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El polvorín

La sabiduría asombrada y la contrarreforma del mercado de trabajo en el Reino de España

22 Junio 2010 , Escrito por El polvorín Etiquetado en #Politica

 Antoni Domènech, Daniel Raventós, Gustavo Búster

 

La sabiduría asombrada y la contrarreforma del mercado de trabajo en el Reino de España

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“… nunca el consejo del pobre, por bueno que sea, fue admitido, ni el pobre humilde ha de tener presumpción de aconsejar a los grandes y a los que piensan que se lo saben todo. La sabiduría en el pobre está asombrada; que la necesidad y la miseria son las sombras y nubes que la escurecen, y si acaso se descubre, la juzgan por tontedad y la tratan con menosprecio”.- Cervantes

 

 

Apenas un mes después de aprobar el decreto ley con las medidas de austeridad pública aparentemente exigidas al gobierno del Reino de España en la reunión del Ecofin del pasado 9 de mayo, Zapatero ha firmado otro decreto ley introduciendo una ―reforma‖ en el mercado laboral, tras dos años y arreo de infructuosas negociaciones entre la patronal y los dos sindicatos mayoritarios de los trabajadores (CCOO y UGT). En el intermedio: una huelga de la función pública promovida por los dos sindicatos el pasado 7 de junio, de éxito relativo y en cualquier caso dispar, ulterior degradación de la calificación del riesgo-país español por las agencias privadas Moody‘s y Fitch (aparentemente insensibles a los mensajes de austeridad de Zapatero) y un ambiente ferozmente antisindical casi unánimemente jaleado por todos los grandes medios de comunicación, públicos y privados, respetables y menos respetables, gubernamentales y antigubernamentales. Se les ha acusado de todo y de todo lo contrario: de poltrones, por lo pronto, de defender sus propios intereses particulares, de descuidar a los cuatro millones y medio largos de desempleados (casi un 20% de la población activa), de provocar con su inflexibilidad el paro, de docilidad interesada al gobierno, de atravesarse en el camino de la creación de empleo, de antiguos (―decimonónicos‖), de demasiado ―responsables‖ y poco ―combativos‖ y también, y muchas veces por los mismos y en los mismos medios, de demasiado extremistas y pugnaces, etc.

No sólo no ha faltado quien les culpe directamente de la terrible crisis que azota a la economía española y de la UE, sino que han proliferado en la derecha las voces patrióticas celebrando que la economía española esté ―intervenida‖ políticamente desde el exterior y que el gobierno del Reino se pliegue galanamente y quieras que no a ello, lo que, se calla por sabido, le obliga, ―por fin‖, a romper drásticamente el diálogo con las fuerzas sindicales. Al orquestado linchamiento mediático de los sindicatos, en el que participan con entusiasmo todo tipo de peritos en legitimación, incluidos los habituales tertulianos y todólogos de varia nómina, se han sumado también distintas formas de exculpación de los causantes del desastre en que ha venido a dar la economía mundial, y en particular, la europea y la española.

Los más tímidos, impugnando el sentido mismo de la atribución de causas y responsabilidades: no importa; de lo que se trata ahora es de que todos nosotros, que hemos vivido ―muy por encima de nuestras posibilidades‖, ―arrimemos el hombro‖. Los más avilantados y ―patrióticos‖, con una suerte de apología de los presuntos culpables de la presión exterior a que se ven sometidas las finanzas públicas españolas, los misteriosos ―mercados financieros‖, por la vía de la pretendida desmitificación filistea de su misterio: ¿Y quiénes son los ―mercados financieros‖ y los ―especuladores‖?, se preguntan. Sólo para responder: nuestros acreedores, y al final, gentes sencillas como usted y como yo, que tienen colocados sus ahorrillos en fondos de inversión que buscan legítimamente la mayor rentabilidad.

Vale la pena perder algunas palabras sobre los dos tópicos más manidos estos días por la ignorante casta doxástica y gacetillera: los trabajadores que habrían vivido supuestamente por encima de sus posibilidades y los mercados financieros supuestamente compuestos de gentes sencillas que colocan sus ahorrillos.

Una espiral de recortes salariales, como trasfondo de la crisis

En contra de los que dicen que las causas de la crisis y sus responsables no importan (lo dicen, nótese bien, ¡en medios o poseídos o frecuentemente subvencionados con publicidad por esos mismos responsables!), y que lo único que cuenta ahora es ―arrimar todos el hombro‖, importa mucho recordar cómo se ha llegado hasta aquí. He aquí la secuencia:

