Seguir este blog
Administration Create my blog
El polvorín

Letales matrices editoriales contra los pueblos, PUENTE LLAGUNO, por ejemplo

11 Abril 2010 , Escrito por El polvorín Etiquetado en #Politica

t_puente_821.jpg

 

El próximo martes, 13 de abril, a las 18:00, en la librería de Le monde diplomatique (San Antonio 434, Local 14, detrás de la Plaza de Armas – Entrada libre), será exhibido el documental Puente Llaguno: claves de una masacre, de Ángel Palacios, en cuyo debate –así como en el abordaje de la situación venezolana actual– participarán las compañeras Embajadora y Secretaria de Comunicación y Cultura de la República Bolivariana de Venezuela, María Urbaneja y Mary Pemjean, respectivamente.

 

El 11 de Abril de 2002, durante el golpe de Estado, en Venezuela hubo una masacre –con 19 víctimas fatales–, mostrada por televisiones del mundo entero. Esos medios de comunicación identificaban como sus autores a varios individuos que dispararon desde el Puente Llaguno, situado cerca del centro histórico de Caracas. Pero, a los muertos y heridos de ese día, debe agregarse otra víctima: la verdad.

  

Encuadrada en fuertes protestas y una huelga general convocada por FEDECÁMARAS (Federación de Cámaras y Asociaciones de Comercio y Producción de Venezuela), que duró más de tres días, dirigentes de la oposición llamaron a una marcha –el 11 de abril del 2002, en Caracas–, autorizada, entre el Parque del Este y PDVSA Chuao, pero que no tardaron en desviar hacia al Palacio de Gobierno, en Miraflores, alrededor del cual se habían congregado simpatizantes del Presidente, Hugo Chávez Frías. Cuando ambos grupos de manifestantes coincidieron, se produjeron enfrentamientos, causando víctimas mortales de los dos sectores. Aunque todavía se pretende discutir quienes iniciaron y prolongaron el tiroteo, esa tarde, el Alto Mando Militar venezolano anunció –en la madrugada del día siguiente– que Hugo Chávez había aceptado la petición de firmar su renuncia a la Presidencia.

 

Aquella violenta tarde, la cadena privada de televisión Venevisión grabó imágenes que fueron difundidas –repetidamente, muchas veces– a nivel nacional e internacional. La noticia propagada por esos medios de comunicación afirmaba que las marchas se habían encontrado en el Puente Llaguno y que chavistas dispararon, a sangre fría, contra los opositores, siendo todos los muertos de ese bando.

 

Avalando tales imágenes televisivas, que provocaron gran impacto en la opinión pública, el entonces gobierno derechista de España –por intermedio de EFE y de la Agencia Española de Cooperación Internacional, el 28 de noviembre de 2002– otorgó el Premio Internacional de Periodismo Rey de España al reportero Luis Alfonso Fernández, su autor.

 

El documental Puente Llaguno: claves de una masacre – premio Público en general, en el II Festival Internacional de Cine y Derechos Humanos de Zaragoza, entre otros, dirigido por Ángel Palacios y producido por la Asociación Nacional de Medios Comunitarios, Libres y Alternativos (ANMCLA)– es la otra mirada a los mismos eventos, la cual, sin embargo, como sus propios autores aclaran, no pretende responder todas las dudas sobre lo ocurrido el 11 de abril de 2002, en Venezuela, pero sí analizar hechos, minuciosamente, con base en testigos de los acontecimientos y en el extenso material audiovisual que lograron recuperar.

 

Durante sus cerca de dos horas, el meticuloso análisis de imágenes del documental dirigido por Ángel Palacios (bastante conocido por Asedio a la Embajada de Cuba) desmonta numerosas mentiras que medios de comunicación social privados, fundamentales en la conspiración derechista, profusamente divulgaron, en Venezuela y el exterior, durante los preparativos y la ejecución del golpe de Estado contra el gobierno de Hugo Chávez –tan legitimo como democrático–, la Constitución y el pueblo venezolano, que culminó, el 11 de abril de 2002, con muertos y heridos, en una marcha supuestamente pacífica, pero que más merece el calificativo de suicida, para ingenuos participantes, no para sus promotores.

 

La derechista oposición venezolana sostiene que Puente Llaguno: claves de una masacre no es neutral, que es un montaje, financiado  y realizado por personas ligadas al Gobierno. Sin embargo, en julio de 2003, Luis Alfonso Fernández (el mismo periodista que José María Aznar premió, autor del falacioso reportaje televisivo) declaró, en un juicio, que el vídeo transmitido por Venevisión, el 11 de abril de 2002, no era veraz,[],  que fue manipulado, para dar a entender que así habían ocurrido los hechos. Además, en diciembre de ese año, se dictó una sentencia absolviendo de toda responsabilidad a quienes estaban en el Puente Llaguno y habían sido acusadas de disparar contra los manifestantes de la oposición. En esa misma sentencia, fue reafirmado que el vídeo de Venevisión había sido manipulado.

