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El polvorín

Perú: MINISTRO DEL AMBIENTE COINCIDE CON ALAN GARCÍA: "LAS SALVAGUARDAS SOCIOAMBIENTALES PARA LO ÚNICO QUE SIRVEN ES PARA DESALENTAR LA INVERSIÓN"

28 Enero 2011 , Escrito por El polvorín Etiquetado en #Politica

 Los “decretos de urgencia” emitidos hace unos días en Perú, han sido cuestionados tanto por organizaciones ambientales y sociales y medios de comunicación, como por el diario El Comercio. En un comunicado reciente –que firman instituciones como WWF, ProNaturaleza, la SPDA, entre otras- se asegura que la eliminación de las certificaciones ambientales para la obtención de autorizaciones administrativas es un grave retroceso en materia ambiental, “en tanto se desvirtúa el rol de la evaluación de impacto ambiental (EIA) como herramienta de política pública en la toma de decisiones sobre los proyectos.

 

 

PERO ANTONIO BRACK DEFIENDE SU JUBILACIÓN CON SUELDO DE MINISTRO Y LE SIGUE LA CORRIENTE EN TODO AL RÉGIMEN DE TURNO … DE MANERA QUE NO SORPRENDE QUE DESPRECIE LAS SALVAGUARDAS AMBIENTALES.

 

Ministerio del Ambiente apoya cuestionados decretos de urgencia que excluyen EIA como requisito de proyectos

 

El Ministerio del Ambiente hizo público hoy un comunicado donde apoya los cuestionados decretos de urgencia 001-2011 y su modificatoria, el DU 002-2011, creados con la finalidad de facilitar la promoción de la inversión privada en determinados proyectos, entre ellos centrales hidroeléctricas.

En el comunicado del Minam se indica que los decretos de urgencia son concordantes con lo establecido en la Ley del Sistema Nacional de Evaluación del Impacto Ambiental (Ley Nº 27446), ratificando lo dispuesto en el Artículo 22º de su Reglamento, que señala que “el titular del proyecto puede, bajo su cuenta y riesgo, iniciar trámites administrativos que tengan como requisito la certificación ambiental, lo cual en ningún caso implicará la posibilidad de ejecutar parcial o totalmente el proyecto”.

Además, el Minam afirma que en el artículo 68º de la Ley del SEIA dispone que la participación ciudadana es aplicable a todas las etapas del proceso de Evaluación del Impacto Ambiental, “el cual podrá avanzar a la par de los otros trámites administrativos relacionados a los proyectos de inversión”.

Los decretos de urgencia en debate, sin embargo, han sido cuestionados tanto por organizaciones ambientales y sociales y medios de comunicación, como el diario El Comercio.

En un comunicado reciente –que firman instituciones como WWF, ProNaturaleza, la SPDA, entre otras- se asegura que la eliminación de las certificaciones ambientales para la obtención de autorizaciones administrativas es un grave retroceso en materia ambiental, “en tanto se desvirtúa el rol de la evaluación de impacto ambiental (EIA) como herramienta de política pública en la toma de decisiones sobre los proyectos. Según el procedimiento establecido en los DU, con las autorizaciones otorgadas, la EIA se convierte en un instrumento ineficaz y postergado”.

Además, agrega el comunicado “la Constitución Política del Perú establece que los DU sólo pueden emitirse para materias económicas y financieras. Un DU no puede modificar regulaciones ambientales, por lo que el artículo 5.3 del DU es inconstitucional”.

Por su parte, Mariano Castro, Decano de la Facultad de Derecho de la UCS, opinó que “las concesiones definitivas son autorizaciones que permiten utilizar bienes de uso público y el derecho de obtener servidumbres para la construcción y operación de, por ejemplo, centrales hidroeléctricas. Con estos decretos los estudios de impacto ambiental (EIA) ya no requerirán ser revisados ni aprobados antes de otorgarse las concesiones definitivas”.

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Los Decretos que exoneran certificaciones ambientales son inconstitucionales

IDL exhorta al Congreso de la República derogar estos DU.

http://idl.lamula.pe/2011/01/27/los-decretos-que-exoneran-certificaciones-ambientales-son-inconstitucionales/

Los Decretos de Urgencia (DU) números 001-2011 y 002-2011, destinados a exonerar del estudio de impacto ambiental a determinados proyectos de inversión como requisito previo para la obtención de autorizaciones administrativas, son inconstitucionales, pues no cumplen con lo establecido en el artículo 118, inciso 19 de la Constitución Política, en el artículo 91 del Reglamento del Congreso de la República, y en el fundamento 60 de la sentencia 0008-2003-AI/TC del Tribunal Constitucional (TC).

Entre los requisitos materiales que establece la Constitución encontramos que los DU solo pueden ser expedidos en los siguientes casos: cuando se legisle en materia económica y financiera, cuando se esté ante una situación excepcional e imprevisible, cuando exista una urgencia y una necesidad de expedirlo, cuando exista un interés nacional, entre otros.

Sin embargo, estos requisitos no se cumplen en este caso. Los decretos tienen un carácter administrativo y no económico ni financiero; tampoco se está ante una situación excepcional, extraordinaria, y menos imprevisible.

Cabe entonces preguntarse ¿cuál es la urgencia de un gobierno saliente para acelerar la ejecución de determinados macroproyectos? ¿estos proyectos no pueden realizarse cumpliendo el trámite legal establecido para ellos, como debería suceder con cualquier inversionista?

Estas preguntas no han sido respondidas en la exposición de motivos de los DU; por el contrario, se dan explicaciones generales que no muestran por qué la situación actual sería excepcional, extraordinaria e imprevisible. A partir de esas ambigüedades, la verdadera motivación de los DU queda abierta a suspicacias.

