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El polvorín

La UE y Zapatero se superan, o cuando los locos son los lazarillos de los ciegos

18 Mayo 2010 , Escrito por El polvorín Etiquetado en #Politica

Antoni Domènech, Alejandro Nadal, Gustavo Búster, Daniel Raventós

 

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Todo el mundo comprende que la soberanía democrática de los pueblos europeos está en trance de verse definitivamente burlada por las furias privadas de unos mercados financieros enloquecidos, que resultan ser los verdaderos lazarillos de una elite tecnocrático-política evidentemente ciega. Que esa comprensión, que de una u otra forma ha ingresado ya en el sentido común popular europeo, logre canalizarse y articularse de una manera política adecuada, en vez de enquistarse en una resignación y en una impotencia peligrosamente manipulables por la extrema derecha, de eso, precisamente, se trata.”

 

Es ocioso insistir una vez más en la berlanguesca trayectoria seguida por Zapatero y sus asesores desde que, acaso empecinados en seguir expresando con buena fortuna electoral las actuales dinámicas de polarización político-social en términos de mera cultural war, se negaron en redondo hasta bien entrado 2009 a admitir siquiera que pudiera hablarse, no ya de crisis, sino hasta de recesión económica en España. Ni siquiera merece ya mucho la pena recordar que, reconocida la apabullante realidad de la crisis a mediados de 2009 –a la fuerza ahorcan—, y como si de una batalla cultural más se tratara –contra la clerigalla, contra el revisionismo histórico, contra el machismo o contra la homofobia—, Zapatero buscó en un primer momento pasar retóricamente a la ofensiva con la paladina (y para muchos esperanzadora) declaración de que, ―por supuesto, hay una política económica de izquierda, distinta de la de derecha‖.

Hic Rhodus: el pasado 12 de mayo el presidente compareció ante el Congreso de los Diputados para informar de los acuerdos adoptados pocos días antes por el Consejo de Economía y Finanzas de la UE, ECOFIN, en relación con la crisis fiscal que atenaza a Europa, y muy especialmente a Grecia, y con la creación de un ―mecanismo europeo de estabilización‖ (MEE). Su intervención empezó con un balance de las distintas medidas adoptadas por su gobierno para luchar contra la crisis, y señaladamente, del Plan de Austeridad puesto en marcha a finales de enero de este año, con el objetivo de reducir el déficit publico del 11,2% al 3% del PIB a finales de 2013 con un recorte del gasto público de 50.000 millones de euros (5% del PIB).

La bomba

Luego vino la bomba: el anuncio de que, como consecuencia de los ataques especulativos masivos registrados durante la última semana contra la deuda pública de los Estados miembros de la UE y de los acuerdos que se acababan de alcanzar en el ECOFIN, se iba a poner en marcha un Plan de Choque. Se acelerarían los ritmos de aplicación del Plan de Austeridad con una reducción adicional del gasto público en 2010 de un 0,5% del PIB y de un 1% en 2011 –por un valor total de 15.000 millones de euros—, con el propósito declarado de situar ya a finales del 2011 el déficit fiscal en el 6,5% [1].

Así pues, el Gobierno, ante la falta de apoyos parlamentarios, se dispone a aprobar por Real Decreto las nueve medidas anunciadas para el período 2010-2011 el próximo 21 de mayo. Esas medidas implican:

+ La reducción en un 5% de los salarios de los funcionarios públicos.

+ La congelación de las pensiones (con la excepción de las no contributivas y mínimas).

+ La eliminación del régimen transitorio para la jubilación parcial

+ El fin de cheque-bebé de 2.500 euros

+ El control de las dosis de los medicamentos en la sanidad pública

+ La eliminación de la retroactividad en el cobro de las prestaciones de la Ley de Dependencia

+ El recorte en 600 millones de euros de la ayuda a los países en desarrollo (AOD)

+ La reducción en 6.000 millones de la inversión pública en infraestructuras.

+ Y finalmente, un recorte de 1.500 millones en el gasto público de las administraciones autonómicas y municipales [2].

A pesar de insinuar luego, en el debate parlamentario, una posible subida de impuestos a las rentas del capital, Zapatero eludió cualquier medida de aumento de los ingresos fiscales, más allá de la subida del IVA en dos puntos, prevista ya a partir del próximo mes de julio en los presupuestos del 2010.

Zapatero se refirió también a tres reformas estructurales previstas y exigidas por el Banco de España, el BCE y el FMI:

+ La del mercado de trabajo, cuya negociación con los sindicatos y la patronal debe concluir en mayo.

+ El debate y revisión del Pacto de Toledo sobre las pensiones en el Congreso de los Diputados.

+ Y finalmente, la reestructuración de las Cajas de Ahorro, con la reforma –que se quiere consensuar con el PP— de la Ley Orgánica de las Cajas de Ahorro, reforma que ha de traer consigo una importante concentración del sector financiero español.

