Organismos internacionales operan impunemente bajo el esquema de INMUNIDAD DIPLOMATICA y burlan a la Contraloría
A través de este sistema se malversado unos 2,000 mil millones de dólares en los últimos dos o tres años.
Contralor General de la Republica Fuad Khoury recordó que cada vez que se solicita información a estas organizaciones internacionales se obtiene una respuesta negativa amparada en la inmunidad diplomática.
Nuevos escándalos que involucra a Gobiernos Regionales ha servido de marco para que el contralor Fuad Khoury haga sentir su voz y exija al Congreso que acelere la aprobación del proyecto de ley que presentó para que se autorice a la Contraloría la realización de auditorías a los fondos públicos que administran o que se invierten a través de cuestionados organismos internacionales.
En la Región Ancash el gobierno corrupto de Cesar Álvarez utilizando esta artimaña de recurrir a los organismos internacionales que operan impunemente bajo el esquema de INMUNIDAD DIPLOMATICA desde el primer año de su administración prácticamente ha desfalcado los fondos económicos de todos los ancashinos realizando los amañados procesos de licitación a través de la cuestionada “OEI”, que cuando fue investigada por el Ministerio Público se acogieron a su supuesta inmunidad internacional exentos de toda investigación.
Ante la denuncia difundida en el noticiero Cuarto Poder, el domingo último, sobre la sobre valoración en la adquisición de equipos para el hospital La Caleta de Chimbote, el contralor dijo que, lamentablemente, no puede auditar la obra porque esta ha sido realizada usando ese mañoso sistema.
Khoury recordó que cada vez que se solicita información a estas organizaciones internacionales se obtiene una respuesta negativa amparada en la inmunidad diplomática. “Se trata principalmente de dos entidades, la Organización de Estados Iberoamericanos (OEI) y la Organización Internacional para las Migraciones (OIM)”, enfatizó el Contralor General de la Republica.
El contralor informó que se ha detectado que no hay relación entre los contratos que suscriben las instituciones del Estado con la especialidad de estas entidades internacionales. Citó el caso de organizaciones especializadas en migraciones (OIM) y educación (OEI) que asumen dolosamente la administración de obras de infraestructura vial.
Asimismo, recordó que a través de este sistema se han administrado unos 5,000 mil millones de soles en los últimos dos o tres años, y que este monto no puede ser auditado.
Khoury reveló también que entre las principales entidades públicas que han recurrido a este oscuro y perverso mecanismo destacan el Gobierno Regional de Áncash y la Municipalidad de Lima.
“Necesitamos que el Congreso agilice la aprobación del proyecto 3976, que está en la Comisión de Fiscalización. Es necesario porque se trata de fondos públicos que deben ser auditados”, ahora corresponde a los congresistas especialmente de Ancash que al final de su mandato dicten estas normas.
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La Cancillería se contradice sobre las entidades foráneas
En 2008 dijo que no tenían inmunidad diplomática, pero al año siguiente indicó que sí. El Contralor Fuad Khoury afectado por falta de decisión.
Es lo que espera contralor Fuad Khoury para ponerle acelerador a la lucha anticorrupción. (USI)
Por Daniel Yovera
La Cancillería de la República parece no tener una posición coherente sobre la naturaleza de los organismos internacionales que manejan licitaciones por encargo de varias entidades del Estado, y ello afecta el trabajo de fiscalización que efectúa la Contraloría General de la República.
En diálogo con Perú.21, el contralor Fuad Khoury reveló que el despacho del ministro de Relaciones Exteriores, José García Belaunde, tuvo en los años 2008 y 2009 dos opiniones radicalmente distintas sobre la polémica “inmunidad diplomática” de la que gozan dichos entes foráneos.
“Cuando estábamos en pleno Plan Cóndor 1, le pedimos a la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) y a la Organización Internacional para la Educación (OEI) información (referida a licitaciones en la región Áncash), y respondieron a través de la Cancillería; esta, a su vez, se refirió a los convenios de inmunidades y privilegios y citó las convenciones de Ginebra”, recordó.
En efecto, Khoury alcanzó documentos a este diario que así lo acreditaban. Ante el pedido de la Contraloría para acceder a esa información, el 7 de octubre de 2009, la directora general de Asuntos Legales de la Cancillería respondió con el Oficio Nº 2-6/125, en el que prácticamente blindaba a los organismos internacionales.