Las entidades financieras, en unos momentos en que el crédito era muy barato puesto, que los tipos de interés oficiales habían bajado mucho en poco tiempo, daban préstamos con facilidades. No se pedían garantías personales o, a lo sumo, el filtro era muy condescendiente. No importaba; el precio de las viviendas crecía y crecía, la gente se endeudaba más y más, los bancos especulaban cada vez de forma más agresiva e irresponsable y cabildearon políticamente para imponer al gobierno una política de inflación de activos, y lograron hasta derribar la ley Glass-Steagall, votada por el Congreso de los EEUU en 1933, que separaba las funciones de la banca de depósitos y de la banca de inversión para evitar los grandes movimientos especulativos; esta ley fue revocada el 2 de noviembre de 1999 por la ley Gramm-Leach-Bliley por 92 votos contra 8 por el mismo Congreso. Sus ejecutivos, ni que decir tiene, ganaban dinero a espuertas. Los 25 ejecutivos mejor remunerados del año 2006, cobraron, de media, 19 millones de dólares en bonos cada uno. Unos 300 ejecutivos y operadores recibieron entre 3,7 y 7,6 millones. El consejero delegado del banco, Lloyd Blankfein, se agenció 38 millones frente a los ―modestos‖ 30,2 millones que había ganado el año anterior, en 2005, su antecesor, Henry Paulson. Las hipotecas fueron empaquetadas en títulos de activos que luego fueron conocidos como ―tóxicos‖. Las grandes compañías de seguros emitían en los mercados CDS pólizas que aseguraban supuestamente del riesgo de impago de esos títulos, que estaban respaldados, mal respaldados, por las hipotecas que luego se hicieron famosas con el nombre de subprime. Y las extendieron por el mundo.

No deja de ser una circunstancia histórica hasta ahora excepcional, pero que confirma las características del neoliberalismo, el que la crisis financiera que vivimos traiga su origen en la crisis de la deuda privada de los sectores más pobres de la clase trabajadora en EE UU y el Reino Unido. Ellos han sido las principales víctimas de las hipotecas subprime, al mismo tiempo que sufrían una continua reducción de sus salarios directos e indirectos, en una reversión maligna del pacto social fordista de sus padres: el precio de la fuerza de trabajo por hora se ha reducido en EE UU un 5,5% en este período, hasta regresar ¡a niveles de 1948! El retroceso de los salarios reales les empujó a la deuda privada, a la nueva servidumbre por deudas.

Cuando se produjeron los primeros síntomas de que el juego se había acabado, empezaron algunas grandes y famosas quiebras de entidades financieras. El Tesoro estadounidense fue a su rescate con cantidades que dejaban en una nadería cualquier precedente más o menos remoto. Solamente han pasado tres años. En este tiempo, el déficit público de todas las economías ha aumentado para ―securizar‖ desde los presupuestos públicos el déficit privado. Este déficit público está causado por las inmensas cantidades de dinero público empleadas para reflotar a instituciones bancarias de propiedad privada, por el aumento del gasto social causado por el incremento espectacular del desempleo en un cortísimo intervalo de tiempo, así como por la reducción de los ingresos fiscales dimanante del incremento del fraude fiscal y del decremento recaudatorio consiguiente a toda crisis económica de envergadura.

Marshall Auerback lo resumía así de eficazmente:

―Lo que resulta aún más sublevante es que, tras haber sido los mayores beneficiarios de la magnanimidad del gobierno en los dos últimos años, son precisamente ellos quienes ahora despotrican contra la política fiscal ‗irresponsable‘ e ‗insostenible‘ del gobierno.‖

Ninguno de los tertulianos que hoy repiten en España como loros y a campana herida la necesidad de que ―todos‖ los que pretendidamente hemos vivido ―por encima de nuestras posibilidades‖ seamos ahora austeros y ―arrimemos el hombro‖ para ―salir de la crisis‖ parece reparar en el hecho de que más del 60% de la población trabajadora española es mileurista, de que el peso de la masa salarial en el PIB español no ha hecho sino retroceder en las últimas décadas (pasando de más de un 55% en 1977 a cerca de un 45% en 2010) a favor de los beneficios empresariales y de las rentas improductivas, financieras e inmobiliarias), y de que los españolitos de a pie que supuestamente han vivido muy por encima de sus posibilidades tienen que gastar un elevadísimo porcentaje de sus magros ingresos –para más del 65% de la población, más del 40% de sus ingresos— a fin de poder satisfacer la necesidad elemental de la vivienda, cuyos precios se vieron disparados por una burbuja especulativa inmobiliaria de la que sólo se han beneficiado las entidades bancarias y los grandes patrimonios inmobiliarios y financieros.

