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El polvorín

Paraguay: Lugo sigue traicionando a la gente que lo eligió

1 Julio 2010 , Escrito por El polvorín Etiquetado en #Politica

Orlando Castillo Caballero

Desterrar una cultura militarizada en una sociedad construída en los últimos años sobre la base del miedo y el terror no es tarea de uno o dos años, sino lleva consigo un recambio generacional que debe construirse sobre el cimiento de la memoria, por lo tanto trae aparejado el compromiso de un construcción democrática de ciudadanía futura.

La militarizada sociedad paraguaya, buscaba una alternativa de salida a la larga noche de opresión y de injusticia que vive, que luego de la dictadura militar de Alfredo Stroessner siguió y sigue operando en las instituciones públicas del país, y se respira dentro de las relaciones sociales.

En busca de la salida a esa letanía, el 20 de abril del 2008, un pueblo cansado de una lógica antagónica, que lo llevó a ser olvidado en el baúl de la injusticia, se movilizó y acudió a la cita de las democracias formales electoralistas, eligiendo lo que muchos consideraban un cambio, pero que hoy nuevamente demuestra, que alternancia nunca fue ni será sinónimo de cambio, aunque el discurso venga vestido con sotana…

Es que las sotanas siempre esconden unas botas, y el presidente Lugo desde el momento de la asunción de su cargo, ha dejado claro, que las botas de las Fuerzas Armadas, seguírian pisando los derechos de un pueblo, que sigue luchando por construir una sociedad demócratica.

El primer discurso pronunciado por el Presidente Lugo, tuvo un claro tono militarista, señalando la necesidad de unas Fuerzas Armadas amigas del pueblo, pidiendo a la memoria calma y que mire a un costado, para que nuevamente los nuevos Pastor Coroneles, los Duarte Vera, los Patricios Colmán se señoreen dentro de la sociedad.

Una clara muestra de esta cultura militarista, ha sido la Promulgación por medio de un oscuro pacto con el sector del Golpista Lino Oviedo y el Partido Colorado, de la sanción de una ley de trabajo forzoso para la juventud nacional, la Ley Nº 4013, “que reglamenta el ejercicio del derecho a la objeción de conciencia al servicio militar obligatorio, y establece el servicio sustitutivo al mismo, en beneficio de la población civil”.

La mencionada ley, desconociendo completamente el derecho ejercido por más de 150 mil jóvenes entre 18 y 33 años -coincidentemente la población que ha votado en su mayoría por el cambio dentro del ejecutivo- establece gravámenes y puniciones para el sector que viene denunciando malos tratos, muertes, violaciones a los Derechos Humanos, entre otros graves hechos en los cuales las Fuerzas Armadas están involucradas.

La promulgación de la mencionada ley se encontraría dentro de los puntos de negociaciones que desde el Ejecutivo se llevara adelante en las últimas semanas con miras a conseguir un poco de aire dentro del Congreso, y así permitir el ingreso de Venezuela dentro del Mercosur.

El ingreso de Venezuela dentro del Mercosur es necesario, y sin lugar a dudas era necesaria una estrategia política para conseguirlo, pero tanto los hermanos venezolanos así como el compañero Hugo Chávez, no estarían contentos de saber que ese ingreso ha costado la libertad de conciencia y de organización de un sector importante de la sociedad paraguaya.

El establecimiento de un servicio civil, cuyas características se desconocen, y donde los jóvenes serán utilizados como mano de obra gratis, como punteros políticos del Partido Colorado o del UNACE, es un precio muy elevado que nuevamente la sociedad paraguaya debe pagar, por la miopía militarista de un presidente que en casi 3 años, ha demostrado un gran desprecio hacia sus sectores afines.

Para el movimiento juvenil emergente en el Paraguay -donde la población joven constituye el 70% de sus habitantes- la promulgación de una ley que atenta contra el derecho de los mismos, representa traicionar la confianza depositada en el cambio propuesto por el presidente.

Pero esta práctica lastimosamente no es nueva. El presidente trata de la misma forma al sector campesino, donde desde hace 3 años no ha dado siquiera una respuesta a las demandas del sector, y en cambio ha llevado adelante una de las campañas de protección de la propiedad privada más severas, que no se ha visto desde los años de dictadura, me atrevo a decir.

