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El polvorín

España: Posibilidades y limitaciones de la acción institucional para caminar hacia la sostenibilidad.

17 Julio 2010 , Escrito por El polvorín Etiquetado en #Politica

Posibilidades y limitaciones de la acción institucional para caminar hacia la sostenibilidad.
El tránsito hacia un horizonte de sostenibilidad debe ser la prioridad en la agenda política de las instituciones democráticas. Es preciso implicar a la Administración Pública en todas sus esferas, desde el ámbito local al autonómico, estatal y europeo. Es por tanto condición imprescindible que los cargos electos y los gobernantes en todos los niveles tengan la conciencia y sensibilidad suficiente para elaborar y acometer los programas necesarios para el cambio.
Sin embargo, la capacidad de actuación del Estado, las Comunidades Autónomas y los Ayuntamientos para regular el Mercado es hoy mucho menor y más complicado que antes de iniciarse la Globalización económica. El proceso de concentración de capitales ha tenido como consecuencia la configuración de mega-corporaciones privadas, financieras o industriales, con un poder inmenso, capaz incluso de desafiar a los poderes públicos, y con presupuestos anuales a veces superiores a los de algunos países.
Los poderes públicos deben afrontar esta realidad y adoptar medidas eficaces para impedir la formación de oligopolios y el desafío que supone el crecimiento desmesurado de estas mega-corporaciones, cuyo único objetivo es la maximización de beneficios con el mínimo gasto, sin importarles en absoluto el deterioro social y ambiental producido por sus agresivas políticas comerciales.
Esto implica adoptar medidas efectivas para regular la actividad industrial y financiera, para defender los derechos de los consumidores y los derechos ciudadanos en general, pero también poner límites a la actividad de los lobbys privados, que de ninguna manera pueden ejercer el chantaje contra los poderes públicos, y también emprender el camino hacia la regeneración democrática, combatiendo la corrupción política de forma contundente, corrupción que a menudo es consecuencia de las actividades de los lobbys privados. Implica además poner fin a los déficits democráticos con el ejercicio de la transparencia pública a todos los niveles y, sobre todo, con políticas eficaces que garanticen la participación ciudadana, hasta ahora demasiado escasa en la práctica de las instituciones.
No obstante, debemos ser conscientes del enorme deterioro económico que, como consecuencia de la crisis financiera, está afectando a todas las administraciones públicas, y que limita notablemente la capacidad de actuación de estas.
En el nuevo escenario, con una caída de ingresos de en torno al 35% y un incremento del gasto público también en torno al 35%, es obvio que se necesitan reformas estructurales urgentes y ambiciosas para evitar la quiebra de las instituciones del Estado.
Si en otoño de 2008 Estados Unidos estuvo al borde del colapso, coincidiendo con la quiebra de la banca Lemann Brothers y la aseguradora AIG, el pasado 7 de mayo de 2010 fue el Estado español el que llegó al colapso económico, del que sólo pudo librarse gracias a la intervención “in extremis” del Banco Central Europeo (BCE) y el Fondo Monetario Internacional (FMI).
El rescate del BCE y el FMI tendrá para España un altísimo precio, como lo está teniendo ya para Grecia, que también colapsó unos meses antes.
El precio pactado no puede llegar al extremo de suponer la subordinación de España al BCE y el FMI. El Estado español, sus instituciones, tendrá durante los próximos años que enfrentarse a las viejas recetas neoliberales que algunas instituciones internacionales querrán imponer con la excusa de reducir el déficit público sin renunciar a su soberanía política. Las recetas económicas que impliquen recortes sociales, privatización o deterioro de servicios públicos, limitación de derechos civiles, enajenación de patrimonio histórico o cualquier hipoteca sobre los recursos naturales, deben ser rechazadas de plano. En contraposición, deben iniciarse políticas de austeridad y racionalización del gasto público sin que ello contribuya a la merma del Estado del Bienestar. No podemos permitir que los grandes bancos y las grandes corporaciones industriales privadas impongan sus condiciones.
Así por ejemplo, en el caso de los Ayuntamientos, el Estado español será presionado para iniciar un proceso radical de fusiones que pondrán en peligro la autonomía local y la democracia efectiva, como ya ha ocurrido en Grecia, donde todos los Ayuntamientos de menos de 10.000 habitantes han resultado gravemente afectados. Antes del rescate, Grecia tenía 1.034 Ayuntamientos; hoy sólo tiene 355. Casi dos terceras partes han sido obligados a desaparecer mediante su fusión con otros, poniendo en serio peligro las políticas de proximidad. Otros países, como Irlanda, ya han iniciado ese proceso.
En el caso de España el rescate implica, y esto es un dato que deliberadamente se ha hurtado a la ciudadanía, que resultarán afectados los Ayuntamientos de más de 15.000 habitantes, es decir, unos 4.000, aproximadamente la mitad de los 8.115 Ayuntamientos españoles. Al menos esas son las pretensiones de instituciones como el BCE y el FMI. Las medidas consensuadas al parecer incluyen otras iniciativas como la drástica reducción de plantillas y cargos públicos (actualmente hay 655.000 empleados públicos y 74.211 concejales y alcaldes), enajenación de bienes raíces o periodos legislativos de 5 años.
