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El polvorín

Procuraduría de Costa Rica en problemas por ocultar información sobre camino

28 Octubre 2010 , Escrito por El polvorín Etiquetado en #Politica

La solicitud ambientalista contra la minería en Crucitas y una nueva prueba

Fuente: Carlos Salazar (csalazar@elpais.co.cr)  | 24/10/2010

San José (elpais.cr) – La Procuraduría General de la República (PGR), se encuentra en problemas al tener que defender un camino público, propiedad del Estado, y como coadyuvante de la empresa en el caso de la minería de oro a cielo abierto, en Las Crucitas de San Carlos, en la zona norte de Costa Rica.

En un comentario a una noticia relacionada, Álvaro Sagot, abogado ambientalista que cuestiona irregularidades ante el Tribunal Contencioso Administrativo, dijo que “la pregunta válida ahora es: ¿Qué papel jugará la Procuraduría, estando con la verdad en la cara de que el camino público debe ser defendido y que ellos eran y son los llamados a defenderlo?”.

Desde el 4 de octubre se desarrolla en dicho Tribunal un juicio para determinar la ilegalidad de una serie de permisos y un decreto presidencial para la construcción de una mina de oro a cielo abierto, propiedad de la transnacional canadiense Infinito Gold.

El viernes, poco después de las cuatro de la tarde, el abogado ambientalista Edgardo Araya, presentó un expediente de unos 70 folios, donde da cuenta que la laguna de deslaves del proyecto sería construido en un camino público municipal, que utilizan los vecinos de la zona, principalmente agricultores y ganaderos, así como trabajadores del campo.

Dicho camino vecinal es unos cinco kilómetros más corto que otro construido por la empresa, con permiso de la Municipalidad de San Carlos.

Hace dos semanas, la ex regente de la empresa y ex Directora de la Secretaría Técnica Nacional Ambiental (SETENA), que otorgó la viabilidad ambiental cuestionada en el juicio, dio cuenta de la existencia del camino público durante su comparecencia.

A raíz de ello, Araya explicó al Tribunal que se abocó a investigar el tema y se encontró información que debe ser analizada para mejor resolver y encontrar la verdad real de todo lo acontecido.

Araya dijo que entregó un expediente con documentación sobre una consulta a la Municipalidad de San Carlos si ese es un camino público o no, además de varios dictámenes de la Procuraduría con respecto a la posibilidad de evaluar un bien demanial o no del Estado, que hizo la Dirección de Tributación de Alajuela.

Entre las pruebas,, agregó Araya al Tribunal, se aporta “una resolución de la Dirección de Tributación donde establece que habiéndose demostrado que la solicitud es para un camino público, que implica la eliminación de un camino público la Regional de Alajuela de Tributación le comunica a la Directora del Registro Nacional Minero, Silvia Cavallini, de que no es posible realizar el avalúo ni realizar ningún trámite, a menos que se realice la desafectación, mediante el trámite consagrado en la Constitución Política, en la Asamblea Legislativa”.

“Incluso, este último oficio, que consta en el expediente, está firmado por el ingeniero Oscar Flores Calderón (Perito) y el ingeniero Edgar Vargas Murillo, Coordinador del Área de Valoración de la Administración Tributaria de Alajuela”, aseveró.

Araya destacó a los jueves que “Incluso, en este escrito, en este informe, se establece que ante esta duda, ante la situación planteada, sostuvieron una reunión informal con el Procurador, William Ávila Ardón, junto con el Dr. José Barahona Vargas (de la PGR), quienes tuvieron criterios coincidentes en el que se puede resumir como sigue y hace una serie de manifestaciones para concluir en que no se puede realizar lo que solicita la Dirección de Registro Minero, la Licda. Silvia Cavallini”.

Añadió que la petición a los jueces se hizo “con el fin de demostrar que efectivamente el proyecto minero Crucitas contempla la eliminación de un camino público en que no se han seguido los trámites correspondientes. Para el día de hoy, ya teniendo la concesión minera, teniendo la viabilidad ambiental, teniendo también el Decreto de Conveniencia Nacional”.

“A mayor abundamiento, la laguna de relaves, según lo que dice la misma empresa minera, Industrias Infinito, en folio 5 de este expediente, parece que ese es el único lugar técnicamente viable para poder realizar la laguna de relaves. Por lo que, la determinación de que efectivamente hay un camino público o no, en ese lugar, va a incidir directamente en la posibilidad de que la empresa minera construya la laguna de relaves ahí, y eso, evidentemente afecta directamente el objeto del proceso en que nos encontramos acá”, agregó.

“Estamos planteando que la constante de la concesión minera como la viabilidad ambiental, como el decreto de Conveniencia Nacional, carece de elementos”, acotó.

El abogado fundamentó su petición en que “este es un asunto del artículo 50 del Código Procesal Contencioso Administrativo, fundamentalmente el numeral 2”.

“Esto, ciertamente, no está establecido expresamente en la demanda, ni en la contestación de la demanda, pero son hechos surgidos durante el debate a raíz de aseveraciones espontáneas de testigos”, ahondó.

“En esa situación, aplicando lo que establece esta normativa, Artículo 50, numeral 2, yo solicito que se tenga este expediente certificado como prueba para mejor resolver, e incluso, si es admitido, para que pueda ser consultado por los testigos que faltan, fundamentalmente Silvia Cavallini, quien realiza esta gestión ante la Dirección Tributaria Zona Norte”, precisó.

Informó además que aunado a ello, “en formato digital, viene también una nota dirigida al diputado Manrique Oviedo, que está incluida en este expediente donde se hace un resumen de la situación de este expediente, y una certificación del Registro Minero donde indica, que al día de hoy, no hay constituida ninguna servidumbre minera, por parte de Industrias Infinito, pero que hay en trámite una solicitud de concesión de servidumbre minera sobre el terreno municipal sin inscribir, que establece la Dirección del Registro Minero”.

“Esta certificación indica que el trámite se envió a la Dirección de Tributación para que se realizara el correspondiente avalúo, porque esto tiene relación directa con este expediente porque hace referencia a este expediente (sobre el proyecto de Industrias Infinito)”, alegó Araya.

“Por lo tanto, hago la solicitud para que se admita como prueba para mejor resolver, teniendo en cuenta que esta situación que incide directamente el objeto de este proceso ateniéndonos también al servicio de la verdad real, y ver la posibilidad que tiene este Tribunal de revisar la totalidad del bloque de legalidad, de la conformidad de los actos administrativos impugnados con la legislación vigente”, concluyó Araya.

El Tribunal aceptó la petición, lo que causó disgusto entre la batería de abogados de la transnacional canadiense y coadyuvantes del Estado, principalmente de la PGR.

Las partes tendrán tres días hábiles, martes, miércoles y jueves, de la semana venidera para referirse el próximo viernes a la nueva prueba aportada por los ambientalistas.

Con esta nueva situación, el debate podrá prolongarse a los primeros días del próximo mes de noviembre.

 

 

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