Overblog
Seguir este blog
Edit post Administration Create my blog
El polvorín

Panamá: Testimonio desgarrador de lo ocurrido en la Cárcel de Menores

22 Enero 2011 , Escrito por El polvorín Etiquetado en #Politica

Piqueteo martes 25 de enero 9:00 a.m. Salón Azul Asamblea de Diputados, Código Minero. Miércoles 26 de enero, Corte Suprema de Justicia contra Ley 74. Marcha: 27 de enero, 4:00 p.m., Parque Porras.
Frenadeso | Para Kaos en la Red | Hoy

El jurista Carlos Herrera Morán es el Presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Colegio Nacional de Abogados y representante legal de los familiares de las víctimas del Centro de Cumplimiento de Menores con sede en Tocumen, ciudad de Panamá.

Invitado por la Coordinadora de Lucha por el Respeto a la Vida y Dignidad del Pueblo, ofreció el pasado 20 de enero un dramático informe sobre los hechos ocurridos ese trágico domingo del 9 de enero.

Escuelas del Crimen

El Estado debe proporcionar especial atención a los niños y jóvenes.  El régimen penitenciario debe ser especial y distinto al de los adultos (Artículo 29 de la Constitución Nacional).  Esto está lejos de cumplirse en Panamá.  Los centros de cumplimientos son verdaderas escuelas de crimen.  El Estado panameño incumple pactos y tratados suscritos internacionalmente.

El Centro de Cumplimiento de Tocumen está construido y diseñado para albergar a 45 jóvenes , sin embargo, el 9 de enero, cuando se dieron los actos de barbarie, habían 180 menores recluidos.

La ley establece que se le debe garantizar a los internos las necesidades básica: alimentación, agua, asistencia médica, régimen de visitas, actividades educativas, culturales y de recreación.  El 9 de enero los menores tenían 15 días sin agua y casi 24 horas sin comer.  El agua que llegaba estaba sucia, producto de la crisis de la falta de agua potable que vive la ciudad, no servía ni para beber ni para asearse.

Los jóvenes viven encerrados en una pequeña celda con un candado y sin ventilación.  No hay un lugar especial dedicado a la ingesta de alimentos.    Comen allí mismo, dentro de la celda, en el piso, donde también duermen y hacen sus necesidades.

Los Centros de Resocialización de Menores, comparativamente están peor que las cárceles de los adultos.  No pueden a salir al patio, no tienen área de recreación, de estudio o de cultura.  No tienen acceso a una biblioteca.  Ese día 9 de enero sólo habían tres custodios para 180 detenidos, con ese número inadecuado es imposible salir al patio pues no se puede mantener la vigilancia.  Están en estado de ociosidad permanente, que es lo más perjudicial para una persona privada de su libertad, pues comienzan a pensar en otras cosas, generalmente en planes de fuga.

No hay programas para atender a jóvenes con problemas de fármacodependencia, muchachos embrutecidos por la droga o el alcohol no cuentan con expertos que los ayuden o tratamientos para desintoxicarse, lo cual genera casos de ansiedad, agresividad y violencia. En una misma celda se encuentran homicidas con otros jóvenes presos por delitos menores.

Lo ocurrido ese 9 de enero fue la crónica de una muerte anunciada.  Fue el colapso de la justicia penal juvenil.  Hay que reformular y reestructurar el sistema.  Hay que demoler ese Centro de Cumplimiento de Menores, monumento a la monstruosidad policial y a la injusticia.

Los hechos

El domingo 9 de enero, luego de 15 días sin agua y 24 horas sin comer, los reclusos deciden hacer una protesta, se rebelan, unos se suman y otros se abstienen.

Hacen en el pasillo una fogata controlada con papel periódico.  La Directora del Centro, Iris Cedeño, pide ayuda a la Policía.  Llegan agentes de distintos cuarteles.  Disparan perdigones a mansalva.  32 detenidos resultan heridos en sus rostros, testículos y otras partes del cuerpo.  Los bomberos sofocan el fuego.

Paradójicamente, los siete menores que resultan quemados deciden no participar de la protesta por temor a las represalias.  Algunos salían libres el domingo siguiente.  Se encierran en una celda.

En un segundo momento de la protesta, la policía toma la decisión de lanzar bombas lacrimógenas dentro de la celda donde se encuentran los menores.  Se incendian los colchones.  Los menores piden ayuda, gritan agua.  La policía se burla y el subteniente Ernesto Blake les grita ¡Muéranse!

La policía no permite a los bomberos sofocar el fuego que dentro de la celda superó los mil grados centígrados.

Los jóvenes inhalaron esos calores, ese humo, esos gases lacrimógenos, por eso sus pulmones y órganos internos quedaron seriamente comprometidos.  Algunos recibieron quemaduras hasta en el 96% de su cuerpo

Cuando se abre la celda, seis los menores salen caminando por sus propios medios, irreconocibles, cual zombies, con graves quemaduras en su cuerpo.  El pellejo les cuelga.  Hay fotos espeluznantes.  Los convirtieron en antorchas humanas.  Al salir, los policías les entran a palos.

Uno de ellos, el segundo que muere, Benjamín Mojica, no puede salir por la extrema gravedad de las quemaduras recibidas.  Su cuerpo yace en el suelo.  La policía obliga a los otros quemados a que, pese a la seriedad de sus lesiones, retiren el cuerpo de Mójica.

