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El polvorín

Reservas indígenas en Chiapas para control de los pueblos y saqueo de sus recursos

15 Noviembre 2010 , Escrito por El polvorín Etiquetado en #Politica

El Gobierno realoja a indígenas de Chiapas en nuevos núcleos rurales más grandes, en teoría para mejorar su calidad de vida. Detrás se esconden intereses económicos y un plan para desarticular al Ejército zapatista.

Ciudades rurales para controlar a los indígenas de Chiapas y explotar las tierras

Orsseta Belanni

Plan Mesoamérica: Con la excusa del realojo, el gobierno mexicano deja vía libre a multinacionales mineras en Chiapas

En los últimos meses hay un gran movimiento en Santiago El Pinar. Excavadoras que arañan el suelo, camiones que van y vienen, largas hileras de obreros que apilan ladrillos a las orillas de una calle en obras, con la boca cubierta por paliacates [pañuelos] para aislarse del polvo que levantan los coches y de los vehículos del ejército, que entran y salen continuamente del campamento militar de este pueblo.


Parece extraño tanto movimiento alrededor de una pequeña comunidad indígena de los Altos de Chiapas, a una hora de San Cristóbal de Las Casas. Un grupo de casas estrechas alrededor de una iglesia y una espléndida vista sobre las verdes montañas chiapanecas, a unos 3.000 metros sobre el nivel del mar. Allí se construye una de las llamadas Ciudades Rurales Sustentables. Ya existe una Ciudad Rural en Chiapas. Está en el norte del Estado y se llama Nuevo Juan de Grijalva. La ‘vieja’ Juan de Grijalva se vio afectada en 2007 por fuertes lluvias que obligaron a los habitantes de la zona a ser “reubicados” en estos nuevos núcleos urbanos. 

Pero Juan Sabines, gobernador del Estado de Chiapas, anunció la construcción de estos nuevos núcleos mucho antes de que las aguas arrastrasen las casas de muchos indígenas chiapanecos. Las Ciudades Rurales forman parte de un plan que el gobernador anunció para acabar con la pobreza y que el presidente de México, Felipe Calderón apoya porque dice que estas ciudades permitirán vivir mejor a los habitantes de la zona. “En México hay una enorme dispersión de la población. Si el Gobierno tiene que llevar un cable de luz o un tubo de agua es más fácil llevarlos para mil personas que a diez familias”, argumentó Calderón en una visita a la zona.

Sin embargo, ésta no es una iniciativa del gobernador de Chiapas. La primera Ciudad Rural del Estado mexicano obedece a un plan político y económico diseñado por el Banco Interamericano de Desarrollo y, en especial, por el Banco Mundial, plan que se enmarca en un proyecto recogido en un informe publicado hace dos años denominado Nueva geografía económica. En 2008 los presidentes de México, Colombia y otros países de Centroamérica firmaron el acuerdo comercial Plan Mesoamérica, nueva versión del Plan Puebla Panamá, cuyo fin es crear corredores comerciales e infraestructuras que conecten el sur de México con Colombia. De esta forma las transnacionales tendrán vía libre para acceder a los recursos naturales de la región y trasladarlos a EE UU.

Las Ciudades Rurales representan un paso más para llevar a cabo el proyecto de expolio ideado por las transnacionales, muchas de ellas ya instaladas en Chiapas. Las comunidades que se encuentran en esta zona representan un obstáculo para las grandes empresas mineras. Ahora, las tierras abandonadas de las comunidades que se irán a vivir en los nuevos centros estarán por fin disponibles para las multinacionales mineras. Chiapas es rico en recursos naturales, y su naturaleza virgen proporciona también grandes potenciales turísticos. Para preparar el camino, durante los últimos años se han abierto muchas carreteras de acceso a las comunidades indígenas que viven en la selva.

La construcción de las Ciudades Rurales Sustentables se ha convertido asimismo en un negocio: muchas empresas mexicanas y extranjeras participan a través de sus fundaciones en el proyecto con fines lucrativos.

Pero el programa Ciudades Rurales va más allá, es parte del Plan de Desarrollo Chiapas Solidario, que, tras la fachada asistencialista, esconde la estrategia de contrainsurgencia del Gobierno del Estado contra el Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN). La guerra de baja intensidad en Chiapas no se combate sólo entrenando a los paramilitares, sino también a través de programas de ayuda a las familias. Así se provoca la división de las comunidades, creando tensiones entre quien aceptan las ayudas del Gobierno y quien, como los zapatistas, no lo hacen. El Programa Ciudades Rurales Sustentables permite controlar a las comunidades, el expolio de sus tierras y sobre todo, cambiar sus costumbres. Se destruye el modo de vida campesino-indígena y se desintegra la vida comunitaria.

Las inundaciones de 2007 fueron el pretexto que permitió al Gobierno chiapaneco recolocar a la población dentro de la primera Ciudad Rural de Nuevo Juan Grijalva. No habría sido fácil convencer a centenares de personas de dejar sus casas para ser reubicados en un lugar aséptico e impersonal, donde la única posibilidad será la de convertirse en mano de obra barata para las minas, los centros turísticos, las maquiladoras o los grandes cultivos que surgirán en las tierras abandonadas por ellos.

No está claro cuál será ahora el argumento que el Gobierno de Sabines inventará para convencer a los habitantes de las cuatro comunidades cercanas a Santiago El Pinar para que dejen sus casas. Ni siquiera se sabe por qué ha sido elegida justo esta zona para la construcción de la segunda Ciudad Rural de Chiapas.