BLINDAJE. “Resulta pertinente señalar que la OEI es una organización internacional regida por las normas del Derecho Internacional Público. El estatus de dicha organización en el Perú y la de sus funcionarios está enmarcado en el Acuerdo de Sede que suscribió con el Gobierno peruano con fecha 27 de diciembre de 1978 (y), según el mencionado acuerdo, dicha organización internacional, sus funcionarios y sus bienes gozan en el Perú de inmunidad de jurisdicción, así como la inviolabilidad de sus archivos y documentación”. Mejor blindaje, imposible.
Allí no quedó la cosa. En el mismo periodo, la Contraloría le solicitó a la Municipalidad de Lima información sobre cuatro obras: tres ejecutadas en el marco de convenios con la OIM y una con la UNOPS (Oficina de Proyectos de las Naciones Unidas).
La respuesta de la gestión de Luis Castañeda fue: “La información requerida… corresponde ser atendida por los organismos que administraron directamente dichas obras”. Pero la Contraloría ya sabía lo que le iba a decir Relaciones Exteriores.
DOBLE DISCURSO. Esto resulta del todo confuso pues, en el año 2008, la Cancillería había manifestado una posición diametralmente opuesta. Fue a través de un oficio enviado el 28 de octubre de 2008 por el propio canciller García Belaunde a la Comisión de Fiscalización del Congreso, en donde dijo claramente que “si bien se utiliza en la denominación del convenio el término internacional, la naturaleza del instrumento en cuestión es la de un acuerdo interinstitucional que se inscribe dentro de las competencias de las entidades involucradas en el mismo”.
¿Cuál de las dos posiciones vale? Mientras la Cancillería no decida eso, la Contraloría seguirá teniendo problemas para poder fiscalizar, por fin, esos millonarios fondos.
¿Sabía usted que la Organización Internacional para las Migraciones OIM es la entidad que se encarga de administrar las obras de infraestructura de Lima capital? ¿Y sabía usted que por dicha gestión se ha embolsicado por comisiones 18 millones de soles? Pero no solo es eso ¿sabía usted que las obras "administradas" por la OIM han tenido, todas sin excepción, incrementos de hasta 100% sobre el monto original? esta situación ¿es o no es un grave indicio de corrupción? Para funcionarios de la Contraloría y para el Congresista José Maslucán está claro que estos hechos deben investigarse, más aún cuando el desperdicio de recursos en Lima está a la orden del día. Y en ese sentido está muy bien la nota de Perú 21 sobre este particular que es de donde hemos sacado los datos que referimos.  |
Lima, luego de 7 años, siete años de gestión de Luis Castañeda Lossio sigue siendo una ciudad caótica. Luego de siete años, el doctor Castañeda Lossio no rinde cuentas, no se ha hecho cargo de su responsabilidad como presidente regional de la ciudad de Lima y por ende no ha tomado el control del sector Salud y Educación. En lugar de cumplir con su obligación ha priorizado un negocio privado que bajo el maquillaje de asociación pública privada pretende venderse como un gran servicio a la salud de la comunidad limeña como son los hospitales de la Solidaridad.
Lima, en siete años, ha podido tener un Metro funcionando. En lugar de ello ha perdido espacios públicos, se han lotizado parques de acceso gratuito y convertido en negocios privados como el Parque de la Exposición, el trabajo infantil y la prostitución abarca más áreas en Lima, y la contaminación visual, auditiva y ambiental ha empeorado.
Y a todo ello el sobredimensionamiento en las obras de Castañeda Lossio. Obras simples como el intercambio víal de Villa El Salvador pasaron a costar de 13 millones de soles a 20 millones o la inútil Vía Expresa que se luce vacía en medio del caos del tránsito en la ciudad. Esa "obra" pasó a costar de 38 millones la inmensa cantidad de 140 millones de soles, con lo cual el sobredimensionamiento de Gambetta se queda chico, por impacto y extensión.
Pero faltan más cosas por investigar. De muy buena fuente sabemos que Luis Castañeda Lossio ha contratado a expertos en administración pública para que "ordenen" sus archivos y así pueda enfrentar, con artificios, a los experimentados funcionarios de la Contraloría.
Esperamos, finalmente, que el señor Fuad Khoury no siga haciendo ni permitiendo cambios en la Contraloría. Es otro tema, pero estaremos atentos.
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