El cuadro que sigue, elaborado por el profesor Bustillo, muestra la evolución del volumen de la masa salarial en España entre 1914 y 2006 en relación con el PIB. Obsérvese cómo el resultado de la Guerra Civil, luego de 1939, significó un formidable disciplinamiento de la clase obrera y una clara recuperación de rentas y beneficios empresariales, cómo las luchas del combativo movimiento obrero antifranquista recuperaron la porción de masa salarial en los 60 y 70 (pero sin llegar a alcanzar el nivel republicano hasta1977), y cómo ese nivel vuelve a retroceder a partir de comienzos de los 80 –con los ―ajustes estructurales‖ de Felipe González—, hasta hoy:

 

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Las “gentes sencillas” de los mercados financieros y el problema de la deuda pública española

España tiene ahora un grave problema con su deuda pública por varios motivos, y por lo pronto: 1) porque con la entrada en el euro perdió su soberanía en materia de política monetaria (países que conservan esa soberanía y que tienen un volumen de deuda pública en relación con el PIB muy superior a España, como Japón, Gran Bretaña o los EEUU, no son objeto de ataques especulativos); y 2) porque los ―mercados financieros‖ no son agregados informes de ―gentes sencillas‖ que colocan sus ahorrillos en fondos de inversión que buscan legítimamente la mayor rentabilidad, sino un tipo de instituciones muy complejas, cuyo perverso diseño, causante en buena medida de la crisis financiera de 2008, no sólo no ha sido reformado o regulado públicamente, sino que se ha visto reforzado por el modo en que los distintos gobiernos han lidiado con esa crisis.

Uno de los instrumentos principales de ataque especulativo contra las deudas soberanas son los tristemente célebres credit default swaps (CDS) o derivados financieros de incumplimiento crediticio. Esos instrumentos financieros funcionan como una especie de ―seguro‖ contra impagos, pero, precisamente, no son ―seguros‖: nacieron precisamente en los 90 (a raíz de la catástrofe ecológica provocada por los vertidos petroleros del Exxon Valdez, cuyas dimensiones desbordaron a las compañías aseguradoras tradicionales) como vehículos de inversión al margen del sector oficial de los seguros, porque ese sector estaba públicamente regulado. Los CDS, en cambio, son completamente opacos y están totalmente desregulados; funcionan como apuestas a que algo va a ir mal (los valores de una compañía, los títulos de deuda soberana, ¡las propias inversiones en otro sector!), y la única condición que se exige para poder poner los ―ahorrillos‖ en ellos es disponer de un monto mínimo de inversión de 10 millones de dólares. Se trata de un verdadero mercado en la sombra, completamente desregulado y, como cabría esperar, dominado por la aristocracia financiera mundial. Como muestra el siguiente gráfico del New York Times (17 de febrero de 2008), su crecimiento desde el año 2000 ha sido asombroso: su valor era ya en 2008 (45,5 billones de dólares) mucho más grande que el del mercado de valores (21,9 billones), que el del mercado hipotecario (7,1 billones de dólares) y que el del mercado de deuda pública (4,4 billones de dólares) estadounidenses:

 

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Según distintas estimaciones, hoy, dos años después, su valor habría crecido hasta más de 70 billones de dólares, es decir, ¡casi una vez y media el PIB mundial!

La adquisición masiva, por parte de los especuladores que operan en esos mercados de derivados financieros de incumplimiento crediticio, de CDS de una compañía privada o de una deuda soberana termina siendo un modo barato de forzar la baja del precio de las acciones de esa compañía en los mercados de valores (a costa de los dividendos de los accionistas) o de forzar a la deuda soberana a incrementar los intereses pagados por sus títulos vendidos en los mercados financieros normales (a costa del gasto social de los gobiernos democráticos). Ahora que los rescates bancarios masivos con dinero público practicados a partir de 2008 generaron un espectacular incremento de la deuda pública en todo el mundo, el gran negocio de la aristocracia financiera es apostar en los mercados CDS contra las deudas soberanas: cuanto mayor el monto de la apuesta contra una deuda pública, tanto más tienen que subir los Estados en apuros los intereses pagados a quien les compra títulos en los mercados de deuda, y tanto mayor negocio es, entonces, comprar esos títulos. A su vez, cuanto más suben los intereses que se ve obligado a pagar un Estado por sus títulos de deuda pública, tanto más caro será apostar en un CDS contra esa deuda, y tanto mayor el negocio para los vendedores de CDS, lo que a su vez debilita todavía más la ulterior capacidad de venta de títulos de deuda pública en los mercados financieros normales al encarecer los intereses que tiene que pagar, etc. Bancos privados como la Deutsche Bank alemana, por ejemplo, reflotada con dineros públicos en 2008, y acreedora de miles de millones de deuda privada española, tiene invertidos cerca de 800 millones de euros en los mercados CDS contra la deuda pública española.