 

Por su parte, Ángel Palacios consideró, en entrevista a todosadentro (Semanario cultural del poder popular de la República Bolivariana de Venezuela) que el mayor reconocimiento recibido por Puente Llaguno: claves de una masacre  –no obstante el gran significado de los varios premios–, está en que "nos citaron a un tribunal, por el Documental; nos llamaron de la Policía de Miranda, amenazándonos; nos telefoneó un militar, ya retirado, también amenazándonos; el dueño de una televisora privada organizó a un equipo para de­sarmar el Documental con expertos, incluyendo un profesor de una universidad norteamericana: ellos le dieron un informe, como de 30 páginas, detallando que no pudieron agarrarle ni un error al documental"

 

Puente Llaguno: claves de una masacre muestra imágenes y testimonios de hechos claves en un grave acontecimiento, que muchos privados medios de comunicación social adulteraron, envenenando a la opinión pública, con base en personas disparando, filmadas completamente fuera de contexto, para intentar justificar el llamado “primer golpe de Estado mediático de la historia”.

 

Guión y dirección: Ángel Palacios. Producción general: Panafilms. Producción ejecutiva: Asociación Nacional de Medios Comunitarios, Libres y Alternativos - ANMCLA. Producción: G.Luis Serrano. Infografía: Douglas Aponte. Post-producción de audio y video: Andrés Petit, Carlos Yegres, Miguel Arias, Edgar Torres. Cámaras: José L. Saldivia, Gabriela Fuentes, Víctor Gozón, César Rico. Música: Gilberto Simoza, Mary Pili Hernández.

 

 Como acaban de leer, la manipulación –¡también, mucho, de imágenes!–, en la que son expertos el Imperialismo y sus servidores, tanto en Venezuela como en prácticamente todos los países, es una de sus armas más eficaces contra los genuinos e inalienables derechos de los pueblos. Es imprescindible  denunciar, cada sofisma, falacia, mutilación, mentira, divulgando la verdad, a partir de sólida información, de hechos concretos, tarea muy difícil, porque exige inmenso tiempo y esfuerzo, para pesquisar, analizar, escribir y aprender a mejor utilizar nuestros precarios recursos materiales, en el enfrentamiento con colosales empresas de comunicación social, que dominan el mercado, desde la edición a la distribución.

 

 En esta interminable batalla, los documentalistas honestos de América Latina, en su mayoría jóvenes, han estado realizando excelente trabajo, lamentablemente casi nunca exhibido en la televisión abierta, ni en los cines comerciales, siendo conocidos por reducido público. En el caso chileno, ya no son pocas las obras que llegan a ser notables, especialmente en la recuperación de nuestra sagrada memoria histórica. También, es justo destacar a numerosas muchachas cineastas.

 

 Respecto a las abundantes semejanzas de los acontecimientos de abril de 2002, en la hermana república bolivariana, con las maniobras golpistas para destruir el noble proyecto de la Unidad Popular, precisemos que ellas no son simples coincidencias, sino que la rigurosa utilización de estrategias y tácticas estudiadas aplicadas, desde hace décadas, por los dueños de la economía mundial.

 

 En el artículo de TeleSUR (archivo adjunto), publicado hace casi exacto año, es impresionantemente doloroso el parecido con las agresiones que sufrió Chile, especialmente entre septiembre de 1970 (sí, dos meses antes que Salvador Allende, recién electo, asumiera la Presidencia de la República, iniciadas con sucio discurso –por cadenas de televisión y radio– del entonces Ministro de Hacienda, hoy senador, para crear pánico financiero, provocando histéricas corridas a los bancos y exportación de capitales) y el cobarde golpe de Estado, en 1973. Bastaría cambiar nombres de entidades venezolanas, introduciendo El Mercurio, Canal 13 y SOFOFA, a modo de ejemplo, para que los acontecimientos caraqueños se confundieran todavía más con nuestra tragedia…

 

 Por eso, el martes pasado, cuando se debatió la primera parte de La espiral, los presentes concordaron que ese documental –aunque sea ‘viejo’, con casi 35 años– podría ser utilísimo divulgarlo, discutiéndolo, masivamente, en Venezuela. Sería apoyo muy práctico y extremamente didáctico para el pueblo bolivariano. Por eso, también, me permito repetir parte de lo que escribí el 5 de este mes:

 

“El muy importante film de Mattelart aborda la estrategia y las tácticas de los opositores al Gobierno de la Unidad Popular –venenosa amalgama que unió desde fascistas hasta sectores de la Democracia Cristiana–, incentivados, dirigidos y financiados por EEUU, en la preparación del cobarde golpe de Estado, concretizado el 11 de septiembre de 1973.

 

El desmontaje de las maniobras de esa letal alianza reaccionaria que muestra La espiral, además de constituir valiosa contribución a la imprescindible tarea de recuperar nuestra memoria histórica, evidencia su enorme parecido –en versión corregida y sofisticada– con las que actualmente utilizan las fuerzas imperiales contra la Revolución Bolivariana, apoyadas por lo peor de la antidemocrática burguesía venezolana.”

