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El polvorín

Las bases de la “Política Migratoria Común” de la Unión Europea

29 Mayo 2010 , Escrito por El polvorín Etiquetado en #Politica

Por MCs. Gloria Teresita Almaguer G.
Centro de Estudios Europeos, Cuba

En los últimos días ha resultado noticia la aprobación en Arizona, EEUU, de una ley que tipifica a la inmigración indocumentada como delito, la SB-1070. Legislación que a partir de su entrada en vigor en el mes de julio, obligará a las autoridades policiales a arrestar a aquellas personas que despierten la “sospecha razonable” de encontrarse en condiciones de ilegalidad en territorio estadounidense; con el agravante de que, de no hacerlo, dichos funcionarios podrían ser demandados por los residentes de sus respectivas comunidades. Conjuntamente, será enjuiciado todo aquel que les emplee o preste ayuda.

De acuerdo con sus promotores, en especial, el senador republicano Rusell Pearce -a quien se la atribuyen vínculos con grupos racistas neonazis-, y la Gobernadora del Estado, Jan Brewer, la SB-1070 debe ser recibida como un instrumento concebido para fortalecer la seguridad nacional ante la avalancha migratoria que recibe esencialmente desde la frontera mexicana; y mucho más directo, como un instrumento diseñado para “reducir las tasas delictivas”, aseveración con la que la inmigración resulta criminalizada  per sé.

Pero más allá de otra consideración, uno de los problemas de mayor gravedad que introduce la Ley, es que convierte el componente étnico en el elemento determinante para que cualquier persona genere sospechas de encontrarse en situación de ilegalidad y pueda ser detenida por las autoridades, aún cuando se trate de una o de un ciudadano estadounidense; de ahí el carácter racista que se le impugna

Sin embargo, lo más dramático y peligroso de este proceso, es que la controvertida norma jurídica antiemigrantes de Ley de Arizona no resulta un hecho aislado o casuístico en las políticas migratorias de los países desarrollados, dígase mayores receptores de inmigrantes, sino, por el contrario, deviene expresión de lo que ya constituye una regularidad: el utilitarismo, discriminación, racismo y xenofobia que caracteriza a éstas. Es, a su vez la esencia misma del modelo de relaciones que ese “Norte, revuelto y brutal”, impone a un Sur al que utiliza y desprecia, entre otras razones, por huir del empobrecimiento y la desesperanza que le oprime, de las cuales resulta además el máximo responsable.

Habría que recordar que fue ésta precisamente la esencia de la “Directiva relativa a procedimientos y normas comunes de los Estados miembros para el retorno de los nacionales de terceros países que se encuentren ilegalmente en su territorio”, aprobada por la Unión Europea (UE) en 2008, conocida también como Directiva de la Vergüenza, y que entrará en vigor el próximo mes de diciembre. Ley de carácter vinculante para todos los Estados miembros, que establece el procedimiento para la expulsión de los más de 8 millones de inmigrantes indocumentados residentes en los territorios del bloque. Iniciativa altamente criticada y que tampoco fue casual, sino manifestación de la misma regularidad; resultado, en última instancia, del depredador carácter del sistema capitalista, el que dando continuidad a las monstruosas prácticas coloniales, hoy ha alcanzado el nefasto récord de haber convertido en indigentes aproximadamente al 20% de la humanidad; empobrecido estructuralmente a la mayor parte, mientras, por el contrario solo otro 20% disfruta de casi todas las riquezas.

Regularidad además que adquiere visibilidad de otra forma alarmante: su manifestación sistémica. Por el rechazo que ha levantado la xenófoba de Arizona, más allá de la hipocresía y el doble rasero intrínsico a toda la política y acciones oficiales generadas por el Gobierno Federal o las administraciones estaduales de EEUU, pudiera parecer que ésta constituye una excepción en el país; solo que no es así: varias fuentes coinciden en afirmar que ésta representa más bien “la punta del iceberg”, con una singularidad, “…tiene más dientes y abre las compuertas del odio racial, propiciando una autentica cacería de indocumentados” pero “no es única en su tipo”, otros 12 Estados también han introducido leyes migratorias muy severas, aunque hasta el momento ninguna con el alcance de la  SB-1070, avanzando en esa dirección.

