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El polvorín

México: Monsanto recibe condena en Texas por venta ilegal de algodón transgénico

17 Julio 2010 , Escrito por El polvorín Etiquetado en #Politica

Servindi, 16 de julio, 2010.-

La Agencia Estadounidense de Protección del Medio Ambiente (EPA), informó que Monsanto, la empresa que intenta legalizar maíz transgénico en México, violó normas de bioseguridad en más de 1700 ocasiones.

La trasnacional de biotecnología establecida en Missouri, Estados Unidos, tendrá que pagar una multa de 2.5 millones de dólares por venta no autorizada de algodón transgénico.

“Esta es la sanción económica más grande desde que se votó la ley de 1947 sobre insecticidas”, informó EPA.

Monsanto distribuyó dos variedades de su algodón genéticamente modificado resistente a insectos -Monsanto Bollgard y Bollgard II- en dos zonas de Texas dónde la EPA había prohibido expresamente esos cultivos entre 2002 y 2007.

Ambas semillas contienen pesticidas genéticamente modificados llamados “protectores integrados a las plantas”, incluyendo la bacteria Bacillus thuringiensis (Bt).

El cultivo de algodón genéticamente modificado para poder producir su propio pesticida está prohibido en diez condados de Texas para evitar que los insectos se vuelvan resistentes, como ocurrió en China, lo que generó graves plagas para los agricultores de algodón y de otros cultivos.

Monsanto con carta blanca en México

Mientras la empresa ya fue demandada en varios países por no respetar las normas de bioseguridad o por casos de corrupción, en México Monsanto es la primera beneficiaria de los permisos de siembra experimental de maíz transgénico.

La empresa representa un verdadero monopolio sobre las semillas transgénicas con más del 90 por ciento del mercado internacional.

“Es muy preocupante que una empresa tan poco confiable esté sembrando maíz transgénico ahora en nuestro país, centro de origen y diversificación de este grano” señaló Aleira Lara, coordinadora de la campaña Transgénicos y Agricultura Sustentable de Greenpeace.

Esta actividad se realiza “sin ningún control verdadero por parte del gobiernoya que el monitoreo se está realizando por las propias empresas basado en un claro conflicto de interés” agregó Lara.

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