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El polvorín

NI UN VOTO A MUJICA (TRAIDOR,MENTIROSO Y SINVERGUENZA-esto lo acota elpolvorin))

31 Octubre 2009 Etiquetado en #Politica

NI UN VOTO A MUJICA

 

 

DIJO PRIMERA DAMA: NOS SALIÓ GRATIS, PRIMÓ LA VIDA 

 

“Nos salió gratis. Vivimos. Hay que mirar hacia delante. En la dictadura uruguaya –reflexiona- a diferencia de la chilena y de la argentina, primó la vida. Allí los mataron a todos”

 

 

En las elecciones últimas los grandes medios de comunicación, en especial la televisión, los politólogos e ideólogos pagos de la gran burguesía, lograron polarizar la campaña entre dos opciones idénticas, haciéndolas aparecer como antagónicas.

De esta manera lograron engañar a la gente que creyó optar entre la derecha y la izquierda, cuando en realidad no tenían opciones diferentes, sino una sola e idéntica. Se trata de un único programa de gobierno impuesto por los organismos internacionales de crédito, como el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional, y que tiene alcance regional.

 

Estas fueron las razones por las cuales no existió el debate entre los candidatos, no hubo propuestas programáticas y los dirigentes y accesotes de campaña intentaron por todos los medios a su alcance evitar las apariciones de los dos principales candidatos, temeroso de que las palabras de uno y otro le restaran votos en lugar de aportarles.

 

Sabemos que los frenteamplistas en este momento siguen a Mujica, diga lo que diga y haga lo que haga, hay un “seguidismo” casi religioso y contra el dogma no se puede hacer nada, por que a cada cosa se le da una explicación divina y quien la discuta, o la niegue estará incurriendo o cometiendo una “herejía”.

 

En cambio tratamos de conversar con aquellos que votaron la Asamblea Popular, y que por tanto lograron romper el “dogma”, es decir nos dirigimos a los “herejes”. A esos mismos que de un día para otro, dejaron de ser unos desconocidos y ahora el Canal 5 y algunos dirigentes del Frente Amplio, les llaman por su nombre y se acuerdan de ellos. Para los grandes medios de comunicación ya no somos “otros”, y nos llaman e invitan a sus programas para “cumplir” y bajar la guardia de nuestros compañeros, tratando de conseguir su voto.

 

Mujica es el principal responsable de que no haya salido el voto por el Si, para anular la ley de caducidad. Primero porque nunca hizo campaña por anular la Ley de Caducidad, teniendo como tuvo todos los canales de televisión a su disposición, durante todo el tiempo que quiso. A Mujica se le pudo ver filosofando como siempre diciendo disparates y mentiras, y hasta dando una señal contraria a la iniciativa de anular la ley de caducidad cuando repetía por todas partes que “el no quería ver a los viejos presos”. En el lenguaje “gambuza” de la cárcel en que habla él, “viejos” son los grados más altos de las Fuerzas Armadas.

Mujica no se refiere por tanto a la edad de esas personas, si no a grados a los mandos.

 

Esta es una de las principales razones por las cuales no hay que darle el voto a Mujica.

Él utilizó el voto de la juventud, sustituyendo la lucha contra el imperialismo y el capitalismo, por la supuesta lucha contra la dictadura, pero no movió un dedo a favor de la papeleta rosada.

El hecho más claro de lo que afirmamos es la evidencia que mientras el Si sufrió una derrota, los dirigentes partidarios que impulsaron el referéndum fueron electos al parlamento.

Piénsese en ese hecho bien concreto, de cómo la campaña por el Si, sirvió una vez más de trampolín electoral a ciertos dirigentes partidarios y sindicales.

 

¿Por qué transitar nuevamente por el camino del engaño?

Si fuimos capaces de romper con el dogma, y comenzar a pensar con cabeza propia, podemos volver a caer en un nuevo engaño.

Un engaño que nuevamente impulsan los politólogos pagos como Botinelli, a quien la OPP le paga un salario de 70 mil pesos por mes diciendo que el 90% de los votantes de la Asamblea Popular van a votar a Mujica.

Si los votantes de la Asamblea Popular, creen esta mentira seguramente serán manipulados e inducidos a seguir lo que afirma Botinelli.

Quienes hayan visto en el día de hoy la entrevista que le hiciera en el Canal 5 la periodista Ana María Mizrahi, a los dirigentes de la Asamblea Popular, Helios Sarthou y Eduardo Rubio, la habrá visto peleando a favor de Mujica y del gobierno, a brazo partido. 