 

 

Adjunto más dos complementos al e-mail de ayer (Otra ‘perla’ de “excelencia” del gobierno piñerochetista), por considerarlos de especial importancia:       

 

Declaración Pública de los familiares de Nattino, Parada y Guerrero, ante la designación del general (r) de Carabineros, Iván Andrusco, como nuevo director general de Gendarmería

 

MIGUEL OTERO, EMBAJADOR CHILENO DESIGNADO EN BUENOS AIRES

Un celoso custodio de la herencia pinochetista

 

 

Jorge Araya

#############################################################

 

Golpe de Estado en Venezuela: 48 horas

 

de dictadura

 

 
 

 

 

Nombre.jpg

48 horas que estremecieron a Venezuela, 48 horas de dictadura de extrema derecha. Hace siete años, el pueblo venezolano fue victima de una conspiración entre tres ejes: militares, empresarios y medios de comunicación social.  Este trío logró derrocar, por dos días, al gobierno del presidente socialista, Hugo Chávez.

Hugo Chávez regresó al poder el 13 de abril de 2002, sólo dos días desde que fuera derrocado.(Foto: Archivo)

 

 

TeleSUR - 10/04/2009

 

Venezuela: 11 de abril de 2002. En el país suramericano reina el caos. Hugo Chávez, líder popular progresista había renunciado a sólo cuatro años desde su elección, o al menos eso era lo que afirmaban los medios de comunicación privados y el alto mando militar.

 

Chávez, quien es reconocido por ser un gran orador, en esta oportunidad no había dicho ni una palabra. En su última alocución, en cadena nacional, unas horas antes, Chávez había mandado a activar el Plan Ávila, un plan especial de las Fuerzas Armadas venezolanas, cuando hay una conmoción interna que amenaza la estabilidad y seguridad nacional.

 

La cadena era transmitida a pantalla dividida, por las emisoras privadas de alcance nacional: en un lado aparecía Chávez y en el otro los disturbios en el centro de la ciudad capital. Esta acción fue totalmente ilegal, pues en Venezuela está prohibida la interrupción de una transmisión oficial. Ante esto, el gobernante ordena la salida del aire de los cuatro canales comprometidos con el golpe: Globovisión, Venevisión, Radio Caracas Televisión (RCTV) y Televen.

 

Pero, con lo que no contaba el Gobierno era con el plan alterno de estos medios, que cinco minutos después retomaron su señal vía satélite, con una menor calidad.

 

Un día más tarde, Pedro Carmona Estanga, hasta ese momento presidente de la patronal Federación de Cámaras Empresariales y Asociaciones de Comercio (FEDECAMARAS), se autojuramentó presidente de Venezuela, disolvió a todos los poderes constituidos, derogó la Constitución de 1999, 49 leyes habilitantes, se dio a sí mismo poderes supra constitucionales, suspendió los convenios de cooperación de Venezuela con Cuba y hasta le cambió el nombre al país.

 

Algo quedaba claro, en Venezuela estaba en proceso un Golpe de Estado. De las barriadas más humildes de Caracas y de otras ciudades como Maracay (centro norte), entre el pueblo se sintió una corazonada que, después, se transformaría en una manifestación callejera sin precedentes: pedían el regreso de Chávez, elegido con la mayor votación de la historia electoral de Venezuela.

 

Pero, ¿qué pasaba? En apariencia, nada, pues en las televisoras privadas transmitían dibujos animados, o películas estadounidenses, mientras cientos de personas se concentraban en varios puntos de Caracas.

 

 

"No he renunciado al poder legítimo que el pueblo me dio", escribió Chávez, desde su cautiverio.

De parte del nuevo "gobierno de transición", como fue definido por sus creadores, Carmona daba declaraciones a la cadena de noticias estadounidense CNN, donde decía que en el país todo estaba en completa calma y reinaba la normalidad.

 

Pese a que las cadenas nacionales, que en los días anteriores bombardearon, constantemente, a los venezolanos con mensajes políticos y que, de pronto, simplemente callaron, los venezolanos fueron descubriendo la verdad por las transmisiones de televisoras extrajeras, en las cuales otras voces, como la del fiscal general Isaías Rodríguez, o de la ex esposa de Chávez, Marisabel Rodríguez, denunciaban los planes golpistas y el secuestro del líder revolucionario, quien estaba siendo torturado para obligarlo a dimitir.

 

En una remota isla venezolana, La Orchila, el legítimo presidente, Hugo Chávez, estaba preso e incomunicado. Como después se comprobaría, a través de una nota de su puño y letra, no había renunciado, pese a los pedidos de varios generales rebeldes y al anuncio del Alto Mando Militar.

 

"No he renunciado al poder legítimo que el pueblo me dio", escribió Chávez en una rudimentaria nota, en una base naval de Turiamo, al norte del país, desde donde fue trasladado a La Orchila.

