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Los niños de la dictadura uruguaya; El caso de los menores Anatole y Victoria Julien
El ex dictador Gregorio 'Goyo' Álvarez declaró esta semana
En la madrugada del 26 de septiembre de 1976, tropas argentinas apoyadas por un tanque de guerra rodearon una vivienda de la calle Mitre, en San Martín. Se abrieron paso a punta de disparos. Roger Julien escondió a sus dos pequeños, Anatole, de 4 años, y Victoria, de 6, en el baño. La mayor alcanzó a ver cómo su madre era arrastrada hacia la calle. Momentos después, cuando dos policías mujeres se hicieron cargo de los niños, el menor vio a su padre muerto en la vereda y a su madre tirada boca abajo, custodiada por un soldado.
El cuerpo de Roger nunca apareció. Victoria Grisonas fue trasladada junto con sus hijos a Automotores Orletti, donde los comandos uruguayos la torturaron y la castigaron salvajemente. Otros detenidos confirmaron que Victoria fue sacada de Orletti en el baúl de un Ford Falcon. Nunca más se supo de la pareja de esposos.
La historia de los dos niños, sin embargo, dejó un rastró determinante. Y hoy se ha convertido en uno de los casos más emblemáticos del secuestro de menores de edad durante las actividades de complicidad entre las dictaduras de Uruguay y Argentina. Una historia que esta semana volvió a emerger en la opinión pública uruguaya, pues el lunes, la fiscal Adriana Costa llamó a testificar en un juzgado de Montevideo al ex dictador Gregorio “Goyo” Álvarez y al ex canciller Juan Carlos Blanco —ambos condenados ya por otros casos— para que den cuenta de sus responsabilidades en el secuestro de los pequeños.
De Anatole y Victoria se sabe que fueron sacados de Argentina, presuntamente por el Delta del Tigre, que permite un corredor entre Buenos Aires y Montevideo. Una vez en Montevideo, pasaron varias semanas en la planta alta del Servicio de Información de Defensa, en la capital uruguaya. Allí, otros secuestrados políticos escuchaban a los niños jugar en los corredores.
Finalmente, la pareja de hermanos fue enviada a Santiago de Chile, en un vuelo comercial, a finales de noviembre del mismo año. Los acompañó ‘tía Marta’, recordaría después la niña, según relata el semanario uruguayo Brecha.
Entonces Anatole y Victoria fueron adoptados por una pareja de chilenos, que no tenían idea del pasado macabro que rodeaba a los pequeños. Y así hubiera podido quedar la historia, de no ser por la madre de otra desaparecida, quien en 1979 decidió publicar en diarios venezolanos una fotografía de los niños. Justamente en esos días se encontraba en Caracas una chilena que conocía a los niños. Así se pudo identificar a los hijos de Roger Julien.
Desde 1986, la Ley de Caducidad imposibilita a la justicia uruguaya para juzgar crímenes perpetrados por agentes estatales durante la dictadura uruguaya (1973-1985). La misma ley fue refrendada en las urnas por la mayoría de los uruguayos, en 1989 y 2009.
La ley, sin embargo, no incluye los crímenes cometidos contra uruguayos en otros países ni en tránsito hacia Uruguay. Esto ha permitido a jueces y fiscales llevar a juicio a militares y civiles que participaron en secuestros y operaciones internacionales, como la Operación Cóndor, llevada a cabo en concurrencia con agentes de varios países del Cono Sur en contra de militantes de izquierda, durante la década de los setenta y ochenta.
El juicio de estos crímenes ha encontrado un mejor clima político durante estos últimos ocho años de gobierno de centro izquierda del Frente Amplio.
- Redacción Internacional | EL ESPECTADOR DE COLOMBIA
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