Con estas medidas de terapia de choque del Plan de Austeridad, el Gobierno de Zapatero se apresta a romper por Real Decreto:

+ Los Acuerdos de la Función Pública con los sindicatos del sector , alcanzados en fecha tan reciente como septiembre de 2009.

  • La Ley 33/85 sobre el mantenimiento de la capacidad adquisitiva de las pensiones (que por otra parte no se contabilizan en el presupuesto nacional y que gozan por el momento de superávit en la Caja de la Seguridad Social).

+ La Ley 40/07 sobre el régimen de jubilaciones.

+ Los acuerdos parlamentarios sobre la Ley de Dependencia.

+ Y finalmente, varias disposiciones de la Ley de Presupuesto del 2010.

No ofrece duda: se trata de la mayor y más resuelta ofensiva contra los derechos sociales y económicos de las clases trabajadoras que se registra en el Reino de España desde el final del franquismo. Lejos de ser un plan de lucha contra el paro y por la reactivación económica, su único y declarado objetivo es mantener la deuda pública española en los mercados financieros internacionales.

Con este plan de choque neoliberal, que constituye una agresión sin precedentes contra su propia base social, Zapatero y su Gobierno se han suicidado políticamente.

La crisis fiscal europea

Para comprender el alcance económico y político de este Plan de Choque, hay que situarlo en su contexto europeo y español.

Una crisis financiera sin precedentes desde la II Guerra Mundial trajo consigo un incremento, también sin precedentes, del déficit público. El déficit público sirvió, por lo pronto, y sobre todo, para rescatar con sumas gigantescas a instituciones bancarias privadas, para paliar o mitigar los desastres sociales de la crisis (incremento del paro y de la pobreza) y, por último, para desarrollar políticas fiscales de estímulo público de una economía que se precipitaba aceleradamente hacia una descomunal depresión. Unas políticas fiscales de estímulo de la economía, conviene recordarlo, que habían sido un verdadero tabú para la ortodoxia neoliberal imperante hasta finales de 2008, aferrada monolemáticamente hasta entonces a las solas políticas monetarias de orientación antiinflacionaria.

Pero desde finales de 2008 las políticas fiscales de estímulo público de la economía –inversión pública directa en infraestructuras y apoyo público más o menos enérgico al incremento de la demanda efectiva— no han dejado de estar en el punto de mira de la derecha económica y de una generación entera de economistas, ―expertos‖ y peritos en legitimación varios, crecidos y educados todos en un antikeynesianismo militante. Para percatarse de ello, basta observar la histeria antidéficit registrada en todos los países, comenzando por los EEUU. Pero hay una diferencia esencial entre países, como los propios EEUU, Gran Bretaña y Japón, que mantienen su soberanía monetaria (con el dólar, la libra y el yen), y países como Grecia, Portugal, Irlanda, España, Italia o Francia, que la han perdido (a favor del euro). Una cosa es practicar políticas fiscales expansivas e incurrir en déficit público (y emitir deuda pública) manteniendo la soberanía monetaria, y otra muy distinta hacerlo habiendo perdido soberanía monetaria. Y una cosa es no tener soberanía monetaria, pero estar dentro de un espacio monetario político-económica y fiscalmente común (como el estado de California, dentro de los EEUU), y otra muy distinta no tener soberanía monetaria –capacidad para emitir y devaluar o apreciar la propia moneda— y estar en ese espacio sin política económica y fiscal común, o cuando menos coordinada (como lo están Portugal, Irlanda, España, Italia o Francia). El cerril dogmatismo neoliberal con que se articuló la Unión Monetaria Europea llevó a crear un espacio monetario común para los países miembros, prohibiendo al propio tiempo la coordinación de sus políticas económicas y fiscales. Si Grecia, pongamos por caso, hubiera podido devaluar su moneda, no se habría enfrentado a los problemas con que se enfrenta desde hace unos meses (California es un estado quebrado, y no los tiene); y si Grecia, pongamos por otro caso, hubiera podido emitir títulos de eurodeuda (es decir, de deuda pública solidariamente avalada por todos los países miembros), tampoco se habría enfrentado a esos problemas (la deuda de Japón en relación con su PIB es muy superior a la griega, y no los tiene).

El no poder hacer ni una cosa ni otra ha llevado a la siguiente y cruel situación: los mismos mercados e institutos financieros privados que han sido salvados in extremis con milmillonarios rescates públicos aprovechan ahora su bonanza para especular contra los títulos de deuda griegos, haciendo subir sus intereses hasta convertir en infinanciable en los mercados el déficit público griego y amenazando, a través de una posible quiebra griega, a la propia moneda común de la eurozona. Tras unas interminables semanas de vacilación y parálisis, en buena parte causadas por los guardianes alemanes de la ortodoxia económica, y tras una amenaza nada velada del gobierno francés de abandonar el euro, cuando el agravamiento de la situación de Grecia empezó ya a resultar contagiosa y a amenazar seriamente a la existencia misma del euro, la UE se ha decidido a violar sus propias reglas fundacionales y a tratar de imponer un marco de política económica común a la eurozona.