 

Meses más tarde, Chávez relataría que los generales implicados en la conspiración lo amenazaron con bombardear el Palacio de Miraflores, con aviones de guerra, tal y como lo hicieran los militares chilenos aquel 11 de septiembre de 1973, en el que murió el presidente socialista, Salvador Allende.

 

"No te inmoles, Hugo", ha relatado Chávez, en varias oportunidades, al recordar la llamada telefónica que recibió, la noche del 11 de abril de 2002, del presidente cubano, Fidel Castro.

 

De hecho, Fidel Castro, en el libro Biografía a dos voces, del escritor francés Ignacio Ramonet, confirmó la llamada y confesó que, incluso, los militares insurrectos habían ordenado a un pelotón en la isla La Orchila que fusilaran a Chávez, pero que se negaron y amenazaron con amotinarse.

 

"No te inmoles, Hugo; no hagas como Allende, que era un hombre solo; tú tienes una gran parte del Ejército, no dimitas, no renuncies", le aconsejó en esa oportunidad.

 

"Chávez no sabe lo que está pasando en Caracas, ni en el país. Ya han intentado fusilarlo, pero el pelotón de soldados encargado de disparar se ha negado y ha amenazado con amotinarse. Muchos de los militares que custodian a Chávez están dispuestos a defenderlo y a evitar que lo asesinen", agregó el ex presidente cubano, en el libro.

 

Estando en la remota isla venezolana, Chávez recibió la visita del fallecido Arzobispo de Caracas, Rosalío Castillo Lara, quien en vida fuera un fuerte opositor. La misión de Lara, según Fidel Castro, era chantajear al presidente venezolano, llevándolo a dimitir, "Para evitar una guerra civil".

 

Para hacer tiempo, Chávez finge estar escribiendo un borrador de declaración que, al final, según el político cubano, lo que contenía era el juramento de que nunca renunciaría.

 

"Chávez trata de ganar tiempo con el obispo. Hace borradores de una declaración. Teme que, una vez la carta escrita, se las arreglen para eliminarlo. No piensa renunciar. Declara que tendrán que matarlo antes. Y que no habrá, entonces, solución constitucional", afirmó.

 

 

Desde las sombras

 

Otros aprehendidos, públicamente, fueron el ministro del Interior, Ramón Rodríguez Chacín, o el parlamentario Tarek William Saab, ambos apresados en sus viviendas por fuerzas policiales de municipios comprometidos con los golpistas, ahora autoridad, en medio de turbas de opositores que, a gritos, pedían la expulsión de los funcionarios.

 

Los demás aliados de Chávez, entre ellos el para entonces vicepresidente Diosdado Cabello, tuvieron que ocultarse, para planificar una estrategia.

 

Uno de estos héroes de las sombras fue José Vicente Rangel, en ese entonces ministro de la Defensa, y quien jugó un papel primordial en la organización del rescate militar y la recuperación del hilo constitucional.

 

En entrevista exclusiva, vía correo electrónico, con el sitio en Internet de TeleSUR, Rangel, como encargado de resguardar la soberanía y defensa de Venezuela, articulaba, junto a los oficiales leales, estrategias de resistencia contra la nueva dictadura.

 

"Participé en la articulación de la resistencia, a través de los contactos con oficiales leales", recuerda el también periodista, defensor de los derechos humanos y quien, luego, fue nombrado como vicepresidente, desde 2002 a 2007.

 

Al ser cuestionado sobre qué hubiese ocurrido si los golpistas de ese 11 de abril lograban sus objetivos, José Vicente Rangel fue claro: "Una guerra civil, cruenta y larga".

 

 

Sin apoyo

 

El gobierno de Pedro Carmona estaba en el poder, pero no logró respaldo internacional de peso. EE.UU. y España, gobernados, en ese momentos, por los conservadores George W. Bush y José María Aznar, afirmaron, en un comunicado conjunto, su "interés y preocupación" por los "acontecimientos" que ocurrían en Venezuela y, aunque no reconocieron oficialmente al gobierno de facto expresaron, su "deseo de que la excepcional situación que experimenta Venezuela conduzca en el plazo más breve a la normalización democrática plena".

 

En Latinoamérica, el presidente de El Salvador, Francisco Flores, tuvo varios gestos de su reconocimiento al nuevo gobierno y el presidente de Colombia, Andrés Pastrana, llamó por teléfono a Carmona.

 

Otros gobiernos, que apoyaron a Carmona, Ecuador, Costa Rica y Nicaragua, intentaron –frustradamente–, dentro de la Organización de Estados Americanos (OEA), que la entidad reconociera, oficialmente, a la nueva administración.

 

Frente a esto, los países del Grupo de Río, condenaron la ruptura del orden constitucional en Venezuela, y pidieron al secretario general de la OEA, el colombiano César Gaviria, convocar a una reunión con carácter de urgencia del Consejo Permanente del organismo, para analizar la situación y definir la posición al respecto.