En cuanto a la urgencia y a la necesidad de expedirlo, cabe señalar que la esencia del DU es la necesidad de atender una situación que no puede esperar el trámite ordinario de aprobación de una ley por el Congreso. Sin embargo, actualmente en el país no hay ningún problema que requiera acelerar estos proyectos que ya siguen una tramitación ordinaria.

Asimismo, el interés nacional exige que se ejecuten bien estos proyectos sin sacrificar el medio ambiente y realizando la consulta previa a los pueblos indígenas.

Pero no solo eso, estos decretos de urgencia afectan derechos fundamentales que limitan la facultad legislativa del Congreso. En primer lugar, según el art. 2 inciso 22 de la Constitución, se viola el derecho a un medio ambiente equilibrado pues las certificaciones ambientales ya no serán requeridas al momento de solicitar las autorizaciones administrativas sino antes del inicio de la ejecución de la obra.

Otro punto importante es que estos decretos establecen, de forma tácita, que no habrá derecho a la consulta previa cuando estas obras se realicen en territorios indígenas. ¿Puede un decreto de urgencia dejar sin efecto el Convenio 169 de la OIT que tiene rango constitucional y la jurisprudencia vinculante del TC? Evidentemente no es posible pues se tratan de normas de diferente jerarquía. 

Pero incluso, en el supuesto que se acepte la realización de la consulta previa establecida en el artículo 6 del Convenio 169 de la OIT, ésta no se podría realizar pues esta consulta requiere que antes del proceso de diálogo entre el Estado y los pueblos indígenas, se le brinde a estos últimos, toda la información necesaria sobre los posibles impactos de la decisión a adoptarse, para que sobre esa base, los pueblos indígenas pueden deliberar internamente y evaluar si les conviene, y si están de acuerdo con la decisión del Gobierno.

Ante esta grave situación, el Instituto de Defensa Legal (IDL) exhorta al Congreso de la República a derogar estos decretos; de no hacerlo, corresponderá al Poder Judicial dejarlos sin efecto o al Tribunal Constitucional (TC), ejercer un proceso de inconstitucionalidad de los mismos.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comunicado: decretos de urgencia desnaturalizan institucionalidad ambiental y podrían generar conflictos sociales

A la opinión pública

 

DECRETOS DE URGENCIA DESNATURALIZAN INSTITUCIONALIDAD AMBIENTAL Y PODRÍAN GENERAR CONFLICTOS SOCIALES

 
El día 18 de enero de 2011, se publicó el Decreto de Urgencia (DU) N° 001-2011, que dicta disposiciones extraordinarias a ser aplicadas durante el año 2011 para promover la inversión privada en determinados proyectos de inversión, asociaciones público-privadas y en la concesión de obras públicas de infraestructura y servicios por parte del Gobierno Nacional.

Este DU señala en su artículo 5.3. que las certificaciones ambientales “(…) no serán requisito para la obtención de las autorizaciones administrativas de carácter sectorial (…) para el ejercicio de las actividades económicas materia del proyecto adjudicado”, y señala de necesidad nacional y ejecución prioritaria por parte de PROINVERSION la promoción de la inversión privada en una lista de 30 proyectos. El día 21 de enero, mediante el DU N° 002-2011, esta lista se expandió a 33 proyectos, entre los que se incluyen los de  “Energía de Nuevas Centrales Hidroeléctricas”.

La eliminación de las certificaciones ambientales para la obtención de autorizaciones administrativas es un grave retroceso en materia ambiental, en tanto se desvirtúa el rol de la evaluación de impacto ambiental  (EIA) como herramienta de política pública en la toma de decisiones sobre los proyectos. Según el procedimiento establecido en los DU, con las autorizaciones otorgadas, la EIA se convierte en un instrumento ineficaz y postergado.

Además, la Constitución Política del Perú establece que los DU sólo pueden emitirse para materias económicas y financieras. Un DU no puede modificar regulaciones ambientales, por lo que el artículo 5.3 del DU es inconstitucional.

Las EIA tienen un componente social y de consulta a las poblaciones afectadas e interesadas. Al postergar su aplicación, se está reduciendo las garantías y los derechos de la población de asegurar que los proyectos no van a impactar negativamente en su vida, creando así condiciones de incertidumbre que propician conflictos sociales, como es bien sabido.

Entre la lista de proyectos priorizados llama poderosamente la atención la inclusión los proyectos de “Energía de Nuevas Centrales Hidroeléctricas”, pues no se especifica a qué proyecto se está haciendo referencia. Esta generalidad debilita el argumento de urgencia que ampara los DU; y permite interpretar que podrían estar incluidos proyectos hidroeléctricos controversiales, como los que pretenden ejecutarse en la Amazonía como parte del Acuerdo de exportación de energía a Brasil. En este sentido, estos DU buscarían eludir el rechazo social  a estos proyectos que ya se registra en Madre de Dios, Puno y Junín.
Los abajo firmantes consideramos que el contenido de estos DU afecta gravemente la regulación ambiental en el país y propicia conflictos sociales que trascenderán el periodo de gobierno actual. En consecuencia, invocamos al actual gobierno a corregir su intento de debilitar las salvaguardas ambientales y sociales en el Perú, pues podría significar una “bomba de tiempo” para la siguiente administración.

Lima 27 de Enero de 2011

Sociedad Peruana de Derecho Ambiental (SPDA); Asociación Servicios Educativos Rurales (SER); Derecho, Ambiente y Recursos Naturales (DAR); Centro para la Sostenibilidad Ambiental de la Universidad Peruana Cayetano Heredia (CSA); ProNaturaleza-Fundación Peruana para la Conservación de la Naturaleza; WWF; Central Asháninka del Río Ene (CARE). http://www.actualidadambiental.pe/?p=8925

 

  

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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