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El polvorín

Parte de “EL LEGADO” de Alan García es minimizar la prevención ambiental y social.

24 Enero 2011 , Escrito por El polvorín Etiquetado en #Politica

Los decretos de urgencia son inconstitucionales, pues el art. 118 (inc. 19) de la Constitución solo autoriza al Poder Ejecutivo a dictarlos en materia económica y financiera, pero no en asuntos ambientales.

 

URGENTE: REMATO TODO POR VIAJE.

Con los “decretos de urgencia”,  los estudios de impacto ambiental (EIA) ya no requerirán ser revisados ni aprobados antes de otorgarse las concesiones definitivas… es algo así como “paga primero, eres aprobado y después vemos si nos vemos obligados a estudiar los impactos” …

ENTRE OTROS CHANCHULLOS, SE BUSCA VIABILIZAR LAS CONCESIONES HIDROELÉCTRICAS AL BRASIL … COMO SEA … ANTES DE DEJAR EL GOBIERNO … POR CONSIDERACIONES  MONETARIAS RELATIVAS A “LA TAJADA” Y “EL ALITA”

COMO YA ES SU COSTUMBRE … “EL MINISTRO DIBUJADO EN LA PARED” … ENCARGADO DE  LA CUSTODIA AMBIENTAL … SE LIMITA A HACER LO DE LOS TRES FAMOSOS MONOS… NO VER… NO ESCUCHAR … NO HABLAR…

CORRUPCÂO  A LA BRASILEIRA: MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS ES JUEZ Y PARTE A LA VEZ … es el mismo sector (Energía y Minas, Transportes y Comunicaciones, etc.) que otorga la concesión definitiva el que decidirá, posteriormente, si aprueba el EIA.

EVIDENTEMENTE ESTE INFAME DECRETO DEBE SER ANULADO Y LA CAMARILLA ENQUISTADA EN EL MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS, LOS PEDROS SANCHEZ GAMARRA, LOS DANIELITOS CAMAC, ETC. DEBEN SER PROCESADOS…

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21/01/2011

 http://marlenesamatelo.blogspot.com/2011/01/el-decreto-de-urgencia-001-seria-la.html

EL DECRETO DE URGENCIA 001 SERÍA LA FERIA FINAL DEL GOBIERNO APRISTA.


Están convirtiendo a Pro Inversión en dueño del Perú para poder venderlo. QUIEREN COBRAR COMISIONES EN GRANDE La Primera, 20.01.2011                                                                                           

