El polvorín

Política minera, transnacionales y perspectivas de la resistencia en Colombia

13 Agosto 2011 , Escrito por El polvorín Etiquetado en #Politica

Andrés Idárraga Franco*

Viernes 12 de agosto de 2011

 

En el 2005 el gobierno de Uribe en Colombia puso en marcha el plan “Visión 2019. Colombia como un país minero”. Según este plan, Colombia debería estar en el 2019 entre los tres primeros países latinoamericanos con mayor Inversión Extranjera Directa (IED) en el sector minero. Además, en esta hoja de ruta se sostiene que la iniciativa privada es la única capacitada para producir e impulsar el desarrollo. Decenas de empresas transnacionales mineras se están implantando en Colombia desde entonces. Este artículo analiza los impactos y las resistencias a esta nueva forma de explotación de los recursos minerales en Colombia.

 

A finales de la década de 1990 el sector minero de Colombia se encontraba en declive. Esta situación se conjugaba con la dificultad que tenían los inversores privados mineros para depositar en grandes proyectos sus capitales debido al conflicto social y armado y a la llamada inseguridad jurídica (expresada en la permanencia de normas restrictivas y el aún alto protagonismo estatal en la economía), algo que, con la entrada de la Constitución política de 1991, se ha venido disminuyendo.

Con la llegada de Uribe Vélez, en 2002, se agudiza la militarización de los territorios (lo que ya había comenzado el gobierno anterior con el Plan Colombia), al tiempo que los precios internacionales de algunos minerales, como el oro y el carbón, entran en ascenso. La securitización de los territorios continuó a partir de 2005 con la ejecución de la segunda fase del Plan Colombia, con la estrategia de Recuperación Social del Territorio - RST. Esta estrategia se ejecutó teniendo como referente la Doctrina de Acción Integral (guerra política y militar), desarrollada desde los Centros de Coordinación y Acción Integral (CCAI), que situaron la acción cívico-militar del Estado en las zonas con más altos índices de confrontación armada o con mayor presencia de grupos ilegales que, en la época, coinciden con zonas de reservas comprobadas de petróleo y de algunos minerales metálicos y no metálicos.

En el 2005 el gobierno presenta la política de Estado “Visión 2019: Colombia como un país minero”, que, como apuesta estratégica en materia económica, definió las metas y los parámetros a partir de los cuales se profundizaría la actividad minera en el país. Entre otras cosas, propuso como meta que Colombia se encuentre, al llegar a 2019, entre los tres primeros países latinoamericanos con mayor Inversión Extranjera Directa (IED) en el sector minero, estableciendo además que la iniciativa privada es la única capacitada para producir e impulsar este desarrollo. Esto ha generado la llegada de decenas de empresas privadas a territorio colombiano, desde la canadiense Barrick Gold hasta la sudafricana AngloGold Ashanti.

En este contexto militar y de política minera, en la década del 2000 encontramos un país prácticamente inexplorado en el sector minas (excluyendo hidrocarburos), con baja presencia (pero en ascenso) de multinacionales en el sector y una creciente demanda de productos energéticos y de metales preciosos a nivel internacional. En el periodo 2002-2005 se comienzan a evidenciar conflictos (ambientales, culturales, económicos, políticos, sociales) a causa de la entrada de los proyectos mineros en los territorios. Militarmente, desde el año 2005, nueve zonas y 53 municipios son intervenidos en el marco de la estrategia de RST. Por su parte, la IED pasó en el mismo periodo de 466,2 millones de dólares en 2002 a 2.157,2 millones en 2005 y a 2.994,1 millones en 2009 [1].

Contexto económico minero

El comportamiento del Producto Interior Bruto (PIB) comienza su repunte en 2002, alcanzando en ese año los 20.381 millones de pesos y llegando en 2010 a 30.130 millones. La evolución de la balanza de pagos, según el Banco de la República [2], muestra que en 2010 las exportaciones de carbón sumaron 6.015 millones de dólares y crecieron un 11,1 por ciento debido, por un lado, al aumento de las cantidades vendidas (5,3 por ciento), que se destinaron principalmente a China, Estados Unidos, Holanda y Reino Unido, y, por otro, al incremento de un 6,1 por ciento en su precio de exportación. A su vez, las ventas de ferroníquel ascendieron a 969 millones de por ciento, comportamiento explicado por el alza de los precios de venta del producto a pesar de la reducción (en un 17 por ciento) en las cantidades exportadas, que se enviaron en su mayoría a China, Estados Unidos, Holanda e Italia. Lo anterior, según el gobierno, es el resultado de una política de “confianza inversionista” que ha llevado al país a una invasión del capital transnacional minero.