 

El presidente argentino, Eduardo Duhalde, el vicepresidente nicaragüense, José Mauricio Rizo, el primer ministro de Belice, Said Misa, Cuba, México, Chile y Brasil, a través de su cancillería, condenaron el hecho.

 

"México y Chile impidieron, en abril de 2002, que prosperaran iniciativas de Estados Unidos, España, Colombia y El Salvador, para que tuviera éxito el golpe de Estado contra el presidente venezolano, Hugo Chávez", explicó, un tiempo más tarde, el ex canciller mexicano, Jorge Castañeda.

 

 

El precio de la lealtad

 

El 12 de abril, la sede de la embajada cubana en Caracas fue víctima del asedio y actos vandálicos, por parte de un grupo de opositores venezolanos extremistas y disidentes cubanos en el país, quienes, irrespetando la normativa sobre los convenios internacionales de delegaciones diplomáticas extranjeras, como la inmunidad diplomática, donde se considera a las embajadas como parte territorial del país que representan, además de algunos de los derechos humanos de los residentes en el recinto.

 

Se dice que hubo violación de los derechos fundamentales del personal diplomático, porque los atacantes abrieron las alcantarillas y cortaron los servicios de electricidad y agua al interior de la sede.

 

Otros daños materiales fueron la destrucción de vehículos, además de la intimidación, por parte de las personas que participaron de la agresión, la que según Cuba, fue comandada por el disidente cubano Salvador Romaní, conocido opositor al gobierno de La Habana.

 

"Este señor [Romaní] llama, a las 8:00 de la mañana, el día 12 ,para informar, a la persona que le salió por teléfono, que se dirigía con un grupo de gente a tomar la Embajada, por asalto", relató, poco tiempo después, a un diario venezolano, el embajador cubano en Caracas, Germán Sánchez.

 

Luego de varias llamadas a la alcaldía del municipio Baruta, en cuya jurisdicción está la Embajada, contó Sánchez, fueron enviados sólo dos policías.

 

"El jefe de operaciones de la Alcaldía, me imagino que bajo el conocimiento, con la autorización y dirección del alcalde, mandó dos policías para proteger la Embajada de una agresión. ¡Dos policías contra el centenar de personas, ávidas de venganza y rencor, ciegas de rabia e ira! Las autoridades estaban, literalmente, con los brazos cruzados", recordó Sánchez.

 

Algunas horas más tarde, se presentó el para entonces alcalde del municipio Baruta, ahora gobernador del estado Miranda, Henrique Capriles Randonski, para pedir a Sánchez entrar al edificio y verificar que no se encontraran refugiados en su interior funcionarios del depuesto gobierno de Chávez; en especial, buscaban a quien por ley debía reemplazarlo, el vicepresidente Diosdado Cabello.

 

"Y mientras los policías no hacían nada. Destruían los carros, los lanzaron dentro de la Embajada, les cortaron la electricidad y el agua, pusieron en riesgo sus vidas", añade el funcionario cubano.

 

Radonski sería juzgado por su responsabilidad en estos hechos, en 2004, siendo absuelto, en 2006. Pero, el proceso contra el actual gobernador mirandino fue reabierto en octubre de 2008.

Todos estos sucesos fueron transmitidos por la televisión privada nacional. El canal del Estado, Venezolana de Televisión (VTV), no pudo, pues desde hacía horas había sido tomado, por la fuerza, por el gobernador de Miranda, el opositor, Enrique Mendoza, quien, poco antes, había amenazado, en televisión, con sacar del aire a la planta.

 

"Aquí no nos estamos chupando los dedos, ni somos ningunos pendejos. El Canal 8 va en las próximas horas fuera del aire. Se las echaron de arrechos para sacar del aire a las televisoras comerciales. A esa basura, que se llama el canal 8, la vamos a sacar fuera del aire", fustigó ese día.

 

 

¿Por qué?

 

Varias son las causas que intentan explicar el Golpe. Según la oposición y los medios de comunicación social privados, contrarios a la administración de Caracas, nunca hubo un derrocamiento, ni gobierno de facto, simplemente hubo un "vacío de poder", que fue rellenado.

 

Curiosamente, la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela prevé este "vacío", para el cual activa una línea de sucesión de tres altos funcionarios: el vicepresidente; en su ausencia, el presidente de la Asamblea Nacional, y si éste no está, el presidente del Tribunal Supremo de Justicia. Ninguno de ellos fue convocado, por la oposición.

 

Una las tesis manejadas por el gobierno de Venezuela es el control del petróleo. Rangel opina que el golpe de Estado contra el gobierno de Chávez puede explicarse por las ambiciones de Estados Unidos para recuperar el control de la empresa petrolera venezolana, Petróleos de Venezuela (PDVSA).

 

"Se pagó el precio de la poca experiencia de gobierno. Algo que ahora se tiene. Sobre las causas, hay muchas, pero, la más importante –para mí– fue la conjura montada por el gobierno norteamericano, para recuperar el control de nuestra industria petrolera", dijo Rangel.

