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El polvorín

Perú: Petroleo, Minería y Corrupción Aprista

28 Junio 2010 , Escrito por El polvorín Etiquetado en #Politica

Saqueo de petróleo y minerales en gobierno de Alan García.

  
gobierno aprista optó por favorecer abiertamente a Southern Copper, no exigiendo las condiciones mínimas para los estudios de Impacto Ambiental y para las audiencias populares , promoviendo estrategias de trasnacional minera para imponer su proyecto.
  
negociado de Petrotech y los US$ 300 millones de dólares de impuestos que se dejaron de pagar cuando se vendió empresa a coreanos y colombianos quedó en nada.
  
Islay protestaba pacíficamente cuando fue reprimido a sangre y fuego por oponerse a intentos de imponer los tajos abiertos de La Tapada y la Tía María en su zona.
 
 
 
Por Pedro Francke
Entre los escándalos de corrupción sacuden al país, los petroaudios están sacando a la luz varios elementos vinculados al saqueo de nuestro petróleo y nuestros minerales. El más notorio ha sido la revelación de que los dirigentes apristas José Carrasco Távara y Jorge del Castillo estaban en el centro de un esquema mafioso, junto con el encarcelado don “Bieto” Químper, para REDUCIR EL PAGO DE REGALIAS a una poderosa empresa petrolera.

Hablando del tema, ¿recuerdan en que quedó la investigación sobre el negociado de Petrotech y los US$ 300 millones de dólares de impuestos que se dejaron de pagar cuando se vendió esa empresa a coreanos y colombianos?. En nada, y en el total y vergonzoso silencio de Jonny Peralta.

Hay más: el escándalo de los petroaudios ha revelado que BTR ha chuponeado y espiado a varios de los líderes y organizaciones opuestas a las empresas mineras que son dañinas al medio ambiente y abusivas con la gente, como el sacerdote Marco Arana, recientemente lanzado como candidato presidencial por el Movimiento Tierra y Libertad y tenaz defensor de los derechos de los campesinos y del agua de Cajamarca frente a la poderosísima Yanacocha.
 
          

También figuran entre aquellos con correos electrónicos ilegalmente interceptados Fedepaz, una institución que apoyó a los agricultores de Tambogrande contra la minera Manhattan y apoya a los campesinos de Ayabaca y Huancabamaba frente a la abusiva Majaz. No hay que tener demasiada imaginación para sospechar quienes son los principales interesados en ese chuponeo y ese espionaje, y por lo tanto quiénes contrataron – seguramente pagando varios miles de dólares – la ilegal actividad de BTR.

Estas revelaciones salieron al mismo tiempo que el pueblo de Islay protestaba pacíficamente contra los intentos de imponer los tajos abiertos de La Tapada y la Tía María en su zona. Los arequipeños tienen razón en su protesta. El Estudio de Impacto Ambiental presentado por Southern Copper deja de lado que su pretendido uso de 7 mil millones de litros de agua al año provenientes de pozos reduciría peligrosamente la disponibilidad de aguas río abajo en épocas y años secos, y llevarían a una peligrosa concentración de boro y arsénico. La población de Islay ya ha participado masivamente en una consulta ciudadana, en la que más de 12 mil ciudadanos manifestaron su oposición al proyecto.

A pesar de que la razón asistía a los arequipeños, el gobierno aprista optó por parcializarse y favorecer abiertamente a Southern Copper, no exigiendo las condiciones mínimas establecidas en la ley para los estudios de Impacto Ambiental y para las audiencias, y promoviendo las estrategias de la trasnacional minera para imponer su proyecto.

Esta empresa Southern Copper ha tenido ganancias netas de 5,300 millones de dólares en los últimos 5 años, más de 3 veces su inversión. La sobreganancia de esta sola empresa, su ganancia por encima de lo razonable, es de 4,300 millones de dólares, lo que alcanzaría para que todos, TODOS, los peruanos mayores de 65 años, reciban una pensión básica los doce meses del año. Ese gobierno no ha tomado medida alguna para recaudar parte de esa enorme riqueza e invertirla en la mejora de la salud, la educación y la seguridad social.

El caso de Southern no es, por cierto, el único caso de privilegios indebidos. Un par de meses atrás, la minera Antamina informó que dejaría de pagar impuestos por 300 millones de dólares acogiéndose a unas exoneraciones tributarias sinvergüenzas establecidas por Fujimori y derogadas una década atrás. El gobierno no movió un pelo para remediar este abuso.

Si el mismo gobierno que permite el chuponeo a los opositores y llega a arreglos bajo la mesa para entregar lotes petroleros y reducirles impuestos a las trasnacionales, actúa parcializadamente para favorecer a una gran empresa minera, ¿no debemos sospechar que hay alguna conexión entre ambos fenómenos¿

La enorme corrupción que el petróleo y la minería han generado en países subdesarrollados con democracias débiles, por lo demás, está ampliamente documentada. Economistas y científicos sociales han mostrado hasta la saciedad este fenómeno.

El gobierno aprista, está claro, pretende seguir imponiendo nuevas minas por encima de la voluntad de los pobladores y mantener impuestos bajísimos a las existentes. El cálculo económico de Alan García y su entorno es simple: hay miles de millones de dólares en juego en la explotación minera y petrolera, y les quedan sólo 15 meses de gobierno.

No hay que dejar que se sigan llevando nuestras riquezas a manos llenas, dejándonos un país ambientalmente dañado y socialmente herido.

