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El polvorín

España post genocidio (Notas de Nuevatribuna.es del I al V)

28 Junio 2010 , Escrito por El polvorín Etiquetado en #Politica

(I)No son “sentencias”, son crímenes de guerra

* Miguel Ángel Rodríguez Arias
Que Franco se empeñase en llamar “sentencias” a esos 190.000 asesinatos estimados para tratar de enmascararlos como “justicia” pudiera ser normal para gente como Franco, Hitler, Mussolini…, pero que nuestra democracia las convalide todavía hoy como tales no lo es, y menos que nuestra ley de la memoria las siga llamando “sentencias”, ilegitimas, con defectos, antipáticas, de mal rollo...
NUEVATRIBUNA.ES - 4.5.2010

Ni “sentencias” con defectos, ni “sentencias” ilegítimas, ni “sentencias” injustas – lo último que se le ocurrió a la Vicepresidenta Fernández de la Vega al hablar recientemente del caso de Miguel Hernández –. Es que no son sentencias: son crímenes de guerra.

Actos criminales contrarios a la Convención de Ginebra y al mismo estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional que en su artículo 8.2.c) iv, define expresamente como “crimen de guerra” (imprescriptibles, inamnistiables…):

“Las condenas dictadas y las ejecuciones sin previo juicio ante un tribunal regularmente constituido, con todas las garantías judiciales generalmente reconocidas como indispensables”.

Y sí, ya sé que, como no estamos en un Estado de Derecho de verdad, a nuestras autoridades lo de la convención de Ginebra (nada menos), el Estatuto de Roma y todo lo demás no les importa lo más mínimo mientras no les cueste votos…pero no por ello hay que dejar de denunciarlo claramente y con los instrumentos internacionales en la mano, aunque solo sea por llamar las cosas por su nombre y tal y como las definen los tratados suscritos por España ya que, al parecer, las autoridades españolas no se sienten en la obligación de hacerlo.

Que Franco se empeñase en llamar “sentencias” a esos 190.000 asesinatos estimados para tratar de enmascararlos como “justicia” pudiera ser normal para gente como Franco, Hitler, Mussolini…, pero que nuestra democracia las convalide todavía hoy como tales no lo es, y menos que nuestra ley de la memoria las siga llamando “sentencias”, ilegitimas, con defectos, antipáticas, de mal rollo o cualquier otro adjetivo edulcorante que se les ocurra de espaldas al derecho internacional que, jurídicamente hablando, vienen a valer lo mismo: nada. Porque en derecho las cosas son vigentes o nulas, en distinto grado si se quiere, pero ilegítimas o antipáticas no son.

Y hablo de 190.000 asesinatos, crímenes de guerra, “estimados” porque el despropósito es tal que de todas esas pretendidas sentencias vigentes pero descarriadas, ejercicio del “ius puniendi” del Estado, no sabríamos ni la cifra, y hasta eso mismo es ya completamente insostenible. No es que no sepamos las cifras de desaparecidos a manos de camisas azules y demás, que tampoco: es que no se sabe ni a cuantos “ejecutó” el Estado. Exáctamente así de jurídica fue la orgía de muerte franquista con los militarmente vencidos.

Simplemente nuestra democracia no puede seguir convalidando las tropelias criminales del fascismo español como actos de “derecho”.

El asesinato de Companys fue un crimen de guerra, hay que empezar a llamarlo así de una vez, el asesinato de Antonio Escobar, también, como lo fue la condena de Miguel Hernández, y de tantos y tantos y tantos otros en todo el país.

Y no me refiero sólo a las condenas de muerte, también a todas las demás condenas dictadas “sin previo juicio ante un tribunal regularmente constituido, con todas las garantías judiciales generalmente reconocidas como indispensables”, como he citado más arriba.

Son actos criminales que no pueden, ni deben, seguir siendo considerados hoy como “derecho”, ni llamados “sentencias” por nadie, por mucho que los criminales así lo pretendieran para encubrirse y tan, tan bien, ay, les haya salido la jugada durante todo este tiempo. El artículo 8 del Estatuto de Roma lo define bien claro.

Y por eso no puede tratarse tampoco únicamente de la nulidad de todas las “sentencias” del franquismo – primera medida a emprender – sino, más ampliamente, del cumplimiento de todos los deberes de “verdad, justicia y reparación” hacia los “sentenciados”

De modo que, tratándose de crímenes de guerra contra excombatientes y población civil protegida, es igualmente obligado impulsar también la apertura de una “investigación oficial efectiva e independiente” dirigida al esclarecimiento judicial de la verdad, y la depuración de todas las responsabilidades penales, civiles, administrativas o de cualquier otra índole a través de la aplicabilidad del legado de Nuremberg que el artículo 7.2 del Convenio Europeo de Derechos Humanos nos ofrece.

Y sin olvidarse de otorgar a todas estas víctimas, y muy especialmente a todos los asesinados y a sus familias, su pleno reconocimiento debido como “víctimas de violaciones manifiestas de los derechos humanos”, de conformidad con la Resolución 60/147 de la Asamblea General de Naciones Unidas; sin saltarse ninguna de las cinco formas de reparación por parte del Estado previstas en la misma – restitución, indemnización, rehabilitación, satisfacción y garantías de no repetición –, y en particular, a las siguientes obligaciones especialmente urgentes:

1- La nulidad de todas las “sentencias” y “tribunales” y su reconocimiento como mera ficción jurídica utilizada por el régimen fascista de Franco para el enmascaramiento de todos estos asesinatos sistemáticos, ello mismo como una primera forma de reestablecimiento de la dignidad, la reputación y los derechos de las víctimas y de sus familiares.

2- Una petición pública de perdón por parte de las autoridades del Estado por todos los crímenes y por los precedentes 30 años de abandono de las familias tras la muerte de Franco, que incluya el reconocimiento de los hechos y la aceptación de las responsabilidades.

3- La proclamación parlamentaria de un día nacional de homenaje y recuerdo a todas estas victimas y a sus familias, así como la denominación, en sus respectivos lugares de residencia, de calles y edificios públicos con los nombres de los asesinados y represaliados como forma de permanente homenaje y recuerdo, siguiendo los precedentes en la materia de organismos internacionales como la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

4- La inclusión de una exposición precisa de todas estas violaciones manifiestas de los derechos humanos y crímenes de Estado en el material didáctico a todos los niveles.

5- La nulidad de la inaceptable convalidación jurídica de todas estas muertes operada por la ley de la memoria.

Todos estos deberes de Estado son los que se está saltando cada representante público que sale hablando de “sentencias”; saltándose todo eso, faltando a la verdad, y al respeto, a los represaliados por el franquismo y a sus familias: llevando a cabo una intolerable injerencia en el derecho al honor de todas esas personas olvidadas y pisoteadas, mucho mayor si cabe al hacerlo desde el ejercicio de sus cargos públicos, con mayor daño para las familias.

Y acaso el error ha sido ese: el ser tan comedidos y no haber emprendido antes acciones legales y una firme campaña de denuncia pública para proteger el derecho al honor de todas esas personas y sus familias contra todo cargo institucional que se atreva a actuar de esa manera.

