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El polvorín

Perú - El interminable conflicto minero peruano en el desierto político

18 Julio 2012 , Escrito por El polvorín Etiquetado en #Politica

 
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Cinco hipótesis sobre el caso Conga (Programa Democracia y Transformación Global)


Eduardo Gudynas*
13-7-2012
 
 

El conflicto desatado en Perú por el megaproyecto minero Conga es ilustrativo de la importancia de los análisis internacionales. Allí, en esa inversión de unos 4.500 millones de dólares presentada por sus promotores como "la salvación" de una de las zonas más pobres del país, se está jugando una de las más fuertes pulseadas políticas y económicas sobre cómo entender el desarrollo en América Latina.

Conga es una propuesta de megaminería a cielo abierto de oro y cobre en el departamento de Cajamarca. Promovida por la empresa Yanacocha (una asociación de capitales peruanos y Newmont, una gigantesca corporación minera), siempre estuvo envuelto en polémicas. Si bien se trata de una enorme inversión (los empresarios aseguran que llegará a 4.800 millones de dólares), y se espera que disparará las exportaciones, siempre fue resistido localmente.

Las razones de la oposición al proyecto son diversas. En primer lugar se rechazan sus impactos ambientales, incluyendo la desaparición de unas lagunas andinas que los pobladores locales consideran clave, sea para la agricultura como para abastecer de agua potable. En las zonas andinas se conocen esos y otros impactos ambientales ya que los han vivido a lo largo de décadas de coexistencia con otras mineras. Tampoco creen en las promesas de una gestión ambiental por parte de la empresa Yanacocha, debido a su comportamiento en otros emprendimientos. Y por si fuera poco, el proyecto fue aprobado al final del gobierno de Alan García, sumido en el descrédito ciudadano.

Como Ollanta Humala basó parte de su campaña en sostener que antes que la explotación minera se encontraba la protección del agua, muchos creyeron que al conquistar la presidencia el emprendimiento en Cajamarca sería suspendido. Se equivocaron, y desde ese momento el conflicto no ha dejado de crecer. La administración Humala abandonó su tibio progresismo inicial, y se encaminó a una estrategia de desarrollo convencional basada en la explotación masiva de sus recursos naturales. La promesa de "primero el agua, después el oro" se reconvirtió en un ambiguo llamado a tener tanto el agua como el oro, las lagunas como las inversiones.

La consecuencia inevitable fue el estallido de una protesta ciudadana masiva en Cajamarca, incluyendo populosas manifestaciones y paros cívicos con apoyo del propio presidente de la región. Frente a la escalada de las protestas, Humala decidió moverse todavía más a la derecha: declaró el estado de emergencia, militarizó la zona, y cayó en su primera crisis política de envergadura. Renunciaron varios ministros y los grupos "progresistas" abandonaron la administración. El que era un gobierno en disputa entre un ala conservadora y otra progresista duró apenas 136 días, y en diciembre de 2011 se volcó decididamente por el "orden y las inversiones", como advirtieron analistas peruanos.

Desde ese entonces, la conflictividad en la zona no ha decrecido, sino que sigue en aumento, y ha pasado por sucesivos paros, una marcha nacional en defensa del agua y la vida, y diversos enfrentamientos con varios muertos (cinco mineros sólo la semana pasada). No es una dinámica excepcional, ya que el mismo estado de cosas se está repitiendo en Ecuador, Bolivia, Colombia, y en menor medida en Argentina. La protesta ciudadana contra la megaminería a cielo abierto se ha vuelto una condición generalizada en casi toda América del Sur.

Un examen del manejo del caso Conga muestra muchas lecciones para Uruguay. Todo indica que el gobierno peruano ha decidido aprobar el proyecto minero a toda costa por razones tales como la enorme inversión, las expectativas de altos precios de los minerales en los mercados internacionales, la creciente crisis en los países industrializados, y en particular hacerlo porque no tiene otros planes alternativos. Más o menos los mismos factores están presentes en Uruguay alrededor del proyecto Aratirí.

El gobierno Humala buscó acallar las protestas apelando a la ciencia. Como los estudios ambientales iniciales, realizados en Perú, eran muy cuestionados, se apeló a expertos extranjeros. Se contrató una comisión de españoles que realizó un llamado "peritaje". La lógica de la medida se basa en la muy común suposición de que habrá un dictamen de "la ciencia", objetivo y final, que permitirá cerrar todas las discusiones. Esta es una postura que, si bien es común, olvida que eso casi nunca ocurre. Las organizaciones ciudadanas cajamarqueñas aceptaron ese desafío y realizaron un "peritaje" con sus propios técnicos. Como era de esperar los resultados fueron distintos, las diferencias y sospechas se ahondaron, y dejaron todavía más en evidencia las debilidades de las evaluaciones ambientales estatales. No está de más de recordar que apelaciones similares a la ciencia se han repetido en Uruguay, y con resultados similares (desde la aprobación a transgénicos hasta el puente en la laguna Garzón).