 

Mujica no necesita los pocos votos de la Asamblea Popular para triunfar en la segunda vuelta. En cambio la importancia de dar vuelta el voto de la Asamblea Popular, a favor de Mujica tiene un objetivo destructor, divisionista, totalmente oportunista. Utilizar a la reserva estratégica de la izquierda, y hacerla participe de un nuevo engaño, de una nueva traición. Volver a sacar del camino correcto a la militancia de izquierda, y arrastrarla hasta la “charca” donde ellos hocican.

 

Jamás nunca el Frente Amplio, dilapidó tantos millones de dólares como en esta oportunidad para una campaña electoral, pero pregúntense ¿y donde estuvo el dinero para la campaña por el Si?

El Frente Amplio, dio cuenta, que tenía 3 millones 700 mil dólares de ingresos públicos y privados y preveía gastar 3 millones 626 mil dólares en la campaña.

¿Cuánto de ese dinero se asignó a la campaña por el Si?

No hay que ser ingenuo compañeros, se utilizó el Si, para ganar desde supuestas posiciones antidictatoriales. Cuatro millones de dólares destinados a la campaña electoral, y el voto por el Si pintaba en las paredes de Montevideo, “no tapar que no hay plata”. 

 

Los militantes de la Asamblea Popular no deben caer en la trampa del triunfalismo, la que hace que hoy día muchos arruguen, ni los colorados harán campaña por Lacalle y Mieres dice que va a decir después de las elecciones a quien votó, seguramente habrá sido al que gane.

 

Ante la proximidad del casi seguro triunfo del Frente Amplio en noviembre, no solo habla el Presidenciable, sino que también lo primera dama. Esta vez para un medio internacional, el derechista diario madrileño ABC:

«En esta América Latina tan sui géneris, mi marido Pepe encaja»

Es la candidata a senadora más votada, puede llegar a ser, aunque rechace la distinción, la primera dama y se ha convertido en la tercera en la línea de sucesión de la Presidencia en Uruguay.

 

Es la candidata a senadora más votada, puede llegar a ser, aunque rechace la distinción, la primera dama y se ha convertido en la tercera en la línea de sucesión de la Presidencia en Uruguay como futura presidenta del Senado.

También fue la guerrillera más combativa del Movimiento de Liberación Nacional Tupamaros (MLN-T) y estuvo trece años en la cárcel. La gente la conoce como Lucía, «mi apellido, Topolansky, es demasiado complicado».

Tiene 65 años y cogió un fusil con poco más de 20.

La detuvieron dos veces, una se fugó de la cárcel, «por el alcantarillado, con otras 48 mujeres», recuerda.

La otra, no lo logró. En ella pasó la mayor parte de su juventud «aunque me condenaron a 45 años cumplí trece. Mientras, Pepe estaba de rehén de la dictadura». Pepe es José Mujica, el hombre con más probabilidades de ser el próximo presidente de Uruguay y al que ella, por su cargo en el Senado, le tomaría juramento en la ceremonia de investidura si triunfa en la segunda vuelta como indican los sondeos. «Será la primera vez en la historia que suceda algo así».

 

El día que ella y su marido salieron libres, gracias a la amnistía de 1985, se fueron directos a «ordenar el avispero del partido porque cada cual estaba por su lado», insiste. El reencuentro de la pareja -se conocieron en 1967- tuvo más de actividad política que amorosa aunque «el día tiene 24 horas y siempre hay tiempo para todo pero cuando estás en la lucha por una causa, estás a lo que estás».

En Montevideo, en la sede del Movimiento de Participación Popular, partido del que es fundadora, Lucía Topolansky Saavedra hace memoria de aquellos años de plomo y fuego.

«No puedo contestar si me arrepiento o si no lo volvería a hacer. Sería irreal imaginar una situación repetida. Nosotros fuimos el resultado de un contexto histórico, somos productos de ese momento. La mayoría teníamos 22 años pero la duda, en el acierto y en el error, siempre te acompaña».

 

«Fue una venganza»

Los guerrilleros tupamaros estaban desarticulados antes del golpe de Estado del 73. Entonces, los atentados, secuestros y atracos a bancos formaban parte del pasado. «Yo era una presa común. Me condenaron por denunciar los fraudes del banco Monti, en el que trabajaba, no por guerrillera. Fue una venganza».