Si ellos se permiten hablar una y otra vez, públicamente, de “sentencias” y de “tribunales” al referirse a masacres y fusilamientos criminales de los defensores de nuestra República, pasándose por las narices la Convención de Ginebra, el Estatuto de Roma, Nuremberg, las Resoluciones de Naciones Unidas y lo que haga falta, ¿no debemos también todos nosotros llamarles cómplices del franquismo, genocidas de la memoria, e ir tomando buena nota de hemeroteca para que dentro de dos años les sigan insultando si se atreven, pero desde su casa?.

Verdad, justicia y reparación, ya.

Miguel Ángel Rodríguez Arias es profesor de Derecho Penal Internacional de la Universidad de Castilla-La Mancha, autor del libro "El caso de los niños perdidos del franquismo: crimen contra la humanidad" y otros trabajos pioneros sobre desapariciones forzadas del franquismo que dieron lugar a las actuaciones de la Audiencia Nacional.

(II): Sin noticias de Príamo - Héroes de la República insepultos en el Ebro

* Miguel Ángel Rodríguez Arias
 
En nuestro caso los restos mortales de nuestros héroes han quedado ahí tirados, sin más, (...) a lo largo de este ininterrumpido reinado de un mismo monarca que nunca ha mostrado un ápice de esa misma humanidad de Príamo para con nuestros propios vencidos en los últimos 35 años…
NUEVATRIBUNA.ES -
Ni tan siquiera tirados en fosas clandestinas, directamente insepultos, a la intemperie. Fémures y cráneos aquí y allá, apareciendo detrás de cualquier arbusto; en no pocas ocasiones ocupando los mismos lugares en los que fueran destrozados por los obuses alemanes e italianos que auxiliaron a Franco.

Así se encuentran todavía numerosos defensores de la República española en las tierras altas del Ebro, tal y como recogía este fin de semana El País, al informar de excursionistas y vecinos que habían ido reuniendo, en más de 600 trozos distintos, los restos mortales dispersos de “unos 63” combatientes republicanos caídos durante la batalla del Ebro de 1938. En la línea de las terribles, imposibles de creer, imágenes emitidas por Telecinco hace ya más de un año, que tampoco pueden ser olvidadas.

Que estemos hablando de personas que se dejaron la vida en una de las batallas más desesperadas y cruentas que se recuerden en España, que lo hicieran en defensa de la Constitución, de nuestras libertades, de nuestro futuro,…que en cualquier otro lugar civilizado serían honrados como héroes…parece que poco importa.

Llevan más de 70 años allí tirados, directamente a la intemperie; incluida la cuenta de los más de veinte años desde que nuestro “Estado de Derecho” ratificase, en abril de 1989, el Segundo Protocolo a la Convención de Ginebra, cuyo elemental artículo 8 no podría resultar más claro en relación con los ineludibles deberes legales de Estado de búsqueda y trato decoroso de los restos mortales de los combatientes:

Artículo 8 – Búsqueda. Siempre que las circunstancias lo permitan, y en particular después de un combate, se tomarán sin demora todas las medidas posibles (…) para buscar a los muertos, impedir que sean despojados y dar destino decoroso a sus restos.

Medidas “sin demora” para “dar destino decoroso a sus restos”…no cabe duda, los desaparecidos en combate, son los desaparecidos entre los desaparecidos; y en nuestro país más. Sea en los escenarios bélicos del Ebro o en cualesquiera otros.

Las normas internacionales de referencia de los “desaparecidos en combate” podrán no ser las mismas que ante las desapariciones forzadas, pero el dolor y la interminable espera de sus familiares ante la angustia del ser querido desaparecido del que nunca más se supo – la ausencia del lugar de reposo donde recordarles y honrarles – sí que lo es.

Pero – como ante el Convenio Europeo de Derechos Humanos, Nuremberg y todo lo demás – el Segundo Protocolo a la Convención de Ginebra, el artículo 8 más arriba citado, tampoco vale en España. La Convención de Ginebra…

Qué terrible vivir en un país tan poco serio en el que se hace necesario argumentar y reclamar a nuestras autoridades por qué “sería mejor” – y más decente – cumplir con los tratados absolutamente fundamentales firmados por España…les dé o les quite votos a nuestros gobernantes…

Qué terrible que hasta la derecha democrática de otras naciones civilizadas como la de la Alemania de Ángela Merkel haya entendido que el cumplimiento de tales tratados internacionales en materia de derechos humanos – la nulidad de las “sentencias” del nazismo y todo lo demás – no es algo meramente optativo, no es ni de izquierdas ni de derechas…mientras que los actuales dirigentes de nuestro partido socialista todavía no lo hayan hecho…

Qué terrible la actuación de los ayudantes de la impunidad, aquellos dentro del PSOE siempre dispuestos a justificar, violación tras violación del derecho internacional – vergüenza tras vergüenza –, el trato inhumano a estas personas cuyos derechos se siguen negando de todas las formas posibles… la actuación de aquellos que ponen todos los paños calientes del mundo en nombre del PP que se avecina, de lealtades de partido mal entendidas, de la “responsabilidad de gobierno”, y no sé que más. Y eso que siempre creí que una de las primeras responsabilidades de gobierno, de cualquier gobierno, era justamente la de garantizar los derechos humanos tal y como vienen recogidos en el derecho internacional: tal y como dice el artículo 10.2 de la Constitución española o su artículo 96…ni más ni menos… cumplir nuestra Constitución debe ser también algo gravemente incompatible con la responsabilidad de gobernar, como lo del Convenio Europeo de Derechos Humanos…cosa de izquierdosos o de quienes quieren parecerlo…

¿Qué es lo que pasa en este país cuando se puede incumplir todo el derecho internacional perpetrando comportamientos verdaderamente infames desde nuestras propias instituciones, y el mero hecho de exigir la normal observancia de las leyes de humanidad – como la de no dejar a miles y miles de personas tirados como perros – resulte ser “guerracivilismo”, “ir de rojo”, o lo que se les ocurra?

¿Qué es lo que pasa cuando, ante el frío hecho de los cientos de cuerpos a la intemperie en el Ebro, el gobernante de turno del PSOE se puede ir públicamente de rositas con cualquier chascarrillo feliz como “sentirse absolutamente cercano a las víctimas”, o directamente mintiendo a la ciudadanía de forma descarada diciendo cosas como que la sentencia de Blas Infante ya no existe en virtud de la “ley de la memoria”?.

Y, con todo, esa imagen de esos cientos de cuerpos insepultos en el Ebro no nos habla ya, únicamente, de un Gobierno que será largamente recordado por sus hazañas en materia de justicia universal – que sí que sobrevivió a Aznar, pero que, paradójicamente, no lo hará a Zapatero… – y una impactante cobardía moral que resulta inevitable criticar, sino que nos habla de algo más de fondo, casi antropológico, aún pendiente en nuestra misma sociedad.