Los acuerdos alcanzados en el ECOFIN el 9 de mayo, tras la reunión, el viernes 7, de los jefes de Estado del Eurogrupo, significan la creación –precariamente cubierta por el artículo 122 del Tratado de Lisboa— [3] de un ―mecanismo europeo de estabilización‖ (MEE) tan opaco como ambiguo en sus reglas de funcionamiento. Se instituye el MEE con aportaciones de los Estados miembros por un monto de 57.000 millones de euros, lo que permite la concesión de créditos por un valor de 500.000 millones de euros a los Estados miembros en dificultades con su deuda pública. A este mecanismo se suma también el Fondo Monetario Internacional, con una aportación que permitirá elevar el nivel de los créditos entorno a los 750.000 millones de euros.

Deflación competitiva: sentar las bases de una carrera hacia el abismo

Lejos, sin embargo, de sentar las bases de un espacio político-económico común, apto a permitir políticas fiscales expansivas antirrecesivas del conjunto de la UE (inversiones públicas, estímulo público de la demanda efectiva, etc.), lo que la reunión del ECOFIN comenzó a instituir oficialmente a escala europea es una política de ahorro y austeridad del gasto público incentivadora de una especie de concurso suicida de deflación competitiva entre los países de la eurozona: recorte de las inversiones públicas, recorte de los salarios de los funcionarios públicos, congelación de las pensiones, destrucción de los salarios privados por la vía de ulteriores ―flexibilizaciones‖ del mercado de trabajo, aumento del IVA, etc. (Algo así como si el Gobierno Federal de los EEUU, en vez de pagar, como lo hace, los cheques de la seguridad social y otros gastos públicos del quebrado estado californiano, impusiera a los californianos más austeridad e hiciera, además, que el resto de los estados federados compitieran entre sí y con California en austeridad.) El dumping fiscal y social y la deflación competitiva pueden tal vez funcionar en un solo país (ha funcionado en Alemania, catapultando sus exportaciones en los últimos años), pero a condición de que los demás se abstengan de hacerlo. Es una evidente falacia de composición pensar que todos o muchos pueden hacerlo a la vez: el 60% de las exportaciones alemanas van a parar a países de la UE; la depresión de la demanda efectiva a escala europea no puede dejar de afectar negativamente a las exportaciones alemanas (y de cualquier otro país miembro).

A juzgar por la evolución de los mercados a lo largo de la semana pasada –de lunes a viernes—, los mercados no han tardado en sacar esa misma conclusión: el MEE ha fallado ya en su mismo arranque. Paul Volker, el antiguo presidente de la Reserva Federal norteamericana ha hablado abiertamente de proceso de ―desintegración del euro‖, y el propio presidente del BCE, Jean-Claude Trichet, que hace apenas unos días se llenaba la boca con ―brotes verdes‖, acaba de declarar que asistimos a la peor crisis conocida, no desde la Segunda Guerra Mundial, ¡sino desde la Primera!

El lunes 10 de mayo, el Banco Central Europeo inició una intervención masiva y precipitada en los mercados secundarios de la deuda, siguiendo los acuerdos del ECOFIN y renunciando manifiestamente a su pretendida ―autonomía‖, ahora que se trata de salvaguardar los intereses de los mercados financieros. De toda la semana, la intervención del lunes en el mercado de deuda fue sin duda la que tuvo el mayor efecto de shock sobre las mesas de deuda pública de los grandes bancos, cuando empezaron a recibir de repente cadenas de llamadas de empleados del Eurosystema que les pedían comprar cantidades ingentes de bonos griegos, irlandeses y portugueses, a casi cualquier precio e inmediatamente. Según las estimaciones de la prensa especializada, el BCE ha comprado hasta el momento bonos de estos tres Estados miembros por un valor aproximado de 20.000 millones de euros. Pero con efectos dispares: mientras el interés del bono griego cayó del escandaloso 12% al 8%, el bono portugués subió un punto. La exclusión de los bonos españoles e italianos mantuvo el mercado estable hasta el día 13, cuando comenzaron a subir de nuevo, inmediatamente después del anuncio del plan de choque de Zapatero. Pero los mercados financieros se llenaron de dinero público. No es de extrañar que las bolsas europeas alcanzaran subidas sin precedentes ese mismo lunes, para a continuación iniciar un proceso de corrección durante toda la semana, que acabó el viernes 14 de mayo con pérdidas también históricas. Por poner el ejemplo español, el Ibex 35 pasó de subir el 14% a caer el 6,6% en las dos fechas señaladas.