El problema reside en que, en el caso de la Unión Europea, no son 12, sino 27, los Estados que acaban de aprobar lo que han identificado como las bases de la Política Migratoria Común, un grupo de legislaciones que trascienden la más conocida, la Directiva de la Vergüenza, convirtiendo en ley no solo la xenofobia, como en este caso, sino también el robo de cerebros, la discriminación y la represión.

Paradójico resulta que esos 27 Estados son todos reconocidos como de Desarrollo Humano Alto, según la clasificación de la Organización de Naciones Unidas (ONU) al respecto, y mayoritariamente,  integran una de las agrupaciones de mayor poder económico del mundo, la de “Países de ingresos altos miembros de la Organización de Cooperación y Desarrollo” (OCDE), el “club de los ricos”, así como del controvertido Grupo de los 20 (G20), básicamente representados por la UE; mientras, 4 de ellos son partes de otra alineación de ese tipo, el «club de los ricos entre los ricos», el Grupo de los 8, y dos repiten  su membresía en el antidemocrático Consejo de Seguridad permanente de las Naciones Unidas.

En consecuencia, países que a pesar de sus contradiciones internas, muchas veces profundas como en el paradigmático caso de Grecia, tienen las capacidades y el poder necesario -aún cuando pudiera ser mínimo-, para contribuir de manera constructiva a la solución de los graves problemas de diversa índole, socioeconómicos, políticos, ambientales, etc., que aquejan a la mayor parte de la humanidad, y que devienen la principal causa de los flujos migratorios descontrolados; países entre los que se encuentran varias de las más importantes ex metrópolis coloniales, sobre quienes pesa además la responsablidad de haber dado inicio a una historia de depredación todavía sin concluir.

 

Las bases de la Política Común de Migración de la Unión Europea

Se trata de un grupo de instrumentos jurídicos o decisiones políticas de carácter vinculante que, expresando los principales intereses del bloque en el ámbito migratorio, permitirán la aplicación práctica de éstos. Instrumentos que a su vez constituyen un fiel reflejo de esa esencia utilitarista, discriminatoria, represiva y xenófoba que ha caracterizado a dicha Política desde los primeros momentos de su proceso de construcción.

En calidad de núcleo de este cuerpo legislativo se encuentra el mal llamado Pacto Europeo sobre Inmigración y Asilo; mal llamado, porque no constituye un acuerdo que involucra a todo el continente europeo, como podría sugerir su nombre, sino solo a los 27 Estados miembros de la UE. Un documento vinculante que recoge los aspectos de interés para el liderazgo del bloque respecto a los temas en cuestión, así como sus conocidas posiciones, y cuyas únicas novedades descansan en la organicidad con que se presentan y en el tratamiento, marcadamente utilitario y duro con que se abordan.

Las razones para su diseño y aprobación explicadas en el texto, son varias, altamente pragmáticas y utilitarias, entiéndase  la necesidad de solucionar algunos de los graves conflictos que enfrenta hoy la UE: el serio problema de envejecimiento de poblaciones que no se reproducen al mismo ritmo y el gravamen que esto crea  sobre el gasto público, seguridad social, servicios médicos, etc., además del lógico déficit que genera en la fuerza económicamente activa. Revertido todo en afectaciones a la capacidad productiva del bloque y a la competitividad, ya de por sí dañadas entre otras causas, por la carencia creciente de fuerza de trabajo cualificada.

