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El polvorín

Las graves condiciones de injusticia y desigualdad económica y social vistas por Las Comisiones de la Verdad en America Latina

22 Octubre 2010 , Escrito por El polvorín Etiquetado en #Politica

 

La mayoría de las sociedades latinoamericanas experimentaron en las últimas cuatro décadas permanentes situaciones de violencia y conflictos internos, a causa de graves condiciones de injusticia y desigualdad económica y social. Ante esto, las frágiles democracias latinoamericanas, siguiendo los mandatos de los estrategas instalados en Washington D.C., cedieron el poder a cúpulas militares portadoras de una vocación mesiánica. De esta forma, el fantasma de la dictadura militar se instaló con mucha facilidad en los Estados desunidos del Sur, reemplazando a los débiles gobiernos constitucionales, no necesariamente democráticos.

 

El poder militar se entronó en 1954 en Paraguay, en 1964 en Brasil, y poco después en Perú, (1968), Uruguay, (1972) Chile (1973), Argentina, (1976) Bolivia, entre otros países. Por esta razón, los nombres de los generales Alfredo Stroessner, Rafael Videla, Augusto Pinochet, el coronel Hugo Banzer, y el civil José María Bordaberry, se hicieron conocidos para miles de víctimas de sus gobiernos, así como para muchos hombres y mujeres solidarios que en diversas partes del mundo se esforzaron para denunciar sus atrocidades y sus numerosas violaciones a los derechos humanos.|1| En algunos países, gobiernos elegidos democráticamente se ponían bajo la tutela militar, tal como ocurrió en Uruguay, Guatemala, El Salvador y Honduras.

     

¿QUE HEMOS HECHO DE
LA HERENCIA DE LEMPIRA?

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Los regímenes militares no solo aspiraban a eliminar las señales de una supuesta subversión en sus países, sino a construir estructuras económicas y políticas tendientes a la modernización y el desarrollo de sus sociedades en el marco de la doctrina de la "Seguridad Nacional".|2| Como modernización se entendía la implantación del capitalismo, al estilo de los Estados Unidos de Norteamérica, al que se le consideraba como el único modelo posible para las naciones latinoamericanas.

Tal como lo sostiene el periodista Daniel Samper Pizano, el nuevo tipo de dictadura latinoamericana, nació a mediados de los años sesenta en Brasil, "con la meta de promover un desarrollo capitalista acelerado, dentro de patrones elaborados por economistas teorizantes de EE.UU. que requieren como condición un estricto control social". "Para ello, agrega es preciso dividir al país de manera maniquea entre los que están con el régimen y los que no están con él. A estos últimos se les equipara a subversivos o cómplices de la subversión, y en la larga lista de sospechosos quedan inscritos, automáticamente, sindicatos, agremiaciones campesinas, intelectuales y estudiantes. La prensa es sometida a una estricta censura. Los militares se convierten en una casta de poder."|3|

Muy acertadamente Horacio Verbitsky, aseguró sobre el proceso argentino, que "Los militares que en 1976 capturaron el poder y en tres años consiguieron su objetivo de eliminar a las guerrillas montoneras y del ERP, se proponían instaurar un nuevo orden que recién al filo del siglo XXI cedería paso a los civiles, organizados en partidos distintos de los del pasado." Según Verbitsky, en la visión de los militares, "La economía florecería en pocas y grandes unidades modernas y la Lucha Contra la Subversión sería cantada como una gesta continuadora de las campañas de la emancipación y de la conquista del desierto, un regreso vital a las fuentes de la nacionalidad, con la cruz y la espada en alto".|4|

En el contexto de la "Guerra Fría" entre los Estados Unidos y la Unión Soviética todo aquel que se oponía a la construcción de ese proyecto político económico era considerado como enemigo de la patria, y por lo tanto, tenía que ser perseguido y eliminado. Entonces, en América Latina, las torturas, los secuestros, las desapariciones forzadas, el genocidio, el destierro, se convirtieron en una realidad cotidiana que envolvió a miles de personas en el contexto de sociedades militarizadas controladas por medio del terror.

 

Los regímenes dictatoriales se prolongaron en algunos países por varias décadas, con el propósito de concretar sus proyectos de Estados fuertes y modernos: En Paraguay: Stroessner, (1954-1991). En Chile: General Augusto Pinochet, (1973-1990). En Argentina: Videla, Viola, Galtieri, (1976-1982). En Uruguay: Jorge Pacheco Areco, y José María Bordaberry (1966- 1985).