 

Y es que, precisamente unos meses antes del Golpe, el gobierno de Caracas había nombrado a una nueva junta directiva en PDVSA, distinta a los gerentes que durante años la administraron y defendieron la privatización de una de las empresas energéticas más ricas del mundo.

 

Entonces, empezó una campaña, apoyada por los medios televisivos e impresos de circulación nacional, el favor de la "meritocracia", sobre la que, supuestamente, siempre habían descansado las bases de la Empresa.

 

Otro factor que influyó en los planes conspirativos fue la aprobación de 49 leyes habilitantes por parte del Ejecutivo, a través de un poder dado por la Asamblea Nacional, llamado Ley Habilitante. Esta norma le permite aprobar leyes de interés nacional, sin necesidad de que pasen por debates y votaciones, a que estaría sometida en el Parlamento. La idea era, según el Gobierno, agilizar la salida de leyes cuya aplicación era de suma importancia.

 

Entre las directrices aprobadas, en ese momento, destacan la Ley de Reforma Agraria –que prohíbe, entre otras cosas, el latifundio y la ociosidad de tierras– y la Ley Orgánica de Hidrocarburos Líquidos. Las dos legislaban sobre importantes recursos económicos, que, tradicionalmente, habían sido administrados por las clases empresariales, o élites políticas.

 

 

Sangre necesaria

 

Cuando cientos de opositores, concentrados en Pdvsa Chuao, al este de Caracas, aceptaron desviar su "marcha pacífica" hacia Miraflores, para exigirle al presidente Chávez que renunciara, no podían imaginar lo que allí iba a ocurrir.

 

En cuestión de minutos, en pleno centro de Caracas, cercanos al palacio presidencial, 19 personas, murieron, casi todas con tiros fulminantes en la cabeza. Los caídos no fueron exclusivos de la oposición, pues en las inmediaciones de Miraflores, desde hacía días, un grupo de afectos al gobierno de Chávez se encontraban concentrados.

 

Esa misma tarde, efectivos de la Casa Militar (guardia presidencial) y de la DISIP (policía política), arrestaban a siete presuntos francotiradores, en el Hotel Ausonia, contiguo a la sede presidencial. El 12 de abril, al día siguiente de consumado el Golpe, los sospechosos fueron dejados en libertar, sin restricciones, por un juez temporal.

 

Aunque aún no se conoce, a ciencia cierta, la identidad de los tiradores, algunos medios de comunicación social publicaron versiones. El portal español Rebelión, a mediados de junio de 2002, aseguró que el equipo estaba conformado por dos extranjeros y cinco venezolanos.

 

"Los cuerpos policiales y de inteligencia lograron identificar a las personas que dispararon desde el Hotel Ausonia, en el centro de Caracas, contra los manifestantes opositores y seguidores de Chávez, el 11 de abril, a partir de rastros e informaciones recabadas en el establecimiento, aeropuertos y oficinas de identificación. Se trata de cinco ciudadanos venezolanos, uno colombiano y otro estadounidense radicado en el país, quienes abandonaron el País a mediados de abril, pero son buscados por la INTERPOL en toda América Latina", relató el diario electrónico.

 

La teoría de los francotiradores, puestos por los golpistas, cobró vida cuando el ex corresponsal de CNN en Venezuela, para esa fecha, Otto Neustald, reveló –meses después en un foro ante estudiantes de comunicación social en la venezolana ciudad Maracay–, que él mismo había grabado, horas antes de que cayera el primer muerto, un video, que transmitieron los medios en plena masacre, donde los altos mandos militares leían un comunicado en el que ya se hablaba de muertos y se desconocía la autoridad del Presidente.

 

Neustald afirmó que se filmaron varios ensayos, antes de grabar el vídeo definitivo, los cuales se grabaron "dos horas antes de producirse los primeros muertos". En estos ensayos, el vicealmirante Héctor Ramírez Pérez afirma que "está masacrando a personas inocentes, con francotiradores. Para este momento van seis muertos y decenas de heridos en Caracas".

 

El canal Venevisión, propiedad de Gustavo Cisneros, transmitió –una y otra vez– imágenes de los supuestos asesinos: un grupo de concejales del partido de gobierno, que disparaban hacia un punto que en la grabación nunca determinan, con exactitud.

 

A estos hombres, a los que se les llevó a la Justicia y fueron absueltos, los medios de comunicación los bautizaron como "los pistoleros de Puente Llaguno", pues fue desde esa infraestructura que descargaron sus armas.

 

Como después lo explicarían, ellos mismos, y quedaría registrado en grabaciones desde otros ángulos, los concejales disparaban hacía un contingente de la Policía Metropolitana (PM), en ese momento bajo las órdenes de Alfredo Peña, ex alcalde Mayor, opositor, aunque llegó al cargo con el apoyo de Chávez.