Homero lo recrea en el canto XXIV de su Iliada, el titulado Rescate de Héctor, cuando Príamo, Rey de Troya, acude en la noche a suplicarle a Aquiles la restitución de los restos profanados de su heroico hijo, defensor de la ciudad – valiente y digno en la lucha, salvajemente arrastrado después de vencido a los mismos pies de las murallas –, con el único fin de poder honrarlos y darles digna sepultura. En nuestro caso los restos mortales de nuestros héroes han quedado ahí tirados, sin más, sin medio remordimiento de conciencia de ninguna autoridad estatal; no ya únicamente durante toda la dictadura, sino durante todo lo que llevamos de democracia, Gobierno tras Gobierno, a lo largo de este ininterrumpido reinado de un mismo monarca que nunca ha mostrado un ápice de esa misma humanidad de Príamo para con nuestros propios vencidos en los últimos 35 años…

Esos maltratados restos de nuestros propios héroes representan, al mismo tiempo, algo profundo y pendiente en el seno de nuestra propia sociedad postgenocidio, en la decencia de nuestros gobernantes y respecto de cualquier idea de dignidad democrática que nuestras propias instituciones pretendan encarnar, ¿cómo podrían resultar verdaderamente dignas las unas sin los otros, mientras estos últimos continúan tirados a la intemperie?.

En uno de esos votos particulares que le recuerdan a uno por qué y para qué se estudia derecho – el formulado por el magistrado Cançado Trindade en el conocido caso Bámaca Velásquez contra Guatemala en sede de la Corte Interamericana – se nos recuerda:

“La solidaridad humana se manifiesta en una dimensión no sólo espacial - es decir, en el espacio compartido por todos los pueblos del mundo, - sino también en una dimensión temporal - es decir, entre las generaciones que se suceden en el tiempo, tomando el pasado, presente y futuro en conjunto. Es la noción de solidaridad humana, entendida en esta amplia dimensión, y jamás la de soberanía estatal, que se encuentra en la base de todo el pensamiento contemporáneo sobre los derechos inherentes al ser humano”, “lo que concebimos como la especie humana abarca no sólo los seres vivos (titulares de los derechos humanos), sino también los muertos (con su legado espiritual). El respeto a los muertos se debe efectivamente en las personas de los vivos. La solidaridad humana tiene una dimensión más amplia que la solidaridad puramente social, por cuanto se manifiesta también en los lazos de solidaridad entre los muertos y los vivos (…) En definitiva, los vivos y los muertos encuéntranse mucho más vinculados de lo que uno pueda prima facie suponer, y esta realidad no puede seguir siendo ignorada por el Derecho Internacional de los Derechos Humanos en evolución”.

No hay rescate de Héctor entre nosotros, yace aún profanado por la furia de Aquiles más allá de las leyes de los hombres o de los dioses.

Seguimos, en este país, sin noticias de Príamo.

Miguel Ángel Rodríguez Arias es profesor de Derecho Penal Internacional de la Universidad de Castilla-La Mancha, autor del libro "El caso de los niños perdidos del franquismo: crimen contra la humanidad" y otros trabajos pioneros sobre desapariciones forzadas del franquismo que dieron lugar a las actuaciones de la Audiencia Nacional.

Vídeo de Telecinco sobre "Los restos de la batalla del Ebro": ver en la publicación original: http://www.nuevatribuna.es/noticia.asp?ref=34305
El problema sigue siendo que dentro de nuestro ordenamiento aún se continúa reconociendo actos, nombramientos y resoluciones de una banda criminal que se apoderó de las instituciones del Estado y que constituyen un auténtico corpus de tejido jurídico zombie y necrosado.
NUEVATRIBUNA.ES

Como he apuntado anteriormente nuestro “Estado de Derecho” se desentiende de Nuremberg, de la Convención de Ginebra, del Convenio Europeo de Derechos Humanos y de cualquier cosa que pueda venir de ese derecho internacional “abre-heridas” y “guerracivilista”.

Pero eso tampoco quiere decir que estemos – vaya, no del todo – en una especie de “Estado de Derecho gamberro”, ajeno a toda norma jurídica de referencia.

Hay un “derecho” que nuestro Estado sí que reconoce y al que da pleno cumplimiento a pies juntillas: el “derecho” franquista.

Y digo “derecho”, entrecomillado, porque en ningún caso puede, ni debe, ser reconocido como tal, sino como meros actos de violencia y represión impuesta a nuestra sociedad por la fuerza de las armas (armas nazis y fascistas, dicho sea de paso…)

Porque la dictadura criminal franquista no fue otra cosa que un régimen fascista cómplice del régimen nazi de Hitler en Alemania y del régimen fascista de Mussolini en Italia, tal y como fue expresamente reconocido por la Resolución 39 (I) de la Asamblea General de Naciones Unidas de 12 de Diciembre de 1946: “de acuerdo a su origen, naturaleza, estructura y conducta general, el régimen de Franco es un régimen fascista basado en el modelo de la Alemania nazi de Hitler y la Italia fascista de Mussolini, y en su mayor parte establecido como resultado de la ayuda recibida de los mismos”.

Así que el problema de fondo va todavía más allá, en realidad, de que la España post genocidio se siga desentendiendo de todo el derecho internacional respecto de víctimas sepultas o insepultas: es que a lo que sí que se sigue reconociendo valor jurídico es a todo lo que hizo dicho régimen criminal… y ojalá que al decir esto estuviese olvidando algún sector jurídico, algo de lo “atado y bien atado” por el franquismo – grande o pequeño – que sí que fuese “anulado”, aunque mucho me temo que no es así y que el balance es absolutamente desolador…

Por eso y, siguiendo con la metáfora, en el caso español más que un “Derecho Gamberro” me parece más ajustado decir que tenemos una suerte de “Derecho Zombie”, auténtico “muerto viviente” entre nosotros, aplicado por una alta judicatura que como no fue removida y prejubilada en su día – por franquista y antidemocrática, tal y como exige el cuarto de los Principios de Chicago sobre justicia transicional – tampoco le va a la zaga y claro, los años no pasan en balde… pero vamos, conste que a lo que yo me refiero es a una cosa no-muerta y putrefacta pero de modo sosegado, en plan clásico de George A Romero, que no estilo “71 años después” más difícil de imaginar, corriendo por los pasillos de nuestro Tribunal Supremo, rabiosos y a lo loco…y sí, ya sé que esto son temas muy serios, pero con tanta tropelía pónganse en mi lugar, me acojo a su indulgencia con la humorada.

El hecho es que el problema sigue siendo que dentro de nuestro ordenamiento aún se continúa reconociendo una impropia validez jurídica – impropia de un verdadero Estado Democrático de Derecho – a actos, nombramientos, resoluciones, leyes… de una banda criminal que se apoderó de las instituciones del Estado…elementos que constituyen un auténtico corpus de tejido jurídico zombie y necrosado, y que ya va siendo hora de extirpar de nuestro ordenamiento mediante la cirugía de la nulidad y de un pleno Estado de Derecho que atienda plenamente a los derechos humanos.