Ahora, cuando la historia ya es memoria, considera que el pasado «nos salió gratis. Vivimos. Hay que mirar hacia delante. En la dictadura uruguaya, reflexiona, a diferencia de la chilena y de la argentina, primó la vida. Allí los mataron a todos».

Reconoce que «era imposible imaginar a Pepe como presidente. Toda América Latina está teniendo situaciones tan sui géneris. No se podía pensar que Brasil tuviera un obrero metalúrgico, Bolivia un aymara, Chile y Argentina, dos mujeres, Venezuela un militar como Chávez, Ecuador un economista raro y Paraguay un obispo... tan especial. En ese mapa Pepe encaja».

 

Hoy viernes 30 de octubre Colombia y Estados Unidos firmaron un acuerdo militar. El gobierno explicó a presidentes del senado y Cámara y de las comisiones de Relaciones Exteriores, las razones por las que considera que no debe pasar por el Poder Legislativo para su ratificación.

 

“El acuerdo militar con Estados Unidos fue puesto en vigencia inmediatamente”, dijo este viernes el ministro de Relaciones Exteriores, Jaime Bermúdez, después de la firma en la base de Catam, en Bogotá, del acuerdo de cooperación entre Colombia y Estados Unidos que permitirá que soldados estadounidenses utilicen por lo menos siete bases militares nacionales.

En una sobria reunión firmaron el documento el embajador de Estados Unidos, William Brownfield; y los ministros del Interior y de Justicia, Fabio Valencia; de relaciones Exteriores, Jaime Bermúdez, y de Defensa, Gabriel Silva.

Las bases que podrán utilizar militares y civiles estadounidenses son la del Ejército de Larandia, Caquetá; y la de Tolemaida, Cundinamarca, las bases aéreas de Malambo, Atlántico; Palanquero, Cundinamarca y Apiay Meta, así como en las navales de Cartagena y Málaga en el Pacífico.

 

En declaraciones a radio Caracol, el ministro Bermúdez explicó que el documento surtirá en el Congreso de Estados  Unidos un trámite similar al del colombiano, “de información”.

“Es lo mismo que hemos hecho aquí, que es reunirnos con las comisiones y en el Congreso y entregar la información como lo haremos la próxima semana, pero no es porque la Constitución lo exija”, aseveró Bermúdez.

Sobre las críticas al acuerdo, respondió: “Nuestra posición es muy clara, es que el alcance es territorio colombiano. Colombia ha sufrido mucho por narcotráfico y terrorismo y necesita mucha ayuda y por esto queremos tener cooperación con todos los países de la región. Vamos a continuar en la tarea de mantener las mejores relaciones con los países”.

Acerca de la falta de información,  dijo el Canciller que “sí se van a dar a conocer los textos del acuerdo y de hecho hemos estado en el Congreso y en audiencia pública, abierto al debate, y estamos dispuestos a asistir al Congreso. La semana entrante llegará el texto al Congreso y seguramente la opinión pública lo conocerá”.


Ante la consulta al Consejo de Estado, el Canciller indicó que “no hay imprecisión jurídica, estamos claros en ese tema, la necesidad de ir al Consejo de Estado es para escucharlo en un concepto que no es vinculante”.

“En efecto emitió su opinión y consultamos porque la Constitución dice que es consultivo. Trece de sus miembros dieron su opinión, 3 con su aclaración y otros 10 otro concepto. Lo hemos analizado y frente a que pase por el Congreso no lo creemos, porque no hay tránsito de tropa, no son tropas como tal con carácter ofensivo, no vienen a combatir, sino a brindar asistencia”, agregó.

También informó que en la actualidad hay 71 miembros de manera permanente y que el número  aumentaría a unos 200.

“La ley de EEUU que aprobó el Plan Colombia dice que máximo pueden estar 800 personas y 600 contratistas y hay 71 miembros del personal militar de manera permanente y sumando a los que están de manera temporal son 210 y hay alrededor de 400 contratistas en promedio mensual. Con el acuerdo no buscamos que se aumente el personal, necesitamos es cooperación técnica más eficaz y no es que vayamos a ver aviones norteamericanos llenos de tropas, eso no lo vamos a ver. Ese número lo podemos ver aumentar o incluso reducirse”, agregó Bermúdez.

 

Del tema de la inmunidad explicó que se seguirá lo acordado en 1961, aunque se introdujeron nuevos elementos: que las autoridades colombianas puedan avanzar en investigaciones y participar en las mismas o que se levante la inmunidad en ciertos casos y que no va a haber inmunidad a contratistas, solo a personal civil o militar acreditado.