Como nos han enseñado los pobladores de Cochacharca e Islay, podemos detenerlos.
 
Publicado por Tierra y Libertad 
 




Más salvaje que una protesta indebida de toma de carreteras es ordenar meter bala a los manifestantes y sobre los muertos, recién sentarse a negociar, antes de hacerlo previamente, repitiendo la torpeza demencial de Bagua. Salvaje es el abuso de la fuerza para quien detenta el poder e imponer de este modo medidas de sometimiento a los grandes grupos interesados sólo en la explotación primaria de nuestros recursos naturales.

Cómo puede ser motivo de orgullo repetir como una letanía de que el Perú es un país minero, expresado frecuentemente por algunos comentaristas de medios, por gobernantes genuflexos y por empresarios del ramo, cuando esta actividad no se eslabona con una cadena productiva, generando mayor valor agregado, y se exporta apenas como materia prima. Ante la situación de los mineros artesanales, cómo se rasgan las vestiduras aquellos gobernantes y legisladores que permiten que la minera Doe Run, continúe burlándose de la legislación tributaria y ambiental una y otra vez. Y qué dice el Dr. Brack, Ministro de Ambiente, de la empresa Shougang calificada como una de las mayores contaminantes del litoral en Marcona; no dice nada, calla en todos los idiomas. El capitalismo salvaje nos esta regresando a los tiempos de la novela de Manuel Scorza “Redoble por Rancas”, donde narra el despojo de tierras que hacía la Cerro Corporation a las comunidades andinas; sólo que este drama se está convirtiendo en un "Redoble por el Perú", por la cantidad de muertos que este gobierno viene dejando a su paso.
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Dos heridos de bala en protestas de Islay (video)

 
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TIERRA Y LIBERTAD

PRONUNCIAMIENTO FRENTE A LA PROTESTA DE ISLAY

En momentos en que el líder de Tierra y Libertad, Marco Arana, visita la ciudad de Arequipa, nuestro movimiento político se pronuncia frente a los sucesos de Islay

En estos días, el pueblo de Islay protesta pacíficamente contra los intentos de imponer los tajos abiertos de La Tapada y la Tía María en su zona. Tierra y Libertad ha analizado el caso y ha encontrado que:

- El Estudio de Impacto Ambiental presentado por Southern Copper deja de lado riesgos importantes como el impacto que su uso de 7 mil millones de litros de agua al año provenientes de pozos, impacten sobre la disponibilidad de aguas en el río aguas abajo en épocas y años secos y lleven a una peligrosa concentración de boro y arsénico.

- La población ya ha participado masivamente en una consulta ciudadana, en la que más de 12mil pobladores de la provincia manifestaron su oposición a proyecto.

- La protesta de Islay se produce porque Southern Copper está llamando a una audiencia el próximo 19 buscando así validar su proyecto, pero propagandiza 3 alternativas de uso de agua que ni siquiera forman parte de su Estudio de Impacto Ambiental y que se encuentran fuera de la zona de impacto del proyecto como la exige la ley.

- Las autoridades del Ministerio de Energía y Minas y del gobierno han optado por parcializarse y favorecer abiertamente a Southern Copper, no exigiendo condiciones mínimas establecidas en la ley para los estudios de Impacto Ambiental y para las audiencias, y promoviendo las estrategias de la trasnacional minera para imponer su proyecto.

Este caso, como en el desordenado y desregulado avance de la minería informal, indica nuevamente que este gobierno ha sido complaciente con varias empresas y explotaciones mineras que contaminan y deterioran el medio ambiente, afectan negativamente a agricultores y campesinos, pagan pocos impuestos, no aseguran derechos laborales, fomentan la corrupción como estamos viendo en el caso de los petroaudios, afectan la tranquilidad social, no respetan la voluntad popular expresada en las consultas vecinales y menos aún han cumplido con aplicar la consulta a los Pueblos Indígenas para llegar a acuerdos u obtener su consentimiento como obliga el Convenio 169-OIT.

Frente a estos hechos, Tierra y Libertad:

1. Manifiesta su solidaridad y pleno apoya a la lucha del pueblo de Islay.

2. Hace un llamado al gobierno a evitar un nuevo derramamiento de sangre como la lamentablemente muerte, a manos de la policía, de 6 pobladores en la protesta de Chala.

3. Demanda que el Ministerio de Energía y Minas y la Southern Copper se pongan a derecho en vez de imponer a toda costa la audiencia generando mayor conflicto del existente.

4. Emplaza al Congreso a que proceda de inmediato a la discusión y aprobación de la Ley sobre el Derecho al Consentimiento Previo, Libre e Informado, recogiendo las demandas y posiciones de las legítimas organizaciones indígenas, AIDESEP, CONAP, CONACAMI, CCP y CNA entregadas el 9 de abril al Congreso.

5. Insiste ante el gobierno en que se detenga cualquier otorgamiento de concesiones mineras mientras se establece una política de ordenamiento territorial y de derecho a la consulta.

6. Demanda que en defensa del medio ambiente y el derecho al agua, se establezca un nuevo sistema independiente de elaboración y consulta de estudios de impacto ambiental, donde las empresas y el sector energía y minas no sean juez y parte al mismo tiempo.

¡Lo justo: agua y agro sí, Tía María no!
¡Lo justo: respeto a la Consulta Popular en Islay!
¡Lo justo: Consulta Previa a los Pueblos Indígenas del Perú!
 


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