El gráfico que sigue muestra la evolución del valor de las apuestas contra distintas deudas soberanas (Grecia, España e Irlanda) en los mercados de CDS, desde enero de 2008 hasta el pasado marzo:


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Austeridad fiscal en la UE, o cómo aprovechar políticamente la crisis para dar el golpe final al Estado democrático y social

Así pues, las crecientes dificultades que encuentran los letras, los títulos y los bonos de la deuda pública española para colocarse a precios razonables en los mercados financieros internacionales no tienen nada que ver directamente con los salarios de los funcionarios, con las pensiones de los jubilados o con la constitución jurídica y la estructura institucional del mercado de trabajo en España, y sí tienen que ver directamente con la perversa constitución institucional de los mercados financieros internacionales actuales, y en particular, con los mercados de CDS. También con la trampa que supone el euro –la pérdida de soberanía monetaria— en el contexto de una Unión Europea inveteradamente dominada por dogmáticos y catastróficos prejuicios neoliberales, que la han llevado a constituirse irresponsablemente como unión monetaria sin política económica y fiscal común, o al menos, coordinada. Un Reino de España que conservara su soberanía monetaria tendría a su disposición –como EEUU, Reino Unido o Japón, países mucho más endeudados públicamente— un buen abanico de medidas para enfrentarse a la actual especulación financiera sobre sus títulos de deuda: desde la devaluación de la propia moneda, hasta la compra masiva por parte de su propio Banco Central de deuda pública española (como hacen la Reserva federal o los bancos centrales de Japón y Reino Unido con la deuda pública de sus países). Por otra parte, la prohibición de que el Banco Central Europeo pueda comprar directamente títulos de deuda pública de los países miembros de la UE, o, más barato y sencillo aún, de que se puedan emitir títulos de eurodeuda respaldados por el conjunto de la UE (y por lo tanto, fácilmente colocables a excelente precio en los mercados financieros internacionales), es lo que puso a Grecia de rodillas ante los mercados financieros internacionales y lo que está poniendo en serios aprietos, si no al borde del abismo de las urgencias, a distintos países de la eurozona, entre ellos a España.

En vez de eso, que se compadecería bien con una política fiscal común expansiva europea, única capaz de buscar la recuperación económica y de enfrentarse resueltamente a las manifestaciones sociales más lacerantes de la misma (y en primer lugar, al desempleo), la UE, empujada por el gobierno liberal-conservador alemán y por sus halcones del déficit, ha optado por enfrentarse a la crisis del euro resultante de la crisis de deuda soberana imponiendo quieras que no una desastrosa política económica común de austeridad fiscal, que ya tuvimos ocasión de criticar con cierto detalle técnico hace un mes. La cosa es tan absurda y desapoderada desde el punto de vista de la racionalidad macroeconómica más elemental, que no puede interpretarse sino como un estrategia política concebida para dar, con ayuda de los mercados financieros internacionales y del tan experimentado como desacreditado FMI, el golpe final al Estado democrático y social en la eurozona, el espacio económico más grande del planeta: don’t waste politically a good crisis! [1]

Tal es el contexto en el que el gobierno Zapatero se ha aprestado a (contra)reformar por vía de urgencia la constitución del mercado de trabajo, que, en España, como en cualquier otro país capitalista, es el núcleo de su constitución social.

Una reforma laboral a la medida de la patronal

Esta ―reforma‖ del mercado laboral decretada por el gobierno del PSOE presidido por Zapatero (Real Decreto-ley 10/2010) el pasado 16 de junio, con edición en el BOE al día siguiente, será la sexta en un cuarto de siglo. Continúa así el camino iniciado con las 9 medidas aprobadas también por Real Decreto el pasado 21 de mayo que tanto gustaron a la patronal española, la CEOE, aunque, eso sí, sólo como ―un primer paso‖ que había que continuar. Con este decreto el Gobierno dice perseguir tres objetivos:

―Primero, reducir la dualidad de nuestro mercado laboral, impulsando la creación de empleo estable y de calidad, en línea con los requerimientos de un crecimiento más equilibrado y sostenible.

Segundo, reforzar los instrumentos de flexibilidad interna en el desarrollo de las relaciones laborales y, en particular, las medidas de reducción temporal de jornada, como mecanismo que permita el mantenimiento del empleo durante las situaciones de crisis económica, reduciendo el recurso a las extinciones de contratos y ofreciendo mecanismos alternativos más sanos que la contratación temporal para favorecer la adaptabilidad de las empresas.

Tercero, elevar las oportunidades de las personas desempleadas, con particular atención a los jóvenes, reordenando para ello la política de bonificaciones a la contratación indefinida para hacerla más eficiente, haciendo más atractivos para empresas y trabajadores los contratos formativos y mejorando los mecanismos de intermediación laboral.‖

Al contrario, y con razón, las fuerzas sindicales consideran que esta reforma laboral es una concesión a las pretensiones patronales. Los habitualmente prudentes sindicatos mayoritarios en el Reino de España, CCOO y UGT, han reaccionado comprensiblemente, considerando manifiesta la agresión a la población trabajadora, que finalmente se han decidido a convocar una huelga general el próximo 29 de septiembre. En la comunidad autónoma vasca, varios sindicatos nacionalistas, entre los que se encuentra el mayoritario en aquel territorio, ELA (siglas en euskera de Sindicato de los Trabajadores Vascos), han convocado una huelga general para el mucho más próximo 29 de junio. CCOO también se ha sumado a esta convocatoria de huelga general en la Comunidad Autónoma Vasca, en una bienvenida superación del divisorio ―frentismo‖ nacional sindical y su sustitución por un frente unificado de todos los trabajadores.