Y así, aún se atribuye validez legal a los méritos, ascensos y condecoraciones otorgados por los jefes del grupo armado a los más hábiles secuaces en dar muerte a los defensores de la República española, mientras las condecoraciones y grados concedidas por el Gobierno republicano de España a tropas regulares y maquis – todavía casi bandoleros – son ninguneados… aún se reconoce validez a las calles y topónimos de exaltación del régimen que según parece hay que ir cambiando…en vez de reconocer su debida nulidad radical que los retrotraiga a su situación anterior mediante una reforma de la misma ley de bases de régimen local… o, en la mismísima Galería de Presidentes del Congreso de los Diputados, aún se encuentran, equiparados a otros auténticos representantes del pueblo español democráticamente electos, los retratos de los “Presidentes” de las denominadas “Cortes Españolas” –“Presidentes” de las “Cortes” de la época franquista”, mera agrupación de colaboradores del dictador nombrados al margen de la Constitución española de 1931 y sin otro refrendo que el designio del genocida – en vez de figurar los de la Diputación Permanente de las Cortes Generales de España, exiliadas de necesidad pero plenamente vigentes de conformidad a los mecanismos constitucionales para situaciones de excepción hasta su autodisolución el 21 de junio de 1977 en París: Diego Martínez Barrio (entre 1939 y 1945), Luis Jiménez de Asúa (entre 1945 y 1970) y José Maldonado González (entre 1970 y junio de 1977). Sus simples retratos tampoco encuentran cabida, al parecer, en nuestro Parlamento, hasta en ello se opta por dar reconocimiento preferente a la “legalidad zombie” e instituciones del fascismo español…es que exáctamente ese es el país en el que vivimos, el de los restos mortales insepultos en el Ebro, los crímenes de guerra llamados “sentencias”, los desaparecidos de Estado que ni si quieran son buscados por el Estado…

Al final va a ser que eso de la “ruptura controlada” con el franquismo durante la “transición”, fue más “controlada” – hacia la monarquía – que “ruptura”…

Pero lo peor dentro de todo ese Derecho Zombie franquista – dentro de lo “peor” como dice bien el maestro Zaffaroni siempre hay grados –, es el agravio comparativo de la exaltación cotidiana que desde la misma Jefatura de nuestro Estado, nuestro Gobierno y restantes instituciones democráticas se sigue haciendo hoy, como en los últimos 35 años, con el reconocimiento de la legalidad de los más insignes apellidos genocidas elevados a la categoría de título nobiliario vigente, en una cantidad que me sorprendió a mi mismo al aproximarme a esta cuestión en el contexto de la elaboración de su anulación dentro de la Iniciativa Legislativa Popular por una ley de “verdad justicia y reparación”, y que expongo a continuación en toda o casi toda su extensión.

Por un lado están los propios títulos concedidos por el dictador en virtud de una “ley”, la de Sucesión de la Jefatura del Estado, de 26 de Julio de 1947… “ley” que no lo es, pues la vigente Constitución española de 1931 en ningún caso reconocía competencia legislativa alguna a ningún general de la República y de legal tendría tanto como los fusilamientos y robos de la banda criminal en cuestión, aunque, claro, justamente en virtud de ésta el caudillo se atribuiría, así mismo, la potestad de decidir la restauración monárquica en nuestro país tras su fallecimiento – obviamente en vez de la de la Republica interrumpida por su golpe de Estado como hubiese sido normal que fuese reestablecida tras la caída del régimen –…

a) Ducado de Primo de Rivera
b) Ducado de Calvo Sotelo
c) Ducado de Mola
d) Condado del Alcázar de Toledo
e) Marquesado de Dávila
f) Condado de Labajos
g) Condado de Jarama
h) Marquesado de Queipo de Llano
i) Marquesado de Saliquet
j) Marquesado de Varela
k) Marquesado de Somosierra
l) Marquesado de San Leonardo de Yagüe
ll) Marquesado de Vigón
m) Condado de Fenosa
n) Condado de Echeverría de Legazpi
ñ) Condado del Castillo de la Mota
o) Marquesado de Suances
p) Marquesado de Bilbao Eguía
q) Marquesado de Casa Cervera
r) Marquesado de Kindelán
s) Condado de Martín Moreno
t) Condado de Pallasar
u) Marquesado de Peralta
v) Condado de El Abra
w) Condado de Bau
x) Ducado de Carrero Blanco

Mientras que, por otro lado, en virtud de dicha misma “ley” del 47, el año 69 Franco nombraría al sucesor que – plenamente reinante y gobernante entre el 25 de noviembre de 1975 y el 29 de Diciembre de 1978, durante los sucesos de Vitoria Gasteiz y unas cuantas cosas más, antes de la entrada en vigor de su inmunidad – aprobaría los siguientes títulos adicionales igualmente presentes hoy:

a) El Señorío de Meirás, mediante Real Decreto de 26 de noviembre de 1975
b) El Ducado de Franco, mediante Real Decreto de 26 de noviembre de 1975
c) El Marquesado de Arias-Navarro, mediante Real Decreto de 2 de julio de 1976
d) Condado de Rodríguez de Valcárcel, mediante Real Decreto de 5 de enero de 1977
e) Condado de Iturmendi, mediante Real Decreto de 5 de enero de 1977

Sí, el Marquesado de Queipo de Llano que nuestra democracia continúa reconociendo como título de nobleza es el de aquel Queipo de Llano de sus conocidos exhortos radiofónicos:

“Yo os autorizo a matar como a un perro a cualquiera que se atreva a ejercer coacción ante vosotros: Que si lo hiciereis así, quedaréis exentos de toda responsabilidad. ¿Qué haré? Pues imponer un durísimo castigo para callar a esos idiotas congéneres de Azaña. Por ello faculto a todos los ciudadanos a que, cuando se tropiecen a uno de esos sujetos, lo callen de un tiro. O me lo traigan a mí, que yo se lo pegaré. Nuestros valientes legionarios y regulares han enseñado a los rojos lo que es ser hombre. De paso también a las mujeres de los rojos, que ahora por fin han conocido hombres de verdad, y no castrados milicianos. Dar patadas y berrear no las salvará. Ya conocerán mi sistema: por cada uno de orden que caiga, yo mataré a diez extremistas por lo menos, y a los dirigentes que huyan, no crean que se librarán con ello; les sacaré de debajo de la tierra si hace falta, y si están muertos los volveré a matar”.

No es que lo de “yo os autorizo a matar como un perro”, y el resto, tenga desperdicio, pero eso de enseñar a las mujeres de los rojos “lo que es ser hombre” y lo de “dar patadas y berrear no las salvará”, del “Excelentísimo Sr.” Marqués debe ser muestra ejemplarizante de la más granada nobleza española, todavía condecorado hoy éste nada menos que con la Laureada de San Fernando, que nadie le ha retirado todavía, por sus hazañas “militares” en Sevilla, en Málaga…Laureada por el “dadle café, mucho café” a Federico García Lorca (ya se sabe: el “Camaradas Arriba la Falange Española” de después de los fusilamientos…) como denunciase Ian Gibson…ya ven, al locutor de la Radio de las Mil Colinas en Ruanda – el de matadles como cucarachas y todo lo demás – la jugada le salió bastante peor, sin título de noble, sin Laureada de San Fernando, ni exaltaciones folclóricas de Semana Santa, y condenado “el pobre” por instigación al genocidio, y eso que al lanzar sus soflamas no ostentaba el máximo mando militar en plaza que le diese auténtica materialidad jerárquica a eso del “yo os autorizo”… a diferencia de los discursos del “Excelentísimo Sr.” Marqués, General del ejército por lo demás…

Y sí, cuando hablamos de Ducado de Mola hablamos también de él, de aquel general igualmente genocida que ordenara a sus hombres:

“Se tendrá en cuenta que la acción ha de ser en extremo violenta para reducir lo antes posible al enemigo[…] serán encarcelados todos los directivos de los partidos políticos, sociedades o sindicatos no afectos al Movimiento, aplicándoles castigos ejemplares a dichos individuos para estrangular los movimientos de rebeldía o huelgas. En este trance de la guerra yo ya he decidido la guerra sin cuartel. A los militares que no se hayan sumado a nuestro Movimiento, echarlos y quitarles la paga. A los que han hecho armas contra nosotros, contra el ejército, fusilarlos. Yo veo a mi padre en las filas contrarias y lo fusilo. Cualquiera que sea abierta o secretamente defensor del Frente Popular, debe ser fusilado […] Hay que sembrar el terror; dejar sensación de dominio eliminando sin escrúpulos ni vacilación a todos los que no piensen como nosotros”.