En este contexto, además de la ya mencionada Directiva de Retorno, dentro de estas bases, se destacan hasta el momento:

La Directiva relativa a las condiciones de entrada y residencia de nacionales de terceros países para fines de empleo altamente cualificado, dirigida explícitamente a “mejorar la capacidad de la UE para atraer y -si fuera necesario- retener a trabajadores de terceros países muy cualificados”, entiéndase para organizar una migración legal que contribuya a fortalecer su competitividad económica, así como su estrategia general de crecimiento y empleo. Pero, en contraposición con la “Directiva del retorno de inmigrantes ilegales”, este procedimiento abre las puertas a una inmigración seleccionada entre lo profesionalmente más capaz de los posibles países emisores, ofreciendo muy atractivas propuestas tanto en las condiciones de trabajo como de vida. Condiciones  que facilitan la reagrupación familiar, con prerrogativas para los beneficiados, y cuyos bases mínimas deberán ser garantizadas por los 27 Estados miembros de la Unión, susceptibles de mejora. En consecuencia, una nueva y muy grave amenaza para el “Sur geopolítico”, pues representa en verdad la legalización a gran escala del “robo de cerebros”, desmintiendo toda la vacía retórica con que el liderazgo comunitario pretende negarlo.

La Directiva acerca de sanciones y medidas aplicables a los empleadores de nacionales de terceros países en situación irregular en la UE, la que, de acuerdo con la decisión del Consejo Europeo (CE), responde a la necesidad de “luchar contra la inmigración ilegal”, para lo cual prohíbe el empleo de los residentes de manera ilegal en el territorio de la Unión, instituyendo las normas comunes mínimas para las posibles sanciones a aplicar por los Estados miembros a quienes infrinjan esa prohibición.

Se argumenta que “…las nuevas normas pretenden poner fin a los abusos cometidos por empleadores sin escrúpulos que contratan a personas en situación irregular, introduciéndolas en el mercado laboral con salarios bajos y en precarias condiciones de trabajo”, lo que si bien pudiera ser cierto, constituye a su vez una nueva amenaza para los millones de inmigrantes indocumentados que habitan hoy en el territorio de la Unión, al limitar aún más la posibilidad de encontrar empleo, sin que se ofrezca una alternativa real para el mejoramiento de sus condiciones de vida dentro y fuera de la Unión.

También, el Acuerdo del CE, Acerca de las asociaciones de movilidad como instrumento del Enfoque Global de la Migración, supuestamente con propuestas de solución para el combate contra la inmigración indocumentada, esencialmente a través de “oportunidades” para la migración legal. Según el discurso oficial, una iniciativa que contribuirá a cubrir las necesidades crecientes de fuerza de trabajo presentes en la mayor parte de los Estados comunitarios, además de aportar “al desarrollo en los países de origen”, evitando la “fuga de cerebros” Un proyecto que en la praxis debe producir un “efecto bumerang”, con un  resultado totalmente contrario: lo más previsible será que el bloque no ejerza demasiada presión para que esto último no suceda; mientras que sí se esforzará por garantizar proyectos de “migración circular” -retorno- para la fuerza de trabajo de menor calificación.

Una proposición engañosa, que podría resultar válida si estuviera acompañada de estrategias que propiciaran y estimularan el desarrollo endógeno sostenible y con igualdad de derechos y oportunidades para todas las personas, sin distinción, en los países de origen de los flujos de inmigrantes; lo que lamentablemente no es ni será nunca, siempre que la iniciativa parta de cualquiera de los destacados representantes del imperialismo mundial, como la Unión Europea.

En resumen, un cuerpo legal concebido como cimiento de esta Política Común de Migración,   diseñado en función de ratificar y potenciar los rasgos de esencia que la cualifican y que se encuentran lejos de constituir una solución constructiva para los acuciantes problemas que enfrenta el “Sur geopolítico”, más allá del retórico discurso respecto a la solidaridad con que se acompaña; pero además que se irá enriqueciendo de manera paulatina en función de necesidades específicas.

Un cuerpo legal, en el que, no obstante, resulta visible una importante carencia: lo relacionado con la integración social de grandes grupos de inmigrantes y/o su descendencia, cuya situación de exclusión y marginación constituye uno de los más graves problemas que enfrenta hoy la UE.

Y es que se trata no sólo de las y los mal llamados “ilegales”, sino, lo que es mucho más grave, de personas nacidas en ese espacio que dadas las estrictas leyes de ciudadanía existentes en determinados Estados miembros, les sería muy difícil acceder a la condición de ciudadanos y ciudadanas de la Unión -como en Alemania, por solo poner un ejemplo-, o que aún accediendo a ellas, sean, y sobre todo se sientan, totalmente excluidos y marginados. Una carencia sentida que lleva a otra importante conclusión: naturalización no resulta lo mismo que integración, recuérdese los paradigmáticos casos ocurridos en 2005 en el Reino Unido y Francia.