En un comunicado conjunto de CCOO y UGT de análisis detallado del decreto gubernamental, los sindicatos se quejan de la ―escasa sensibilidad hacia las posiciones de los trabajadores‖ y lo acusan de ―claro escoramiento hacia las tesis empresariales‖. No fomenta el contrato de trabajo indefinido, además de facilitar y abaratar a la patronal el despido.

Ideología, hechos y derechos en el debate sobre la reforma laboral

¿Cuáles son las características de este mercado de trabajo del Reino de España que se pretende (contra)reformar? Desde diversas organizaciones económicas y empresariales como el FMI, la CEOE de la gran patronal española, el ―independiente‖ Banco de España y las Cámaras de Comercio, entre otras, el frente común es monolítico y no presenta fisuras en este punto. Según ese frente, el mercado laboral tendría unos graves problemas que justificarían holgadamente la reclamada ―reforma‖ reclamada concedida por el Gobierno. Se pueden resumir en estos tres puntos: 1) el mercado de trabajo actual no sólo no es ajeno, sino que guarda estrecha relación con la crisis actual de la economía española; 2) el coste de despedir a trabajadores es muy alto; y 3) la constitución jurídica del mercado de trabajo es muy rígida y se atraviesa en el camino de la inversión productiva y de la contratación de trabajadores.

1) La argumentación acerca de la relación de mercado de trabajo con la actual crisis suele confundir varios planos. Si lo que dice es que la actual constitución del mercado de trabajo en España es la causante del incremento del paro, eso es manifiestamente falso: si el despido ―caro‖ ha producido en dos años dos millones de parados, no se puede ni imaginar lo que habría producido un despido más barato (como el decretado por la ―reforma‖. Países con mercados de trabajo más protegidos que el español, como Francia, sin ir más lejos, han contenido mejor el desempleo. Como observó Paul de Grauwe (Flexibility gives way to rigidity‘s virtues) en medio tan poco sospechoso como el Financial Times del 22 de febrero de 2009:

―Hoy resulta cada vez más claro que la flexibilidad laboral, lejos de ser una cualidad, es un grave lastre. (…) Desde el estallido de la crisis financiera, la economía mundial se ha visto cada vez más pillada por la deflación de deuda. La dinámica de la deflación de deuda es bien conocida (…) desde hace 80 años. Las familias y las empresas privadas (incluidos los bancos), enfrentados a una deuda excesiva, se ven obligados a vender activos. Los precios de los activos bajan, lo que lleva a acuciantes problemas de solvencia en todo el sistema. Las empresas se ven obligadas a despedir trabajadores y a reducir salarios. Consecuencia: a un número creciente de familias le resulta imposible el servicio de la deuda. De modo que, en una situación de deflación de deuda, las tentativas que unos hacen para servir su deuda dificultan a otros el servicio de la suya. (…) El problema de la deflación de deuda es que hay una variable rígida (el valor de la deuda), mientras que buena parte del resto de variables (valor de los activos, salarios, empleo) es flexible. Cuanto más flexibles sean esas otras variables, más infernal resulta la dinámica de deflación por deuda, y más difícil resulta sacar de ella a la economía. (…) Cuando las economías se ven golpeadas por la deflación por deuda, lo que necesitan son parámetros más rígidos que rompan circuitos. Ya lo adivinan: las rigideces de salarios, precios y contratos laborales son rompedoras de circuitos. Los trabajadores no son despedidos al instante; sus salarios no se ven recortados al momento, lo que da un respiro al desendeudamiento ordenado.‖

Por otro lado, si lo que dice el argumento es que, una vez dado el paro gigantesco que azota a al Reino, para remontar la situación y estimular nueva contratación laboral, es necesario abaratar el despido y debilitar los procesos de negociación colectiva, entonces hay que observar dos cosas, una de hecho y otra, más importante aún, de derecho.