Y el “Excelentísimo” Marquesado de San Leonardo de Yagüe, que no se nos olvide, se refiere al mismo Yagüe de las ametralladoras de aquella Plaza de Toros de Badajoz abarrotada de prisioneros de guerra y población civil protegida, el que entregase la ciudad extremeña al pillaje dijera lo que dijeran las Convenciones de la Haya, de Ginebra…

Y el “Excelentísimo” Marquesado de Arias-Navarro es el mismo Arias Navarro de las torturas en Madrid, de los fusilamientos, de las fosas de Málaga, el “carnicerito”…

Vaya, es que tanta “excelencia” humana junta y tanta “nobleza” de nuestra Monarquía lo desborda a uno…

Y así, vergüenza sobre vergüenza, nuestra sociedad post genocidio de la transición ejemplar va revelando su auténtico rostro; y mientras los descendientes de los defensores de la Segunda República española no reciben ni sus pobres restos mortales para darles digna sepultura, ni la nulidad radical de sus “sentencias” – una vez más: crímenes de guerra – , quienes tienen la desgracia de tener que acarrear inevitablemente para el resto de su vida con los apellidos de genocidas, golpistas y ayudantes varios del régimen sí que continúan recibiendo en todo caso, en cambio, el legado de los “insignes” títulos nobiliarios de sus predecesores…

Dudo mucho que ni siquiera entre la milenaria nobleza española de larga tradición de caciques, explotadores, chulos sin oficio – que no sin “beneficio”, ay – y señoritas bien de colegio de monjas, se haya dado antes semejante descrédito.

De modo que a cada cual lo suyo. Sí Felipe II tenía el reino en el que nunca se ponía el sol, Juan Carlos I tiene hoy por méritos propios 35 años después el reino de las fosas, con las más de dos mil que van contabilizadas por el momento; y eso que, como dice el derecho internacional, las fosas clandestinas de los territorios gobernados por partido distinto al de Gobierno no son en modo alguno responsabilidad del ejecutivo, hasta dejan de ser contabilizables como escenarios de crímenes contra la humanidad…¿o era que dada la responsabilidad indisponible de todo Gobierno ante crímenes tan horrendos eso de las autonomías no le sirve de ningún tipo de excusa a su obligación de legislar adecuadamente para todo el Estado, de garantizar la vigencia de los derechos humanos en todo el territorio?...la verdad con tanta “originalidad” – y manifiesta mala fe, siempre tratando de torcer el derecho internacional en la materia – por parte de nuestro Gobierno socialista uno ya se pierde, aunque juraría que, más bien, era lo segundo…

Vamos, que superadas con creces en nuestro país las hazañas propias al “Marquesado de Milosevic” y otros, a nuestro Reino de las fosas patrio tan sólo nos supera el “Ducado de Pol Pot”… y sí ya sé que a ellos nadie les nombró nobles, pero es que eso es algo que me parece tremendamente injusto, un auténtico agravio comparativo y, en definitiva, una mera cuestión de “reflejos”, pues de haber pedido a tiempo la nacionalidad española ambos habrían tenido perfecto encaje entre nuestra nobleza franquista y disfrutarían todavía de canapés y recepciones varias de copete…por no decir que se habrían ahorrado los engorrosos cargos acusatorios de genocidio y lesa humanidad…

Que, afortunadamente, eso de ir imputando por ahí cargos penales groseros y cargantes a tan insigne nobleza sigue siendo delito en España. Como Dios manda.

El honor de la Casa Real del monarca que no consiente que se hable mal del genocida Franco en su presencia – y que lleva 35 años dando continuidad a todos esos títulos de la “a” a la “z” en el ejercicio de su competencia constitucional exclusiva en la materia – queda, con ello mismo, perfectamente retratado…

Como dice el refrán, nobleza obliga y agradecimiento liga…

Claro que, puestos a elegir, mejor hubiese sido aquello otro de “honor recibe, quien honor merece”: según parece, no en este país.

Miguel Ángel Rodríguez Arias es profesor de Derecho Penal Internacional de la Universidad de Castilla-La Mancha, autor del libro "El caso de los niños perdidos del franquismo: crimen contra la humanidad" y otros trabajos pioneros sobre desapariciones forzadas del franquismo que dieron lugar a las actuaciones de la Audiencia Nacional.

20 años de violación continuada del Protocolo I al Convenio Europeo de Derechos Humanos respecto a los expoliados por el franquismo

* Miguel Ángel Rodríguez Arias
El genocidio franquista fue, y sigue siendo, un genocidio feliz. Como en un terrible anticuento, infame y cruel, Franco y los suyos cometieron el genocidio más sangriento jamás visto en la península Ibérica: robaron y exterminaron felices…y comieron perdices…viviendo impunemente después – durante décadas – del botín de guerra criminal y de todas sus rentas, incluso hasta nuestros días.

NUEVATRIBUNA.ES
El artículo 1 del Protocolo I al Convenio Europeo de Derechos Humanos, hecho en París el 20 de marzo de 1952, lo deja claro:
 
“Toda persona física o moral tiene derecho al respeto de sus bienes. Nadie podrá ser privado de su propiedad más que por causa de utilidad pública y en las condiciones previstas por la Ley y los principios generales del derecho internacional.”
 
Y, lógicamente, entre tales “principios generales del derecho internacional” – a los que debe quedar sujeta toda privación del derecho a la propiedad –, están los principios derivados de las fundamentales Convenciones de 1898 y 1907 de la Haya y la convención de 1929 de Ginebra sobre trato de prisioneros, de cuyo juego resultaba expresamente prohibido someter a la población civil a saqueo, o resultaba expresamente previsto que la propiedad privada debía ser, en todo caso, respetada, sin que pudiese ser confiscada ni objeto de pillaje. Incluso la propiedad y objetos personales de los prisioneros de guerra debían ser respetados. Porque prisioneros de guerra, con derechos, es justamente lo que eran los defensores de la Segunda República capturados y sometidos a juicios criminales, a trabajos forzados, a detenciones de condición inhumanas y a toda clase de vejaciones. Crímenes de guerra uno detrás de otro.
 
Y ya sabemos que la guerra contra la población civil española desatada por los  conspiradores de Mola fue una “guerra total” en la que las leyes de la guerra y de humanidad desarrolladas desde Solferino – con la fundación de la Cruz Roja Internacional – fueron consideradas papel mojado.