Del remate no se salva ni la isla San Lorenzo. García aprovecha los últimos meses de su gobierno para hacer de las suyas.  La publicación del primer decreto de urgencia del año que apura y libra de controles la concesión de 30 mega proyectos de inversión relacionados con la infraestructura estratégica del país, generó la reacción inmediata de congresistas de diversas tendencias, que consideraron que se trata de un súper faenón del gobierno. En diálogo con LA PRIMERA, la congresista y candidata a la vicepresidencia por el nacionalismo, Marisol Espinoza, señaló que el dispositivo dado por el gobierno convierte a la Agencia de Promoción de la Inversión Privada (Pro Inversión), en un súper-poder al que se le transferirán los bienes públicos que se quiere conceder y el que decidirá su destino. “A este organismo le han dado el nombre de ‘concediente’, es decir el que va a actuar a nombre de un Estado que está tan desesperado por entregarlo todo que ha declarado de urgencia facilitar este proceso. ¿De dónde sale la atribución de una entidad así para disponer del patrimonio del Estado y todos los peruanos”?, preguntó. La legisladora nacionalista opinó, también, que “la experiencia muestra que Pro Inversión ha permitido que la corrupción esté presente en procesos donde los recursos y el patrimonio del Estado se mal baratean y se transfieren trasgrediendo las leyes”. “Es el caso del puerto de Paita, el aeródromo de Collique y, también, el de las azucareras de Pomalca, Tumán y Cayaltí, entre otros”, anotó. Sostuvo finalmente que en este caso no se justifica para nada la supuesta “urgencia”, que está prevista para situaciones de suma gravedad (desastres naturales, epidemias, conflictos, etc.) que requieran una respuesta urgente del Estado con cargo a dar cuenta posterior al Congreso. “Aquí están sacando al Congreso del tema porque saben que una norma así no podría ser sometida a un mínimo debate porque todo el país se daría cuenta de sus intenciones que es repartirse las últimas comisiones antes de irse”, apuntó. Pedirán derogatoria La también candidata a LA PRIMERA vicepresidencia de Gana Perú señaló que el dispositivo debe ser derogado, por lo que adelantó que su bancada presentará en el Congreso una iniciativa al respecto. “Hay que parar esto porque se sigue saqueando y rematando el país. Lo más vergonzoso es que lo haga en contra de los intereses del pueblo peruano. Se debe derogar este decreto porque es un atentado contra el patrimonio nacional”, agregó. “Ojalá que el presidente del Congreso (César Zumaeta) disponga lo necesario para que este pedido se vea con celeridad”, anotó. Objetivo electoral Por su parte el integrante de Alianza Parlamentaria, Yonhy Lescano, también criticó que el gobierno haya dado este decreto de urgencia cuando está a punto de irse. Asimismo indicó que el procedimiento para entregar en concesión 30 proyectos de inversión, dando facultades plenas a Pro Inversión, es ilegal, pero además –argumentó-, tiene una connotación electoral. “Recurre a todo este tipo de medidas para hacer obras y levantar el APRA”, remarcó. Peligran los intereses nacionales “El gobierno quiere rematar los proyectos estratégicos antes de irse, por eso ha emitido un decreto de urgencia que es inconstitucional, ilegal y que representa un peligro para los intereses del país”, señaló el congresista Washington Zeballos, presidente de la Comisión de Pueblos Andinos y Ecología. Las disposiciones contenidas en el Decreto de Urgencia001-2011, permiten que se declare viable grandes inversiones con solo estudios de pre factibilidad. “En ella se establece que no serán necesarias las certificaciones ambientales para el otorgamiento de las autorizaciones administrativas, lo cual vulnera el principio precautorio y preventivo, violenta la legislación ambiental y se convierte en una fuente de grandes conflictos sociales”, indicó el legislador. Zeballos se preguntó: ¿Cuál es el interés de un gobierno que se va en concesionar carreteras, terminales portuarios, líneas de transmisión eléctrica, represas, gaseoductos, aeropuertos, banda ancha e incluso una nueva fase del tren eléctrico? “Concesionar y contratar, violentando y saltando todo tipo de procedimientos, es una mala señal que muestra intereses subalternos”, sostuvo. 

21/01/2011

EL DECRETO DE URGENCIA 001 SERÍA LA FERIA FINAL DEL GOBIERNO APRISTA.