 

El aislamiento. Internacional por sus violaciones a tos derechos humanos y a los convenios de la ONU, la lucha permanente y sacrificada de la resistencia interna, él desgaste generalizado por la corrupción institucional, entre otros hechos, determinaron, el alejamiento político de los militares, y la devolución del poder a los civiles. Luego de estos periodos tan Convulsionados, de dictaduras militares, terrorismo de Estado y violencia insurgente, a mediados de los años 80 América Latina comenzó a transitar hacia regímenes democráticos. A la caída de Videla y Cia., siguió la caída de García Meza y Banzer, de Pinochet; de Stroessner, entre otros.

 


 

 

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Borrón y cuenta nueva?

Con el retorno de los civiles a la conducción del Estado, surge el crucial debate sobre qué hacer con los responsables de las violaciones a los derechos humanos y al derecho humanitario. Cómo reconstruir las sociedades maltratadas, cómo restablecer la paz, cómo buscar la reconciliación nacional, sin hacer justicia?.

Generalmente los propios regímenes militares, antes de dejar el poder, trataron de cerrar la etapa de la historia que ilegítimamente dirigieron y procuraron neutralizar cualquier posibilidad de enjuiciamiento posterior de sus actos de gobierno y de sus violaciones a los derechos humanos. Con la ilusión de borrar el horror de sus acciones, y con la pretensión del olvido y de la impunidad, estos regímenes dictatoriales, al final de su mandato o los gobiernos que les sucedieron, dictaron leyes de "Obediencia debida", "Caducidad" "Punto Final", "Amnistía", etc.

De esa forma pretendían ignorar que el derecho a la justicia es un derecho humano, anterior y superior a la autoridad del Estado, de carácter universal, del cual depende la seguridad jurídica de las personas, el orden social y la paz. Querían desconocer que los delitos de lesa humanidad son imprescriptibles y que no pueden, en ningún caso, ser objeto de amnistía.

En algunos casos, el juicio a los que detentaron el poder formó parte de la oferta electoral de los movimientos que pretendían suceder a los militares en la conducción del país. En la práctica, "para salvar a la democracia", se renunciaría a este compromiso. No resulta fácil sacudirse de las estructuras militares, judiciales y políticas que apoyaron a los regímenes totalitarios, y que aun en los nuevos períodos democráticos permanecen fuertes e intactas.

 

Pero el clamor de justicia de los familiares de las víctimas, así como la lucha de algunos abogados, periodistas, religiosos, magistrados, políticos y activistas internacionales de solidaridad, han conducido a la creación de comisiones investigadoras de la verdad. Así se crearon, desde instancias del poder oficial, en Argentina, la CONADEP, (Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas); en Chile, la "Comisión de Verdad y Reconciliación"; y en El Salvador, la "Comisión de la Verdad". En otros casos, como ocurrió en Brasil, Uruguay, Paraguay, Bolivia, las Comisiones de la Verdad, surgieron como una opción ética, un esfuerzo directo, a veces clandestino, de los activistas y organismos de derechos humanos, sin contar con el mandato gubernamental.

 


 

 

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Verdad, Justicia, Reconciliación.

Los responsables de las violaciones a los derechos humanos, así como ciertos sectores no golpeados por la violencia oficial, proponen llegar pronto a la reconciliación de la sociedad, para reconstruir el país. Aquí no les interesa para nada saber la verdad de los hechos. Mucho menos que se haga justicia. Desconocen que en 1985 la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, estableció que "Toda sociedad tiene el irrenunciable derecho de conocer la verdad de lo ocurrido, así como las razones y circunstancias en las que aberrantes delitos llegaron a cometerse, a fin de evitar que esos hechos vuelvan a ocurrir en el futuro." Además, tienen temor de escarbar, remover el pasado, agitar las aguas. El fantasma de la dictadura militar sigue presente como una amenaza latente.