Encubrimiento

Luis Ortega es el Sub Comisionado de la Policía de Panamá Metro Este con sede en Tocumen.  Estuvo presente en el sitio el día de los hechos.  Por ser el oficial de más alto rango es el responsable de todo lo acontecido por el principio de obediencia debida.  Sin embargo, su nombre no aparece en el listado de los agentes policiales que estuvieron ese 9 de enero en el Centro de Cumplimiento de Menores, enviado por la Policía.  Ha sido trasladado a cumplir labores administrativas.

Gustavo Pérez, Director de la Policía, tiene antecedentes en encubrimiento y falsificación o contaminación de pruebas para proteger a los suyos.  Para ello cuenta con el apoyo de un grupo de asesores legales y técnicos que alteran informes y modifican las escenas del crimen.

Se están enviando mensajes de chat a blakberrys y por otras vías de parte de la policía para justificar esta atrocidad.

Dijo Herrera Morán: “En esta causa nosotros no estamos defendiendo ni a criminales ni a maleantes.  Nosotros estamos defendiendo derechos fundamentales en una sociedad democrática, el derecho a la vida y los derechos humanos, y a quien se le viole esos derechos, sea un menor infractor, nosotros tenemos que salir en defensa de esas garantías constitucionales”

El Ministerio Público sólo ha formulado cargos contra dos agentes rasos que lanzaron las bombas lacrimógenas por los delitos contra la vida y la integridad física, pero en verdad, aparte de ello, existe  toda otra serie de delitos cometidos, por lo que se exige la detención preventiva e inmediata de los policías que actuaron ese día, que son al menos 46, para quienes ni siquiera se puede invocar en su favor la criminal Ley 74.

Ernesto Blake, subteniente de la policía y encargado del área perimetral, se le acusa de ser uno de los principales responsables de haber llevado a la hoguera a estos jóvenes.  Es su voz la que se escucha burlándose de los menores y gritándoles que se mueran.

Ricardo Martinelli es en extremo tolerante frente a los abusos policiales.  Sólo en los últimos tiempo ha indultado a 125 policías, algunos de ellos condenados o procesados por homicidios, en abierta violación a las disposiciones legales existentes sobre esta materia.

Sufrimiento de los familiares

En el Hospital Santo Tomás se viven momentos de sumo dolor y sufrimiento.  Uno a uno han ido falleciendo los menores, luego de larga agonía.  Ya son cuatro y ojalá no sean más.

Hasta hace poco, unidades de la policía se mantenían fuertemente armados dentro del cuarto de cuidados intensivos donde se encuentran los sobrevivientes.  Algunos de ellos, cuando aún sedados logran abrir sus ojos, ven frente a ellos la imagen de sus verdugos.

El primero de los sobrevivientes que logró hablar le dijo a su madre: “Mamá me estoy quemando y los policías están burlándose”.  La buena noticia: es el primero que se le ha podido quitar el respirador artificial.

Los familiares piden Justicia y han creado el Comité de Víctimas del 9 de Enero.

Demanda de Inconstitucionalidad

Para este miércoles 26 de enero se tiene programada la presentación de una demanda de inconstitucionalidad contra la Ley 74 que da impunidad a los policías asesinos.

En contradicción con los acuerdos de la mesa tripartita que derogó la Ley 30 o Ley Chorizo, Ricardo Martinelli decidió mantener este ingrediente de la mencionada aberración jurídica.

Además, ahora resulta que la Dirección de Investigación Judicial (DIJ) que pertenece a la policía es la que investigará a los agentes policiales envueltos en el crimen de lesa humanidad cometido en el Centro de Cumplimiento de Menores, es decir es juez y parte.  Uno de los responsables de estas investigaciones será nada menos que Didier Degracia, uno de los carniceros de la Masacre de Bocas del Toro, junto a José Raúl Mulino y Gustavo Pérez.

Todo esto no es casual, al igual que Noriega, Martinelli sabe que al final para cumplir sus planes de perpetuarse en el poder la única fuerza que lo apoyará será la institución armada. 

Proceso de Remilitarización

El creciente proceso de remilitarización fue denunciado por el Licenciado Herrera Morán en su vibrante intervención.

El Servicio Aeronaval y el Servicio Nacional de Fronteras (SENAFRON) violan la Constitución Nacional. 

Herrera Morán recordó que fueron agentes de SENAFRON los que masacraron al pueblo de Changuinola y rodearon el Hotel Soloy en momentos en que se celebraba un Encuentro Nacional de Dirigentes de FRENADESO.

Testimonio desgarrador

El testimonio desgarrador del Licenciado Carlos Herrera Morán, Presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Colegio Nacional de Abogados y abogado de los familiares de las víctimas, que seguidamente ofrecemos, nos narra lo ocurrido este trágico 9 de enero de 2011.

El hecho ocurrió el Día que conmemorábamos la Gesta Heroica de Enero de 1964, cuando los estudiantes y el pueblo fueron acribillados por la soldadesca norteamericana acantonada en la ex Zona del Canal de Panamá, y en momentos en que el pueblo panameño sufre aún el trauma que a la conciencia nacional causó la Masacre de Bocas del Toro, con su saldo de diez muertos (cinco de ellos niños), más de 700 heridos (70 ciegos total o parcialmente) y cientos de detenidos.

Esta es una denuncia al mundo y un grito de justicia frente al régimen tiránico de Ricardo Martinelli y su permanente violación a los más elementales derechos humanos y las garantías fundamentales de los panameños, dentro de sus planes por perpetuarse en el poder.

http://www.frenadesonoticias.org

 

Notas anteriores

Infierno en una Cárcel de Menores en Panamá (vea documental de denuncia al MUNDO)

Panamá:¡Urgente! Horror en Centro de “Rehabilitación” de Menores

Compartir este post

Comentar este post