Bajo el fantasma del Ejercito del Pueblo Paraguayo, no solo ha militarizado el país, sino también ha criminalizado al sector más afín de su gobierno, que es el sector campesino. Ha movilizado en más de 5 oportunidades en operativos conjuntos a policías y militares, reinstalando la tortura en los centros operativos, como fue el caso de los campesinos detenidos en San Pedro acusados de haber incendiado un puesto militar.

Un nuevo caso de tortura y violación de derechos humanos se presentaba el día 25 de junio, donde 8 personas entre 15 y 62 años fueron torturadas en una Comisaría de Horqueta, entre el 17 y 19 de junio del corriente año, acusados de pertenecer al EPP, y por encontrarse dentro de la supuesta jurisdicción de la “Guerrilla fantasma”, en el denominado pueblo Curuzú de Hierro.

La denuncia fue presentada por la Coordinadora de Derechos Humanos ante el Ministerio del Interior, de manera a que la misma sea investigada, aunque se presume que al igual de los varios casos de torturas denunciados en lo largo de estos casi 3 años de gobierno, no serán investigados ni sus culpables sancionados.

Los hechos de tortura se producen coincidentemente con la presencia de asesores extranjeros, con colombianos participes del Plan Colombia, con tropas de reconocimiento del ejercito de los Estados Unidos, que bajo el manto de los operativos de Salud, inspeccionan el terreno para un posterior ingreso de los cuerpos de seguridad, que son entrenados por los mismos.

La mentada reforma agraria, que a gritos se anunciara durante la campaña de Lugo, hoy ha sido instalada como reforma de seguridad, que consiste en asegurar la tierra a los mismos terratenientes, por medio del desalojo de campesinos, pero también por medio de la instauración del terror como forma de control de las comunidades.

La presencia policial y militar en las zonas organizadas del país, como ocurriera con el Estado de Sitio dictado por el Gobierno de Lugo en el mes de abril, ha llevado al disciplinamiento social. La gente tiene miedo de participar en organizaciones, la gente tiene miedo de reivindicar, de hablar con sus líderes. Siguen las organizaciones en las bases, pero con un gran temor de sus integrantes que se vive en las calles, según manifiestan los actores de derechos humanos que visitan la zona, como la Coordinadora de Derechos Humanos del Paraguay –Codehupy-.

Lugo ha logrado volver a construir el panóptico militarista que tan bien estructurado lo tenía Stroessner, donde nadie se movía, donde nadie actuaba, donde la sociedad estaba inmovilizada en su gran mayoría, por el miedo, el sentirse observado y el saber que se puede ser el siguiente en la silla de la tortura.

La derecha se ha jugado de manera clara a no perder sus beneficios, y a lograr por medio de la ruptura de las bases sociales del Presidente, que no se lleven a cabo reformas de fondo, y lastimosamente Lugo ha caído en el juego o ha sido el que ha propuesto el mismo juego, esa nebulosa siempre esta presente.

El gobierno de Lugo ha sido el que mas cerca ha estado de Washington y Nariño, es el que más ha militarizado el país, ha restaurado la tortura como método inquisitivo de investigación, y ha conseguido desmovilizar a la sociedad, por medio de seguir prometiendo y generando expectativa en los movimientos que siguen apoyándolo, sin mayores cuestionamientos, pero que no se han dado cuenta, que 3 años van pasando, y que nada se ha hecho…

Más allá de las cumbres y los discursos sociales, la acción del presidente Lugo ha sido la de desmovilizar la sociedad, acallar las criticas y torturar a campesinos, y hoy nuevamente ha dictado una ley antipopular y violatoria de Derechos Humanos.

Esperemos que el Movimiento de Objeción de Conciencia de Paraguay y los antimilitaristas paraguayos, comiencen a dar el toque de alerta a esa política militarista, y por medio de la desobediencia civil, no violenta y activa, demuestre que el cambio se construye en la calle, y no con un presidente que se considera amigo, y no está siquiera cerca de serlo.

- Orlando Castillo Caballero es abogado de Derechos Humanos, antimilitarista, objetor de conciencia y miembro a titulo persona de la Campaña por la Desmilitarización de las Américas.

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