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El polvorín

La derecha y la oposición a Chávez no aflojan: Venezuela es para ellos 'Etalandia'

15 Octubre 2010 , Escrito por El polvorín Etiquetado en #Politica

Aunque hay varias investigaciones en marcha, una de ellas ordenada por el propio Gobierno venezolano, los detractores de Chávez no desisten de su intento de vincularle con el terrorismo. Una obsesión a la que el presidente se ha referido con desprecio -''A palabras necias oídos sordos''-, pero que cuenta con el aplauso y el respaldo de la derecha española y de su coro mediático.

NUEVATRIBUNA.ES / AGENCIAS - 14.10.2010

El presidente de Venezuela, Hugo Chávez, dijo este jueves que su canciller ''ya respondió'' sobre el caso del etarra deportado Arturo Cubillas y afirmó que es objeto del ''empeño'' de algunos, entre los que citó a ''la extrema derecha española'', para relacionarlo con el terrorismo. ''Ya se pronunció el canciller sobre eso, yo no voy a llover sobre mojado. En primer lugar, yo no estoy seguro que estén pidiendo la extradición. Nicolás (Maduro) ya respondió'', manifestó Chávez al ser preguntado sobre la petición de la Fiscalía española a su país de que ''o entrega o juzga'' a Cubillas.

''A palabras necias oídos sordos'', agregó el presidente, quien reiteró la denuncia de que hay una campaña en su contra antes de emprender una gira internacional por siete países de Europa, Oriente Medio y África. ''Hay un empeño (....) ¿Cuál es ese empeño? Tratar de que el mundo crea que este aquí parado, yo, soy terrorista o que al menos apoyo al terrorismo; que soy narcotraficante o que al menos apoyo el narcotráfico, para abrirme un juicio'', manifestó Chávez.

El fiscal general del Estado español, Cándido Conde-Pumpido, pidió a la Fiscalía de Venezuela
que investigue si Cubillas, contra el que pesa una orden de detención desde marzo, ha apoyado a ETA, en cuyo caso ''o se entrega o se juzga''. En declaraciones a periodistas en Madrid, Conde-Pumpido explicó que ''si existen indicios racionales'' de que el etarra deportado, que tiene un cargo público en el Gobierno venezolano desde 2005, ha apoyado a ETA desde Venezuela o bien ''tendrá que ser entregado a España o bien ser investigado y enjuiciado'' en aquel país.

Cubillas, deportado a Venezuela en 1989, fue mencionado como supuesto instructor en ese país latinoamericano de los presuntos miembros de ETA Javier Atristain y Juan Carlos Besance, según la declaración prestada por estos ante la Guardia Civil tras ser detenidos en septiembre pasado en el norte de España. ''O se entrega o se juzga'', insistió el fiscal general español antes de trasladar a la Fiscalía venezolana su deseo de que investigue a Cubillas.

De hecho, la fiscalía venezolana ha abierto ya una investigación sobre la presunta vinculación del etarra deportado con la banda terrorista ETA y con las FARC, después de que el propio acusado solicitara la indagación. No obstante, no parece posible que Cubillas sea extraditado ya que tiene la nacionalidad venezolana y la Constitución de Venezuela lo prohíbe. Sólo podría ser entregado si los delitos que se le atribuyen fueran anteriores a su naturalización. Eso no excluye su enjuiciamiento a solicitud de España.

''A mí me han llevado ya como 20 veces, yo no sé cuántas causas tengo abiertas, algunas ya las cerraron, en no sé cuántas (...) en la llamada Corte Internacional, en la otra Penal de no sé dónde'', manifestó el presidente venezolano. Chávez denunció a los ''aliados de la extrema derecha mundial que tienen mucho peso, mucho peso, en EEUU ni se diga, para señalarme a mí de cualquier cosa, y en Europa la extrema derecha española''. ''Eso es todo. Por eso, a palabras necias oídos absolutamente sordos'', agregó.

LA HIPERACTIVA OPOSICIÓN A CHÁVEZ

Cuando Hugo Chávez habla del "empeño" en vincularle al terrorismo, se refiere a la derecha española y a su coro mediático. Pero sin duda también está pensando en la delegación que las fuerzas de oposición venezolanas tienen en territorio español y cuya representación la ostenta la "Plataforma Democrática de Venezolanos en Madrid". Esta organización acusa a Chávez en su web de haber creado 'Etalandia' en suelo venezolano "para poder desarrollar cualquier actividad criminal sin ser detectado, más por contrario, contando con el apoyo de altos funcionarios y de algunos de los cuerpos de seguridad del estado".

Afirma, entre otras cosas, que como "ya Francia resulta incómoda y Portugal no es tan seguro, de manera que lo mejor es dormir ocho horas en el cómodo asiento de un Boeing y despertar en el paraíso del terror, donde las FARC, Hamas, Heezbolah y algunas otras organizaciones del sector campan a sus anchas con el beneplácito gubernamental".

Olvida la Plataforma que en 2002 Chávez entregó a Espala a Sebastián Etxaniz Alkorta y Juan Víctor Galarza Mendiola de forma ilegal, lo que le valió una denuncia ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos por la violación de diversos artículos de la Convención Americana de Derechos Humanos. A raiz de la denuncia, el Gobierno venezolano decidió conceder la nacionalidasd a los etarras que se habían instalado en el país latinoamericano en virtud de un pacto alcanzado con el Gobierno de Felipe González en la década de los 80.

La Plataforma, que tan activa se muestra en la persecución de estos antiguos etarras y que ejerce la acusación popular en la causa que investiga el juez de la Audiencia Nacional Eloy Velasco sobre las relaciones de ETA, las FARC y el Gobierno venezolano, duda sin embargo de la viabilidad de detener a un golpista. Se refiere a la petición a Interpol cursada por Caracas para detener a uno de los testigos citados por Velasco, el general Néstor González. Argumentan que el organismo internacional no puede perseguir delitos políticos como el de rebelión por el que se acusa al testigo.

Este general retirado está acusado de rebelión civil por el golpe de estado contra Chávez del 11 de abril de 2002 y sobre él pesa una orden de detención desde 2006. González fue máximo responsable de una zona fronteriza entre Venezuela y Colombia donde actuaban las FARC y donde supuestamente fueron entrenadas por integrantes de ETA. Según los opositores a Chávez, la orden de Caracas pretende evitar que González acuda a declarar como testigo en la Audiencia Nacional el próximo 15 de noviembre y "refleja la gran preocupación que tiene el Gobierno de Venezuela por lo que el general pueda declarar ante la Audiencia Nacional, sobre todo lo que conoce sobre campos de entrenamiento de terroristas en Venezuela".

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