Como han resaltado numerosos analistas, el BCE tomo la decisión de comprar deuda pública bajo una enorme presión política y de unos mercados en pánico, que exigían su intervención, alegando que ―si no se hace algo ya, el efecto contagio causará el derrumbe de todos los mercados, uno tras otro, y luego resultará imposible de arreglar‖. La decisión del consejo de gobierno del BCE no fue unánime, como reconoció Trichet, ya que probablemente al menos Weber (presidente del Bundesbank y candidato a sustituirle) se opuso. El BCE tomó la decisión a regañadientes y en abierta contradicción con sus propios principios fundamentalistas de no hacer nada que pudiese considerarse una financiación indirecta del déficit público de los países que han mostrado mayor ―irresponsabilidad‖ fiscal.

En la conferencia de prensa mensual del BCE sobre la política monetaria del pasado jueves 6 de mayo, Trichet respondió a un periodista que el consejo de gobierno del BCE ni siquiera había discutido el tema de compra de deuda pública. Es decir, ¡cuatro días antes de anunciar la decisión de comprar deuda pública!

Para escapar a la obvia acusación de que financiaba el gasto público a expensas de la responsabilidad fiscal y de la estabilidad de precios, violando los términos de su mandato, el BCE se escudó en el argumento de que el objetivo de las compras era ayudar a recomponer aquellos segmentos del mercado de deuda pública que habían dejado de funcionar con normalidad. También que absorbería a través de operaciones especiales las inyecciones de liquidez creadas con las compras de deuda pública, de modo que las desenfrenadas presiones inflacionistas así creadas por el propio BCE no pusiesen en riesgo la sacrosanta estabilidad de precios. Nada de ello ha ocurrido hasta la fecha.

Los mercados financieros habían recibido el mensaje: la UE no permitiría la quiebra a corto plazo de ninguno de sus Estados miembros, y garantizaba a corto las ganancias de los especuladores en el mercado secundario -aunque con el riesgo añadido de tener que cubrirse comprando a precios más altos- , a fin de que se retirasen temporalmente del mismo mientras entraba en funcionamiento el MEE. Es decir, mientras los Estados miembros en peligro se sometían a la terapia de choque neoliberal contra sus crisis presupuestarias: el 12 de mayo, España, y un día más tarde, Portugal. Además, el BCE, adelantándose a las necesidades de los especuladores en su traslado al mercado de divisas, el 11 de mayo volvió a abrir la línea de crédito swap en dólares y otras divisas (en colaboración con el FED, el Banco de Inglaterra y el Banco Nacional Suizo) a los bancos nacionales y privados, aunque la demanda no superó los 9.000 millones de dólares, a pesar de las presiones por refinanciar los activos de los bancos europeos en EE UU.

Pero el mensaje era también de debilidad. Por partida doble. Con todo el capital inyectado por el BCE como catalizador, más la perspectiva de nuevas líneas de crédito alimentadas por el BCE en divisas, los inversores de todo tipo se trasladaron del mercado secundario de la deuda al mercado de divisas buscando liquidez y transparencia [4], y comenzaron un ataque lento pero acumulativo contra el euro, que comenzó a caer desde el 1,3 hasta el horizonte de la paridad con el dólar, sin que se haya tenido más noticia de para qué puede servir en este caso el MEE. Por otro lado, prisionero de la ―paradoja de Minsky‖ [5] todo el plan de salvamento de la deuda europea, lo único que se conseguía era ganar tiempo para ver la eficacia, o falta de ella, de la terapia de choque de la deflación competitiva, es decir, con un ajuste a través de las caídas de los salarios, el recorte del gasto social, la drástica caída de la inversión pública y el sostenimiento de los pagos de la deuda a través del incremento de la exportación. ¿Exportación de quién hacia quién? En el caso de la UE, de los países de la periferia europea hacia Alemania, pero a condición de que se produjera un aumento de la demanda interna alemana –que no es la política del gobierno liberal-conservador presidido por Merkel—, así como un aumento de las exportaciones alemanas a un mercado mundial con salarios deprimidos al estilo chino. Todo, en una jerarquización de las consecuencias de la crisis ―hacia abajo‖, tanto en términos sociales como de centro-periferia geopolítica. Lo cierto es que ambas ―debilidades‖ se alimentan en la ilusoria lógica neoliberal: se fantasea con que la depreciación del euro a causa de los ataques especulativos pudiera ayudar a ganar ―competitividad‖ exportadora mundial a la locomotora europea, lo que, a su vez, vendría a reforzar las terapias de choque.

Muchos analistas de bancos de inversión consideran que el impacto negativo sobre el crecimiento de la economía griega del recorte del gasto público exigido por la UE, el BCE y el FMI será tal, que Grecia no tendrá más remedio que reestructurar parte de su deuda para poder pagarla. Es decir, el plan de ajuste fiscal es tan brutal, que lejos de hacer sostenible el pago de la deuda, empeorará su sostenibilidad. ¿Pero qué sentido tiene eso, cuando lo que se ha decidido es rescatar a Grecia? De esa flagrante contradicción no puede concluirse sino que el plan de ajuste griego fue concebido, ante todo y sobre todo, como una advertencia ejemplificante para los demás países de la zona euro, en especial España y Portugal, aun a costa de condenar a la economía griega al impago parcial y a la reestructuración de su deuda. Y a juzgar por los resultados posteriores, el objetivo principal ha sido un éxito.