La integración social de estos grupos constituye hoy uno de los tantos aspectos que conforman el “talón de Aquiles” del proyecto comunitario europeo. Sin embargo, como ha quedado demostrado, ésta no constituye una prioridad dentro de la Política Común de Migración: desde el 2004 fueron establecidos los principios básicos sobre los cuales debe desarrollarse este proceso, sin embargo, hasta ahora se trata de un documento de no vinculante, prácticamente olvidado, y en consecuencia muy poco aplicado.

En resumen

El análisis de los documentos mencionados -y de otros que conforman el sistema-, demuestran que el tratamiento de la cuestión migratoria por parte del liderazgo europeo ha sufrido una involución; acentuándose aceleradamente el carácter utilitario, represivo, discriminatorio y xenófobo de las políticas que se elaboran al respecto tanto a nivel de Unión como de los Estados miembros. Como resultado fundamental de este inadecuado tratamiento, tanto en su dimensión exterior -en el contexto de las relaciones con otros Estados-, como en el interior del bloque, en este último caso relacionado con la convivencia y los derechos de los colectivos de inmigrantes y su descendencia, dicha cuestión a ha devenido verdadero problema y asunto de máxima seguridad para el proyecto integracionista, que la identifica hoy como uno de los focos de mayor conflictividad que debe enfrentar.

De manera que, desmintiendo la retórica consustancial al discurso oficial del bloque, las bases esenciales de esta Política de Migración, se dirige a aspectos de “seguridad” más que a los de justicia y libertad; dígase a crear una fortaleza, excluyendo cualquier acción constructiva con los millones de inmigrantes indocumentados que residen hoy en la Unión, y que también contribuyen a su desarrollo, mayoritariamente realizando trabajos subvalorados, difíciles y mal pagados, que por las mismas razones, la ciudadanía europea declina ejecutar. Para esta inmigración pobre y “desclasada” sólo queda una opción: la salida de ese territorio, de forma ¿voluntaria? o forzosa, pero la salida.

Mientras, en la grandilocuencia de su discurso, como parte de esta Política Común y en calidad de fórmula para combatir la “inmigración ilegal”, la UE se propone una supuesta “cooperación económica fortalecida” con los países mayormente emisores de los flujos migratorios hacia el bloque; desde otra perspectiva, un explícito reconocimiento de que la “pobreza” extrema del llamado “Sur geopolítico”, constituye la causa real de éstos, entiéndase empobrecimiento inducido. Y es que se trata de una cooperación muy cuestionable, sujeta a condicionamientos políticos que en todos los casos resultan lesivos a la soberanía e integridad de las naciones a las que se les ofrece.

Solo que, la Europa comunitaria posee al menos dos razones básicas que le justificarían la asunción de una posición constructiva hacia la cuestión migratoria:

La primera, de carácter ético-moral, se desprende de su gran responsabilidad ante el desastre estructural que padece la inmensa mayoría de los países que por esas mismas razones conforman el “Sur geopolítico”: la mayor parte de estas economías europeas se formaron y consolidaron su inequitativo esplendor, a través de un ilegal latrocinio de esas regiones: África, cuyos principales recursos, incluidos los humanos, le fueron atrozmente arrebatados. América Latina y el Caribe, cuya población nativa fue totalmente exterminada; sus civilizaciones autóctonas destruidas; convertida toda en víctima de una desmesurada explotación colonial y neo-colonial, que aún subsiste. Veáse el propio caso de Arizona: hasta 1848, ésta pertenecía a la República mexicana, sin embargo, como resultado de una desleal guerra de intervención de EEUU, supuestamente inspirada en su presunto “Destino Manifiesto” de expandirse por todo el continente americano,  Arizona le fue arrebatada a México, junto a otros áreas que sumaron un despojo de alrededor del 50% de su territorio, ¿casualmente? parte de las zonas más ricas del país; en resumen, se “trasladaron las fronteras”. Hoy, la población originaria y legítima de esas localidades, la mexicana, es expoliada, humillada y expulsada por los usurpadores, los estadounidenses.