Están convirtiendo a Pro Inversión en dueño del Perú para poder venderlo.
QUIEREN COBRAR COMISIONES EN GRANDE
La Primera, 20.01.2011
                                                                                         Del remate no se salva ni la isla San Lorenzo.
García aprovecha los últimos meses de su gobierno para hacer de las suyas.
 La publicación del primer decreto de urgencia del año que apura y libra de controles la concesión de 30 mega proyectos de inversión relacionados con la infraestructura estratégica del país, generó la reacción inmediata de congresistas de diversas tendencias, que consideraron que se trata de un súper faenón del gobierno.
 En diálogo con LA PRIMERA, la congresista y candidata a la vicepresidencia por el nacionalismo, Marisol Espinoza, señaló que el dispositivo dado por el gobierno convierte a la Agencia de Promoción de la Inversión Privada (Pro Inversión), en un súper-poder al que se le transferirán los bienes públicos que se quiere conceder y el que decidirá su destino.
“A este organismo le han dado el nombre de ‘concediente’, es decir el que va a actuar a nombre de un Estado que está tan desesperado por entregarlo todo que ha declarado de urgencia facilitar este proceso. ¿De dónde sale la atribución de una entidad así para disponer del patrimonio del Estado y todos los peruanos”?, preguntó.
La legisladora nacionalista opinó, también, que “la experiencia muestra que Pro Inversión ha permitido que la corrupción esté presente en procesos donde los recursos y el patrimonio del Estado se mal baratean y se transfieren trasgrediendo las leyes”.
“Es el caso del puerto de Paita, el aeródromo de Collique y, también, el de las azucareras de Pomalca, Tumán y Cayaltí, entre otros”, anotó.
Sostuvo finalmente que en este caso no se justifica para nada la supuesta “urgencia”, que está prevista para situaciones de suma gravedad (desastres naturales, epidemias, conflictos, etc.) que requieran una respuesta urgente del Estado con cargo a dar cuenta posterior al Congreso. “Aquí están sacando al Congreso del tema porque saben que una norma así no podría ser sometida a un mínimo debate porque todo el país se daría cuenta de sus intenciones que es repartirse las últimas comisiones antes de irse”, apuntó.
Pedirán derogatoria
La también candidata a LA PRIMERA vicepresidencia de Gana Perú señaló que el dispositivo debe ser derogado, por lo que adelantó que su bancada presentará en el Congreso una iniciativa al respecto.
“Hay que parar esto porque se sigue saqueando y rematando el país. Lo más vergonzoso es que lo haga en contra de los intereses del pueblo peruano. Se debe derogar este decreto porque es un atentado contra el patrimonio nacional”, agregó.
“Ojalá que el presidente del Congreso (César Zumaeta) disponga lo necesario para que este pedido se vea con celeridad”, anotó.
Objetivo electoral
Por su parte el integrante de Alianza Parlamentaria, Yonhy Lescano, también criticó que el gobierno haya dado este decreto de urgencia cuando está a punto de irse.
Asimismo indicó que el procedimiento para entregar en concesión 30 proyectos de inversión, dando facultades plenas a Pro Inversión, es ilegal, pero además –argumentó-, tiene una connotación electoral. “Recurre a todo este tipo de medidas para hacer obras y levantar el APRA”, remarcó.
Peligran los intereses nacionales
“El gobierno quiere rematar los proyectos estratégicos antes de irse, por eso ha emitido un decreto de urgencia que es inconstitucional, ilegal y que representa un peligro para los intereses del país”, señaló el congresista Washington Zeballos, presidente de la Comisión de Pueblos Andinos y Ecología.
Las disposiciones contenidas en el Decreto de Urgencia001-2011, permiten que se declare viable grandes inversiones con solo estudios de pre factibilidad. “En ella se establece que no serán necesarias las certificaciones ambientales para el otorgamiento de las autorizaciones administrativas, lo cual vulnera el principio precautorio y preventivo, violenta la legislación ambiental y se convierte en una fuente de grandes conflictos sociales”, indicó el legislador.
Zeballos se preguntó: ¿Cuál es el interés de un gobierno que se va en concesionar carreteras, terminales portuarios, líneas de transmisión eléctrica, represas, gaseoductos, aeropuertos, banda ancha e incluso una nueva fase del tren eléctrico? “Concesionar y contratar, violentando y saltando todo tipo de procedimientos, es una mala señal que muestra intereses subalternos”, sostuvo.