 

En el documental Puente Llaguno: Claves de una masacre, del director Ángel Palacios, se muestra que los llamados "pistoleros" disparaban hacia una zona despejada –a la que no llegó nunca la marcha opositora– y lo hacían para defenderse de las balas provenientes tanto de francotiradores como de la PM.

 

 #########################################################################################

 

 

Declaración Pública de los familiares de Nattino, Parada y Guerrero, ante la designación del general (r) de Carabineros, Iván Andrusco, como nuevo director general de Gendarmería:

 

Con dolor y espanto hemos recibido la noticia de la designación efectuada por el Presidente de la República, Sebastián Piñera Echeñique, del general (r) de Carabineros Iván Andrusco, como nuevo director general de Gendarmería. Tal nombramiento nos golpea en nuestra dignidad, toda vez que Andrusco formó parte del Alto Mando de la disuelta Dirección de Comunicaciones de Carabineros (DICOMCAR), al momento en que fueron asesinados nuestros familiares por agentes de tal organismo del Estado.

 

Nos hiere y ofende la designación de Andrusco, pues este nombramiento ocurre cuando se sabe que, encontrándose el País bajo la vigencia del estado de sitio, el 28 de marzo de 1985, fue secuestrado en la vía pública Santiago Nattino Allende, por agentes de la DICOMCAR. Al día siguiente, a tempranas horas de la mañana, fue secuestrado, a las puertas del Colegio Latinoamericano de Integración, José Manuel Parada Maluenda, quien se desempeñaba como Jefe del Departamento de Análisis la Vicaría de la Solidaridad, y Manuel Guerrero Ceballos, profesor e inspector del Colegio, dirigente de la Asociación Gremial de Educadores de Chile (AGECH).

 

En los dos operativos, los secuestradores actuaron con gran disponibilidad de medios, facilitados por la DICOMCAR. En el caso de Santiago Nattino, señalaron a viva voz que eran policías y que detenían a la víctima por problemas económicos. En el otro secuestro, se utilizó un helicóptero de Carabineros y desvíos de tránsito en el sector. Esta acción fue cruenta porque, además de ocurrir a plena luz del día y ante los escolares, se le disparó a quemarropa a Leopoldo Muñoz de la Parra, profesor del Colegio, que intentó impedir el hecho.

 

En forma previa, se sucedieron los secuestros, también perpetrados por agentes de la DICOMCAR, del egresado de arquitectura Ramón Arriagada, a quien se le interrogó sobre las actividades de nuestros familiares. También, el operativo realizado la noche del 28 de marzo a la sede de la AGECH, ubicada en calle Londres 75 de la capital. De ese lugar fueron raptados, a la fuerza varios profesores, quienes estuvieron privados de libertad hasta el día 29, siendo su lugar de detención ilegal el cuartel de la DICOMCAR, ubicado en calle Dieciocho, el mismo que años atrás fuera usado por el organismo represor clandestino Comando Conjunto, bajo el nombre de ‘La Firma’, desde donde desaparecieron muchos chilenos y chilenas.

 

Pese a las intensas actividades desplegadas para dar con vida a nuestros familiares, no se tuvo noticia alguna de ellos hasta el 30 de marzo de 1985, cuando fueron encontrados sus cuerpos, con marcas de tortura, extraídas sus uñas, quemados con cigarrillos sus orejas, con huesos quebrados, degollados y desangrados, en el camino que une Quilicura con el Aeropuerto de Pudahuel, donde hoy se levanta el Memorial de las Tres Sillas, que recuerda este crimen, que conmocionó a todo el pueblo de Chile y al mundo.

 

Quienes realizaron el crimen eran miembros de la DICOMCAR, organismo del cual Andrusco era uno de sus miembros activos y con cargos de responsabilidad, el mismo año en que ocurrieron los hechos. El sitio donde mantuvieron secuestrados y torturaron a nuestros familiares fue la sede de la DICOMCAR, lugar donde Andrusco trabajaba a diario. En el proceso llevado adelante por la Justicia, Andrusco fue incriminado por sus colegas como encubridor y que sabía de los hechos, mientras se omitía dar información a la Justicia, a pesar de los requerimientos del juez José Cánovas y, luego, Milton Juica. Varios de los colegas y subordinados de Andrusco, en la DICOMCAR, cumplen hoy condena en el Penal de Punta Peuco, por el triple secuestro y degollamiento.

 

Como familiares de Nattino, Parada y Guerrero, exigimos respeto a nuestros muertos y a la sociedad chilena toda, cuya democracia debe basarse en el respeto, fomento y goce de los derechos humanos.

 

Demandamos al Gobierno la inmediata destitución de Iván Andrusco del cargo al cual ha sido designado, por su pasado vinculado al Alto Mando de la DICOMCAR, organismo responsable de la muerte de nuestros familiares. Nos parece inadmisible que una persona con estos antecedentes tenga la responsabilidad del orden, seguridad, cumplimiento de condenas en las prisiones y el resguardo de los Tribunales de Justicia. Cuestionamos, además, que pueda actuar en forma imparcial, especialmente en el caso de sus ex colegas, que están presos en Punta Peuco, condenados por crímenes de lesa humanidad.