La crisis financiera dio paso a una crisis económica galopante, y ésta ha dado paso a una crisis fiscal de déficit público. Y la forma de encarar la crisis de déficit público amenaza ahora con un nuevo rebrote virulento de la crisis económica, precisamente cuando, pretendidamente, aparecían algunos datos incipientes de recuperación. Lo que manifiestamente está hoy en cuestión es todo el proyecto de construcción europea neoliberal. Al fracaso de legitimarlo con una Constitución europea rechazada en Francia y Países Bajos, hay que sumar ahora la absoluta inoperancia del Tratado de Lisboa que vino a tomar el relevo, el fin del fetichismo de la ―autonomía‖ de un BCE perdido en una errática política de intervención en los mercados y, en fin, la patente incapacidad de sostener el pacto social que subyace al ―modelo social europeo‖. La Estrategia 2020, que era la ―joya de la corona‖ de la nueva Comisión presidida por Barroso tras la entrada en vigor del Tratado de Lisboa, y que debía orientar la recuperación económica [6], se ha visto abrupta y tajantemente sustituida esta pasada semana por las amenazas del ECOFIN y las conminaciones intimidatorias a los gobiernos de los Estados miembros en dificultades. La ―gobernanza económica‖ –a partir de un aumento del raquítico presupuesto europeo y de una incipiente coordinación de las políticas fiscales— ha sido sustituida por la disciplina tanatoplástica de la terapia de choque: la Comisión europea se erige ahora en guardiana del proceso de elaboración presupuestario de los Estados miembros, antes de su adopción parlamentaria. A la pérdida de la soberanía monetaria viene a añadirse la pérdida de la soberanía fiscal, secuestradas ambas por una elite tecnocrática tan cerrilmente dogmática doctrinalmente como entregada, en la práctica, a los intereses de los rentistas financieros. Mientras, pongamos por caso, los grandes entidades financieras privadas pueden tomar préstamos del BCE al 1% para comprar títulos de deuda pública griega remunerados con intereses artificialmente hinchados por la especulación hasta más del 7%, [7] un gobierno como el griego del socialista Papandreu, que acababa de ser elegido democráticamente por su población para desarrollar una política de expansión y de gasto social, es forzado por los eurotecnócratas y por unos mercados financieros dominados a su buen placer por los especuladores a poner por obra una política de deflación competitiva.

El mensaje es inequívoco: si el proceso de construcción neoliberal de Europa ha fracasado, lo que ha de cambiar es Europa, para adaptarse al neoliberalismo, en vez de abandonar el neoliberalismo para construir Europa [8].

Zapatero dobla la cerviz

El Plan de Austeridad presentado por el presidente Zapatero en el Congreso de los Diputados el 17 de febrero /9 ponía punto final a meses de equilibrios funambulescos entre la promesa de mantener los derechos sociales y laborales de los trabajadores y el apoyo a los beneficios empresariales, equilibrios posibilitados por la colocación de deuda pública española en los mercados financieros. La crisis económica empezaba a dar paso prioritario a la crisis fiscal, y el discurso de un nuevo modelo económico, recogido en la Ley de Economía Sostenible, al de la austeridad como mensaje contra los ataques especulativos en los mercados financieros del 27 y 28 de enero y del 4 de febrero.

Sin embargo, el anuncio del Plan de Austeridad se vio eclipsado en su día por el del posible aumento de la edad de jubilación a los 67 años. La respuesta de CC OO y UGT a esta segunda amenaza con la manifestación del 23 de febrero, y la enfática afirmación del Gobierno de que eso no se haría en ningún caso fuera del consenso parlamentario del Pacto de Toledo, crearon la falsa impresión de que el Plan de Austeridad era un solo mensaje destinado a los mercados financieros, y por lo mismo, modulable a través del diálogo social y de la presión sindical. A ello contribuyó el propio Zapatero: ―A los que discrepan les digo que éste es un Gobierno que escucha, que no es un Gobierno, ni lo ha sido ni lo va a ser, de decretazos, sino que su seña de identidad será el diálogo y el acuerdo‖ (El País, 24-2-2010). Y la Ministra de Economía, Elena Salgado, quien corrigió públicamente a su Secretario de Estado, Carlos Ocaña, que había amagado con una posible revisión para 2011-2012 del Acuerdo de la Función Pública con los sindicatos de funcionarios (El País, 25-2-2010).

Mientras tanto, la crisis fiscal griega comenzó a hacer estragos a golpe de planes de choque impuestos por la UE y el FMI –el consumado ―especialista‖ en planes de choque y en ajustes estructurales que hunden economías, inopinadamente entrometido ahora en Europa gracias la señora Merkel y celebrado como tal especialista por la señora Lagarde—, de nuevos ataques especulativos contra la deuda pública griega y de huelgas generales y manifestaciones en las calles, todo a la espera de una decisión política de rescate por parte de la Comisión y el BCE, bloqueado por la Canciller Merckel ante las elecciones regionales en Renania, que finalmente perdería.

