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El polvorín

La justicia española en el trampolín del ridículo

14 Octubre 2010 , Escrito por El polvorín Etiquetado en #Politica

Me da en la nariz que Cándido es un demócrata a lo Sebastián Piñera; simplemente cree que lo es, como su presidente de gobierno, ministros, alcaldes y decenas de colegas repartidos por audiencias
Carlos Tena | Para Kaos en la Red | 13-10-2010

Conocí a Cándido Conde-Pumpido Tourón (La Coruña, 1949), todavía flamante Gran Jefe de la Fiscalía General del Estado, cuando se ocupaba de gestionar los asuntos de la Federación de Televisiones Locales, una agrupación dedicada a potenciar ese medio audiovisual en pueblos y villas, al margen de las autonomías, que hoy en día sigue siendo gestionada por Pretesa, otro de los cientos de tentáculos del grupo Prisa (¡faltaría más¡), enmarcada bajo el rimbombante y nada inteligente nombre de Localia, que sirve a los intereses de Polancos, Cebrianes y Borbones, para manipular todo tipo de noticia que pueda favorecer sus espurios intereses de dominación del mercado, de cara a desarrollar estrategias alarmistas sobre gobiernos anticapitalistas, como es la criminalización del sistema bolivariano, en una burda y siniestra maniobra por intentar “descubrir” lazos entre las FARC colombianas y la organización separatista vasca Euskadi Ta Askatasuna.

Un narcotraficante y genocida como Álvaro Uribe (que como José María Aznar dan clases en universidades yanquis, lo que resulta normal en aquella nación), prestó su régimen, heredado por Juan Manuel Santos tras unas elecciones patéticas en participación y bestiales en represión y persecución de sindicalistas, obreros o periodistas, para alterar el contenido de algunos ordenadores (computadoras personales) requisados a varios combatientes, intentando demostrar al mundo lo que no se puede certificar ante la justicia, apoyados por Prisa y las corporaciones al servicio del neo fascismo más descarado. Que lo que no es verdad, debe parecer cierto.

En aquellos años en los que Conde-Pumpido recogía las migajas que le brindaba Juan Luis Cebrián para hacerse un nombre, el tal Cándido parecía un profesional meticuloso y bonachón, de esos que uno sospecha ha aprobado las asignaturas, además de por hincar los codos, por gozar en su hogar de un ambiente repleto de olor a leyes, códigos y boletines oficiales, que normalmente ayuda bastante a comprender esas cosas tan enrevesadas del Derecho.

Siempre me intrigaron los nobles apellidos como el de este sesudo abogado, otrora portavoz de Jueces para la Democracia, en cuyo colectivo trabajaron algunos de los más honestos profesionales del mundo del derecho. Un apellido como ese no es fácil de olvidar, y me dediqué unas horas a investigar los orígenes de tan lustrosa familia, para conocer de cerca a la saga de Cándido, quien como buen descendiente de militar franquista, cumple lo que le dictan y no discute las órdenes. Cándido terminó dos carreras: Derecho, además de Ciencias Económicas y Empresariales, bajo la tutela de su padre, Manuel Conde-Pumpido Ferreiro (Pontevedra, 1927), abogado de cierto renombre en toda Galicia y que detentó cargos de cierta relevancia durante la dictadura de Franco, recibiendo un ejemplo preclaro de su abuelo, Luciano Conde-Pumpido, que había nacido en El Ferrol y se dedicó, como vocal y coronel auditor del ejército del Caudillo, a estampar su firma en decenas de sentencias de muerte (militantes de la UGT, CNT, etc.) como quien firma cheques sin fondos (Causa 50/37. sobre la captura del mercante republicano “Mar Cantábrico”), e incluso condenar a cadena perpetua a tres menores de edad en el mismo proceso. Todo un antepasado intachable, como diría José Bono.

Los Fiscales Generales del Estado siempre me han parecido una gente que necesita parecer estupenda, muy profesionales, pero algo pusilánimes cuando hay que aplicar el derecho bajo los códigos internacionales. ¿Para qué el “habeas corpus”?, ¿para qué “in dubio pro reo”? o ¿no está muy anticuado eso de “la presunción de inocencia”? ¿Es malo torturar a un sospechoso? O, siguiendo el ejemplo del patético Antonio Camacho ¿se debe investigar los malos tratos a detenidos?