a) Como cuestión de hecho, la variable más importante que determina la contratación de trabajadores en el mercado laboral no es el coste del despido o el grado de poder de los trabajadores en la negociación colectiva, sino la demanda efectiva y las expectativas de inversión rentable de los empresarios privados. Pues bien: la política de austeridad fiscal del gobierno de Zapatero deprime la demanda efectiva interior, y la común política de austeridad fiscal de la UE deprime la demanda efectiva de los países miembros de la EU, que componen el principal mercado de exportación de los productos españoles. Por otro lado, los capitalistas españoles seguirán teniendo expectativas de inversión alternativas mucho más rentables que la explotación productiva de un trabajo crecientemente despojado de derechos, por radical que sea ese despojo: la inversión rentista en un amplio menú de derivados financieros: ofrecidos por los mercados financieros. Una política seria a favor del empleo no pasa por el camino de la progresiva reesclavización de los trabajadores, sino por una política de radical expansión fiscal (es decir, que estimule la demanda efectiva y la inversión pública) y por una política económica que penalice duramente con impuestos el ahorro y la inversión rentistas, es decir, que obligue a los capitalistas a hacer de capitalistas. [2] Dicho sea de paso: nada expresa mejor el carácter históricamente obsoleto y la profunda degeneración del capitalismo actual como cultura económica, que el hecho de que, para seguir funcionando sin producir enormes catástrofes sociales y ecológicas, precise de un sector publico que obligue, entre otras cosas, a sus máximos protagonistas, los ―capitalistas‖, a hacer de tales.


 

b) Como cuestión de derecho, la ―reforma‖ de Zapatero representa un grave ataque, aun si y apenas observado por los comentaristas,al núcleo mismo de la constitución social de la economía española. Como ha observado agudamente la iuslaboralista y veterana luchadora antifranquista Montserrat Avilés: “la operación no es otra que el traslado de las principales tutelas iuslaboralistas hacia el arsenal iusprivatista más rancio‖, una ―invitación a dejar los bártulos iuslaboralistas y a abrir bufete de civilistas‖.

2) No es verdad que despedir trabajadores en el Reino de España cueste poco. La indemnización de los trabajadores eventuales y de los que son contratados por una obra o servicio determinados equivale a 8 días por año trabajado. El coste del despido improcedente es de 45 días por año trabajado, el motivado por un Expediente de Regulación de Empleo (ERE), solamente de 20 días por año (hasta un máximo de 12 mensualidades). Este último coste es el mismo para el caso de despido objetivo. Además, estas proporciones han de reducirse en determinados casos. Por ejemplo, cuando se trata de un ERE en una empresa de menos de 25 trabajadores, el Fondo de Garantía Salarial aporta el 40% de los 20 días por año de indemnización. Pero más importante, si cabe, es que en la legislación del Reino de España, si un trabajador es despedido pero el juzgado resuelve que no es procedente, quien decide la reincorporación o no al puesto de trabajo es el propio empresario o su representante. No el trabajador o el juez. Casi la totalidad de los trabajadores que son despedidos de forma improcedente, no son readmitidos en la empresa por decisión del propio empresario. En otros países de la Unión Europea, como Italia o Suecia, en caso de despido improcedente, es el mismo trabajador el que decide si reincorporarse o no a la empresa.

3) No es verdad que el mercado laboral español sea rígido. Algunas muestras: actualmente hay más de un 25% de trabajadores con contrato temporal. En el año 2009, ya sumidos en plena crisis económica, se realizaron 13 millones de contratos temporales (una media de 4 contratos por trabajador sujeto a contrato temporal). El 55% de los despidos que se producen son precisamente de contratos temporales, y solamente el 4% son a causa de EREs, aunque éstos acostumbran a ser más conocidos por la opinión pública. Es más, como no se han cansado de repetir los sindicatos, la actual estructura del mercado laboral es la consecuencia directa de un modelo productivo insostenible basado en los bajos salarios, la precariedad del empleo y el estancamiento relativo de las inversiones en capital fijo, una mezcla explosiva que determina una ecuación inversa, de todo punto perversa, entre desempleo y productividad. Así pues, en resolución, se pretende hacer pasar como ardida estrategia contra la crisis económica lo que no son sino unas medidas políticas impuestas en buena medida por los irresponsables que controlan políticamente la UE y que no pueden sino traer consigo a nuestro país ulteriores incrementos de desempleo y de precariedad, la reducción de la demanda interna y el aumento, tan espurio como incierto, de una productividad que solo podría tener salida y capitalizarse en la exportación, merced a una carrera competitiva hacia el abismo con las economías con menores derechos sociales y laborales y con normativas más laxas de protección del medio ambiente.

Los desafíos a los que tendrán que enfrentarse las fuerzas sindicales

No ofrece duda: la ―reforma‖ del gobierno supone abaratar más el despido para las empresas y reducir las indemnizaciones para los trabajadores, aparte de amenazar los fundamentos de la negociación colectiva y reforzar el autoritarismo dentro de la empresa. Con justicia observa una circular interna de CCOO:

―[estas medidas] implican una mayor vulnerabilidad y pérdida de derechos frente al despido y a la modificación unilateral de condiciones de trabajo y retributivas.‖

Como respuesta primera, CCOO y UGT han convocado una huelga general para el próximo 29 de septiembre. Diversas movilizaciones sindicales y obreras están programadas para las próximas semanas en distintos países miembros de la Unión Europea ante las agresiones contra las condiciones de vida y de trabajo a las que todos los gobiernos europeos están tratando de someter al grueso de sus poblaciones. A propuesta de CC OO y UGT, la Confederación Europea de Sindicatos ha hecho un llamamiento a hacerlas confluir también el día 29 de septiembre, en una movilización sindical conjunta de toda la UE.