Seguidamente, el gobierno peruano apeló a otra táctica también común. Aceptaría la explotación minera pero le impuso un plan de compensaciones ecológicas (enfocadas en salvaguardar parte de las lagunas en disputa), sociales (crear 10 mil puestos de trabajo) y económicos (un fondo social con un monto de dinero no aclarado). Se cayó en una lógica, muy común en los gobiernos progresistas, del tipo "destruyo tu ambiente, pero te compenso con dinero o un empleo". El resultado en Perú: la medida no tuvo mayor eco, y el conflicto siguió creciendo.

Conga y otros casos (por ejemplo en Ecuador) muestran un nuevo tipo de conflictos que resisten esta idea que evita anular los impactos y que pretende compensarlos o indemnizarlos. Una vez más esa experiencia peruana no es lejana a casos uruguayos, como por ejemplo aceptar la destrucción en la costa oceánica a cambio de puestos de trabajo como jardineros o domésticas en las futuras casas. Los conflictos de nuevo cuño, como el que ocurre en Perú, evidencian que ciertos niveles de destrucción ambiental no pueden ser evaluados en una escala económica.

De maneras similares fueron cayendo uno tras otro los intentos de apaciguar la protesta en Cajamarca. Se ha acosado a las organizaciones ciudadanas, se volvió a declarar el estado de emergencia, y hasta se llevaron preso a uno de los líderes locales, golpeándolo frente a las cámaras. Se llegó así a una situación casi límite con la pérdida de la legitimidad política del gobierno central. Mucha gente ya no le cree a Humala, a los partidos políticos más conocidos, ni a la empresa, ni a los técnicos universitarios. Es un desierto político. Tampoco puede olvidarse que muchas autoridades locales o regionales conquistaron electoralmente sus cargos desde plataformas que prometían contener la minería, y por lo tanto están cumpliendo con sus promesas electorales.

En este desierto político están en discusión las esencias de las políticas de desarrollo del país: ser un país minero, o no serlo. Esa es la cuestión. Y el gobierno Humala está desnudo de alternativas, no las ha buscado, y como no las tiene a mano vuelve a caer en la exportación de materias primas.

Se podrá sostener que el caso uruguayo es muy distinto al de esas comunidades andinas, que enfrentan desde hace décadas la prepotencia minera, sus impactos sociales y ambientales, así como la complicidad gubernamental. Pero si se mira varios casos uruguayos, una vez más se encontrarán similitudes. Hay aquí unos cuantos problemas ambientales que distintos gobiernos son incapaces de resolver. Se repiten una y otra vez las denuncias sobre el uso de agroquímicos, persisten las incapacidades en el manejo de la basura o en resolver la contaminación de arroyos, se presiona sobre las evoluciones de impacto ambiental, y hasta hay políticos que defienden la megaminería antes de conocer sus impactos. ¿Se está aprendiendo de la experiencia peruana? En la izquierda, ¿se está pensando en alternativas para no volver a ser proveedores de materias primas en la globalización?

* Sociólogo, director del Centro Latinoamericano de Ecología Social.


Cinco hipótesis sobre el caso Conga
Programa Democracia y Transformación Global*
 
Queremos compartir algunas miradas al conflicto provocado por el proyecto minero Conga, de la empresa Yanacocha, en Cajamarca, que han estado ausentes o poco presentes en los artículos periodísticos y analíticos sobre el caso. Ellas se basan en nuestro trabajo de colaboración con comunidades afectadas por la minería y las organizaciones que trabajan con éstas en los últimos años.

UNO
 
El gobierno con Ollanta Humala siempre iba a ser un campo de disputa. Sin proyecto ni aparato político sólidos, en un país con poca institucionalidad, su curso dependería de la eficacia de incidir en él de distintos actores que al parecer buscan convencerlo de la pertinencia de sus intereses. Da la impresión de que en este juego las negociaciones del gravamen minero implicaron un acuerdo político de respaldo mutuo: las empresas mineras pagando un poco más de impuestos, y el gobierno respaldando a las empresas para mantener sus privilegios en casos de proyectos controversiales como Conga.

DOS
 
En el conflicto provocado por el proyecto Conga está en juego el futuro de la relación industrias extractivas-comunidades-población urbana-Estado, y no sólo el futuro de este mismo proyecto.

Se puede ver a Conga como un piloto que definirá la viabilidad de varios otros proyectos controversiales en Cajamarca y en el país en el contexto de un gobierno nacionalista. En los últimos años, proyectos que contaron con la oposición masiva de la población local en alianza (real o impuesta por la fuerza de la organización social) con las autoridades locales no han logrado establecerse (Islay, Ayavaca, Huancabamba, Tambogrande, Quilish). Si un proyecto con tantas objeciones técnicas, procedimentales y sociales como Conga logra concretarse amparado en el discurso de la "minería más responsable", abrirá incluso la puerta a estos proyectos suspendidos. Cajamarca podría terminar siendo una palanca para que avancen las otras explotaciones pretendidas, consolidando un distrito (o departamento) minero sin precedentes en el país.

