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El polvorín

Investigación asegura que Gobierno de Uribe estuvo fuertemente vinculado con narcoparamiliatarismo

23 Agosto 2010 , Escrito por El polvorín Etiquetado en #Politica

Luego de tres años de investigaciones, un grupo de escritores lograron concluir que el Gobierno de Álvaro Uribe permitió, en mayor manera, que grupos paramilitares tomaran parte en la política colombiana, asimismo el estudio detalló que el narcoparamilitarismo logró estar dentro del DAS así como del Parlamento colombiano.

El ex presidente de Colombia, Álvaro Uribe, tuvo fuertes vínculos con el narcoparamiliatarismo durante sus ocho años de Gobierno, tiempo en que esa mafia se legitimó política y económicamente como no lo había hecho antes, a pesar de que esa guerrilla tiene más de dos décadas, afirma un libro de reciente publicación.

Así lo indican los autores de la obra: Y refundaron la patria. De cómo mafiosos y políticos reconfiguraron el Estado colombiano (Debate 2010), que fue expuesta en la XXIII Feria del Libro de Bogotá abierta hasta el próximo 23 de agosto.

Tras tres años de investigación los autores, quienes pertenecen a cinco instituciones y fueron coordinados por la analista y escritora Claudia López, lograron determinar que si bien varios grupos irregulares intentaron tomar a la fuerza el país sólo el narcoparamilitarismo casi lo logra.

“Con Uribe (2002-2010) el narcoparamilitarismo tuvo un nivel de representación y de cogobernabilidad política a nivel nacional que nunca antes había tenido”, señala López.

Un ejemplo de la intervención paramilitar en el Gobierno fue la alta representación de esta mafia en el Congreso durante los ocho años de mando de Uribe, pues 102 congresistas fueron vinculados a grupos que se encuentran al margen de la ley.

De este grupo de parlamentarios, cinco habrían tenido supuestos nexos con la guerrilla pero hasta el momento ninguno de ellos ha sido condenado, además a 97 de los diputados se les relaciona con la extrema derecha armada, de los que, a su vez, 25 están condenados, 10 procesado y el resto bajo investigación.

López añadió que esos congresistas vinculados con el paramilitarismo representan el 55 por ciento de la bancada uribista en el Senado.

Uno de los casos más sonados es el del primo del presidente, el ex congresista Mario Uribe, quien fue capturado por el Cuerpo Técnico de Investigaciones (CTI) después de que la Corte Suprema de Justicia (CSJ) emitiera una orden de arresto por concierto para delinquir agravado y presuntos vínculos con grupos paramilitares ultra conservadores.

Mario Uribe es acusado por diferentes testigos, entre ellos Jairo Castillo, alias Pitirri, de haber tenido vínculos con las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC).

Claudia López recuerda que el paramilitarismo nació en los años ochenta como una fuerza civil opuesta a las guerrillas pero luego se envolvieron en el comercio de la droga, y fue a partir de 1994 cuando se fusionaron con los narcotraficantes.

Los paramilitares ayudaron a la caída del capo Pablo Escobar, líder del extinto cartel de Medellín (noroeste) en el momento que nacían las AUC, proyecto que se impuso en todo el país una vez desmantelados los grandes carteles de Medellín y Cali, según López.

Ya para 2002, al llegar Uribe al poder, el “narcoparamilitarism dominaba y cambiaba el mapa político en varias regiones, amparado por círculos de poder de la Colombia rural, que muy lejano a su objetivo principal, que era la protección frente a las guerrillas, se sumergieron aún más en las mafias como una manera de defender sus intereses.

“Los narcoparamilitares, reconocidos por el Estado, entrenados por la Fuerza Pública, son hijos ilegítimos del Estado, lo que les dio ventaja en términos de relaciones con las élites y un reconocimiento social”, detalla López.

En 2002 “se sumaron masivamente al proyecto político y electoral uribista”, dotándoles de “un nivel de influencia y legitimidad sin precedentes”, añadió.

“Llegaron a tener la dirección del Departamento Administrativo de Seguridad (DAS, agencia de inteligencia)”, de la mano de Jorge Noguera, actualmente procesado y quien fue gerente regional de la primera campaña presidencial de Uribe.

El ex subdirector del DAS, José Miguel Narváez, había denunciado el pasado mes de mayo que grupos paramilitares presuntamente contaban con una red paralela a su servicio dentro de este organismo de inteligencia.

Narváez reveló la existencia de una sala paralela de interceptaciones telefónicas que estaba al servicio de las autodefensas.

López aseguró que “ante tanta impunidad, fue la sociedad civil, la prensa y el poder judicial los que impidieron que esos grupos mafiosos lograran su objetivo de coartar al Estado” cuando el país afrontaba una fuerte realidad.

“Colombia, en democracia, tuvo más desaparecidos, más asesinados, más violaciones a los derechos humanos que las tres dictaduras del Cono Sur sumadas”, asegura López.

En 20 años se acumulan “más de 31 mil desaparecidos y 165 mil homicidios por el conflicto y motivaciones políticas”, a su juicio, “una historia de sangre a punta de bala”.

“El narcoparamilitarismo refundó las mayorías políticas en Colombia y sus fuentes de legitimidad. Se pasó de mayorías bipartidistas de tendencia liberal a mayorías de narcotraficantes”, consideró en referencia al poder que adquirió ese grupo dentro de la política colombiana.

Según López, ahora lo que queda es “es reconstruir la democracia de forma legítima, reconstruir el Estado para que actúe en función de los ciudadanos y no de intereses criminales”, tomando en cuenta que “las fuerzas del paramilitarismo en Colombia siguen vivas”, pese a que han pasado de tener 35 mil hombres en armas a 10 mil.

Otro reto para el nuevo Gobierno de Juan Manuel Santos es acabar con “los altos niveles de impunidad”, porque “algunos paramilitares la han pagado, políticos la han pagado, pero ni las fuerzas económicas ni las fuerzas militares, que hacen parte de esa estructura de poder, la han pagado”, señala la escritora.

El nuevo Congreso de Colombia, elegido en marzo de este año, cuenta con 29 senadores que están siendo investigados o son “herederos” de la denominada “parapolítica”, es decir, familiares o allegados de condenados por ese delito.

Agencias./ LibreRed.Net

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