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El polvorín

Lluvia de “Decretos de Urgencia” del gobierno de Alan García pretende burlar salvaguardas socioambientales exigidas a corporaciones

2 Febrero 2011 , Escrito por El polvorín Etiquetado en #Politica

 

  

El respaldo del Ministerio del Ambiente del Perú a los cuestionados decretos de urgencia 001-2011 y 002-2011 evidencia que no se trata de dos sino de tres normas inconstitucionales: Decreto de Urgencia (DU) 121-2009 también desregula los Estudios de Impacto Ambiental (EIA).

El Ministro del Ambiente, el aprista Antonio Brack Egg pretende justificar el 001-2011 y el 002-2011 con el 121-2009 pero ello no es más que un retruque, ya que el hecho de que haya una irregularidad no significa que justifique las dos irregularidades siguientes.

 

Antonio Brack Egg apareció el domingo en varios medios televsivos, preguntando socarronamente por que se hace tanta alharaca con los decretos de urgencia que mediatizan las exigencias socioambientales, si ya hay un decreto de urgencia de 2009 que desregula los Estudios de Impacto Ambiental (EIA)... ¿donde han estado esos críticos? preguntó en tono burlesco ... que aparecen en periodo electoral ... remarcó recurriendo a malas artes políticas, olvidando que su función es PROTEGER EL AMBIENTE y PROTEGER LA VIDA, de los impactos nocivos que las empresas extractivas, la minería y las corporaciones generen.

La Constitución establece para la promulgación de los Decretos de Urgencia (DU): que se esté ante una situación excepcional e imprevisible, que no es el caso. En estos momentos, en el Perú se está tratando de gobernar en base a una lluvia de Decretos de Urgencia y poderes legislativos otorgados al Poder Ejecutivo arbitrariamente y no por motivos de fuerza mayor. Además los DU no pueden regular sobre materia ambiental, y deben limitarse a regular solo en cuestiones económicas y financieras.

Los DU también violan otros derechos fundamentales, porque atentan contra el derecho a la consulta de los pueblos indígenas, establecido en el Convenio sobre Pueblos Indígenas Nº 169 de la Organización Internacional del Trabajo.  

Ante la grave situación que plantea la promulgación de los decretos 001-2011 y 002-2011, el IDL y la SPDA exhortaron al Congreso de la República a derogar estos decretos. Si eso no ocurre, le corresponde al Poder Judicial dejarlos sin efecto; o al Tribunal Constitucional, ejercer un proceso de inconstitucionalidad de los mismos.

Respaldo del Minam a Decretos de Urgencia evidencia que existen tres normas inconstitucionales

Mariano Castro, abogado de la Sociedad Peruana de Derecho Ambiental

 

Servindi, 31 de enero, 2011.-  Mariano Castro, abogado de la Sociedad Peruana de Derecho Ambiental (SPDA), señaló que el respaldo del Ministerio del Ambiente (Minam) a los cuestionados decretos de urgencia 001-2011 y 002-2011 evidencia que no se trata de dos sino de tres normas inconstitucionales.

Castro realizó tal afirmación en base a la nota de prensa emitida por el Minam, donde se hace referencia al Decreto de Urgencia (DU) 121-2009 que también desregula los Estudios de Impacto Ambiental (EIA).

“El hecho de que haya una irregularidad no significa que justifique las siguientes”, indicó en la conferencia de prensa organizada hoy por la SPDA y el Instituto de Defensa Legal (IDL).

Asimismo, explicó que los proyectos incluidos en el DU 121-2009 no son los mismos que los que se incluyen en los recientes decretos de urgencia.

Atentan el orden jurídico

                

                                                  Juan Carlos Ruíz Molleda, del Instituto de Defensa Legal (IDL)

 

En la reunión, el IDL y el SPDA coincidieron en señalar que los DU recientemente aprobados son inconstitucionales porque no respetan los requisitos del ordenamiento jurídico y eliminan el derecho a la consulta previa de los pueblos indígenas.

Respecto al primer punto, la Constitución Política establece que los DU no pueden regular sobre materia ambiental, y deben limitarse a regular solo en cuestiones económicas y financieras.

 

Un precedente de ello son tres sentencias del Tribunal Constitucional (TC).

Por ejemplo, en la sentencia del Expediente n° 008-2003- AI/TC, se lee: “Las materias económicas y financieras deben entenderse como el contenido y no el continente, siendo por ello necesario que la atribución del Presidente de la República, se circunscriba a ambos temas (económicos y financieros) en estricto, toda vez que son pocas las cuestiones que, en última instancia, no sean reconducibles hacia el factor económico”.