Pero eso no quiere decir que fueran tal papel mojado en realidad, no quiere decir que no fueran vinculantes. Ni para los Estados firmantes de tales Convenciones, como sí lo fue España, ni para los demás Estados no firmantes, como acaba de establecer el Tribunal Europeo de Derechos Humanos en el caso Kononov y respecto la antigua URSS: en 1939 tales Convenciones formaban ya parte del derecho común y de obligado cumplimiento de todas las naciones civilizadas.

Así, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos no hace otra cosa, en realidad, que hacer suyos, una vez más, los postulados de Nuremberg. Pero los hace suyos incorporándolos dentro del estricto marco jurisdiccional – y superior – representado por el Convenio Europeo y la jurisprudencia interpretativa del Tribunal Europeo: última palabra en nuestro continente, por encima de Tribunales Supremos y hasta Constitucionales, en materia de derechos humanos en cuanto al cómo y hasta dónde estos deben ser garantizados.
 
De modo que, en el caso que nos ocupa, tales violaciones de tratados vigentes en el 36 no han dejado de desplegar hoy rotundas obligaciones jurídicas del Estado a la luz de dicho Protocolo Primero al Convenio Europeo de Derechos Humanos firmado por nuestro país (BOE de 12 de enero de 1991). Respecto al que quizá sea el más desatendido de todos los derechos negados a los perseguidos de Franco dentro de todo el actual maremagnum judicial: el derecho humano a la propiedad.

La misma jurisprudencia del Alto Tribunal Europeo en los casos Chipre y Luluyev sobre las violaciones continuadas de otros derechos será, por tanto, la aquí aplicable; sólo que toda esa evolución sobre violaciones continuadas de derechos humanos en casos de desaparición originadas antes de la ratificación del Convenio Europeo – pero que pasarían a vulnerarlo igualmente al ser tolerada su prolongación después – sería reconocida de hecho, en primer lugar, respecto las violaciones continuadas del derecho humano a la propiedad desde Papamichalopoulos y otros contra Grecia en 1993, Loizidou contra Turquía en 1996 o después en Veeber contra Estonia en el 2002, entre otros.
 
El resultado de la omisión de todo ello ha sido el de al menos veinte años de omisión de toda actuación por parte del Estado español, todavía hoy estrictamente exigibles en términos de responsabilidad internacional dentro del sistema del Convenio Europeo y su correlativo Tribunal.

Al menos 20 años de violaciones continuadas del Derecho humano a la propiedad respecto de las víctimas del genocidio de Franco. Y en cuanto a otras gravísimas violaciones aún serán más de 30 años, desde nuestra ratificación del propio Convenio en si en el año 79.
 
Más aún cuando imprescriptible no “sólo” resultará el  deber de enjuiciamiento penal de verdugos y cómplices de tales crímenes de guerra – que es como se llama en realidad todo ello, y como se ha llamado, de hecho, respecto de saqueos de propiedades joyas y obras de arte cometidos por los nazis restituidos a sus auténticos propietarios en cada ocasión que las distintas fiscalías y unidades contra los crímenes de guerra de otros Estados han dado con ellos –, sino que también resulta imprescriptible el derecho de las víctimas a la restitución de sus legítimas propiedades, y la reparación de los perjuicios causados. Como señalan los principios ONU de protección de los Derechos Humanos mediante la lucha a la impunidad: “la amnistía y otras medidas de clemencia no afectan al derecho de las víctimas a reparación (…).
 
Derecho a la propiedad y a la “herencia”, puntualizará muy oportunamente el artículo 33 de nuestra vigente Constitución en el plano interno, pues ese es uno de sus perfiles más concretos en liza.

Derecho a “legar” su patrimonio legítimo a los suyos complementará,  por su parte, el artículo 17 de la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea (“Toda persona tiene derecho a disfrutar de la propiedad de los bienes que haya adquirido legalmente, a usarlos, a disponer de ellos y a legarlos”). Y, en todo caso, continuará puntualizando dicho artículo, el derecho a que su privación se produzca de forma legal y a cambio, “en un tiempo razonable”, “de una justa indemnización por su pérdida”.
 
Que se lo digan en particular a los exiliados que se fueron con lo puesto dejando propiedades y hacienda detrás de si, y, en general a las familias de todas las familias aquí y allá saqueadas a lo largo de nuestra geografía.
 
De hecho los Principios y directrices básicos sobre el derecho de las víctimas de violaciones manifiestas de las normas internacionales de derechos humanos y de violaciones graves del derecho internacional humanitario a interponer recursos y obtener reparaciones – aprobados por resolución 60/147 de la Asamblea General de Naciones Unidas, el 16 de Diciembre de 2005 – lo apuntará como una obligación de referencia de los Estados parte: la restitución será la primera medida por la que se tratará de retrotraer a las víctimas a la situación anterior a la violación, lo que comprenderá, según corresponda y entre otras, “el restablecimiento de la libertad, el disfrute de los derechos humanos, la identidad, la vida familiar y la ciudadanía, el regreso a su lugar de residencia, la reintegración en su empleo y la devolución de sus bienes”. Todo ello todavía igualmente pendiente en nuestro país. ¿Dónde está, dónde sigue, el derecho a la restitución de las víctimas de Franco?.
 
El genocidio franquista fue, y sigue siendo, un genocidio feliz. Como en un terrible anticuento, infame y cruel, Franco y los suyos cometieron el genocidio más sangriento jamás visto en la península Ibérica: robaron y exterminaron felices…y comieron perdices…viviendo impunemente después – durante décadas – del botín de guerra criminal y de todas sus rentas, incluso hasta nuestros días.

Y durante mucho tiempo ni tan siquiera nos fue posible en España llamarlo con todas las letras y por su nombre.

De modo que fueron genocidas, pero también fueron ladrones – y también en ese sentido lo fueron impunemente – y nuestra sociedad tiene que conocer también esa parte de la verdad, y tiene que haber también restitución para esas víctimas, además de justicia.

Porque conforme a la conocida definición de Naciones Unidas impunidad no es tan sólo la injustificable ausencia actual de toda justicia penal, sino que impunidad es, también, la paralela ausencia de la reparación en todas las formas previstas por el derecho internacional, comenzando por el derecho a la restitución: el mandato internacional completo es el de “verdad, justicia y reparación”, no sólo el de memoria.

Pero ni siquiera la Condena internacional, en toda regla, del Consejo de Europa de 17 de marzo de 2006 que incluyese, expresamente, dentro del balance de crímenes la "privación de bienes" por parte de la legislación franquista en contra de los "considerados republicanos" (pto 71) habrá marcado punto de inflexión alguno en este último sentido; ni el hecho de que nuestra propia legislación democrática sí que haya previsto en cambio – a partir del Gobierno González o el posterior de Aznar – otros mecanismos de restitución respecto del patrimonio expoliado a partidos y sindicatos (la inicial Ley 43/1998, de 15 de diciembre, de Restitución o Compensación a los Partidos Políticos de Bienes y Derechos Incautados en aplicación de la normativa sobre responsabilidades políticas del período 1936-1939, http://noticias.juridicas.com/base_datos/Anterior/r0-l43-1998.html# retocada en el 2008, http://noticias.juridicas.com/base_datos/Admin/l50-2007.html, y la Ley 4/1986, de 8 de enero, de cesión de bienes del Patrimonio Sindical acumulado, http://noticias.juridicas.com/base_datos/Admin/l4-1986.html).