 

Los familiares y amigos de las víctimas, los grupos de derechos humanos, y algunos sectores de la sociedad reclaman el conocimiento de la verdad y la aplicación de la justicia como pasos previos a la reconciliación nacional. Como lo indica Luis Pérez Aguirre, "Se ha dicho que hurgar en estos acontecimientos del pasado es abrir nuevamente las heridas del pasado. Nosotros nos preguntamos, por quien y cuándo se cerraron esas heridas. Ellas están abiertas y la única manera de cerrarlas será logrando una verdadera reconciliación nacional que se asiente sobre la verdad y la justicia respecto de lo sucedido. La reconciliación tiene esas minimas y básicas condiciones."|5|

 

El jurista peruano Carlos Chipoco, precisa, además, que el derecho a la verdad tiene fundamentos doctrinarios jurídicos y prácticos; y que la verdad debe ser completa, oficial, pública e imparcial. Agrega que la búsqueda de la verdad es importante, por un deber moral hacia las víctimas, los familiares y los deudos, para descubrir y sancionar a los culpables, para afirmar la democracia y el control ciudadano de las instituciones públicas y para evitar que las violaciones se repitan. Finalmente, Chipoco sostiene que el respeto del derecho a la verdad es importante para abrir la posibilidad del perdón y la reconciliación, y para cumplir con el Derecho Internacional.|6|

 

El derecho a la verdad es parte de la reparación del daño ocasionado por los agentes del Estado, reparación que además debe incluir medidas de carácter económico, social, médico, jurídico, para tratar de reivindicar la memoria de las victimas y aliviar en parte la tragedia ocasionada a los familiares afectados.

 

En base a su experiencia en Chile, el médico psiquiatra Carlos Madariaga afirma que existe un confusionismo conceptual respecto a lo que se entiende por reparación.|7| Aclara que generalmente las instancias gubernamentales han entendido la reparación de manera reduccionista, privilegiando las soluciones pecuniarias, en desmedro de los aspectos jurídicos, éticos, sociopolíticos y psicosociales, hecho que ha generado en las víctimas fuertes sentimientos de frustración y desencanto, estados psicoemocionales que han hecho abortar en gran medida los esfuerzos de reparación en curso.

 

La acrobacia política permite que los gobiernos de transición atiendan, en cierta medida, las exigencias de justicia y de reconciliación, prefiriendo esta última, como garantía de "estabilidad democrática". Por eso ponen más empeño en favorecer la impunidad de los violadores de los derechos humanos, volviendo a agredir así, en nombre de la reconciliación, a los familiares de las víctimas.

 


 

Qué son las Comisiones de la Verdad?

Las Comisiones de la Verdad son organismos de investigación creados para ayudar a las sociedades que han enfrentado graves situaciones de violencia política o guerra interna, a enfrentarse críticamente con su pasado, a fin de superar las profundas crisis y traumas generados por la violencia y evitar que tales hechos se repitan en el futuro cercano.

A través de las Comisiones de la Verdad se busca conocer las causas de la violencia, identificar a los elementos en Conflicto, Investigar los hechos más graves de violaciones a los derechos humanos y establecer las responsabilidades jurídicas correspondientes.

El trabajo de la Comisión de la Verdad permite identificar las estructuras del terror, sus ramificaciones en las diversas instancias de la sociedad (Fuerzas Armadas, Policía, Poder Judicial, Iglesia), entre otros factores inmersos en esta problemática. Esta investigación abre la posibilidad de reivindicar la memoria de las víctimas, proponer una política de reparación del daño, e impedir que aquellos que participaron en las violaciones de los derechos humanos, sigan cumpliendo con sus funciones públicas, burlándose del Estado de derecho.

 


 

Cómo nacen las Comisiones de la Verdad?

En algunos de los casos la búsqueda de la verdad surge como un proceso legal, o formal, "encargado" por los gobiernos, bajo la presión de los grupos defensores de los derechos humanos, a un grupo de expertos; tal como se hizo en Argentina, Chile y El Salvador. En estos países, las Comisiones de la Verdad se crearon, tras exigencias masivas, por mandato legal, después de negociaciones y acuerdos políticos.

 

Generalmente las Comisiones de la Verdad surgen en vista de la probada inefectividad del Poder judicial para sancionar las numerosas violaciones a los Derechos Humanos. En los países sometidos a regímenes autoritarios, el Poder Judicial generalmente se convierte en un apéndice del poder ejecutivo y no tiene capacidad para juzgar independientemente los crímenes de los agentes del Estado. Finalmente quienes deben velar por la justicia se hacen Cómplices del terror oficial.|8|

 

En casi todos los países del continente americano son diversos los casos de abdicación del Poder Judicial ante la prepotencia de los gobiernos y de las FF.AA. Por esta causa, flagrantes violaciones a los derechos humanos quedan en la más absoluta impunidad. Como prueba de esto podemos mencionar los siguientes casos:

 

  • la masacre de cerca de 115 guerrilleros, jueces y otros civiles en el Palacio de Justicia de Colombia, luego del asalto efectuado por el M-19, en Bogotá, el 6 de noviembre de 1985, según informó el Ministro de Defensa, Gral. Miguel Vega Uribe.|9|

 

  • La masacre de cerca de 300 inculpados acusados de terrorismo en tres cárceles de Lima y Callao, en el Perú. Lima, 18 y 19 de junio de 1986. Después de una farsa de Juicio, se dieron castigos mínimos a los agentes subalternos que participaron en la masacre.