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Decretos vulneran cuidado ambiental

EL FIN NO JUSTIFICA LOS MEDIOS

Por: Mariano Castro Sánchez Moreno*

El Poder Ejecutivo publicó el Decreto de Urgencia 001-2011 para promover la inversión de un listado de 30 proyectos vinculados con Pro Inversión. El decreto señala que las certificaciones ambientales “[…] no serán requisito para la obtención de las autorizaciones administrativas de carácter sectorial, otorgadas por dichas entidades, para el ejercicio de las actividades económicas materia del proyecto adjudicado” (artículo 5,3). Posteriormente, el 21 de enero, otro decreto de urgencia –el 002-2011–, aumentó a más de 33 los proyectos priorizados, añadiéndose los de “energía de nuevas centrales hidroeléctricas” sin que se precisaran cuáles son los proyectos involucrados. 

El país puede desarrollarse, contar con mejor infraestructura y energía suficiente, sin necesidad de que los inversionistas reciban normas que disminuyan su desempeño ambiental. Las políticas ambientales tampoco necesitan que sus objetivos e instrumentos sean percibidos o usados como barreras para la inversión. 

Con los mencionados decretos, el actual Consejo de Ministros ha optado por reducir o eliminar requisitos que garantizan la prevención ambiental y social. Los proyectos priorizados no requerirán certificación ambiental para obtener autorizaciones administrativas sectoriales. Las concesiones definitivas son autorizaciones que permiten utilizar bienes de uso público y el derecho de obtener servidumbres para la construcción y operación de, por ejemplo, centrales hidroeléctricas. Con estos decretos los estudios de impacto ambiental (EIA) ya no requerirán ser revisados ni aprobados antes de otorgarse las concesiones definitivas. 

Cualquier recomendación o decisión relacionada con la evaluación de impacto ambiental perderá oportunidad. ¿Cómo podría la autoridad contradecir, posteriormente, la concesión definitiva ya otorgada? ¿Cómo podría la autoridad indicar que el proyecto debe ser mejorado o desaprobado por existir mejores opciones técnicas, sociales y ambientales, si la evaluación no se realiza previamente? 

Lejos de agilizar el proceso de toma de decisiones para la promoción de proyectos de inversión, se generan incertidumbres y contradicciones. Al postergar la aplicación de los EIA, estos decretos desvaloran uno de los escasos vínculos concretos y efectivos existentes para la integración entre las políticas sectoriales y las ambientales. Para evitar estas injustificadas presiones sobre la regulación ambiental es urgente, más bien, que el Gobierno Nacional asuma el hábito democrático de cumplir la elaboración anual del balance energético nacional, tal como lo han destacado varios ex ministros de Energía. 

Peor aun, recordemos que el actual gobierno no otorgó la competencia al Ministerio del Ambiente, para revisar y aprobar los estudios de impacto ambiental. Así, es el mismo sector (Energía y Minas, Transportes y Comunicaciones, etc.) que otorga la concesión definitiva el que decidirá, posteriormente, si aprueba el EIA. También recordemos que estos graves retrocesos aprobados por los decretos mencionados fueron materia del proyecto de ley 4335-2010, contra el que se pronunciaron importantes sectores de la opinión pública nacional. 

Estos decretos establecen, además, mecanismos forzosos para la imposición de servidumbres, así como inusuales procedimientos para la publicidad de las normas: se exonera de la obligación de publicar el íntegro de las normas en “El Peruano”. 

Los proyectos priorizados responden a necesidades importantes que deben ser atendidas, pero no a cualquier costo ambiental, social ni a la transparencia pública. No ayuda al desarrollo que nuestra regulación ambiental sea menos autónoma y creíble. Pro Inversión, además, necesita una urgente reingeniería ambiental. 

Los decretos de urgencia son inconstitucionales, pues el art. 118 (inc. 19) de la Constitución solo autoriza al Poder Ejecutivo a dictarlos en materia económica y financiera, pero no en asuntos ambientales. Esperemos que el Congreso ejerza su rol derogando estas disposiciones y que el Ministerio del Ambiente asuma competencia en la aprobación de los EIA y que, sobre todo, ayude a que las normas del Consejo de Ministros no posterguen la sostenibilidad ambiental de las políticas e inversiones públicas. 