Pero respecto el derecho humano a la propiedad de las víctimas particulares todavía absolutamente nada; ni con el Presidente González, ni con el Presidente Aznar, ni con la ley “de la memoria” del Presidente Zapatero. Nada respecto las propiedades inmobiliarias, las instalaciones industriales, respecto de los periódicos incautados, las tierras, el dinero rojo, las obras de arte, los tipos de cambio abusivos, “las multas” expropiatorias… nada de nada.

De hecho en la Exposición de Motivos de la ley de 1998 impulsada durante el Gobierno del Partido Popular se sostiene: “En la actualidad parece llegado el momento de avanzar en dicho proceso reparador, creando el marco jurídico necesario para reintegrar a los partidos políticos los bienes y derechos de que fueron desposeídos durante la guerra civil o al finalizar ésta, en línea con uno de los objetivos que inspiró nuestra actual Constitución de garantizar la convivencia de todos los españoles, superando las consecuencias de la guerra civil (…)”.

¿Cuándo llegará el momento de llevar legislativamente dicho mismo proceso reparador hasta la reintegración de los bienes y derechos robados a las familias expoliadas, tal y como marca ese Protocolo I al Convenio Europeo de Derechos Humanos?

Y conste que me lo pregunto en voz alta, como si de verdad estuviésemos con normalidad dentro del Consejo de Europa y su Convenio desde el año 79, publicado en nuestro BOE…o como si de verdad tuviésemos hoy en España un Gobierno socialista capaz de situarse, por justicia, con su legislación en esta materia aunque sólo fuese un mero paso más a la izquierda que esa ley del 98 del Gobierno Aznar…

Miguel Ángel Rodríguez Arias es profesor de Derecho Penal Internacional de la Universidad de Castilla-La Mancha, autor del libro "El caso de los niños perdidos del franquismo: crimen contra la humanidad" y otros trabajos pioneros sobre desapariciones forzadas del franquismo que dieron lugar a las actuaciones de la Audiencia Nacional.

El doble genocidio de la sangre y la memoria de las defensoras de la Segunda República Española

MIGUEL ÁNGEL RODRÍGUEZ ARIAS
mujeres-27-300.jpg¿Puede haber una política de género coherente en España sin rescatar del genocidio – peor, del genocidio y de su más absoluto olvido – a la primera generación de mujeres que conquistó su participación política ciudadana en nuestra sociedad, y que defendió en las trincheras a nuestra República, víctimas de crímenes de guerra y crímenes contra la humanidad de género del franquismo?
NUEVATRIBUNA.ES

Si todas las víctimas de Franco son las víctimas de un genocidio, las “mujeres de los rojos” lo son de dos: fueron perseguidas y aniquiladas sus vidas, y también, durante los últimos 30 años, una sociedad post genocidio enferma de impunidad, y unas políticas públicas en blanco – fruto de la imposición interna de las tesis de los sectores del franquismo sociológico de PP y PSOE – han creado las condiciones para su práctica eliminación hasta de la misma historia. Ellas, que ni tan siquiera han tenido las mínimas concesiones legislativas, absolutamente insuficientes, de las restantes víctimas. Ellas, que conquistaron su voto y su derecho a la educación, que enarbolaron la bandera de la Segunda República emancipadora, que lucharon con determinación y murieron valientes en las trincheras junto a sus compañeros, para horror de medio mundo católico, apostólico y romano. Ellas, a las que Franco les hizo pagar con una saña infinita hasta el último gramo de su breve libertad, hasta el extremo de la humillación y la privación de derechos durante toda la dictadura... ¿Fueron menos republicanas, fueron menos víctimas, como para que una ley vergonzante, de un Gobierno que se está cubriendo de vergüenza en esta materia, se atreva a ningunearlas de esta manera, y aquí no pase nada?.

“Quisiera escribir un himno/ a un pobre racimo humano:/ las mujeres de los rojos/Que en España nos quedamos,/ para las que no hubo escape,/ para las que no hubo barco./ Las que nos quedamos solas/ con sus niños en los brazos./ Sin más sostén ni más fuerza/ que el que daba el estrecharlos (…).

Así comienza el poema de Consuelo Ruiz, “Las mujeres de los rojos” (http://segurquetomba.wordpress.com/2009/11/22/las-mujeres-de-los-rojos/), y detrás de estos versos – de la propia emotividad con la que los oí recitar por primera vez el año pasado en las Jornadas sobre Mujer y Franquismo de la Asociación Catalana de Juristas Demócratas –, continúa presente entre nosotros una doble realidad de nuestra sociedad post genocidio.

De un lado, la sobrecogedora dimensión de las al menos ocho formas distintas de crímenes internacionales de guerra y contra la humanidad de género, hoy por hoy en la más completa impunidad:

1) Vulneración flagrante de la Convención de la Haya de 1898 y 1907, de Ginebra de 1929 sobre prisioneros de guerra, contra las mujeres combatientes por la II República.

2) Detenciones ilegales de mujeres – masivas y sin cargos penales ajustados a derecho – como represalia por su defensa del régimen democrático republicano, o por su simple lazo de parentesco.

3) Asesinatos y ejecuciones extrajudiciales por la mera razón de dicho parentesco.

4) Tortura y trato degradante a las mujeres dentro de las comisarías, prisiones y centros de detención ilegal del franquismo.

5) Violaciones y abusos sexuales de presas y detenidas. Aquello que ya lanzó por la radio Queipo de Llano, de que ya conocerían hombres de verdad en vez de castrados milicianos, y que berrear y patalear no las salvaría, seguramente, algo tendría que ver... La verdadera dimensión de la violencia sexual contra estas mujeres por parte de los muy católicos cruzados, como elemento sistémico del terror, continúa siendo hoy una de las páginas más negras por escribir de nuestra historia.

6) Vulneración de las condiciones higiénicas, alimentarias y sanitarias reconocidas en los Convenios Internacionales, en particular, respecto a las madres lactantes presas y sus bebés, amontonados, durmiendo en el suelo, hasta la muerte de muchos de ellos de hambre y enfermedad.

7) Desaparición forzada de menores sustraídos de los brazos de sus madres presas, para ser entregados a familias afectas al régimen. El mayor caso de desaparición forzada infantil que todavía actualmente se sigue consumando en el continente europeo pero, también, el mayor caso de vulneración de los derechos fundamentales de las mujeres en la esfera de la maternidad.

8) Crimen contra la humanidad de persecución contra estas mujeres, consistente en su depuración de los cargos públicos, del ejercicio de toda profesión liberal… prácticamente de ejercer cualquier trabajo en realidad dentro de la represión cotidiana feroz desatada contra las descalificadas como “mujerzuelas”, como “marxistas ninfómanas violentas” en palabras del Jefe de los Servicios Psiquiátricos de Franco, el coronel Vallejo Nágera. Completamente estigmatizadas, en consecuencia, y condenadas a la marginación social.