 

  • El asesinato de más de 100 indígenas wayuu, en la cárcel de Maracaibo, Venezuela, el 3de enero de 1994, según denunció Amnistía Internacional.|10|

En otros casos, las comisiones de la verdad nacen como fruto del trabajo solidario de las organizaciones de derechos humanos, que para investigar los graves hechos de violencia oficial desarrollan un esfuerzo casi clandestino. Así ocurrió en Brasil, con el trabajo de la Arquidiócesis de Sao Paulo, que bajo la dirección del Cardenal Evaristo Arns elaboró el Informe Brasil Nunca Más. En Paraguay el Comité de Iglesias para Ayudas de Emergencias, CIPAE, también publicó una serie de investigaciones sobre la dictadura de Stroessner, bajo el Título Paraguay Nunca Más. En esta misma perspectiva pueden ubicarse los esfuerzos del Servicio de Paz y Justicia de Uruguay, con su Informe: Uruguay Nunca más, y del colectivo de organizaciones colombianas y extranjeras que publicaron un valioso Informe titulado: "El terrorismo de Estado en Colombia".

 

Pero han habido casos en donde las Comisiones de la Verdad se crearon con fines encubridores, para procurar darle un respaldo moral a la "verdad" oficial. Así pasó en el Perú con la "Comisión Uchuraccay", presidida por el escritor Mario vargas Llosa en 1983 y que investigó la masacre de ocho periodistas y un gura que los acompaño.

 


 

La Metodología de Trabajo de las Comisiones de La verdad.

Buscar la verdad de las violaciones a los derechos humanos, cuando los acontecimientos están aún muy cercanos, por cierto implica muchos riesgos, tanto para los investigadores, como para los informantes, testigos, familiares. La injustificada sospecha de que los activistas de derechos humanos apoyan a la subversión, así como el temor de que sus organismos cuenten en su archivo con materiales relacionados a la historia de la violencia policial y militar, muchas veces ha llevado a las autoridades militares a precipitados allanamientos de las sedes de estos organismos y a la detención, o desaparición de los luchadores de derechos humanos. Esta agresión directa contra los organismos de derechos humanos fue una norma de casi todos los gobiernos en América Latina.

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En Argentina, las autoridades militares, con apoyo judicial, allanaron las sedes de la Liga Argentina por los Derechos del Hombre, la Asamblea Permanente de Derechos Humanos, el Movimiento Ecuménico de Derechos Humanos, y el Centro de Estudios Legales y Sociales, CELS y detuvieron a varios de sus miembros. Las Fuerzas Armadas y policiales, en los años de las dictaduras, allanaron los locales de la Vicaría de Solidaridad de Chile, el Servicio de Paz y Justicia de Uruguay, así como de la Comisión Nacional de Derechos Humanos y Defensa de la Democracia, y la Asamblea Permanente de Derechos Humanos, de Bolivia, (En esa ocasión asesinaron al diputado Marcelo Quiroga Santa Cruz).

 

Igualmente allanaron las sedes de la Comisión de Derechos Humanos de El Salvador, el Servicio de Paz y Justicia de Ayacucho, Perú; entre otros organismos. La historia de la lucha por los derechos humanos nos enseña que cada organismo debe estar prevenido para que cuando la fiera lo ataque, sus daños se reduzcan a lo mínimo. Hay que mantener normas básicas de seguridad para proteger a los colaboradores, y también la documentación testimonial y los archivos, conservando copias dobles del material y ubicándolos en lugares en donde no sea posible que los cuerpos oficiales lo encuentren fácilmente.

 

En muchos casos, por el lado de las víctimas, existe abundante material documental, en forma de denuncias legales, recursos jurídicos, Actas y protocolos de necropsia, testimonios ante jueces y fiscales, que también deben ser archivados por los organismos de derechos humanos.

 

Seguramente el testimonio de sobrevivientes de operaciones militares así como los informes de los testigos y familiares de las víctimas, son algunos de los más valiosos recursos para avanzar en la obtención de la verdad. Estas personas requieren de una protección especial, hasta que la paz y la reconciliación nacional se hayan consolidado. En el Perú, así como en El Salvador, son numerosos los casos de testigos de violaciones de los derechos humanos que fueron desaparecidos o asesinados poco tiempo después de haber informado a los medios periodísticos o a las comisiones investigadoras oficiales.