De aquí que ante la disyuntiva, en todos los casos, la respuesta lógica, legítima y  verdaderamente humanista sólo puede y debe ser una: tender la mano solidaria y sin matices a esos países, aún dependientes económicamente, entre otros factores, a través de deudas varias veces pagadas, y de la imposición de esquemas de relaciones asimétricas y lesivas.

La segunda, más pragmática, y que podría conjugarse a la anterior, es la relacionada con los problemas objetivos e insoslayables que debe enfrentar el bloque, y para los cuales la entrada de una inmigración organizada pudiera ser la solución, ¿por qué entonces no buscar en unas prácticas justas y edificantes para todas las partes implicadas, un paliativo a dichos problemas? Sin embargo, no resulta previsible en un corto, mediano y ni siquiera largo plazo una toma de conciencia acerca de lo anterior que genere actitudes constructivas al respecto, afirmación demostrable por varias razones, entre ellas:

Primero, porque no se encuentra en la agenda del liderazgo de la UE. Y es que si bien, demagógicamente, los principales políticos comunitarios declaran la necesidad de “luchar” contra las verdaderas causas de los flujos migratorios, entre las que acertadamente identifican el empobrecimiento y la exclusión, enriquecido con un cada vez más inconsciente discurso acerca de la defensa de Derechos Humanos y democracia “pura”;  en la praxis, las soluciones que aportan no sólo desmienten  ese discurso, sino que profundizan aún más estas causas, dígase la injusticia, la falta de derechos y oportunidades y la desesperanza total para una mayoritaria parte de la humanidad.

Segundo, porque la verdadera solución de tan trágico problema trasciende los límites de las voluntades políticas para llegar a la transformación revolucionaria de los cimientos sociales sobre los cuales éste sigue creciendo; a la construcción de un mundo de equidad, y de igualdad de derechos y oportunidades;  un mundo en el que las relaciones entre naciones estén basadas en la solidaridad, la complementariedad fraterna y no en la competencia; un mundo que es no solo necesario, sino también posible, basta que los pueblos se lo propongan con fuerza, que la Humanidad, diga ¡basta!, y eche a andar, parafraseando al Che. Para comprobarlo hoy, sirva sólo mirar a los procesos que ocurren en Nuestra América, aún a pesar de los muchos obstáculos con los que el imperialismo mundial intenta detenerlos y subvertirlos.

Entonces, ¿xenofobia solo en Arizona? No, exacerbar actitudes xenófobas, el miedo y odio al “otro”, al supuesto “invasor”, responsabilizarle con muchos de los graves problemas que aquejan a todas la sociedades, en este caso a las de esa parte del mundo desarrollado que representa la Unión Europea, constituye una de las estrategias que utilizan los imperialismos mundiales para tratar de ocultar la verdadera naturaleza de estos problemas: la peligrosa agonía de un sistema, el capitalismo, que en sus largos y peligrosos estertores, podría llevar a la humanidad al holocausto.

Comprender esta verdad, desenmascararla y revertirla, deviene tarea de orden sobre todo para quienes desde hace mucho tiempo aprendimos, de Martí primero y con Fidel después, que sentir y luchar por la Humanidad, es hacerlo también por nuestra propia Patria, porque Patria es eso, Humanidad.

 

La Habana, 14 de mayo  de 2010

“Año 52  de  la Revolución”


Arkansas, Maryland, Minnesota, Missouri, Nevada, Nueva Jersey, Ohio, Oklahoma, Pensylvania, Carolina del Sur, Texas y Utah.

Meraz, G. “Además de Arizona 12 estados más han introducido leyes contra los inmigrantes, aunque no tan severas”.

Fuente: Noticieros Televisa | 2010-05-08    Sitio WEB: http://www.eldiarioexterior.com

 

Tomado de Cubadebate

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