El 29 de junio se vivirá un adelanto en la huelga general de la Comunidad Autónoma del País Vasco. Faltan tres meses para la huelga general de todo el país. Durante este período, los sindicatos deberán iniciar y poner por obra una gran campaña de movilización de sus bases, y a ser posible, de ensanchamiento de las mismas y de ilustración de la opinión pública. Es una magnífica oportunidad para desarrollar un gran proceso de deliberación desde abajo, en las fábricas, en las grandes y en las pequeñas y medianas empresas, en talleres y oficinas, en los barrios, en las universidades, en las escuelas y en la calle, en el que participen quienes viven por sus manos y el conjunto de la población trabajadora. Es una magnífica oportunidad para que lo que Cervantes llamó ―sabiduría asombrada‖ de los pobres, despeje nubes y sombras, salga al sol y conquiste las mentes y los corazones de las gentes sensatas y justas. Y no debe desaprovecharse.

Pero las fuerzas sindicales tendrán que enfrentarse también, y toda la izquierda política y social con ellas, a una más que presumible campaña de odio, difamación y desprestigio emprendida por la derecha mediática, los académicos y gacetilleros a su servicio y la poderosa maquinaria publicística gubernamental, pública y privada. La decisión del gobierno de pasar, luego de aprobado el decreto, por un largo trámite que culmine en ley parlamentaria, aparte de buscar jesuíticamente que la derecha política parlamentaria radicalice aún más con distintas enmiendas a favor de la patronal el decreto gubernamental, permitirá esquivar la confrontación de los sindicatos con el gobierno y presentarlos demagógicamente –ya se empieza a ver— como enfrentados a las Cortes, es decir, como fuerzas antidemocráticas y antiparlamentarias. Ese es un paso peligroso e inadmisible que, más que contribuir al buscado descrédito de las fuerzas sindicales, contribuirá (sobre todo en un país como el nuestro, en el que una Ley Electoral antidemocráticamente concebida permite, por ejemplo, que a Izquierda Unida e ICV conseguir un diputado les cueste 485.000 votos, mientras que al PSOE y al PP, apenas 67.000 les bastan, nueve veces menos) al desprestigio de una sedicente ―clase política‖ (y mediática) completamente desligada de los vínculos de la representación y crecientemente especializada en llevar a los pueblos adonde no quieren ir. Los índices de popularidad de los políticos elegidos para desarrollar políticas expresamente antineoliberales y más o menos de ―izquierda‖ están por los suelos en todas partes (Zapatero, Papandreu, Obama). Pero los políticos de derecha elegidos por el desencanto provocado por un centroizquierda plegado al neoliberalismo no tardan tampoco en ver desplomada su popularidad: con indudable justicia poética, ahí está la terrible crisis –¡precisamente!— y el descrédito del gobierno liberal-conservador de la señora Merkel unos cuantos meses después de ganar las elecciones. [3]

Para entender el desplome de la popularidad de los políticos que, de grado o de fuerza, siguen desarrollando políticas de corte neoliberal, así como la creciente sensación popular de que la ·clase política‖ quiere llevar a las gentes a donde y por dónde éstas no quieren ir, resulta instructivo echar un vistazo a la gran encuesta realizada el pasado otoño por la BBC en 27 países, en la que se preguntaba si el capitalismo funcionaba estupendamente desregulado (zona gris), si precisaba reformas e intervención pública y regulación de los Estados (zona azul) o si era un sistema irremediablemente fracasado e irreformable (zona amarilla). He aquí una muestra de los resultados en distintos países (entre ellos, el Reino de España):

 

 

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El escenario político de la huelga general en el Reino de España

A lo largo de los próximos meses se desarrollarán acontecimientos que marcarán durante un largo período la situación social y política de la Unión Europea y, dentro de ella, la del Reino de España. Si la huelga general del 29 de septiembre y su preparación previa no llegan a alcanzar una fuerza disuasoria suficiente, es seguro que proseguirá en toda la Unión Europea el rimero de agresiones sociales: ya empiezan a oírse tambores de guerra reclamando la reforma de las pensiones, y la reforma del mercado laboral acabará por cuestionar in totto la propia negociación colectiva y el papel de los sindicatos como representantes de los trabajadores.

