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El polvorín

La restauración de la Doctrina de la Seguridad Nacional y las secuelas del 72

28 Marzo 2010 , Escrito por El polvorín Etiquetado en #Politica

FERNANDO MOYANO 

En estos días el presidente de la República se ha puesto a trabajar fuertemente por la liberación de los pocos genocidas que están presos. Usa su conocida táctica de "largar pelotazos" que luego son desmentidos como "maliciosas malinterpretaciones" (la que cumple ese papel es Lucía)  para luego largar otro parecido, otro desmentido, otro pelotazo más, etc. De esta manera se va preparando el terreno. 

Es una técnica de confusión deliberada de la que hace uso y abuso. Un ejemplo es esta nueva ocurrencia de hacerles cumplir servicio militar a los adictos a la pasta base, plan absurdo que solo ocasionaría que los adictos de los cuarteles estuviesen mejor provistos. De lo que se trata es de una campaña propagandística por goteo para ir encontrando "buenos usos" al militarismo. Si dejamos de prestar tanta atención a las propuestas concretas que son simple hojarasca, podremos ver el trabajo ideológico de largo aliento que hay atrás, y que es su verdadero fin.

El tema al que nos referimos funciona de una manera parecida. Mujica ha salido a decir que no se puede retener en la cárcel a viejitos mayores de 70 años y que se les debe dar el privilegio de la prisión domiciliaria. En realidad, se trata de una campaña de ablande ideológico destinada a apoyar una posible ley de indulto o amnistía indirecta a los genocidas, por la eventualidad de que se concrete una anulación parlamentaria de la ley de impunidad y deba compensar esto con alguna jugada lateral para cumplir sus compromisos previos con los militares. 

Hemos sostenido en notas anteriores, que la fracción de ex-guerrilleros hoy en el gobierno es la corriente de NACIONALISMO BURGUÉS de la vieja guerrilla. Hoy debemos pedir disculpas a los lectores por haberles hecho perder el tiempo, ya que hubiese alcanzado simplemente con esperar a que Mujica lo dijese con sus propias palabras en su discurso a los "soldados de mi patria", llamando a la "unidad nacional" con este montón de criminales, y planteando además el objetivo de despertar el AFECTO del pueblo por "sus" fuerzas armadas. A confesión de parte relevo de prueba. Mujica ha sido mucho más claro que nosotros.

Alguien podría preguntarse qué tan importante es ese rasgo de la fracción política hoy en el gobierno.  Esa interrogante quedará totalmente contestada por los hechos en muy poco tiempo, a medida que este problema avance y se vean los "vasos comunicantes" entre el nacionalismo burgués y el fascismo. Los LAZOS DEL PASADO explican parte de esta conducta actual, pero a su vez no podrían explicarse sin eso.

La ley de "humanización del sistema carcelario" fue promovida por el entonces ministro José Díaz,  socialdemócrata de viejo estilo que fuera el ala de izquierda del primer gabinete de Vázquez integrado por gente mucho más retrógrada -empezando por el propio Vázquez- que rápidamente dieron marcha atrás con casi todas las reformas democráticas que Díaz inició, y además lo echaron. Por eso la reforma carcelaria no pasó de buenas intenciones. No hubo un mejoramiento real, ya que no se destinaron recursos. Por ejemplo, el régimen de "rehabilitación por el trabajo" es imposible de aplicar en cárceles superpobladas y solo ha funcionado en alguna del Interior. 

Dentro de ese contexto no pueden quedar dudas de que esta preocupación por los mayores de 70 años es una mera cortina de humo. El comisionado de cárceles ha informado que hay muy pocos presos en esas condiciones, en su gran mayoría asesinos y/o violadores, y solo 4 entre los procesados por delitos de lesa humanidad. En 4 años de vigencia de la ley Díaz la posibilidad de excarcelar presos de edad avanzada nunca se aplicó. Mujica quiere liberar a los genocidas mayores de 70 años no por tener más de 70 años, sino porque son genocidas.

Conviene aclarar que los autores crímenes de esa naturaleza quedaron expresamente excluidos de dicha posibilidad, y la ley Díaz dice a texto expreso que lo que hace es aplicar Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional que Uruguay suscribió. De modo que modificar esto sería una violación más al derecho internacional.

Dejemos de lado el tema en sí mismo del privilegio de prisión domiciliaria para los ancianos, que de por sí es muy discutible. El argumento, en todo caso, se basa en el supuesto de que los violadores de DDHH estarían en esa franja etaria, pero ¿es así?

Vladimir Roslik fue muerto por torturas en abril de 1984, hace 26 años. NADA permite asegurar que sus asesinos tienen hoy más de 70 años, para eso deberíamos asegurar que eran mayores de 44 al momento del crimen, y ni siquiera sabemos quienes son. Los numerosos asesinatos de 1978 (tercer vuelo) ocurrieron hace 32 años. Para asegurar que todos sus autores son hoy mayores de 70 años, deberíamos asegurar que no había ninguno menor de 38 años en aquel momento. 

Como vemos, lo que importa en realidad son los supuestos implícitos de este planteo y su importancia ideológica.

Por un lado se supone que los únicos responsables que pueden ser procesados son los OFICIALES SUPERIORES de aquel momento, entre los cuales y en virtud de los usos burocráticos de la carrera militar, es más improbable encontrar gente más joven. 