 

Otros requisitos materiales que establece la Constitución para la promulgación de los DU son: que se esté ante una situación excepcional e imprevisible; cuando exista una urgencia y una necesidad de expedirlo, y en caso exista un interés nacional. No obstante, según Juan Carlos Ruiz, abogado del IDL, ninguno de estos requisitos se cumple.

Convenio 169 en juego

Los DU también violan otros derechos fundamentales, porque atentan contra el derecho a la consulta de los pueblos indígenas, establecido en el Convenio sobre Pueblos Indígenas Nº 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT). En el supuesto de que se considere realizar la consulta previa, ésta no se podrá concretar.

Ello obedece a que antes del proceso de diálogo entre el Estado y los pueblos indígenas, es necesario que se brinde a los segundos toda la información necesaria sobre los posibles impactos de la decisión a adoptarse, a fin de que sobre esta base las comunidades originarias deliberen, evalúen y manifiesten una posición.

En suma, esa norma alienta la inversión pero no compatibiliza con los derechos humanos de las comunidades indígenas, con sus derechos a la tierra, a los recursos naturales, que claramente se están invisibilizando.

Cabe destacar, que los DU no hacen referencia a la central hidroeléctrica de Inambari, porque ésta no se encuentra a cargo de Pro Inversión. Sin embargo, la forma de los DU dan lugar a que un proyecto ingrese a este procedimiento.

Derogación inmediata

Las instituciones SPDA e IDL coincidieron tajantemente en señalar que por todas las implicancias que conllevan las normas cuestionadas, la institucionalidad ambiental se verá debilitada.

Hay una fuerte debilidad de los instrumentos de gestión y cualquier modificación orientada a disminuir las exigencias, la disminuye aún más y le resta credibilidad.

Pone en riesgo además, la descentralización de la gestión ambiental y el aspecto sectorial de la EIA. Cada sector es el encargado de revisar y aprobar los estudios de impacto ambiental vinculados a su área. Sin embargo, no todas las entidades gubernamentales poseen un marco regulatorio adecuado.

Ante la grave situación que plantea la promulgación de los decretos 001-2011 y 002-2011, el IDL y la SPDA exhortaron al Congreso de la República a derogar estos decretos. Si eso no ocurre, le corresponde al Poder Judicial dejarlos sin efecto; o al Tribunal Constitucional, ejercer un proceso de inconstitucionalidad de los mismos.

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En el Perú, ante unas políticas entreguistas, los intereses corporativos no cejan y se crecen. 

El Gobierno emite de nuevo decretos que, para la concesiones a empresas, relajan cautelas y garantías, como las de carácter medioambiental, e ignoran por completo obligaciones contraídas mediante tratados internacionales, como las de respeto de derechos indígenas y consulta a los respectivos pueblos, obligaciones que pueden ser afectadas en algunos de los casos contemplados por dichas nuevas medidas.

http://clavero.derechosindigenas.org/?p=8576

Afectándoles de pleno, en su labor legislativa, el Congreso, aun con minorías resistentes en su seno, va a la zaga de esas mismas políticas. ¿La historia se repite? Esperemos que no por lo que respecta a la impunidad de quienes siguen impulsando el atropello de derechos humanos como lo sean expresamente para las Naciones Unidas los derechos de los pueblos indígenas. El Gobierno reincidente se cubre las espaldas granjeándose actitudes cómplices, como del Tribunal Constitucional, o deferentes, como de la Defensoría del Pueblo, en el interior, y prestando buena cara y oídos sordos a instancias de supervisión del exterior, como  a la Organización Internacional del Trabajo o al Relator Especial de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas.

El Perú y los Derechos en Almoneda

Publicado el 1 Febrero, 2011 http://clavero.derechosindigenas.org/?p=8576

Decreto 001-2011

Decreto 002-2011

Iniciativa congresual frente a los decretos

Interpelación al Relator Anaya sobre la Ley Forestal

Mesa de Trabajo de la Comisión Agraria del Congreso

Pronunciamiento sobre inconstitucionalidad de los decretos (Instituto de Defensa Legal)

Dictamen sobre inconstitucionalidad de los decretos (Justicia Viva)

Declaración en defensa del derecho al ambiente (SPDA, SER, DAR, CSA, FPCN, WWF, CARE)

¿El Perú en Subasta? (Otra Mirada)

Derecho al medio ambiente (J. Mujica)

Matanza de Bagua y decretos ejecutivos (D. Hinojosa, R. Ricco y A. Toasa)

Problemática constitucional de los decretos de urgencia (César Landa)

Tribunal Constitucional, Sentencia Exp. 17-2004 (Magistrados Alva, Landa y otros)

BCS

Bartolomé Clavero

-Catedrático de la Universidad de Sevilla.

Email: clavero@us.es

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