Overblog
Seguir este blog
Edit post Administration Create my blog
El polvorín

Evaluación de los Derechos Humanos en Chile

20 Abril 2010 , Escrito por El polvorín Etiquetado en #Politica

 Pasado mañana, jueves, a las 11.00 horas, en la Aula Magna de la Facultad de Derecho de la Universidad Diego Portales –Calle República 105 – Metro República [Línea 1]–   será presentado el libro Los derechos humanos en Chile: evaluación de la sociedad civil, los pueblos indígenas y las Naciones Unidas. Entrada libre, pero se agradece confirmar asistencia: observatorio@observatorio.clderechoshumanos@mail.udp.cl

  

Además del archivo adjunto con la invitación para la UDP, también anexo una versión resumida de la sólida y detallada investigación de CIPER (Matías Fouillioux), que anoche –por error mío, fue en toda su muy larga extensión–(nota de el polvorín: No se preocupe compañero, que ya corregi el de ayer), incluyendo breves datos sobre Carlos Contreras Maluje (Las verdaderas razones de la renuncia de Iván Andrusco a la dirección de Gendarmería). Como yapa, agrego más una denuncia de anómalas designaciones en el gobierno piñerochetista –esta vez, referente a Rodrigo Ubilla– publicación exclusiva de la revista el periodista. Respecto al jefe de gabinete del subsecretario de Defensa, Mario Larenas Gutiérrez –fusilero en la Caravana de la Muerte, que asesinó, sádicamente, a no menos de setenta y dos demócratas chilenos–, luego que encuentre informaciones las divulgaré…

 

Jorge Araya

 

Invitacion_presentacion_libro-1-.jpg

 

Las verdaderas razones de la renuncia de Iván Andrusco a la dirección de Gendarmería

 

Matías Fouillioux, CIPER

 

 

Las-verdaderas-razones-de-la-renuncia-de-Ivan-Andrusco-a-l.gifSólo 18 días duró el general (r) Iván Andrusco como director de Gendarmería. Duramente cuestionado, por su vínculo con el asesinato de tres profesionales en 1985 (‘Caso degollados’), La Moneda lo defendió argumentando que no fue procesado por esos crímenes. Faltaba un dato importante: sí está acreditado que el oficial fue agente operativo de la Dirección de Comunicaciones de Carabineros DICOMCAR, organismo calificado en su fallo, por el actual presidente de la Corte Suprema, Milton Juica como “asociación ilícita terrorista”. Otra muerte, bajo tortura, en la Sección de Investigación Policial (SIP), cuyo jefe operativo era Andrusco, hizo inviable su permanencia en el cargo. Así, terminó la primera polémica entre el gobierno de Sebastián Piñera y organismos de Derechos Humanos.

 

[]

 

En ese entonces [1985] el centro de operaciones de Andrusco estaba ubicado en calle Dieciocho 299. Allí funcionó, hasta el 11 de septiembre de 1973, el popular diario Clarín, el que muy pronto se transformaría en ‘La Firma’, una de las cárceles secretas del Comando Conjunto, un grupo represivo integrado –en un primer momento– por miembros de la Fuerza Aérea (FACH), Armada, Ejército y Carabineros y que operó en forma paralela a la DINA, entre 1974 y 1976. Su principal objetivo: la represión a militantes del Partido Comunista.

 

A fines de 1976, cuando la presión de la DINA impuso su disolución, luego del secuestro de Carlos Contreras Maluje [*], en el que participaron integrantes de la FACH, a bordo del automóvil del jefe de gabinete de su entonces comandante en jefe e integrante de la Junta Militar, Gustavo Leigh, tanto los archivos del Comando Conjunto como la ex sede de Clarín pasaron a manos de la DICOMCAR. Bajo la insignia del organismo de inteligencia de la policía, allí se siguió torturando, durante varios años.

 

[]

 

Si bien la investigación llevada a cabo por la justicia –primero por el juez José Cánovas Robles y luego por el ministro Milton Juica– nunca pudo comprobar la directa participación de Iván Andrusco en el asesinato de los tres profesionales [Parada, Guerrero y Nattino], sí se constató que el entonces teniente del equipo de Inteligencia de Carabineros formó parte del organismo represor, entre enero y junio de 1985, en los grupos operativos. Durante ese período –y según consta en expedientes judiciales– se registraron 105 casos de tortura y asesinatos cometidos por organismos de inteligencia de la dictadura.

 

[]

 

No aparece, en la investigación, una participación directa de Andrusco en los hechos. Está claro quienes fueron los que participaron, incluso están sentenciados, pero lo que sí quedó establecido es que ese oficial era parte de la Organización y sabía lo que ocurría. Tenía conocimiento de todo y se comportó como todos los miembros de esa unidad: cuando fue llamado a declarar, no entregó información, encubrió y, por lo tanto, obstruyó a la justicia”, afirma Héctor Salazar, uno de los abogados que tomó la defensa de las víctimas, desde el comienzo del largo y conflictivo proceso.

 

[]

 

Fallo, escrito de puño y letra, el 31 de marzo de 1994, por el entonces ministro en visita del ‘Caso degollados’ y ahora presidente de la Corte Suprema, Milton Juica:

 

Los antecedentes de juicio que se han resumido anteriormente, han servido asimismo para tipificar el delito de asociación ilícita terrorista, toda vez que para la consumación de los ilícitos ya descritos, se ha determinado la existencia de un grupo de personas, que dependiendo de un organismo policial, se excedieron de sus funciones legales, procediendo bajo el subterfugio de actividades de inteligencia a privar de libertad a distintas personas de una ideología política determinada, mantenerlos en cautiverio, interrogarlas con apremios ilegítimos, acerca de sus actividades políticas en lugares que no eran públicos de detención, mataron a tres de ellas, de una manera que causó conmoción pública y luego para eliminar las evidencias que los hechos punibles, destruyeron por medio de explosivos un vehículo que pertenecía a una de las víctimas y destruyeron también el inmueble donde fueron llevadas las personas secuestradas.”