Por lo que se refiere al Reino de España, el escenario político de la huelga general del 29 de septiembre es, de manera inevitable, una crisis de gobierno. Ya lo ha apuntado Ignacio Fernández Toxo, al afirmar que ―la falta de dirección política, económica y laboral hace patente la necesidad de una crisis de Gobierno, aunque la movilización no se hace para cambiar la situación política del país‖ (El País, 17-6-10). La principal coartada de la propia derecha del Gobierno Zapatero –como fue en su día la de Felipe González ante el referéndum sobre la OTAN—, de que el mal menor ante una posible gestión futura de la crisis por el Partido Popular es el apoyo a las medidas de austeridad actuales, ha sido desmontada con la decisión de la huelga general. Con tal decisión, las fuerzas sindicales cortan este nudo gordiano: la mejor forma de luchar contra la derecha es luchar contra sus políticas, independientemente de quien sea quien las aplique.

La crisis de gobierno puede tener lugar antes de la propia huelga general, en un intento de Zapatero de limitar su alcance, sacrificando a una parte del equipo económico neoliberal de su gobierno antes del debate del estado de la nación previsto para los próximos 14 y 15 de julio, o como consecuencia de ese mismo debate. El aislamiento parlamentario del PSOE, que se ha puesto de manifiesto en larga tramitación parlamentaria del decreto de reforma del mercado laboral, obliga al gobierno Zapatero a intentar recomponer su ejercicio de equilibrismo entre las distintas presiones ejercidas sobre el gobierno, en un pulso que está por decidir. Por un lado, la confrontación con su propia base social y los sindicatos. Por otro, la presión del FMI, la UE, el Banco de España y la patronal CEOE –como intérpretes y portavoces de unos mercados imprevisibles, fácilmente movibles a golpe de rumores interesados—, a la que se suman desde su propia óptica los partidos de la derecha nacionalista CiU y PNV. Con esta cuadratura del círculo en el escenario político, un acorralado Zapatero buscará recobrar la iniciativa política y evitar que se manifieste la crisis política latente en el PSOE. Un Zapatero que ya ha aceptado de antemano la victoria de CiU en las elecciones autonómica catalanas en otoño, así como la necesidad de recomponer sus relaciones con el PNV en la Comunidad Autónoma Vasca, aun al precio de sacrificar a Patxi López como Lehendakari en el marco hipotético de una desactivación unilateral de ETA que pueda presentar como un éxito de su política antiterrorista.

Como parte de este intento de recuperar la iniciativa hay que considerar el acto de exorcismo que supuso la celebración del centenario del acta de diputado de Pablo Iglesias, con Felipe González sustituyendo a Zapatero como principal oficiante, y los espaldarazos a las políticas de austeridad del gobierno español por parte del Consejo Europeo y del Director del FMI, Strauss Kahn, mientras los especuladores preparaban un nuevo asalto contra la deuda pública española haciendo correr el rumor de que el gobierno español, supuestamente incapaz ya de seguir colocando títulos en los mercados financieros, no tenía más remedio que acudir al Fondo de Rescate europeo. (Un Fondo, dicho sea de paso, que aún no está operativo por falta de consenso en el Consejo Europeo de ministros de economía y finanzas.)

Pero, al final, las subastas de deuda pública española encontraron demanda más que suficiente con unos tipos de interés reducidos al 4,6%, mientras la bolsa de Madrid volvía a los 10.000 puntos, con una subida semanal del 4%. El Consejo Europeo ponía fin a la presidencia española rotatoria de la UE con el aplauso de Merkel y Sarkozy, la aprobación de una ya inútil estrategia europea 2020 para la recuperación (sic) económica y de una inconcreta tasa sobre la banca y las transacciones financieras, inmediatamente denunciada por el sector financiero como perjudicial. De regreso a Madrid, mirando con el rabillo del ojo a los sindicatos, Zapatero prometió que no habría ya más medidas de ajuste (El País, 19-6-10). Pero como el propio presidente del gobierno señaló, ―el problema no son los rumores, sino que se crean‖. Los suyos, ya no los cree nadie.

NOTAS: [1] Ya en enero de 2010, un funcionario del FMI espetó al primer ministro griego, Papandreu, que había que desmantelar el Estado de Bienestar. Cfr. James K. Galbraith, “¿Qué Europa para frenar los mercados?”, Le Monde Diplomatique (en español), 176. [2] En cualquier caso, reducir el gasto público en una situación de deflación por deuda no detendrá la continuada baja del gasto privado. “Lo que hace el gasto del déficit público es permitir que el sector privado alcance un deseable nivel de ahorro. Cuando este último nivel cambia, el gasto público tiene que ajustarse en dirección opuesta para compensar (a menos que la balanza por cuenta corriente cambie también).” Marshall Auerback y Rob Parenteau, “El G20 vota por la Gran Depresión”, www.sinpermiso.info, 13-6-2010. [3] Para la crisis del gobierno Merkel, véase el instructivo artículo reciente de Ulrike Winkelman, “Ende einer Legende“, (Freitag, 18 junio 2010).

 

Antoni Domènech es el editor de SinPermiso Gustavo Búster y Daniel Raventós son miembros del Consejo de Redación.

 

 Artículo editorial: Sin Permiso

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