En España, la acumulación de intervenciones exigiendo una reducción del déficit público más rápida no se hicieron esperar, con la consigna de que ―España no es Grecia, pero puede contaminarse‖. El presidente del BBVA, en su junta de accionistas, exigía un ―plan urgente y sostenido‖ de reducción del déficit fiscal (El País,12-3-2010). El Banco de España informaba de que la deuda de las comunidades autónomas se había disparado en un año el 25,8%, hasta los 86.280 millones de euros (El País, 13-3-2010). Las agencias de calificaciones comenzaron a amagar con una probable rebaja de su estimación de riesgo de la deuda pública, hasta que Standard and Poor´s la hiciera efectiva el 10-4-2010. La emisión de deuda el 20-4-2010 por el Banco de España, por un valor de 6.600 millones de euros, se hizo sin ningún problema, pero con un tipo marginal del 0,904% en vez del 0,848% del mes de febrero, lo que, sin embargo, permitió ya al ex-ministro neoliberal de Felipe González Carlos Solchaga sumarse a la campaña de presiones. Pero todavía el centro del debate estaba ocupado por las negociaciones del Pacto de Zurbano, que buscaban forjar consensos entorno al Plan de Austeridad, al diálogo de sordos sobre la reforma del mercado laboral y a las fusiones de las Cajas de Ahorro. Los nuevos ajustes se dejaban para la negociación del presupuesto del 2011, en otoño.

No era, por otra parte, éste el único problema del Reino, que sufría una crisis abierta de la administración de justicia en tres casos tan importantes como la acusación contra Baltasar Garzón por ―prevaricación‖ a causa de su investigación de los crímenes del franquismo, el bloqueo del Tribunal Constitucional en el dictamen del Estatut de Catalunya a recurso del Partido Popular y, por último, la absolución, tras siete años de persecuciones inquisitoriales, de los periodistas de Egunkaria.

El 4 de mayo, coincidiendo con una visita de Zapatero a la Comisión en Bruselas en el marco de la presidencia rotatoria de España en el Consejo, las bolsas europeas se desplomaron –como había ocurrido durante su intervención en Davos el 28 de enero—, y el Ibex 35 cayó un 5,4% ante el rumor de que el verdadero objetivo de su viaje era preparar un plan de rescate por valor 280.000 de euros. El día antes se había aprobado el plan de rescate de 110.000 millones de euros para Grecia y el Gobernador del Banco de España, Miguel Angel Fernández Ordóñez, había alabado el plan para insistir, aun si marcando las diferencias con España, en la urgencia de llevar a cabo las reformas estructurales neoliberales por él defendidas. En la rueda de prensa con Van Rompuy, un Zapatero desencajado no pudo sino balbucear un desalterado "no doy crédito, es una absoluta locura, un despropósito monumental". Pero el rumor costó a los grandes bancos españoles una pérdida del 7% y, a partir de ese momento, la presión se hizo insoportable para un Gobierno cada vez más dividido y políticamente desnortado.

Un cambio radical de horizonte

¿Qué nos espera ahora?

En el terreno económico, hay que constatar que estamos sumergidos en un bucle especulativo y de medidas de austeridad que abre la perspectiva de una segunda recesión, poco después de que la primera pareciera a pique de tocar fondo, como consecuencia de la crisis fiscal: desaparece del horizonte hasta la perspectiva de una lenta recuperación sin empleo. El ejemplo de lo ocurrido en América Latina en la década de los 80 y 90, por muchas diferencias que haya, como con Grecia, debe ser tenido en cuenta. La terapia de choque neoliberal y el modelo de servicio de la deuda a través de rebajar salarios para ganar competitividad exportadora ha tenido consecuencias desastrosas allí donde se ha aplicado. En la UE, el espacio económico más grande del mundo, y el espacio en donde, mal que bien, mejor se conservan los restos del capitalismo socialmente reformado de la postguerra, puede suponer el asalto final al llamado ―modelo social europeo‖ en nombre de la defensa de un euro acorralado por los especuladores.

En el terreno social, el proceso de polarización y desigualdad social que ha ido desarrollándose en estos años, se acelerará. Es lo más previsible que las resistencias de los sindicatos europeos a las terapias de choque tarden en recobrar densidad, efectividad y capacidad de coordinación. Se abre en Europa un período largo y dramático, y de relevancia políticamente planetaria. Es de esperar que permita ganar experiencia y aprender lecciones, unas nuevas, otras, y acaso las más, catastróficamente desaprendidas. La más importante es, sin duda, la de la necesidad de la unidad y de la movilización, de la perentoria urgencia de recomponer las divisiones que introduce la crisis entre parados y trabajadores con convenios sindicales y por sectores, a través de la tradicional política de frente unificado de la población trabajadora

En el terreno político, la presión y la vigilancia sobre los últimos gobiernos social-demócratas de la UE, España y Portugal, los ha dejado sin margen de maniobra y en abierta confrontación son su base social. La reconstrucción de la izquierda solo puede hacerse en la defensa de los trabajadores, en la resistencia contra las terapias de choque neoliberales, a partir de la organizaciones sociales y sindicales pero planteando la necesidad de una alternativa política.