 

[]

 

Y a pesar de que Andrusco no fue procesado por el crimen de Parada, Guerrero y Nattino, sí se jactó en sus declaraciones judiciales de ostentar un lugar privilegiado en el organismo represivo.

 

[]

 

El hecho de que, sistemáticamente, durante el juicio, Andrusco negara haber tenido conocimiento del brutal crimen, tiene –para el abogado Salazar– una explicación: “La investigación logró aclarar, perfectamente, el crimen, en términos de autores materiales; pero, respecto de la autoría intelectual no fue así, porque la DICOMCAR era una organización jerarquizada y militar, con una línea de mando. Y esa línea de mando, desde la cabeza máxima hasta abajo, estaba comprometida con el encubrimiento. No hubo ningún funcionario de Carabineros, requerido por los tribunales de Justicia, que no se prestara para ejecutar la política institucional, que era encubrir y entorpecer la investigación”.

 

[]

 

A pesar de todos estos antecedentes acumulados, nadie ha entregado, hasta ahora, una explicación sobre por qué, en el proceso de calificaciones de 2004, durante el gobierno de Ricardo Lagos, Iván Andrusco fue ascendido a general y designado jefe de la Zona Policial de Bío Bío. Una destinación pública que no tuvo objeción.

 

* [Militante comunista, ex regidor por Concepción, fue detenido el 2 de noviembre de 1976, por el Comando Conjunto. Tras ser trasladado hasta ‘La Firma', confesó, bajo tortura, que al día siguiente tendría contactos con el Partido. Sin embargo, cuando el grupo operativo pretendía emboscar a los compañeros de Carlos que –supuestamente– llegarían, en la calle Nataniel, él eludió a los agentes y se lanzó bajo las ruedas de un microbús, gritando su nombre, que estaba secuestrado por la DINA y que avisaran a la Farmacia Maluje, de Concepción. En medio de gran escándalo público, los represores lo sacaron del lugar, mientras sangraba. Parte de la comunicación social divulgó estos hechos, siendo cuestionada la actuación del Comando Conjunto. Nuevamente en ‘La Firma', fue sometido a brutales torturas. Después, Carlos Contreras Maluje fue llevado a la Cuesta Barriga, donde lo asesinaron –acribillándolo– e inhumaron, según el testimonio de un agente confeso, Andrés Antonio Valenzuela Morales, alias ‘El Papudo'.]

 

Rodrigo Ubilla: los líos judiciales en Córdoba del subsecretario del Interior

 

Claudio Mardones, desde Argentina

el periodista Nº 188, 13 de abril de 2010

 

Rodrigo-Ubilla---los-lios-judiciales-en-Cordoba-del-subse.gifEl subsecretario del Interior, tras un breve paso por la ciudad de Córdoba, en Argentina, fue imputado por una supuesta asesoría bruja y, prácticamente, según los trasandinos, caracterizado por la prensa como “una especie de filibustero”. Hoy, cuando la causa en su contra todavía no se cierra, aunque el fiscal pidió su sobreseimiento, Ubilla se adelanta y asegura que la Justicia argentina “no encontró nada”.

 

 Pocos días antes del terremoto, Juan Valdés, presidente (s) del Partido Socialista de Chile (PS), quiso pasar a la historia.

 

Alertado de que el recién nombrado subsecretario del Interior, Rodrigo Ubilla, quien sería el primer funcionario de Sebastián Piñera en asumir su cargo, había tenido líos judiciales en Argentina, llamó a los periodistas e instó al sociólogo y magister en Ciencias Políticas, de 51 años, a “aclarar” la situación que lo vincula a un juicio por corrupción, contra el ex intendente de la ciudad de Córdoba.

 

Yo esperaría, en función de la probidad de transparencia pública, de los valores del Estado de Chile […], que estos líos queden completamente resueltos y aclarados ante la opinión pública, antes que asuma su cargo”, afirmó el dirigente PS.

 

Faltaba muy poco para terminar febrero y el socialista creía que sus palabras generarían un verdadero terremoto… pero, con epicentro en el gobierno entrante.

 

Valdés se refería a que, el hoy subsecretario, a mediados de 2005, fue vinculado a un escándalo político-económico en la ciudad de Córdoba, Argentina, por las asesorías prestadas al entonces intendente [alcalde] Germán Kammerath, cercano al menemismo y que ocupó la Secretaría de Comunicaciones, durante el segundo gobierno del ex esposo de Cecilia Bolocco (1995-2000).

 

Kammerath, que ostentó el cargo de intendente de la urbe trasandina, entre 1999 y el 2003, fue “imputado de defraudación calificada por administración fraudulenta en perjuicio de la Municipalidad de Córdoba, por presuntas irregularidades en la contratación del chileno Rodrigo Ubilla Mackenney, quien –según la investigación– habría percibido alrededor de 120 mil pesos [en ese entonces, dólares] sin que se pudiera comprobar una contraprestación en servicios de su parte”.

 

Nota completa en la edición impresa, Nº 188, de el periodista



Compartir este post

Comentar este post