Una estrategia contra el Ejército Zapatista

El norte del Estado de Chiapas es una base de operaciones del Ejército mexicano desde 1995. Santiago El Pinar linda con las comunidades autodeclaradas municipios autónomos zapatistas, San Juan de la Libertad y San Andrés Sakamch’en. La creación de la Ciudad Rural Sustentable en Santiago El Pinar, en la que, según el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas, algunas de las casas en construcción ya están reservadas para un grupo de paramilitares mexicanos y sus familias, permitirá la instalación de torres de telecomunicaciones militares y policíacas. Estas instalaciones estarán literalmente encima de los dos municipios autónomos. Pero también se encuentran alrededor otros municipios como el Caracol zapatista de Oventic, que está a unos pocos kilómetros de Santiago El Pinar. Caracol que, como explica Japhy Wilson, de la Universidad de Manchester, “representa una alternativa concreta, donde las ‘comunidades dispersas’ están involucradas en un intenso proceso de desarrollo de sistemas autónomos de salud, educación y producción, fuera del control social del Estado mexicano y de la lógica acumulativa y destructora del capital”, señala Wilson.

Las ciudades-reserva de Chiapas

Hermann Bellinhausen

La creación de municipios artificiales para dispersar el movimiento indígena

El proyecto de “ciudades rurales sustentables” que el Gobierno aplica en Chiapas, México, amparado en los Objetivos del Milenio de la Organización de las Naciones Unidas, cumple una evidente función en la contrainsurgencia sistemática que se desarrolla en las comunidades indígenas del sureste mexicano hace ya tres lustros para desarticularlas y expulsarlas de sus territorios; doblegar la rebelión iniciada por el Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) en 1994, y despoblar las tierras ancestrales de los mayas.

La voracidad neoliberal por los territorios indígenas no sólo acecha en Chiapas; ocurre a lo largo y ancho del país. El proyecto es saludado como “pionero” por funcionarios de otros Estados, que ven en las ciudades rurales de Chiapas no un experimento, sino un modelo a seguir. Impulsado por las Naciones Unidas, bajo directrices del Banco Mundial, se ha implementado en Guatemala y Brasil para concentrar a la población rural, destruir los tejidos comunitarios y abrir paso a inversionistas que aprovechan los territorios. En ambos casos ha servido de antesala a la migración de familias completas.

Se argumenta combatir la “dispersión” de las comunidades, que es precisamente lo que caracteriza a la civilización indígena mesoamericana. Los núcleos urbanos no son lo suyo, pero ahora, para “darles todos los servicios” (agua potable, electricidad), se les concentra en locaciones que reinventan las “reservaciones” clásicas. La terminología cambió: hasta el siglo XIX, se hablaba de reducir a los pueblos indios. Después, la modernidad se propuso integrarlos. El neoliberalismo, más impaciente, quiere concentrarlos.

En Chiapas ya cumplió un año la ciudad rural de San Juan Grijalva, y quedó terminada la de Santiago El Pinar, en la montaña tzotzil, a 39 kilómetros de San Cristóbal de las Casas. Es vecina del Caracol zapatista de Oventik, sede de la junta de buen Gobierno del amplio territorio autónomo de los Altos de Chiapas, compuesto por siete municipios rebeldes.

La creación de estos “polos” es promovida por empresas de gran calado, reinas en el universo consumista: Televisión Azteca, su empresa de menudeo y enganche bancario Elektra, Telcel, Coppel (electrodomésticos), una cadena de tiendas “de conveniencia”, los mayores consorcios de pinturas y cemento. En Santiago el Pinar, los pobladores de Nachón, Pechultón, Ninamhó y Pushilhó vivirán en adelante sobre laderas escarpadas, en palafitos de cemento de colores, más pequeños que sus solares originales y lejos de la milpa. Pisos de triplay en una serranía húmeda. Los rodean cercas o quebradas.

“Enemigos de la paz”

Un argumento del proyecto es que El Pinar posee un bajísimo índice de desarrollo humano, aún siendo de tiempo atrás un centro de contransurgencia y control militar contra los pueblos zapatistas. Declarado municipio en 1998 por el Gobierno, sustrayéndolo de San Andrés Larráinzar (llamado Sakamch’en de los Pobres por los zapatistas), ya era un enclave militar y paramilitar, aún antes de la masacre de Acteal (1997) ocurrida en el también vecino municipio de Chenalhó (para los zapatistas Polhó). Hoy El Pinar es “el más pobre”. De lo que sirvió la sumisión institucional.

Quizá no deba entonces resultarnos extraño que se pretenda una ciudad rural en Chenalhó. El gobierno estatal lo niega y llama “enemigos de la paz” a quienes insisten en denunciarlo: la parroquia progresista, las comunidades eclesiales de base y organizaciones civiles como La Abejas, víctimas de la masacre de Acteal y adherentes de la Otra Campaña del EZLN:

Con las ciudades rurales, presuntamente diseñadas para erradicar la pobreza, “ya no nos dicen esclavos pero igual es para hacernos trabajar en su Proyecto Mesoamérica en sus minas, maquiladoras y plantaciones”, señalaban Las Abejas semanas atrás. El Gobierno “ya no quiere que sembremos la milpa y otros alimentos ancestrales, sino palma africana y pino piñonero”, dicen Las Abejas. “Con la milpa y el frijol nos alimentamos; palmas y piñones producen biocombustible para alimentar a los carros”. Ésta es sólo “una de las trampas de las ciudades rurales, y nunca el mal Gobierno informa la verdad y mucho menos nos consulta como pueblo, violando los tratados internacionales”.

Fuente: Periódico Diagonal

 

Tomado de Pocamadrenews

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