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El polvorín

Fiscal uruguayo denuncia acuerdo Uruguay-Finlandia por tema Botnia-UPM

25 Septiembre 2010 , Escrito por El polvorín Etiquetado en #Politica


Juicio por Botnia: Recurso contra ley de inversiones.

Fiscal. Argumenta que “atenta contra el orden interno”.

Pablo Meléndrez.

El fiscal civil Enrique Viana presentó un recurso de inconstitucionalidad contra la ley por la cual Uruguay ratificó el Tratado de Inversiones con Finlandia, en el marco de un juicio por la instalación de Botnia (actual UPM) en Fray Bentos.

También planteó la ilegalidad de la norma por la cual el Estado uruguayo reconoció al Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (Ciadi) que funciona en la órbita del Banco Mundial.

“Por obra de acuerdos como el Convenio del Ciadi y el Tratado de Inversiones con Finlandia, violatorios de la Soberanía Nacional, y en buscada consecuencia, ha nacido una suerte de asociación Estado-Botnia que atenta contra el orden público interno del Uruguay”, dice el fiscal en el recurso que presentó ayer, y a cuyo texto tuvo acceso El País.

“Se trata de una asociación, no clandestina, y por dicha razón, solo en apariencia legítima, pero absolutamente contraria al deber fundamental de protección del medio ambiente, encargado a la Administración Pública”, añade Viana.

La acción paraliza un juicio que el representante del Ministerio Público inició en 2005 contra el Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente (Mvotma) en el que reclama que se lo declare responsable de haber omitido su deber de proteger el medio ambiente al autorizar la instalación de la empresa finlandesa en la ciudad de Fray Bentos.

El caso, que se tramita ante la jueza civil Marta Gómez Haedo, tenía previsto para el jueves la celebración de la audiencia de alegatos a pedido del Mvotma, pero el recurso interpuesto por Viana obliga a la magistrada a congelar el proceso, y elevar el expediente a la Suprema Corte de Justicia, que deberá resolver sobre el planteo del fiscal.

Según Viana, la ley de mayo de 2004 por la cual Uruguay ratificó el Tratado de Promoción y Protección de Inversiones con Finlandia y la ley de septiembre de 1999 que aprobó los procedimientos previstos en el Ciadi “afectan la soberanía” del Estado uruguayo, ya que al otorgar a los inversores la posibilidad de dirimir diferendos en ese organismo internacional, se vulnera el rol asignado constitucionalmente al Poder Judicial.

En el extenso recurso, de 51 páginas, el fiscal también sostiene que ambas leyes violan la Carta Magna porque, entre otras cosas, “conculcan el principio de igualdad de las personas ante la ley nacional, y con esto, lesionan el mismo concepto de República”.

Para el representante del Ministerio Público, por la existencia de ambas leyes, el Estado -a través del Mvotma- “ha perdido objetividad o imparcialidad, para y cuando de controlar ambientalmente a Botnia-UPM se trata”.

Viana agrega que los Tratados de Protección de Inversiones como los mecanismos de arbitraje del Ciadi, “constituyen una novedosa y sutil modalidad de coloniaje”.

“Y no se trata -prosigue el fiscal- de aquel viejo colonialismo que los pueblos de América supieron conocer. Esta vez se trata de un colonialismo por actividad o por negocio en concreto, mediante el cual una empresa multinacional consigue para su actividad industrial una cesión de poder...”.

Chantaje. En el escrito, Viana asimila lo que ocurrió con UPM al litigio que el Estado mantiene con la tabacalera Philip Morris, que a raíz de las medidas adoptadas en Uruguay contra el consumo de cigarros, inició una acción ante el Ciadi alegando una presunta violación del Tratado de Protección de Inversiones con Suiza.

Para hacer referencia a ese caso, Viana cita al ex presidente Tabaré Vázquez, quien aseguró que Philip Morris asumió una actitud “chantajista” al iniciar el arbitraje internacional contra Uruguay ante el Ciadi.

“Nos están chantajeando, y es la palabra más elegante que se me ocurre”, dijo Vázquez a principios de agosto, cuando surgió una polémica ante la posibilidad de que el actual gobierno flexibilizara algunas de las medidas adoptadas en su administración. “Nos amenaza con juicios y otras calamidades para darnos un escarmiento ejemplarizante”, alertó.

Al respecto, en su recurso, Viana señala que “el tratamiento legal dado a empresas multinacionales, inversionistas privados como Botnia y Philip Morris, a partir de la ratificación de acuerdos internacionales cual los mencionados, agravia la Constitución de la República, por cuanto entraña una renuncia de soberanía por parte del Estado”, insiste el fiscal.

POSICIÓN DE 1965

El fiscal Enrique Viana, en su recurso de inconstitucionalidad, recuerda que en junio de 1965, el Consejo Nacional de Gobierno no suscribió el convenio del Ciadi, por considerar inconstitucional ese tipo de procedimientos. El tema se volvió a plantear años después en el Parlamento, y finalmente se aprobó en 1999.

FUENTE: www.elpais.com.uy

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Tomado de Voz Entrerriana

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