 

Llamamos a la sociedad chilena a perseverar en la larga lucha por más Verdad y Justicia, en todos los casos de violaciones a los derechos humanos perpetrados por agentes del Estado, durante la dictadura militar. Por nuestros vivos y nuestros muertos, los conminamos a no olvidar, a informarse y actuar para que la democracia esté a la altura del sacrificio de tantos y tantas.

 

Familiares de José Manuel Parada, Manuel Guerrero Ceballos y Santiago Nattino.

 

Estela Ortiz, Javiera Parada, Juan José Parada, Antonio Parada, Camilo Parada; Owana Madera, Manuel Guerrero Antequera, Manuela Guerrero Madera, América Guerrero Antequera, Victoria Guerrero Ceballos, Francisco Guerrero Ceballos, Juana Guerrero Ceballos, Verónica Antequera Vergara; Familia Nattino Reyes; Leopoldo Muñoz de la Parra


############################################################################################

 

 

MIGUEL OTERO, EMBAJADOR CHILENO DESIGNADO EN BUENOS AIRES

 

Un celoso custodio de la herencia pinochetista

 

Mónica González

El Clarín – 8 de abril de 2010

 

A pocas horas de su llegada a Buenos Aires, en su primer aterrizaje internacional, Sebastián Piñera reveló el rostro de quien será su embajador en Argentina: el abogado y ex senador de Renovación Nacional (RN), Miguel Otero. Había expectación ante un nombramiento estratégico. Y no sólo porque Argentina sigue siendo una pieza clave en la política exterior de Chile, sino, también, por quién tendrá la delicada tarea de mantener el vínculo privilegiado con Cristina Kirchner, jefa de un gobierno de sello político distinto.

 

La expectación aumentó, esta semana, cuando se supo del traspié del gobierno al nombrar como embajador en Brasil a Octavio Errázuriz, figura de la cancillería pinochetista desde los primeros días después del Golpe de 1973 y articulador de la Red Hamlet, constituida a partir de la recuperación de la democracia, en 1990, en el mismo Ministerio, para filtrar decisiones clave. El rechazo del gobierno de Lula, obligó al gobierno a escoger a un funcionario de carrera como embajador en Brasil.

 

De allí la preocupación, de muchos, ante la elección de Miguel Otero, en Argentina. La principal reserva la motiva el pasado de Otero, golpista y fiscal, después del derrocamiento de Salvador Allende, en la Universidad de Chile, donde realizó una razzia que dejó fuera de sus aulas a todo profesor y alumno con ideas de izquierda.

 

De la Universidad de Chile, Otero pasó a las comisiones legislativas, cuatro grupos encabezados por cada comandante en jefe de las Fuerzas Armadas. Una parodia de Parlamento, en el que se dictaron leyes, que cubrieron todos los ámbitos, desde las privatizaciones hasta la eliminación de la negociación sindical colectiva.

 

Fue uno de los principales profesores de la Escuela de Oficiales de Carabineros, policía involucrada en graves violaciones de derechos humanos. Una vez recuperada la democracia, en 1991, Otero llegó al Senado, a raíz de uno de los asesinatos que marcaron la transición: el atentado contra el líder de la UDI, Jaime Guzmán, electo senador, por Santiago Poniente.

 

Otero lo reemplazó y siguió fiel a sus convicciones: se opuso tenazmente a la eliminación de los senadores designados (ocho), institución sin voto popular, ideada por Pinochet para impedir que la mayoría ciudadana revirtiera el sistema. En 1997 perdió su escaño.

 

El capitulo más polémico de su carrera se registra en 1992, cuando una operación de los servicios de inteligencia de Pinochet hizo estallar la candidatura presidencial del entonces senador de Renovación Nacional, Sebastián Piñera.

 

Le grabaron una conversación, donde planificaba una fea zancadilla a la también precandidata presidencial de su partido, Evelyn Matthei. El partido también estalló y Otero asumió la presidencia interina. Todos intentaron ocultar que la grabación había sido producto de una operación de inteligencia, hecha en un cuartel del Ejército. También, Otero. El Tribunal de su partido lo castigó con tres años de inhabilidad a cargos directivos.


Todo quedó en el olvido cuando, en 2000, Piñera decidió ser candidato y Otero lo apoyó. Su hija, Fernanda, periodista y militante de RN, ha sido una estrecha colaboradora de imagen y comunicaciones de su campaña, al punto de dirigir el primer coaching de su gabinete. A Fernanda Otero se la daba como carta segura para el Ministerio de la Mujer, pero le jugó en contra ser miembro del Opus Dei. Otro de sus hijos es integrante de la congregación Legionarios de Cristo, bajo la lupa del Vaticano.

 

 

Compartir este post

Comentar este post