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El polvorín

Perú: Informe en minoría sobre Bagua llegará a las Naciones Unidas

22 Abril 2010 , Escrito por El polvorín Etiquetado en #Politica

Servindi, 21 de abril, 2010.- El informe en minoría elaborado por la Comisión Investigadora de los Sucesos de Bagua llegará a las Naciones Unidas anunció Jesús Manacés Valverde quién informó a un medio local que se hará entrega del documento a James Anaya, Relator Especial de la ONU sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, y a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).   

Información relacionada publicada en Servindi:

Patricia Wiesse Risso*

Si se tuviera que calificar con una palabra el Informe en Minoría de la Comisión que investigó los sucesos de Bagua, ésta sería riguroso. No lo definiremos como objetivo (porque sabemos que la objetividad no existe), pero sí imparcial. Seguir leyendo…

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- Comisionados presentan Informe en Minoría sobre sucesos de Bagua.

Servindi, 15 de abril, 2010.- El dia de hoy en conferencia de prensa los comisionados Jesús Manacés Valverde y Carmen Gómez Calleja presentaron el Informe en Minoría de la Comisión Especial para investigar y analizar los sucesos de Bagua el cual se encuentra accesible en el blog: http://informebagua-enminoria.blogspot.com/ (Foto Peru 21).

El informe, luego de analizar nuevos datos y efectuar indagaciones que no fueron debidamente considerados en el Informe Final, concluye en que el operativo policial del 5 de junio del 2009 en la Curva del Diablo “fue mal planificado, equívoco, improvisado e irresponsable”.

A diferencia del anterior informe que fue duramente cuestionado por sesgado y limitado el informe en minoría demuestra que el operativo tuvo un carácter especial y su resultado fatal es directamente atribuible a la forma en que se planeó.

El desenlace fatal del operativo que derivó en la muerte de 33 muertos y un desaparecido “pudo y debió evitarse -indica el docuento- y nada hay que justifique la contundencia con que se planeó y llevó a cabo”.

Por las características de su diseño el operativo “tenía objetivos políticos y de imagen que iban más allá que lo que corresponde a un operativo de desalojo de civiles” y por esto, “fue extremadamente desproporcionado, introduciendo elementos de riesgo innecesarios”.

El informe señala que “existen responsabilidades en los altos mandos a cargo del operativo, pero no puede negarse la grave responsabilidad, por acción u omisión, de las autoridades a cargo del sector Interior y del sector Defensa”.

Observa que la intención del poder ejecutivo en oscurecer el extremo superior de la cadena de mando del operativo del 5 de Junio “ha llevado a ubicar la responsabilidad en las propias víctimas, algo que no responde a una postura gallarda y responsable”  y “que no honra a las familias de los policías y los comuneros indígenas fallecidos”.

El nuevo informe brinda un análisis más profundo y estructurado sobre las causas de la protesta que el informe anterior desdibuja. Advierte, por ejemplo, que era falso el argumento oficialista de que no se podían derogar los decretos legislativos porque el Tratado de Libre Comercio se caería, como lo ha reconocido el ex Primer Ministro Yehude Simon.

Otra de las conclusiones de la investigación del presente informe es que demuestra que los indígenas que supuestamente emboscaron y atacaron a un contingente policial en un cerro adyacente a la curva del diablo no portaban ninguna arma de fuego.

El conflicto y su manejo posterior han puesto de relieve que el Estado no cuenta con mecanismos institucionales para acoger las diferencias y construir políticas públicas de manera dialogante y que, a su vez, no respeta los acuerdos internacionales que ha suscrito.

Peor aún, el gobierno mantiene “una estrategia de confrontación”, actitud que puso en peligro la continuidad del diálogo que se sostuvo “gracias a la voluntad de las organizaciones de no ceder ante las provocaciones”.

Según el informe, las razones que fundamentaron el conflicto “permanecen inalteradas, manteniéndose las condiciones de inseguridad jurídica para los pueblos indígenas”.

Del mismo modo, se mantiene también “el riesgo para el país de que estando las bases de la conflictividad latentes se pueda activar un nuevo ciclo de protesta que afecte la paz social o conduzca nuevamente a prolongadas confrontaciones entre los pueblos indígenas y el Estado”.

El informe concluye con un conjunto de recomendaciones en un esfuerzo por intentar recuperar un clima de confianza en las relaciones entre el Estado y los Pueblos Indígenas a fin de poder afrontar sin tensiones la solución de los conflictos.

Asimismo, expresan su plena coincidencia las “Reflexiones Finales” que la Defensora del Pueblo, Beatriz Merino, planteó a la Comisión del Congreso de la República que investiga los sucesos de Bagua porque abordan condiciones institucionales y de política pública necesarias para evitar que ocurran otros conflictos de la misma gravedad.

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