Según el informe sobre política monetaria y cambiaria de 2010 del Banco de la República, el flujo neto por IED en la economía colombiana el año pasado fue de 6.760 millones de dólares (el 2,4 por ciento del PIB), concentrado principalmente en las actividades de petróleo y minería que, juntas, absorbieron el 72,7 por ciento (4.917 millones de dólares) de los aportes del capital extranjero.

Política minera y empresas transnacionales

Para la consecución de las metas establecidas en 2005 en política minera se ha puesto en práctica una serie de medidas (reformas legislativas) y estructuras (distritos mineros) que, de la mano de la legislación vigente en la materia, han logrado atraer capitales transnacionales, fundamentalmente de Canadá (52,7 por ciento), Sudáfrica (24,4), Suiza (9,8) y Estados Unidos (6,3 por ciento), que en 2009 concentraron las mayores inversiones en el sector, seguidos de países como Australia, Brasil e Inglaterra que, juntos, sumaban alrededor del 6,8 por ciento.

Por su parte, en el mes de diciembre de 2009, la International Resources Investment Corporation (IRIC) de Canadá entregó un informe para el gobierno de Colombia en el que planteó que “cualquier cambio negativo en las políticas mineras/tributarias puede tener serias consecuencias económicas que irían en detrimento de la inversión y de lo que se pretende dentro de la política de mejoramiento de la productividad y competitividad del sector minero colombiano” [3]. Esta cuestión fue acatada por el gobierno y concuerda con la reforma del Código de Minas en 2010 (Ley 1382) [4], que favorece abiertamente a la gran minería y permite, entre otras cosas, la integración de títulos mineros con un solo Estudio de Impacto Ambiental (EIA) y Plan de Trabajos y Obras (PTO). Estas cuestiones, en la práctica, sólo se pueden realizar con altas inversiones económicas, a las que difícilmente pueden acceder comunidades y pequeños o medianos empresarios que dependen de esta actividad.

Sin embargo, la discusión no se puede restringir a un asunto de acceso por parte de capitales nacionales (pequeños y medianos) al sector. Aunque el primer paso es retomar la soberanía sobre los recursos minerales, no es suficiente en la medida en que quedan muchas cuestiones sueltas que la producción nacional(izada) no resuelve. Nos referimos a los impactos ambientales, a los económico-culturales y a los impactos sobre la salud.

En cuanto a los primeros, hay que destacar que la minería es una actividad destructiva en sí misma y que resulta imposible restaurar acuíferos contaminados o zonas de recarga destruidas, así como paisajes. Por otro lado, mediante este modelo de desarrollo se pretende que la economía colombiana dependa sustancialmente de la minería, algo que llevaría a que miles de personas cambiasen su vocación productiva, pasando por ejemplo de ser campesinos “libres” a mineros dependientes y precarizados laboralmente. Los impactos sobre la salud y la calidad de vida, por último, son bien conocidos, máxime cuando estamos frente a una política que favorece la gran minería, que, mezclada con el corrupto y privatizado sistema de salud, llevaría a la muerte a miles de colombianos, fundamentalmente a las personas empobrecidas.

Las resistencias

Las alarmas en el interior de grupos organizados de afrodescendientes, campesinado, indígenas y algunas comunidades urbanas hoy están encendidas por la amenaza que se cierne sobre sus territorios y sus vidas a causa del proyecto minero y de la militarización. Sin embargo, con excepción de la gran minería, presente desde hace décadas en el departamento de la Guajira y La Jagua de Ibirico (por las que Colombia es el cuarto productor mundial de carbón), así como de Cerromatoso en el departamento de Córdoba (por la que el país es el tercer productor mundial de níquel y cuarto de ferroníquel), productivamente nos encontramos en un momento de exploración con baja explotación de minerales por parte de transnacionales, incluso seis años después de expedida la política de Estado minera y de la implementación de la estrategia de RST. De ahí que la organización política y social para enfrentar la minería transnacional sea tan incipiente como el estado de los proyectos de explotación: estamos en el comienzo del conflicto. De las recientes inversiones extranjeras para minería que están ad portas de iniciar el proceso de explotación sobresale el proyecto La Bodega, de la canadiense Ventana Goldcorp, que, en el departamento de Santander (noreste), espera comenzar la explotación de las 3,5 millones de onzas de oro inferidas a finales del 2012, con una producción anual de 301 mil onzas durante los primeros seis años y una vida de mina de catorce años [5].