Y en el uso de las comunicaciones, explicó que el acuerdo establece que las decisiones recaen en autoridades colombianas, cuando sea necesario permitir a Estados Unidos el uso de los canales privados.
Por último, reiteró que “el alcance de este acuerdo es territorial para Colombia y combatir el narcotráfico y el terrorismo en Colombia. Lo que queremos es tener los mejores mecanismos y relaciones con los países en la región y que ojalá sea así con todos los países”.

De Venezuela  pidió que se establezca la responsabilidad de los asesinatos de los colombianos, “queremos tener claridad frente a las investigaciones”.

Y de Ecuador pidió “prudencia, tenemos que ser cuidadosos y vamos a tener una reunión en Ibarra el martes para las relaciones. Hay temas sensibles como la investigación del juez, en el cual no aceptamos jurisdicción extraterritorial”.

El Gobierno de Colombia considera que el acuerdo militar con Estados Unidos podía ser firmado sin la aprobación del Congreso de la República, por cuanto no contempla el paso de tropas extranjeras con finalidad ofensiva por el territorio nacional.

El presidente de la Cámara, Édgar Gómez, declaró que el Ejecutivo considera que “el acuerdo no afecta la neutralidad del Estado, no implica el tránsito de tropas extranjeras, no contempla el paso de personal militar con finalidad ofensiva”.

“El Gobierno ha sido amplio en la exposición y nos ha hecho ver de manera clara que no hay tránsito de tropas extranjeras con fines ofensivos hacia otras naciones, que simplemente es la continuación de acuerdos bilaterales y multilaterales existentes que conllevan una reglamentación sobre la asistencia técnica”, dijo Gómez.

“Es la ampliación de un acuerdo ya existente”, sostuvo el residente de la comisión de asuntos exteriores de la Cámara, Manuel Vives.
El embajador estadounidense en Colombia, William Brownfield, dijo que la Casa Blanca tiene la obligación legal de enviar a los comités de relaciones internacionales del Senado y la Cámara de Representantes todo acuerdo ejecutivo que suscriba con otros países.

“De acuerdo con nuestro proceso y nuestras reglas, después de firmar un acuerdo ejecutivo, tenemos la obligación de pasar el texto al Congreso de los Estados Unidos y específicamente a los dos comités de relaciones internacionales del Senado y de la Cámara de Representantes”, aseguró.

Brownfield reafirmó que las acciones o misiones que las tropas estadounidenses puedan realizar en virtud de este documento militar no suponen una amenaza a la soberanía de otros países, por cuanto se trata “exclusivamente de colaboración bilateral entre Colombia y Estados Unidos”.

La secretaria de Estado de Estados Unidos, Hillary Clinton, lo garantizó así en la carta que envió a cada uno de sus doce colegas de la Unión de Naciones Suramericanas (Unasur), con motivo de la reciente reunión que mantuvieron en Bariloche, Argentina, el pasado 28 de agosto, recordó William Brownfield.

 

Recientemente en una entrevista con un medio colombiano radio W, José Mujica dijo, que cree en la libre determinación de los pueblos y por tanto respeta los acuerdos de todo tipo que efectúen con terceros, al referirse, al acuerdo de “cooperación” militar entre Colombia y Estados Unidos o sea de la instalación de siete bases militares norteamericanas en ese país, del cual dijo que “es posible que las necesidades internas de Colombia, lo tengan justificado”. Posteriormente, explicó que visto desde afuera ese acuerdo “complica, pero no por Colombia”, sino por el poderío militar de Estados Unidos. La afirmación del presidenciable, ex guerrillero confronta con la opinión mayoritaria en la región, que consideran el hecho como una agresión al continente latinoamericano, violando su soberanía.

 

El convenio ha generado duras críticas y tensiones con varios países sudamericanos, encabezados por Venezuela.

Mientras los firmantes aseguran que se trata de un acuerdo para combatir el narcotráfico y el “terrorismo” dentro de las fronteras de Colombia, Caracas insiste en que todo forma parte de una ofensiva contra el gobierno izquierdista del presidente Hugo Chávez.

La profesora Arlene Tickner, de la Universidad de los Andes, cree que la firma del convenio militar “es preocupante”.

“Regionalmente, el acuerdo seguirá siendo un combustible para el deterioro de las relaciones de Colombia con algunas de sus contrapartes en la región”, le comentó Tickner a BBC Mundo.

