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El polvorín

Guatemala: UNA REFORMA CONSTITUCIONAL PARA LA DEMOCRATIZACIÓN

18 Junio 2010 , Escrito por El polvorín Etiquetado en #Politica

Nombre-copia-1.jpgEn el 25 aniversario de la actual constitución ha habido pronunciamientos en torno a la necesidad de reformarla. Ésta es una constitución que fue aprobada durante un régimen ilegal y contrainsurgente, y está llena de candados para mantener un sistema político a favor, principalmente, de los más poderosos en lo económico, financiero y político.

Parece que la tendencia hacia la reforma se ha generalizado, tanto en los diferentes sectores nacionales como en los internacionales; pero, en lo que no hay consenso todavía, es en para qué debe hacerse, cómo y qué reformar.

Cuando el tema de la reforma constitucional se trató en las negociaciones de paz, el argumento principal para oponerse a la realización de una Asamblea Nacional Constituyente era que ésta podía ser aprovechada por los sectores poderosos, porque, por los recursos que mueven, podían llevarla más hacia su favor, hacerla más abierta a los intereses del gran capital extranjero y nacional, y cerrarle más los espacios de participación democrática a los sectores populares.

Se ha usado siempre como argumento el “terror” político para no realizar las reformas que la constitución necesita. Se dice que el principal riesgo es que “se aprovecharían para introducirle cambios de acuerdo con intereses partidarios”. Está afirmación es razonable si se refiere a los partidos que más recursos mueven y que representan a la derecha oligárquica; y, en ese contexto, serían esas fuerzas las que aprovecharían eso al servicio del gran capital.

El gran “terror” a introducir cambios que permitan una democratización del Estado y del sistema político, es expresado constantemente por los voceros de la oligarquía reaccionaria cuando dicen: “ya instalada una Asamblea Nacional Constituyente se podría abrir la puerta a otras reformas, lo que constituiría un gran riesgo”.

En los Acuerdos de Paz quedó redactado un acuerdo en particular que se refiere al tema de la reforma constitucional, el cual no pudo cumplirse porque en el Congreso de la República fue objeto de un procedimiento que llevó a entorpecer el proceso para su aprobación. Trece reformas básicas plantean los Acuerdos de Paz para abrir el camino a la democratización del Estado, pero en ese procedimiento se amplió a cincuenta con intereses particulares de sectores políticos, económicos y financieros.

En la Consulta Popular que realizaron el 16 de mayo de 1999 se pintaron dos grandes posiciones, incluso, geográficas. El SÍ a las reformas fue mayoritario en nueve departamentos en donde la confrontación armada fue más dura durante los años ochenta y noventa del siglo pasado, y en donde la población indígena es mayoritaria. El NO triunfante en trece departamentos no representó ni siquiera a una de cada diez personas empadronadas, pues logró sólo un 9.92% del total; y fue el voto ladino, principalmente de la capital, el que hizo que la balanza fuera a favor del NO.

Esa situación se dio a pesar de que los partidos políticos de ese momento se comprometieron a promover las reformas a la Constitución de la República, para lograr la solución pacífica a la problemática nacional por medios políticos y con el irrestricto respeto y aplicación de la ley.

Esas reformas tenían que sistematizar y desarrollar los compromisos en lo institucional, en lo político, en lo económico, en lo social, en lo étnico, y en lo referente a la estricta observancia de los Derechos Humanos y a la lucha contra la impunidad; además, tenían que sistematizar y desarrollar el reconocimiento de la identidad de los pueblos indígenas para la construcción de la unidad nacional basada en el respeto y ejercicio de los derechos políticos, culturales, económicos y espirituales de todos los guatemaltecos, así como de sus deberes.

Pero, no se hizo la suficiente campaña a favor de las reformas sino por el contrario, en la mayoría de los medios de comunicación, se tergiversaron y la campaña fue a favor del NO.

Ese ejercicio puso de manifiesto una vez más la necesidad de cambiar el sistema político y electoral del país como paso indispensable para la democratización del sistema político, y también para reformar el sistema económico y financiero que cambie la realidad social existente en el país.

Sin embargo, muy a pesar de la oposición de la derecha oligárquica, la Reforma Constitucional es una demanda popular y democrática necesaria para construir una Guatemala enmarcada en los más amplios principios democráticos, en donde sus instituciones sean entes eficientes.

Es impostergable la lucha por reformar la constitución y refundar el Estado, para que éste sea capaz de responder a las necesidades del desarrollo nacional y de incluir a todos los pueblos y sectores sociales con los mismos derechos y oportunidades sobre la base de la equidad y la igualdad; y para eliminar los privilegios de los sectores económicos más poderosos y principalmente de los grandes monopolios nacionales y extranjeros.

Debemos crear un gran movimiento nacional a favor de las reformas a la Constitución que modernicen el Estado, para que éste pueda impulsar el crecimiento y desarrollo económico sustentable y sostenido en beneficio de todos los guatemaltecos, para que pueda garantizar una administración territorial efectiva basada en prácticas ambientales que aseguren el desarrollo integral de la población, y para que posibilite la práctica de principios de solidaridad y defensa de los recursos estratégicos del país, necesarios para el desarrollo económico y social.

Las reformas constitucionales son necesarias para asegurar el desarrollo y la plena integración de los pueblos indígenas, con el reconocimiento de sus derechos históricos, su cultura e identidad.

Son necesarias las reformas constitucionales en lo que se refiere al fortalecimiento del sistema de justicia para poder enfrentar la impunidad y la corrupción; para permitir al Estado controlar el sistema bancario y financiero; y, para garantizar la preeminencia de la autoridad civil sobre la seguridad pública y el ejército nacional.

Son necesarias las reformas para que el diseño de las instituciones responda al proyecto político democrático que Guatemala necesita y que queremos, el cual debe apoyarse en el consenso para consolidarse y permitir gobernar sin necesidad de recurrir a la manipulación, el engaño y la imposición o la violencia.

Debemos oponernos resueltamente a la reforma constitucional que sólo pretenda mantener y consolidar el actual sistema de democracia formal y que sólo permite expresarse en votaciones manipuladas y amañadas: como pro-reforma que pretende crear instituciones que acentúan más la discriminación, exclusión y el mantenimiento de un régimen que favorece principalmente al gran capital.

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