Y Fernando Magán comenta, todavía, la necesidad de tomar en consideración al menos una novena forma de crimen internacional, y pasar a esclarecer también los casos de sometimiento, mediante violencia o coacción, a prostitución forzada, de una forma que resultaría cercana al conocido caso de las esclavas sexuales del ejército japonés durante la Segunda Guerra Mundial; lo que en nuestro país, en cambio, ni tan siquiera habría sido mencionado…

“Todos perdimos la guerra,/ todos fuimos humillados./ Pero para las mujeres / el trance fue aún más amargo”, recitaba Consuelo.

Y el olvido y la impunidad en esta sociedad nuestra, aún más absoluto.

Ninguna “investigación oficial, efectiva e independiente” ha sido jamás emprendida en España sobre ninguno de tales crímenes internacionales inamnistiables e imprescriptibles.

Es decir: un auténtico agujero negro de crímenes y atrocidades de género del franquismo sin esclarecer respecto al que las únicas autoridades que se han pronunciado han sido las europeas, del Consejo de Europa, en su conocida condena Parlamentaria y “Balance de Crímenes” de 17 de marzo de 2006.

Pero ni una sola autoridad española ha osado siquiera mencionar nada de esto. Con la Iglesia hemos topado, nunca mejor dicho, como he tratado de sacar a la luz en otros trabajos e investigaciones.

Y, por supuesto, la proyección continuada en el tiempo de los efectos de varias de tales violaciones – muy especialmente en la protegida esfera de la maternidad de todas esas madres – vulneraría directamente el Convenio Internacional para la Eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, que compromete a los Estados – desde el minuto cero de su firma – a revisar y a eliminar toda situación de violación de derechos aún presente en su jurisdicción sea de facto o de iure.

Pero eso tampoco importa en este país. Otro convenio internacional más para el bote. Habría que dejarlo claro en nuestra Constitución para defraudar así un poco menos a los súbditos del Reino: el cumplimiento de los tratados de derechos humanos firmados por nuestro Estado monárquico, no como obligación, sino como posibilidad…

A decir verdad, tan sólo consuela la convicción de que la necesidad de verdad, justicia y reparación de un pueblo respecto de sus crímenes más atroces es como la ley de la gravedad y que, antes o después, la manzana terminará tocando el suelo. Y de hecho ya se vislumbra que algo está empezando a cambiar, muy lentamente, a medida que cada vez más amplios sectores van tomando conciencia de la dimensión verdaderamente apocalíptica del genocidio franquista… y del absoluto desprecio por la legalidad internacional de nuestra legislación post genocidio.

Porque, como decía, toda esta situación viene determinada por una doble circunstancia y, junto a la propia realidad de los crímenes franquistas y el aprendizaje social del silencio, la otra realidad es, como siempre, el impactante papel que está desempeñando en todo esto el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero con su Ley de la Memoria que, también en este caso, ni siquiera menciona los crímenes aberrantes del franquismo contra estas mujeres. Ni si quiera los menciona. Como con los niños perdidos.

No había espacio en esa ley para ninguna forma de reconocimiento de esa otra mitad de la sociedad democrática que padeció el franquismo, ni para sus concretas formas de represión…

Aunque, curiosamente, es precisamente Naciones Unidas la que dice que lo que había que hacer a este respecto era justamente lo contrario de lo que nuestro Gobierno ha acabado haciendo en su ley. Y así, en vez de garantizarse que se incorporase la perspectiva de género y se prestase especial atención a tales crímenes – como reclaman por ejemplo el conjunto de principios ONU para la protección y la promoción de los derechos humanos mediante la lucha contra la impunidad –, se omitió por completo dicha perspectiva que debería haber constituido uno de sus ejes vertebradotes imprescindibles: presente, por ejemplo, desde la propia composición paritaria de los distintos órganos de verdad, justicia y reparación y, además, especial objeto de atención en cuanto al estudio de crímenes y adopción de medidas de reparación.

¿Se imaginan que la conocida como Ley de la Memoria Histórica, aprobada por nuestro Parlamento, dedicase aunque sólo fuese una sola línea, por vergüenza torera, a reconocer y condenar los crímenes contra la humanidad y crímenes de guerra cometidos contra las mujeres?

¿Se imaginan que un Gobierno que se hubiese creído su propia política de género hubiese arrancado en su compromiso por la igualdad por el elemental reconocimiento de esas mujeres, y su brutal represión por el franquismo, en esa ley?

¿Puede haber una política de género coherente en España sin rescatar del genocidio – peor, del genocidio y de su más absoluto olvido – a la primera generación de mujeres que conquistó su participación política ciudadana en nuestra sociedad, y que defendió en las trincheras a nuestra República, víctimas de crímenes de guerra y crímenes contra la humanidad de género del franquismo?

En este sentido la Ley de Igualdad y la Ley de la Memoria han sido dos ocasiones (más) perdidas de nuestra democracia para hacer justicia a estas mujeres, ignoradas por el articulado de ambas normativas… ¿hasta cuándo?

Y conste que, investigación tras investigación, todavía no pierdo la esperanza de que, incluso un Gobierno tan poco serio en esta materia como ha demostrado ser el actual Gobierno de España, alguna vez, por pura probabilidad estadística – incluso porque no se den cuenta de estar haciendo lo que el derecho internacional contempla, o con el copia-pega de Word se les cuele, como les debió pasar con la legislación de fosas de Franco del año 40… –, acierten. Y que, en ese día señalado se limiten, por una vez, a hacer monótona y aburridamente lo que los organismos internacionales de derechos humanos ya tienen inventado desde hace tiempo, y que la gran mayoría de los gobiernos de países civilizados llevan haciendo desde entonces…

Si todas las víctimas de Franco son las víctimas de un genocidio, las “mujeres de los rojos” lo son de dos: fueron perseguidas y aniquiladas sus vidas, pero también, durante los últimos 30 años, una sociedad post genocidio enferma de impunidad y unas políticas públicas en blanco – fruto de la imposición interna de las tesis de los sectores del franquismo sociológico de PP y PSOE – han creado las condiciones para su práctica eliminación hasta de la misma historia. Ellas, que ni tan siquiera han tenido las mínimas concesiones legislativas, absolutamente insuficientes, de las restantes víctimas. Ellas, que conquistaron su voto y su derecho a la educación, que enarbolaron la bandera de la Segunda República emancipadora, que lucharon con determinación y murieron valientes en las trincheras junto a sus compañeros, para horror de medio mundo católico apostólico y romano. Ellas, a las que Franco les hizo pagar con una saña infinita hasta el último gramo de su breve libertad, hasta el extremo de la humillación y la privación de derechos durante toda la dictadura... ¿Fueron menos republicanas, fueron menos víctimas, como para que una ley vergonzante, de un Gobierno que se está cubriendo de vergüenza en esta materia, se atreva a ningunearlas de esta manera y aquí no pase nada?

Miguel Ángel Rodríguez Arias es profesor de Derecho Penal Internacional de la Universidad de Castilla-La Mancha, autor del libro "El caso de los niños perdidos del franquismo: crimen contra la humanidad" y otros trabajos pioneros sobre desapariciones forzadas del franquismo que dieron lugar a las actuaciones de la Audiencia Nacional.

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