(*) Decano de la Facultad de Derecho Ucsur ———————–

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PODER EJECUTIVO

DECRETO DE URGENCIA001-2011

DICTAN DISPOSICIONES EXTRAORDINARIAS A SER APLICADAS DURANTE EL AÑO 2011.

EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA

CONSIDERANDO:

Que, la promoción de la inversión privada en proyectos de inversión mediante las asociaciones público privadas y concesiones de obras públicas de infraestructura y de servicios públicos, es un mecanismo dinamizador de la economía nacional por su alto impacto en la generación del empleo y en la competitividad del país;

Que, la experiencia recogida durante la ejecución de los procesos de promoción de la inversión privada, impulsan la necesidad de evaluar las normas vigentes con el objeto de contar con una normativa que permita viabilizar los procesos con mayor celeridad y con menores trámites, teniendo en consideración que es de significativa importancia para el Perú promover la inversión privada en todos los ámbitos de la actividad económica nacional, como política de Estado, creando nuevas fuentes de empleo, descentralizando y mejorando los ingresos fiscales, así como la producción eficiente de bienes y servicios;

Que, lo indicado en el considerando anterior se sustenta además en un escenario en que la incertidumbre sobre la evolución de la economía mundial, donde subyacen riesgos, no permite descartar escenarios de baja probabilidad pero con un alto impacto sobre la actividad económica, siendo por ello necesario establecer medidas extraordinarias en materia económica y financiera, con el objeto de culminar la adjudicación de determinados proyectos de inversión que cuentan con un nivel de avance sustancial. En este sentido, es prioritario facilitar determinados proyectos de inversión que por su importancia se requiere adjudicar en el corto plazo, lo que impone una serie de importantes retos de política pública para los próximos años, exigiendo la adopción inmediata de medidas extraordinarias que deben involucrar incluso la disminución de costos innecesarios, sin que se afecte la transparencia en que esos proyectos deben ejecutarse;

Que, del mismo modo, es necesario garantizar la calidad de la información técnica que sustenta los referidos proyectos de inversión, considerando las competencias y responsabilidades de todas las Entidades Públicas involucradas en el proceso de evaluación, implementación y operación de infraestructura pública, o la prestación de servicios públicos, para efectos del cumplimiento de los principios a que se refiere el Artículo 5° del Decreto Legislativo N° 1012;

Que, en tal virtud, se hace necesario priorizar para el año 2011 la promoción de la inversión privada en determinados proyectos de inversión, a través de asociaciones público privadas y concesiones de obras públicas de infraestructura y de servicios públicos, en el marco del cumplimiento de los requisitos y procedimientos regulados en la presente norma;

De conformidad con el inciso 19) del artículo 118° de la Constitución Política del Perú y con el voto aprobatorio del Consejo de Ministros; y, Con cargo de dar cuenta al Congreso de la República;

DECRETA:

Artículo 1º.- Objeto

El presente decreto de urgencia tiene como objeto dictar disposiciones extraordinarias a ser aplicadas durante el año 2011, para facilitar la promoción de la inversión privada en determinados proyectos de inversión, asociaciones público privadas y concesión de obras públicas de infraestructura y de servicios públicos, por parte del Gobierno Nacional. Dichas disposiciones extraordinarias comprenden únicamente los proyectos de inversión referidos en el artículo siguiente.

Artículo 2º.- Declaración de Necesidad Nacional

Declarar de necesidad nacional y de ejecución prioritaria por parte de la Agencia de Promoción de la Inversión Privada – PROINVERSIÓN, los procesos de promoción de la inversión privada vinculados con la concesión de los siguientes proyectos de inversión:

1. Terminal Norte Multipropósito del Callao.

2. Sistema Eléctrico de Transporte Masivo de Lima y Callao, Línea 1.

3. Concesión de un Establecimiento Penitenciario en la Región Lima.

4. Proyecto Isla San Lorenzo- Isla El Frontón 5. Terminal Portuario de General San Martín,(provincia de Pisco, Departamento de Ica).