Pero el razonamiento de reducirse a los oficiales superiores implica aceptar el criterio de la "OBEDIENCIA DEBIDA", sostener que el ejecutor material (entre los cuales encontraremos oficiales subalternos, sub-oficiales o personal de tropa que CASI CON SEGURIDAD son de edades menores) se limitaba a CUMPLIR ÓRDENES y que DEBÍA HACERLO aún tratándose de órdenes ilegales e inhumanas. Un criterio inmoral que está expresamente descartado en nuestra legislación. 

Se está admitiendo además que las órdenes fueron de EJECUCIONES DELIBERADAS. Si se tratase de "accidentes", pasadas de rosca en la tortura EN TODOS LOS CASOS como pretendió hacernos creer la Comisión para la Paz de Jorge Batlle,  el joven que actuaba y se pasó de la raya sigue siendo responsable. Para exculparlo porque solamente obedecía órdenes del viejo que mandaba, la orden EXPRESA tenía que ser de ejecución. No se pueden sostener dos cosas contradictorias a un mismo tiempo. O recibió la orden de matar, o no la recibió.
Por otro lado se está suponiendo EL CONOCIMIENTO DE LOS HECHOS. Cuando el presidente argumenta sobre delitos y delincuentes en forma implícita, sin que se sepan ni los hechos ni los responsables, ocurre una de dos cosas.
  • O HABLA SIN SABER, y entonces se es un irresponsable, ya que lo único que corresponde es PRIMERO INVESTIGAR para luego DAR A CONOCER el resultado.
  • O habla SABIENDO, y entonces está ENCUBRIENDO. Si se sabe quienes y en qué condiciones son culpables de delitos de lesa humanidad, lo que no puede aceptarse en absoluto es que se saquen CONCLUSIONES POLÍTICAS en base a un conocimiento que se mantiene oculto. 
Que el presidente de la República tenga un pasado conspirativo es una cosa. Pero lo que es inadmisible es que pretenda someter el funcionamiento institucional al método conspirativo de MANEJO DISCRECIONAL DE LA  JUSTICIA.

El proyecto ORIGINAL de recurso de reforma constitucional que elaboró la Coordinadora Nacional por la Nulidad incluía esta parte inicial:

"Art.72 Inc.2: Declarase que la Declaración Universal de Derechos Humanos, la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, las disposiciones que reconocen derechos humanos incluidas en los tratados y convenios internacionales ratificados por Uruguay, y las normas consuetudinarias y convencionales del Derecho Internacional que obligan a la persecución y juzgamiento de los crímenes de genocidio, de guerra y de lesa humanidad, tienen jerarquía constitucional y de aplicación directa".  

Si el recurso de reforma constitucional hubiese triunfado y hubiese tenido ESA redacción, cualquier mecanismo de amnistía encubierta podría ser impugnado por inconstitucional. Pero en agosto de 2007 la Coordinadora QUITÓ ese inciso del texto definitivo del recurso que se impulsó. Eso ocurrió por presiones políticas del MLN, aduciendo el peligro de que la derecha usase  durante la campaña el argumento confusionista de que esa reforma habilitaría el procesamiento de ex-guerrilleros por presuntos crímenes de guerra.

Un año después, en agosto de 2008 con la campaña ya más avanzada, el entonces candidato Mujica cambia su actitud y firma el recurso contra la ley en la propia sede del PIT-CNT y ante los miembros de la Coordinadora. Y EN ESE MISMO LUGAR Y MOMENTO anuncia su proyecto de amnistía encubierta bajo la forma del canje de inmunidad por información (véase :Mujica propuso la conmutación de penas para los torturadores)
Como vemos, era una maniobra deliberada desde el principio. Mujica y su entorno estuvieron SIEMPRE por mantener la impunidad. Primero, se intentó frenar la campaña de anulación de la ley. Cuando esto ya resultaba muy difícil, se optó por RENOVAR DEL PACTO DE IMPUNIDAD, PERO DE OTRA FORMA. Se acompaño (saboteando desde arriba) la campaña, y se empezó a trabajar abiertamente (además para tranquilizar a los militares) por otro camino de mantenimiento de la impunidad. Para ello además era necesario limarle el filo a la propia campaña, lo que se hizo recurriendo de nuevo a la excusa de hacerse pasar por perseguidos, cuando en realidad tenían un pacto de colaboración con los militares desde mucho antes.

Las formas propuestas cambian según el aire del momento. Primero era el canje de inmunidad por información. Hoy es lo la edad avanzada. La forma  no importa, se acomoda como venga en tanto sirva para asegurar la impunidad. 

Militarismo, obediencia debida, "unidad nacional" con el terrorismo de estado... 

Lo que está haciendo el núcleo duro del actual gobierno es trabajar en el terreno ideológico por el RESTABLECIMIENTO DE LA DOCTRINA DE LA SEGURIDAD NACIONAL. 

 


Los actuales gobernantes de pasado guerrillero, que fueron presos y torturados en su momento, quieren presentar el tema como si ellos fuesen VÍCTIMAS GENEROSAS QUE PERDONAN A SUS VICTIMARIOS. En realidad, la implicancia puede encerrar muchas otras cosas relacionadas con aquel momento.

Postaporteñ@
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