 

Durante el proceso de investigación y elaboración del Informe Brasil Nunca Mas, el grupo de trabajo adoptó muchas medidas de seguridad, para no dejar huellas de lo que estaban haciendo. Además de usar casas fuera de la capital del país, y de tener copias dobles de los documentos, en sus comunicaciones orales y escritas emplearon un lenguaje cifrado, codificado, sólo entendible por ellos. El "Chocolate" era el término que se empleaba para referirse a los documentos secretos. La documentación fue microfilmada y procesada dos veces, para que una copia fuese guardada, sin riesgos, fuera del país. Se aprovechó el viaje al extranjero de personas con rango diplomático para transportar las copias microfilmadas y los recursos para el financiamiento de la investigación.

 

La ONUSAL apoyo a la Comisión de la Verdad en El Salvador, facilitando equipos electrónicos para la distorsión de la voz y el aislamiento de las ondas sonoras. De esa manera se trataba de proteger la identidad de los informantes y sus testimonios. Por otro lado, ante el temor de intimidación militar a los informantes, las entrevistas se realizaron muchas veces en sedes diplomáticas o en lugares reservados, lejos de los ojos y las orejas militares.

 

A nivel oficial, los organismos de derechos humanos o las comisiones de la verdad, algunas veces han logrado la cooperación de los jueces y fiscales de las diversas regiones fuera de la capital, para elaborar un diagnóstico más exacto del número de víctimas de violaciones de los derechos humanos. En el Perú, por ejemplo, una Fiscalía Provincial registró, documentadamente, una cantidad de casos de violaciones a los derechos humanos en 1993, que casi duplicaba el balance anual nacional establecido por los grupos de derechos humanos.

 

Aunque resulta sumamente difícil, también es posible obtener documentos confidenciales que circulan al interior de las Fuerzas Armadas y Policiales, en forma de Tesis, órdenes, planes de acción, estrategias, doctrina y filosofía de guerra interna, etc. sus propias publicaciones (revistas boletines, libros) son una fuente que no hay que desechar. Su vanidad les lleva a exponer allí sus puntos de vista, justificando las violaciones a los derechos humanos, e informar de los ascensos otorgados por "servicios especiales a la patria", y presentar a sus guerreros conductores. Aunque son raros, en diversos países han habido casos de efectivos militares y policiales, que discrepan con la guerra sucia, o que tienen remordimientos de conciencia, o se sienten traicionados por sus jefes, y que han aportado una valiosísima información sobre las estructuras oficiales del terror. Sin embargo, aquí debe actuarse con suma cautela, por los riesgos de infiltración policial o militar en el trabajo de los grupos de derechos humanos.

 

A pesar de los problemas de censura, los medios de prensa diaria pueden ser una valiosa fuente de información para las investigaciones de la Comisión de la Verdad, pues ahí se registran los partes de guerra, los casos de detenciones, las denuncias de torturas, asesinatos, etc. Igualmente se ha encontrado valiosos datos en publicaciones gremiales de los sindicatos, las universidades, los grupos religiosos, entre otros.

 

Organismos como la Cruz Roja Internacional y Amnistía Internacional, también pueden aportar muy valiosa información sobre las víctimas de los abusos y los presuntos responsables. En algunos países las comisiones de la verdad obtuvieron de las delegaciones diplomáticas abundante material sobre las violaciones a los derechos humanos. Los documentos suministrados por la Embajada de Estados Unidos en San Salvador, por ejemplo, dieron bastantes evidencias sobre los escuadrones de la muerte que actuaban con apoyo de la Central de Inteligencia Americana y del Ejército salvadoreño en los años 80.

 

Las comunidades de exiliados dispersos por todo el mundo también conservan un importante caudal de información, en forma de cartas, boletines, recursos jurídicos, y otros documentos sobre casos de violaciones a los derechos humanos que se conocen muy poco dentro del país

 


 

LAS COMISIONES DE LA VERDAD EN AMÉRICA LATINA

Esteban Cuya
Nürnberger Menschenrechtszentrum




Indice

Introducción
Qué son las comisiones
Argentina
Chile
El Salvador
Perú - Vargas Llosa
Bolivia
Brasil
Paraguay
Conclusiones
Notas finales

 

 

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