6. Planta de Desalinización de Agua de Mar – Aguas de Lima Sur II.

7. Terminal Portuario de Yurimaguas.

8. Terminal Portuario San Juan de Marcona.

9. Navegabilidad de rutas fluviales: Ruta fluvial Yurimaguas – Iquitos-Frontera con Brasil.

10. Reserva Fría de Generación.

11. Línea de Transmisión Trujillo – Chiclayo en 500 kV y subestaciones asociadas.

12. Línea de Transmisión Cajamarca – Cáclic – Moyobamba.

13. Línea de Transmisión Moyobamba-Iquitos.

14. Proyecto Choclococha Desarrollado, comprendiendo a) Construcción Presa de Tambo. b) Construcción de Canal Colector Ingahuasi y c) Refacción de Obras Existente.

15. Afianzamiento Hídrico de la Cuenca del Rio Pisco- Rio Seco.

16. Carretera IIRSA -Centro (Eje multimodal Puerto del Callao -Puerto de Pucallpa) en los tramos que establezca el Ministerio de Transportes y Comunicaciones.

17. Autopista del Sol, tramo Sullana -Frontera con el Ecuador, según determine el Ministerio de Transportes y Comunicaciones.

18. Panamericana Sur: Ica – Frontera con Chile, en los tramos que establezca el Ministerio de Transportes y Comunicaciones.

19. Longitudinal de la Sierra en los tramos que establezca el Ministerio de Transportes y Comunicaciones.

20. Longitudinal de la Selva en los tramos que establezca el Ministerio de Transportes y Comunicaciones.

21. Gasoducto a Trujillo (Gas Natural).

22. Hub petrolero Bayóvar.

23. Nodo Energético del Sur.

24. Aeropuerto Internacional de Chinchero- Cusco.

25. Terminal Portuario de Iquitos (Provincia de Maynas, Departamento de Loreto).

26. Túnel Trasandino (Provincia de Yauli, Departamento de Junín).

27. Sistema de Distribución de Gas Natural para el Sur – Gas para todo el Sur, para las ciudades de Cusco, Arequipa, Moquegua, Juliaca, Puno y Tacna.

28. Sistema de Distribución de Gas Natural para el Norte Medio – Gas para todo el Norte Medio, para las ciudades de Ayacucho, Huancayo, La Oroya, Chimbote y Trujillo.

29. Sistema de Abastecimiento de LNG para el Mercado Nacional.

30. Desarrollo de la Banda Ancha y masificación de la Fibra Óptica en zonas rurales y lugares de preferente interés social del país: Proyectos Cobertura Universal Sur, Cobertura Universal Norte y Cobertura Universal Centro y otros que establezca el Ministerio de Transportes y Comunicaciones

Artículo 3º.- Viabilidad de los proyectos

La viabilidad de los proyectos a que se refiere el artículo 2° que requieran cofinanciamiento podrá ser otorgada con estudios a nivel de prefactibilidad.

Artículo 4º.- Opiniones Previas

El diseño de la transacción y del contrato de Asociación Público-Privada para los proyectos considerados en el presente decreto es responsabilidad de PROINVERSION. La versión final del contrato requerirá opinión del sector en los aspectos técnicos y del Regulador en los temas tarifarios, de acceso y de calidad de servicio y del Ministerio de Economía y Finanzas en los aspectos tributarios y aduaneros.