En el Reino de España, el calendario no puede ser más claro: la resistencia al plan de choque tiene que tener lugar antes del verano, y ya está convocada una huelga del sector público para el día 2 de junio. CC OO y UGT no quieren abandonar de momento la posibilidad de lograr algún avance en las negociaciones de la reforma laboral, previendo una correlación de fuerzas política cada vez más negativa, lo que explica su prudencia a la hora de concretar la perspectiva de una huelga general. Las elecciones autonómicas de Catalunya en octubre se verán muy condicionadas no solo por el clima social, sino también por el dictamen del Tribunal Constitucional –si finalmente tiene lugar— sobre el Estatut. Las posibilidades de mantener un gobierno de izquierda frente el avance electoral de CiU (que cuenta con el apoyo poco disimulado del sector neoliberal del Gobierno Zapatero) dependen completamente de la movilización de una izquierda catalana fragmentada y, aparentemente, en desbandada. Después, en otoño, el debate sobre los presupuestos de 2011 hará muy difícil al Gobierno mantener una mayoría parlamentaria, ya sea circunstancial, frente a las presiones de los mercados especulativos, a la resistencia sindical y a la movilización de la derecha social y política exigiendo elecciones anticipadas. Será muy difícil que el Gobierno Zapatero pueda llegar en estas condiciones a las elecciones autonómicas y municipales y, en todo caso, lo hará con una erosión creciente de su base social, y con la perspectiva cierta de una derrota electoral en las legislativas.

Movilización y resistencia unitarias

Lo primero, por lo tanto, es preparar la movilización y la resistencia contra el plan de choque. Acumular correlación de fuerzas a través de la suma de pequeñas resistencias que preparen la confluencia de movilizaciones mayores. El miedo a una victoria de la derecha, que hasta ahora ha resultado determinante de la prudencia de los sindicatos de clase y de la base social que ha sostenido al Gobierno Zapatero, se irá disipando con la certeza de que la derecha ya se ha hecho con el propio Gobierno desde dentro. Resultaría cómico, si no fuera trágico, escuchar a Rajoy defender el poder adquisitivo de las pensiones frente a Zapatero.

Los objetivos más inmediatos son evidentes: frenar el plan de choque, cumplimiento del Acuerdo de la Función Pública firmado en septiembre de 2009 y no a la reducción del 5% de los salarios de los funcionarios, el mantenimiento de la capacidad adquisitiva de las pensiones, la financiación plena de la Ley de Dependencia y un plan de inversión pública a favor del empleo.

Pero además hacen falta propuestas que aumenten el ingreso público para hacer frente a la crisis fiscal y permitan evitar mayores desigualdades sociales. Las de Izquierda Unida, de ICV, de las nuevas tendencias anticapitalistas, son claras y concretas, y apuntan todas a un mismo camino: el de una reforma fiscal progresista en la media de la UE, para que ―pague quien más tiene", impuestos a las grandes fortunas, restauración el Impuesto del Patrimonio, derogación de las rebajas fiscales de las sociedades patrimoniales de inversión (las escandalosas SICAV, que sólo tributan el 1%), a favor de la regulación y de la tasación de los mercados financieros, a favor de una gestión unificada de la deuda pública europea al servicio del crecimiento económico y de los ciudadanos europeos, no de los especuladores y de los gobiernos neoliberales.

Se precisa de medidas para reducir el fraude fiscal y la economía sumergida. Se precisa de inversión en la adquisición de viviendas a precio de coste para constituir un Parque Público de Viviendas en Alquiler (no superior al 30% de los ingresos de los inquilinos). Es necesaria la suspensión de los procesos de ejecución del desahucio por impago de hipotecas de los trabajadores en paro. Es necesaria la educción del IVA de los alimentos de primera necesidad. Es imperioso el recorte del gasto militar y la retirada de las tropas españolas de Afganistán.

Todo el mundo comprende que la soberanía democrática de los pueblos europeos está en trance de verse definitivamente burlada por las furias privadas de unos mercados financieros enloquecidos, que resultan ser los verdaderos lazarillos de una elite tecnocrático-política evidentemente ciega. Que esa comprensión, que de una u otra forma ha ingresado ya en el sentido común popular europeo, logre canalizarse y articularse de una manera política adecuada, en vez de enquistarse en una resignación y en una impotencia peligrosamente manipulables por la extrema derecha, de eso, precisamente, se trata.

NOTAS:

[1] El texto de la intervención de Zapatero y el debate parlamentario puede consultarse en el diario de sesiones del Congreso, http://www.congreso.es/public_oficiales/L9/CONG/DS/PL/PL_162.PDF.

