidas en el extranjero incluidas en el artículo 5 del Impuesto a las Rentas de los No Residentes. El tributo abarcará también a las rentas empresariales establecidas en et artículo 3 del Título 4 del Texto Ordenado 1996.
El texto preparado por el gobierno aclara que cuando alguno de los sujetos pasivos mencionados se encuentre comprendido en más de un literal, deberá realizar una liquidación por cada uno de los activos inmobiliarios rurales,

Los titulares de empresas unipersonales, condominios, socios y accionistas nominativos computarán en su activo personal la cuota parte que les corresponda en los bienes inmuebles rurales, siempre que éstos no estén sujetos al pago del Impuesto, señala el proyecto.
A su vez, el proyecto exonera del pago del ICIR al Estado, a los organismos del artículo 220 de la Constitución, a los gobiernos departamentales y al Instituto Nacional de Colonización.

Los gobiernos departamentales controlarán las declaraciones juradas de los pasivos comprendidos en el ICIR y a

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