En segundo lugar, Conga marca la pauta para la política del gobierno nacionalista frente a los conflictos y protestas sociales. Y en este sentido, la declaración de estado de emergencia genera mucha preocupación. Las acciones desarrolladas previo y durante el diálogo tenían las características de una operación militar que buscaba controlar un territorio.

En tercer lugar, el discurso de la "minería res­ponsable para la inclusión social" busca resta­blecer la hegemonía del modelo extractivista, que se encuentra debilitado por tanto conflicto, violencia, abusos y oposición. El éxito de ello definirá cuánto compromiso y solidaridad pueda haber en Lima (y otros centros urbanos) y en las clases medias hacia la protección del ambiente y el territorio en las otras regiones del país.

Esta dimensión geopolítica del conflicto Conga se obvia sistemáticamente en la mayoría de los análisis del caso, incluso por autores independientes de los intereses económicos detrás de la minería. Curiosamente, para los campesinos cajamarquinos esta dimensión está muy clara (más que todo en relación con el futuro de su región) y explica el compromiso con las protestas, desmintiendo las viejas tesis vanguardistas de que ellos no tendrían conciencia política y por tanto serían manipulados (como plantea la derecha) o requerirían una dirección (como plantean sectores de izquierda).

TRES
 
En los conflictos mineros de los últimos años se puede percibir un desarrollo, tanto organizativo como discursivo. Si bien es cierto que este desarrollo no ha resultado en la consolidación de una organización representativa que presente una agenda concertada, se puede percibir que los reclamos en los distintos conflictos están cada vez más articulados y son cada vez más programáticos y propositivos. Parcialmente se explica por las relaciones y redes entre líderes, organizaciones e instituciones presentes en estos casos que se han venido tejiendo, y parcialmente por la crítica de fondo al modelo de desarrollo que se viene generando a raíz de conflictos constantes e irresueltos en el país. En consecuencia -al contrario de hace cinco años-, en las protestas de hoy está presente una agenda que permitiría cambiar la política minera en el país, si hubiera voluntad política para ello. Esta agenda incluye políticas de ordenamiento territorial participativo, reglamentación afianzada de la consulta (antes de dar concesiones), la definición de zonas libres de minería, la moratoria de concesiones mineras, la planificación estratégica del uso del agua, o la inversión en el agro como alternativa económica.

CUATRO
 
Con todo ello, no es casual que el primer conflicto minero grande de este gobierno ocurra en Cajamarca. De un lado, no hay región del país que conozca mejor las implicancias de la minería "moderna", debido a la presencia de Yanacocha, desde los noventa, en cuanto a contaminación, daños a la salud humana, escasez de agua. Por lo tanto, decir que los cajamarquinos no saben de qué hablan o que actúan por manipulación externa es de un racismo y tutelaje escandaloso.

Uno no puede negar que en Cajamarca también existe apoyo a Yanacocha -sostenido en las redes amplias de trabajo y el asistencialismo de las empresas mineras-, pero a la vez es evidente que una parte mayor de la población, después de abusos, de haber visto daños permanentes a la naturaleza y la salud humana, y después de haber compartido tan poco de los supuestos beneficios, está convencida de que la minería no puede ser el futuro de la región.

Al contrario de lo que pretenden presentar los medios de comunicación, esto no implica que estén en contra de la "minería como tal", pero sí que plantean que debe haber límites a esta actividad, que no puede desarrollarse en todo sitio y de forma indiscriminada, y que la población tiene el derecho a elegir su propio modelo de desarrollo y futuro. Las protestas en Cajamarca en este sentido representan varias críticas y posiciones, como también varias propuestas: una de ellas es el planteo de mayor inversión estatal en la actividad agrícola

CINCO
 
Como el conflicto en Cajamarca será un punto de inflexión para el gobierno y para la actividad minera, puede ser un momento (re)fundacional también para el campo progresista (para poner un nombre no del todo arbitrario, que se refiere al sector de organizaciones, instituciones, colectivos y personas que creen en cambios de fondo en el país para construir un Perú más justo y democrático).

Definitivamente, la persistencia (o nueva etapa) del modelo extractivista y las respuestas a éste, surgidas desde abajo, permiten repensar los proyectos de transformación de la realidad peruana, y podrían favorecer el surgimiento de nuevas formas de relación entre ellas, como redes e iniciativas compartidas.

* Colectivo de asociaciones que trabajan con las comunidades locales en Cajamarca. Este documento es de diciembre de 2011, tras la declaración por primera vez del estado de emergencia en la zona (reactivado el 3 de este mes), pero por conservar actualidad Brecha reproduce fragmentos del mismo.

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