 

La firma, que amplía un acuerdo suscrito hace diez años y que dio origen a la estrategia antidrogas conocida como Plan Colombia, ocurrió al término de una semana en la que las relaciones entre Bogotá y Caracas volvieron a deteriorarse.

El nuevo acuerdo permitirá la presencia de hasta 800 militares de Estados Unidos, además de contratistas civiles, que podrán utilizar siete bases aéreas y navales colombianas, en las que Washington hará inversiones e instalará equipos militares y de inteligencia.

El pacto implica que desde Colombia se desarrollarán varias de las operaciones antinarcóticos que antes se hacían en la base militar de Manta, en Ecuador, que hasta hace poco operaba Estados Unidos.

Para Uribe, el acuerdo es para luchar contra el narcotráfico y el “terrorismo” dentro de Colombia.

 

El analista militar Armando Borrero le dijo a BBC Mundo que “se trata de un acuerdo que, por un lado, ha significado un alto costo para Colombia –por los reparos de los vecinos, pero que, por otro, implica una ganancia en seguridad nacional, en términos de capacidad disuasiva”.

“Colombia gana porque no tiene que meterse a una carrera armamentista como la que hay en la región”, añadió Borrero, ex consejero presidencial para la defensa y la seguridad nacional.

Según el experto, en vista de que el Consejo de Defensa Suramericano “es débil e incapaz de garantizar una seguridad colectiva”, Colombia “tiene que suscribir este acuerdo con Estados Unidos”.

 

Pero otros observadores tienen serios cuestionamientos, como el senador Jorge Enrique Robledo, del opositor Polo Democrático Alternativo (PDA).

En diálogo con BBC Mundo, Robledo subrayó que el pacto “es una de las peores decisiones en la historia de Colombia, porque viola de manera gravísima la soberanía nacional y convierte al país en un peón de la estrategia estadounidense para controlar el mundo”.

“Este acuerdo es una amenaza para el resto del continente y es increíble que, cuando comienza a celebrarse el segundo centenario de la independencia de España, el regalo de Álvaro Uribe sea poner bases gringas en el país”, declaró Robledo.

La analista internacional Sandra Borda cree que ahora hay un obstáculo inesperado, pues “el convenio se comenzó a negociar en la administración Bush y ahora los demócratas dominan el Congreso estadounidense”.

“El panorama político hoy es diferente y no será tan fácil la aprobación en Washington, como se lo están imaginando en el gobierno colombiano”, le dijo Borda a BBC Mundo.

 

Las afirmaciones de Brownfield se produjeron después de que el gobierno de Uribe adelantara que el acuerdo no será sometido a la aprobación del Congreso de Colombia, como lo recomendó el Consejo de Estado.

La senadora Cecilia López, del Partido Liberal, declaró que “esa es una ofensa que el presidente Uribe le hace al Congreso” y se quejó de que los militares de Estados Unidos sigan amparados por “inmunidad diplomática” si cometen delitos en territorio colombiano.

“La inmunidad también es una ofensa para las mujeres colombianas que han sido violadas por militares norteamericanos”, añadió López.

 

MUJICA DICE SOBRE LAS BASES MILITARES:

“ES POSIBLE QUE LAS NECESIDADES INTERNAS DE COLOMBIA, LO TENGAN JUSTIFICADO”.

 

Y SU ESPOSA LUCÍA SOBRE LA GUERRA:

“Nos salió gratis. Vivimos. Hay que mirar hacia delante. En la dictadura uruguaya, -reflexiona- a diferencia de la chilena y de la argentina, primó la vida. Allí los mataron a todos”.

 

MUJICA: NO HAY NADA QUE JUSTIFIQUE LA PRESENCIA DE TROPAS DE OCUPACIÓN EXTRANJERAS EN OTRA NACIÓN SOBERANA.

 

LUCÍA: NO NOS SALIÓ GRATIS. HAY MÁS DE SEISCIENTOS COMPAÑEROS MUERTOS SEÑORA. USTED VIVE, PERO HAY OTROS QUE NO. NO ES CIERTO QUE EN LA DICTADURA URUGUAYA HAYA PRIMADO LA VIDA, POR ESO LA LUCHA POR ANULAR LA LEY DE CADUCIDAD.

 

¡LOS QUE ESTÁN MUERTOS EN VIDA, HACE MUCHO RATO, SON USTEDES!

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