[2] Para un resumen de las medidas del plan de choque, véase El País: http://www.elpais.com/articulo/espana/nuevas/medidas/Gobierno/quiere/ahorrar/15000/millones/elpepuesp/20100512elpepunac_5/Tes

[3] El art 122 del Tratado de Lisboa: "en caso de serio riesgo de dificultades graves en un Estado miembro, ocasionadas por catástrofes naturales o acontecimientos excepcionales que dicho Estado no pudiese controlar, el Consejo, a propuesta de la Comisión, podrá acordar, en determinadas condiciones, una ayuda financiera de la unión al Estado miembro en cuestión. El presidente del Consejo informará al Parlamento Europeo acerca de la decisión tomada".

[4] No es fácil distinguir entre los llamados “especuladores” (incluidos los fondos de riesgo) y otro tipo de inversores, como bancos o fondos de inversión, que se deshacen de activos europeos en euros simplemente para limitar su exposición al riesgo. Por ejemplo, muchos fondos de seguros o pensiones están obligados a invertir sólo en activos con una cierta calificación (AA o BBB, por ejemplo) y después de que S&P, Fitch y Moodys le rebajasen la calificación a Grecia o Portugal, algunos de ellos se vieron obligados a dejar de invertir en deuda pública de estos países. Otros fondos o bancos son sensibles a la volatilidad y, en cuanto ésta es excesiva, sus modelos de Value at Risk (VAR) les obligan a vender los activos que han traspasado cierto nivel de volatilidad. En otros casos, los departamentos de riesgo de ciertos bancos pueden simplemente dar la orden de que se deje de comprar activos con riegos si consideran que es excesivo. Lo que sí está claro es que los llamados especuladores siempre necesitan de mercados líquidos (mercados donde uno puede “salir y entrar” o ejecutar órdenes de compra/venta de cierto tamaño rápidamente y a precios de compra y venta estrechos (tight bid/offer spreads) para poder jugar sus posiciones. El mercado de divisas es el mercado líquido por antonomasia. Después de que algunos mercados de deuda europea (como el griego, el portugués y, algunos días, incluso español) dejasen de funcionar con normalidad por la alta volatilidad e inestabilidad -¿cómo consigue especular un especulador en un mercado en el que nadie le quiere cotizar precios?- muchos de estos especuladores prefieren jugar a que “Grecia se hunde y la zona euro con ella” a través del mercado de divisas. [5] “Las economías capitalistas tienden a evolucionar de una estructura financiera dominada por unidades financieras cubiertas a otra en la que aumentan de manera significativa las finanzas especulativas y piramidales tipo Ponzi. Es más, si una economía con una cantidad apreciable de unidades financieras especulativas se encuentra en fase inflacionaria y las autoridades intentan combatir la inflación con medidas monetarias restrictivas, entonces se convertirán en unidades del tipo Ponzi y el valor de las anteriores unidades de tipo Ponzi se evaporará rápidamente. Como consecuencia, las unidades con limitaciones de liquidez se verán obligadas a reforzar sus posiciones vendiendo posiciones. Lo que es probable que derive en el colapso del valor de sus activos.” Cfr. Hyman P. Minsky, “The Financial Instability Hyothesis” (1992) http://www.levyinstitute.org/pubs/wp74.pdf,  así como su libro clásico: Stabilizing an Unstable Economy (1986, Yale University Press).

[6] La Estrategia 2020 de la UE:  http://ec.europa.eu/eu2020/pdf/COMPLET%20ES%20BARROSO%20-%20Europe%202020%20-%20ES%20version.pdf  .  

[7] Véase:Juan Hez. Vigueras, “El papel del BCE en la crisis grtiega”; también: Vicenç Navarro, “Lo que no se dice de la crisis”, Público, 15 de mayo 2010: http://blogs.publico.es/dominiopublico/2013/lo-que-no-se-dice-de-la-crisis/

[8] Ver en este sentido los pedagógicos articulo del semanario The Economist, en su edición de 15 de mayo 2010, “The Euro and the future of Europe: No going back” y “Emergency repairs”. http://www.economist.com/opinion/displayStory.cfm?story_id=16116773&source=hptextfeature  

[9] Ver G. Buster, “Zapatero ofrece un Pacto de Austeridad no de lucha contra la crisis”, Sin Permiso http://www.sinpermiso.info/textos/index.php?id=3126

Antoni Domènech es el editor de SinPermiso. Alejandro Nadal y Gustavo Búster son miembros del Consejo Editiorial de SInPermiso. Daniel Raventos es redactor de SinPermiso.

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javier madrazo 05/19/2010 10:32


No sé hasta dónde está dispuesto a llegar Zapatero, pero creo que tiene en mente abaratar aún más el despido y retrasar la edad de jubilación. Mal asunto. Cuando el Fondo Monetario Internacional
pone los ojos en un país, quienes lo habitan tienen, tenemos, razones sobradas para temblar.
http://javiermadrazo.wordpress.com/2010/05/19/razones-para-temblar/