Es evidente que las perspectivas de futuro son muy malas para las administraciones públicas, y que algunas reformas estructurales deben ser acometidas con la mayor urgencia. Pero la solución pasa por incrementar la inversión y el gasto público en sectores estratégicos para la sostenibilidad, energías limpias, bioconstrucción, vehículos eléctricos, infraestructura ferroviaria, agricultura biológica, artesanía, conservación de espacios naturales, etc. Es lo que se conoce como el “Green New Deal” o nuevo acuerdo verde, y es lo único que puede suponer un verdadero impulso para el movimiento del capital circulante y un incremento notable de la actividad laboral no precaria, ayudando así a combatir el desempleo ocasionado por la quiebra masiva de pequeñas y medianas empresas privadas.
La crisis no debe limitar la acción institucional para caminar hacia la sostenibilidad. Los recortes presupuestarios pueden y deben realizarse en áreas que no comprometan la sostenibilidad. Por ejemplo en el presupuesto militar, que es y ha sido siempre excesivo. La presión fiscal puede y debe incrementarse en el rango de las rentas más altas y en las actividades contaminantes o ambientalmente insostenibles. La reducción del gasto puede y debe enfocarse hacia actividades de escaso o nulo beneficio social o ambiental, como por ejemplo las subvenciones a festejos taurinos o el deporte de élite.
La acción institucional en todo caso debe favorecer la desglobalización económica apostando por economías y mercados locales y regionales, cooperativas y autogestión, debe favorecer el desendeudamiento reduciendo la dependencia de las entidades financieras y sus abusivos intereses y debe orientarse hacia el decrecimiento reconduciendo la economía sin que ello implique un deterioro de la calidad de vida.
Cuando estalló la crisis financiera global, en 2008, el 35% de las entidades locales españolas presentaban números rojos, y la deuda viva de estas superaba los 26.000 millones de euros. El panorama hoy es aterrador. Más del 90% podrían considerarse en quiebra técnica, y la deuda viva supera ampliamente los 35.000 millones. Si a esta cantidad sumamos la deuda no financiera, es decir, la que mantienen los ayuntamientos con particulares y empresas, emisiones y facturas impagadas, el endeudamiento global actual podría ser casi equivalente al presupuesto municipal en su conjunto, estimado en unos 70.000 millones de euros.
El caso de las Comunidades Autónomas y la Administración Central es muy similar o extrapolable. La situación, nadie puede negarlo, es delicada y podría llegar a ser explosiva. Y la próxima legislatura será tremendamente complicada, lo que podría poner en peligro el propio Estado del Bienestar. Es precisamente por ello que necesitamos, más que nunca, políticos honestos y eficaces, con ideas muy claras y propuestas viables para afrontar el difícil reto de sobreponernos al Tsunami de la crisis sistémica. Pero es también más necesaria que nunca la contribución de la sociedad civil y de sus asociaciones representativas, que deben actuar con un alto sentido de la responsabilidad para aportar soluciones y establecer sinergias con las instituciones públicas cuando estas orienten sus políticas hacia la sostenibilidad social y ambiental.
Esto no significa que se deba desmovilizar a la sociedad y confiar en los políticos y las instituciones sino todo lo contrario. En el contexto actual la política se ha convertido en algo demasiado importante para dejarla exclusivamente en manos de los políticos tradicionales. Y la sociedad debe movilizarse, hoy más que nunca, para impedir que los Mercados y los poderes oligárquicos impongan su ley, y para salvar de una posible quiebra a las instituciones públicas.
Hoy más que nunca las fuerzas políticas y los agentes sociales deben actuar de forma coordinada frente a la voracidad de las grandes entidades financieras y las mega-corporaciones privadas para salvar la democracia, la libertad, preservar el medio ambiente y el Estado del Bienestar.

Texto realizado por LV-GV

E. Cabal, JM.Román


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LLAMAMIENTO: Asociaciones ecologistas, organizaciones políticas y numerosas personas hacemos un llamamiento a la sociedad española que se sienta comprometida con la ecología y el medio ambiente para que contribuyamos, en conjunto, a buscar caminos que nos permitan ir hablando y construyendo propuestas y estrategias para abordar la crisis medioambiental desde una perspectiva transformadora.
Os llamamos a acudir los días 16 y 17 de octubre de 2010 al Encuentro de Ecología a celebrar en Madrid convocado bajo el lema “Bases ecologistas para una sociedad con futuro”.
La actual situación de crisis ecológica, económica y social abrió numerosos interrogantes sobre la viabilidad y capacidad del sistema capitalista para encontrar una salida a la misma que no perjudique a amplias mayorías sociales.

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