Cuando se requiera el otorgamiento de garantías o cofinanciamiento, se requerirá la opinión favorable del Ministerio de Economía y Finanzas de acuerdo a lo estipulado en el inciso 9.2 del artículo 9 del Decreto Legislativo 1012, así como el de la Contraloría General de la República en los aspectos que comprometan el crédito o la capacidad financiera del Estado, de conformidad con el inciso l) del Artículo 22 de la Ley Nº 27785;

El plazo para emitir las opiniones será de diez (10) días hábiles contados a partir de la recepción de la solicitud de PROINVERSIÓN. Todo pedido de información adicional para emitir las opiniones previas respecto de la versión final del contrato de concesión, necesariamente deberá formularse dentro del plazo de tres (03) días hábiles de recibida la solicitud y por única vez. En tanto no se reciba la información adicional se suspende el cómputo de los plazos establecidos en el presente párrafo. De no pronunciarse en ese plazo se entenderá que la opinión es favorable.

Artículo 5º.- Medidas de simplificación de exigencias legales

5.1. A partir de la vigencia del presente decreto de urgencia, los actos que a continuación se señalan requerirán únicamente de la aprobación del Consejo Directivo de PROINVERSIÓN mediante acuerdo que deberá ser publicado en el Diario Oficial El Peruano:

a. Aprobación del Plan de Promoción de la Inversión privada y sus modificatorias.

b. Autorización de viajes al exterior con motivo de actividades de promoción.

5.2. Las publicaciones que por mandato de normas se requieran realizar en el Diario Oficial El Peruano u otros medios escritos contendrán únicamente el objetivo de la publicación y la dirección electrónica en la página Web de PROINVERSION donde se encuentra publicado íntegramente el documento.

5.3. Asimismo, serán aplicables las siguientes disposiciones:

a. Las certificaciones ambientales, de acuerdo a lo establecido en el artículo 3 de la Ley N° 27446, Ley del Sistema Nacional de Evaluación de Impacto Ambiental, y a la Ley N° 28611, Ley General del Ambiente, serán requeridas por la entidad concedente antes del inicio de la ejecución de los proyectos o de las actividades de servicios y comercio correspondientes, y no serán requisito para la obtención de las autorizaciones administrativas de carácter sectorial, otorgadas por dichas entidades, para el ejercicio de las actividades económicas materia del proyecto adjudicado.

b. Los terrenos y/o edificaciones de propiedad directa o indirecta del Estado incluyendo las empresas del Estado, requeridos para la concesión, serán transferidos automáticamente por la entidad titular de los mismos al concedente en la oportunidad en que éste lo señale y a título gratuito, por el solo mérito del Decreto Supremo del sector correspondiente.

c. La Superintendencia Nacional de los Registros Públicos queda obligada a registrar los terrenos y/o edificaciones a nombre de la entidad concedente con la sola presentación de la solicitud correspondiente acompañada del Decreto Supremo a que se refiere el párrafo anterior, libre del pago de derechos.

d. El Estado podrá imponer con carácter forzoso el establecimiento de las servidumbres requeridas para la ejecución de los proyectos priorizados. Para estos efectos, la entidad concedente deberá oír al titular del predio sirviente, siguiendo el procedimiento que se establezca por Decreto Supremo. El derecho de servidumbre implica la obligación de indemnizar el perjuicio que éste cause y el pago de una indemnización por el uso del bien gravado, la cual será fijada por acuerdo de partes, o en caso contrario, conforme lo establezca el Decreto Supremo antes mencionado.

Artículo 6º.-Vigencia

El presente decreto de urgencia entra en vigencia a partir del día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial El Peruano hasta el 31 de diciembre de 2011.

Artículo 7º.- Refrendo

El presente decreto de urgencia será refrendado por el Presidente del Consejo de Ministros y por el Ministro de Economía y Finanzas.

Dado en la Casa de Gobierno, en Lima a los diecisiete días del mes de enero del año dos mil once.

ALAN GARCÍA PÉREZ
Presidente Constitucional de la República

JOSÉ ANTONIO CHANG ESCOBEDO
Presidente del Consejo de Ministros y Ministro de Educación

ISMAEL BENAVIDES FERREYROS
Ministro de Economía y Finanzas

[El Peruano: 18/01/2011]

EDUCACIONENRED.COM

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