Algo similar sucede con la alianza y fusión de capitales de la sudafricana AngloGold Ashanti (AGA) y la canadiense B2Gold Corp., quienes firmaron en febrero de 2008 un acuerdo de entendimiento vinculante consistente en la adquisición por parte de la B2Gold de derechos sobre algunos proyectos mineros de la sudafricana. La peligrosa alianza para el bienestar de las comunidades se concentra en los proyectos mineros de Gramalote, Quebradona y Miraflorez [6], todos en contratos de riesgo compartido (joint venture) con la AGA. “Las pruebas metalúrgicas iniciales indican que en Gramalote se puede trabajar con los procesos tecnológicos de lixiviación con cianuro” [7]. En el caso del proyecto Quebradona, “el programa de exploración tiene por objeto determinar la posible existencia de depósitos de oro de bajo grado con un gran tonelaje que pudieran ser susceptibles de explotación minera a cielo abierto y de técnicas de extracción mineral a bajo costo” [8].

Las demás empresas (Golden Amera, CVS Exploration, Greystar, Coalcorp Mining Inc, Barrick Gold Corp, Río Tinto Limited, Cambridge Mineral Resources, De Beira Goldfields, Muriel Mining, Colombia Goldfields y Antofagasta o Vale do Rio) continúan valorizando sus títulos, mientras avanzan en los PTO que ordena la legislación minera, al tiempo que “desgastan” la resistencia. No tienen prisa. Su capital en las bolsas internacionales sigue reproduciéndose aun sin actividades de explotación.

En este contexto, la discusión desde los sectores económicos y sociales organizados que se oponen a esta política del gobierno y a la consecuente persecución política a las comunidades en medio de la militarización, han convergido en torno a la soberanía nacional como una de las primeras (y más necesarias) medidas para hacer frente las transnacionales.

De ahí que hoy confluyan en torno a la Red Colombiana Frente a la Gran Minería Transnacional (RECLAME) decenas de organizaciones que hacen minería artesanal, esto es, sin ninguna ayuda mecánica [9]; otras que no son tan intensivas en capital pero sí en mano de obra, que podríamos llamar pequeña minería; y otras con una mayor inversión económica y un área de intervención mayor a la anterior, que podríamos denominar mediana minería. Se pueden identificar, por tanto, comunidades, pequeños y medianos empresarios que, en este caso, están organizados para hacerle frente a la gran minería que impulsa el gobierno colombiano. Unos lo están porque sus lógicas comunitarias, culturales y territoriales, ligadas a lo ancestral, están juego, y otros, no menos valerosos, quizás porque sienten que su economía privada y sus niveles de consumo se encuentran en peligro.

A largo plazo

Alrededor de este frente social de resistencia a la minería transnacional también se puede observar una visión económica distinta y una lucha estratégica (a largo plazo) contra el capital financiero y transnacional. Es decir, un planteamiento que permita que comunidades empresariales y rurales que dependen de esta actividad (al estilo de las teorías de la década de 1960 o de tipo neo-keynesiano, que no cuestionan al capitalismo sino que buscan mantenerlo “regulado”, sometido a reglas que atenúen sus impactos, que pretenden “humanizarlo” con reglas de justicia económica y redistribución) puedan trascender la lógica extractiva y se replanteen otros caminos para la realización del desarrollo humano y el buen vivir.

Estas posturas, que están más por la defensa del negocio minero privado que del territorio, la autonomía comunitaria, la soberanía alimentaria o la sustentabilidad, están en constante tensión dentro de RECLAME y, en el marco del discurso por la soberanía, no evidencian ni resuelven la exclusión socioeconómica, ni los impactos negativos de la industria extractiva, es decir, la base de la dominación del capital y de la visión hegemónica del desarrollo. Por otro lado, tampoco reivindican el derecho de las comunidades a la participación directa y decisoria sobre los proyectos extractivos que se desarrollan en sus territorios.

La lógica extractiva en la que se asienta la estructura del capital encuentra en el sector de minas el espacio para favorecer la acumulación privada en manos de empresas transnacionales. Ellas son las dueñas mundiales del negocio, y de esta situación no escapa Colombia, que limita al máximo lógicas cooperativas y de asociación colectiva por, entre otras cosas, los altos niveles de inversión sobre los cuales está diseñada la política minera.

Esta es la discusión central: ¿cómo garantizamos nuestros derechos colectivos creando caminos que se aparten de las lógicas del capital? Avanzar a fondo en la crítica a la doctrina economicista del desarrollo hegemónico es parte de la tarea del movimiento social que le hace frente a la gran minería transnacional, así como establecer otros tipos y formas de propiedad sobre los medios de producción y distribución, y restringir, así, las posibilidades de apropiación privada de lo colectivo y de lo público.


*Andrés Idárraga Franco es abogado, docente universitario e investigador de la Corporación para la Educación, el Desarrollo y la Investigación Popular del Instituto Nacional Sindical (CEDINS) de Colombia.

 Revista Pueblos

 

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