Me da en la nariz que Cándido es un demócrata a lo Sebastián Piñera; simplemente cree que lo es, como su presidente de gobierno, ministros, alcaldes y decenas de colegas repartidos por audiencias y juzgados (Morenos, Velascos, Murillos, Marlaskas, etc.), quienes demuestran no haber recibido una formación exquisita, dada la trayectoria y declaraciones, procesos y sentencias conocidas a lo largo de los últimos años. Ese es el problema. Cuando se olvida qué es un sistema participativo y se vive un régimen violento como este neo franquista, saltan los fantasmas de la familia, de aquella que impuso otros códigos, otras leyes y fronteras, de las que debe ser muy difícil escapar por mucho que se pronuncien cada dos por tres slogans como “Así es la democracia”, “Esto es democracia”, “Este es un estado de derecho”, y otras lindezas que, hasta un nazi convencido como José María Aznar, acostumbra a soltar ante los indefensos estudiantes de las enloquecidas universidades que tienen la desfachatez de invitarle a ladrar.

En cierta ocasión, Conde-Pumpido III comunicó al Tribunal Supremo su oposición a que el Gobierno concediera el indulto al ex secretario de Estado de Seguridad Rafael Vera, condenado a siete años de prisión por la malversación de 3,5 millones de euros robados de los fondos públicos, por “no existir razón alguna para ello”. El delincuente salió de la cárcel. No es aventurado suponer que un anónimo personaje consultó al Señor X (el sevillano), y éste a las letrinas donde residen quienes tramaron el terrorismo que supusieron los GAL, para decidir si había o no perdón para el estafador. Conde-Pumpido se aprendió la lección, con lo que la demanda fue una excepción en su futura y brillante carrera.

Pero la Justicia española se ha encaramado estas semanas a lo más alto del trampolín del ridículo. Sospechar de la honestidad del sistema venezolano, por las declaraciones de dos presuntos miembros de ETA (obtenidas tras cinco días de incomunicación de ambos, que han denunciado torturas de todo tipo), y darles el grado de verosimilitud como para lanzarse a la zafia aventura de colocar a los españoles, desinformados e incultos, en contra de aquel país y aquel gobierno, resulta tan estúpido, torpe y descarado, que la maniobra le saldrá a Conde-Pumpido por la culata.

La más que eficiente, honesta y democrática Fiscalía de la República Bolivariana va a investigar tales acusaciones, tras la petición de Antonio Cubillas, ciudadano venezolano en plenitud de sus derechos, ya que este ha solicitado que se vaya al fondo del asunto, cómo se obtuvo esa información, dónde y cuándo, lo que permitirá que el gobierno y la justicia de Zapatero hagan de nuevo el mayor de los ridículos. ¿Se investigó en 2002 al entonces presidente Aznar y a su ejecutivo, sobre una posible conexión del PP en el Carmonazo de Caracas, que se saldó con la huída de decenas de terroristas de aquel país y varios asesinatos? No es aventurado lo chocarrero del tema, porque la justicia borbónica ya ha demostrado su carácter grotesco y pusilánime, cuando no se atreve a perseguir judicialmente a los asesinos del periodista español José Couso, ultimado a manos de los mercenarios del ejército americano. Dejaron al juez Pedraz sólo ante el peligro, mientras la Interpol miraba a Caamaño con cara de broma.
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Para Cándido Conde-Pumpido, a lo peor, contemplar a un esbirro apuntando con su tanque hacia la habitación de un Hotel, en el que sólo se alojaban cronistas y corresponsales de guerra, no ha sido un dato suficientemente explícito como para decidir la inculpación de los militares. Pero sí, en cambio, lo son las confesiones de dos sospechosos incomunicados, en un país al que los Relatores de Naciones Unidas o la misma Amnistía Internacional han llamado la atención en numerosas ocasiones, por las fundadas sospechas de que la tortura en España sigue siendo tan habitual como el estornudo.

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